Rafaela Peña Lozada
Expediente 673/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rafaela Peña Lozada
- Ignacio Peña Lozada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; catorce de julio de dos mil veintiuno. SE DECLARA FIRME RESOLUCIÓN. Como transcurrió el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se impugnara el auto de sobreseimiento dictado en este juicio. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. Háganse los registros condignos en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la Jueza de Control en Materia Penal en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Hidalgo, las copias auténticas del cuadernillo preliminar 166/2021 de su índice de registro, así como un disco versátil digital, que remitiera en apoyo a su informe justificado, sin que haya lugar a requerir el acuse de recibo, en virtud de que, para tal efecto, bastará la constancia de notificación del presente auto que acredite su entrega. ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívense el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al tratarse de un juicio en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional. El cuaderno original del incidente de suspensión derivado del mismo, es susceptible de destrucción, al haberse negado la suspensión definitiva, al igual que el duplicado es susceptible de destrucción....II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de junio de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Téngase a la Jueza de Control en Materia Penal en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Hidalgo, con sede en esta ciudad, rindiendo informe justificado, para lo cual remite copias auténticas del cuadernillo preliminar 166/2021, índices cronológicos y un disco DVD. Visto el volumen del legajo que se anexa, fórmese un tomo, conservando su folio original. ACUERDO SOBRE CORREO ELECTRÓNICO y TELÉFONO MÓVIL. De igual forma, se tiene a la autoridad referida en el párrafo anterior proporcionando los siguientes: acusatoriopachucapenal@gmail.com y 771148547. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del contenido de las constancias remitidas por la oficiante, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. En efecto, los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, Rafaela, Maximina, Natalia Petra, todas de apellidos Peña Lozada y Eduardo Peña Chávez, reclamaron de la Jueza de Control en Materia Penal en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Hidalgo, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción la omisión al no haber resuelto la petición de veintiséis de mayo del año en curso, correspondiente a la formulación de audiencia de violación de derecho fundamentales ya que el agente del Ministerio Público Titular de la Mesa Patrimoniales II, adscrita a la Procuraduría General de Justicia de Estado de Hidalgo se ha negado a ejercer acción penal en contra de Ignacio Peña Lozada. En el caso, la Jueza de Control en Materia Penal en el Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Hidalgo, en su informe justificado, remitió las constancias de las que se advierte que el dos de junio hogaño requirió a los promoventes para que precisaran quien ostentaba el carácter de defensa del imputado dentro de la carpeta de investigación 12-2021-02521, así como para que indicaran sus medios de localización. Posteriormente, se fijaron las doce horas del catorce de junio de dos mil veintiuno, para que tuviera verificativo la audiencia de control judicial, con lo que se proveyó lo solicitado el veintiséis de mayo del año en curso. En dicha fecha se aperturó la audiencia de control judicial en la que se resolvió el fondo de la referida petición; con lo que quedaron colmadas las abstenciones precisadas. En el entendido de que las relatadas copias certificadas son valoradas de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por lo que se les otorga eficacia demostrativa. En ese sentido, es evidente que los efectos de la omisión reclamada han cesado; porque se acordó la petición formulada por los quejosos, motivo por el cual la omisión reclamada fue subsanada y ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que se considere que los efectos del acto reclamado quedaron destruidos de manera total e incondicional y ello actualiza la causal de improcedencia analizada, razón por la cual se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amaro fuera de audiencia. Este criterio emerge de la jurisprudencia II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, número 70, Octubre de 1993, página 57, Octava Época, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por Rafaela, Maximina, Natalia Petra, todas de apellidos Peña Lozada y Eduardo Peña Chávez. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Finalmente, se dejan sin efecto la data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....II
- Principal
SE DIFIERE AUDIENCIA. Visto el estado que guardan los autos se advierte que no se cuenta aún con los informes requeridos mediante proveído de uno de junio del año en curso; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes...M-IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; once de junio de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO. Se tiene al Notificador adscrito al Juzgado de Control perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo....II
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