Rafaela Ricardo Rodea
Expediente 758/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 758/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/06/2017
Partes del expediente
- Rafaela Ricardo Rodea
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, catorce de junio de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por la autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita se remitan las constancias remitidas por la autoridad responsable a fin de continuar con la secuela procesal en el juicio de origen; asimismo se decrete el archivo del juicio de amparo en que se actúa. Ahora, se hace de su conocimiento a la promovente que del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha el expediente en que se actúa se encuentra archivado; ello es así, pues en auto de uno de junio del año en curso, causó estado el diverso por el cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, por lo cual se ordenó devolver a la responsable las constancias que refiere sean remitidas, lo cual se corrobora con el acuse de la misiva por la cual fueron devueltas (foja 60), de ahí que no se dable acordar en los términos planteados por la autorizada de la parte quejosa. Cabe precisar que no se ordenó la devolución del CD que refiere, en virtud de tratarse de una copia certificada del original de la audiencia de veintiuno de abril del presente año, llevada a cabo en el juicio de origen. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de junio de dos mil diecisiete. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por quien aduce tener el carácter de tercero interesada, dentro del presente sumario; sin embargo, del estado procesal que guarda el juicio en que se actúa, se advierte que el mismo se encuentra archivado, ello en virtud de haberse desechado la demanda de amparo que dio origen al mismo, razón por la cual no ha lugar a tenerle el carácter de tercero interesada que refiere la promovente.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que el quejoso no interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental. Devuélvase a la responsable las constancias que remitió a este juicio.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de mayo de dos mil diecisiete. RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 3716/2017, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el juicio de amparo directo 346/2017 de su índice, formado con motivo de la demanda presentada por ****, contra actos del Juez Supernumerario adscrito al Juzgado Sexto Familiar de Toluca, Estado de México, por estimar que carece de competencia legal para conocer de ese juicio. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO En esas condiciones, en términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado de distrito se avoca al conocimiento del asunto; por tanto, regístrese bajo el número 758/2017-I-A. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad respecto de las siguientes constancias: Oficio 3716/2017, constante de una foja. Dos traslados de la demanda de amparo en ocho fojas y un anexo consistente en copia simple de dos actas de nacimiento. Juicio de amparo directo ****, en cuarenta y dos fojas. Expediente **** del juicio de nulidad de matrimonio, constante de ciento cuarenta fojas. Sobre amarillo que contiene un CD de la audiencia inicial de veintiuno de abril del año en curso. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora, la solicitante del amparo reclama la inadmisión de las pruebas supervinientes consistentes en las actas de nacimiento que ofreció dentro de la audiencia principal de veintiuno de abril de dos mil diecisiete, en el expediente 1026/2016, relativo al juicio de nulidad de matrimonio. En ese sentido, resulta improcedente el juicio de amparo, en atención a que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los diversos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo, pues dicho acto sólo afecta derechos adjetivos. En efecto, el amparo indirecto, tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra los de imposible reparación, los cuales consisten según el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Por tanto, es evidente que el acto reclamado no es de los que irrogan perjuicio de imposible reparación al amparista, pues en estos casos (los de imposible reparación), la necesidad que los caracteriza y que hace procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, lo constituye el hecho de que no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, inclusive tampoco a través del amparo directo que se intentase en su momento, dada la propia naturaleza del acto. Sin embargo, en la especie no se está frente a uno de esos actos. Lo anterior, en atención a que el auto combatido tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado a las determinaciones vinculadas con el desechamiento de pruebas aportadas por una de las partes, y por regla general dichas violaciones se pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de la resolución que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la resolución correspondiente, si es contrario a los intereses del hoy solicitante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la resolución, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que se continúe la tramitación del juicio, cuestión que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte accionante. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207343, que es del rubro y texto siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como, la tesis aislada emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro 208717, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." Por tanto, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la sentencia que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. Por ende, si la determinación reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. FORMACIÓN DE ANEXOS Dado el volumen que presentan la constancia remitida por la superioridad, fórmese el anexo respectivo, debidamente identificado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Erik Roberto Frías Guerrero, que da fe.
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