Rafaela Merlín Anica

Expediente 1115/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1115/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
17/03/2017

Partes del expediente

  • Rafaela Merlín Anica

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto..se aprecia que ha transcurrido el termino y no se recurrió la sentencia...se declara que ha causado ejecutoria...archívese este asunto...

  2. Principal

    RAZON DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE TERCERO INTERESADA EMMANUEL BUSTOS PEREZ, POR CONDUCTO DE SU SEÑORA MADRE KENIA SORAYA PEREZ ESCOBAR, LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMA QUE DICE... SECCIÓN AMPARO JUICIO DE AMPARO 1115/2016 CEIS VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo número 1115/2016; y R E S U L T A N D O : PRIMERO.- Por escrito recibido el dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rafaela Merlín Anica, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo, con sede en Ometepec, Guerrero. ACTO RECLAMADO: "La sentencia interlocutoria de fecha veintinueve de septiembre del año 2016 (.) dictada en el expediente número 295/2014 (.). Así como el auto de fecha diez de noviembre del año en curso, mediante el cual me niegan la apelación en contra de dicha sentencia." SEGUNDO.- Por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo radicada con el número 1115/2016; se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que les compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado asentado en el acta que antecede, y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.- Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama la resolución interlocutoria emitida por una autoridad judicial con domicilio en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que declaró nula la junta de herederos en la que a la quejosa se le reconoció el carácter de heredera y albacea de la sucesión; lo que puede tener sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que la quejosa Rafaela Merlín Anica acude a esta instancia constitucional a reclamar del Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Abasolo: a).- La resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Adrián Bustos Merlín, en la que se declaró la nulidad de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en que se verificó la junta de herederos, se declaró como herederos únicos y universales a Emmanuel Pérez Bustos (menor representado por su madre Kenia Soraya Pérez) y a la quejosa Rafaela Merlín Anica, y a esta última por aceptando y protestando el cargo de albacea. b).- El auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en el que no se le tuvo a Rafaela Merlín Anica interponiendo el recurso de apelación en contra de la aludida resolución incidental. TERCERO.- SON ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materias Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo, por así haberlo manifestado al rendir su informe con justificación; manifestación que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, constituye una confesión; y hace prueba plena, porque se corrobora además, de la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente número 295/2014-I. CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgado de Distrito, atendiendo a la manifestación de la autoridad responsable, estima que en el caso efectivamente se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, respecto del acto reclamado descrito en el inciso b) del considerando que antecede. Para arribar a tal conclusión, se tiene que la porción normativa invocada dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" El dispositivo apuntado contempla el principio de definitividad, conforme al cual existe la obligación legal y deber jurídico de agotar los recursos ordinarios previstos en las leyes antes de acudir al amparo. En efecto, el principio de definitividad consiste en la obligación del particular de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. La falta de cumplimiento de esa obligación trae como consecuencia su improcedencia. Asimismo, es de precisar que tales recursos deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y por otra, para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado, y sea el idóneo para producir los efectos ya mencionados. No obstante, dicho principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral 63, en su fracción XVIII, describe: "(.) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Luego, de los antecedentes directos del acto reclamado en esta vía constitucional destacado con antelación, los cuales se obtienen de las copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario a bienes a bienes de Adrián Bustos Merlín, radicado con el número de expediente 295/2014-I, valoradas en el considerando que antecede, se deriva que el acto reclamado lo constituye el auto de diez de noviembre de dos mil dieciséis, en el que no se tuvo a la parte quejosa interponiendo recurso de apelación en contra de la interlocutoria de veintinueve de septiembre pasado, en la que se declaró la nulidad de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en que se verificó la junta de herederos, se declaró como herederos únicos y universales a Emmanuel Pérez Bustos (menor representado por su madre Kenia Soraya Pérez) y a la quejosa Rafaela Merlín Anica, y a esta última por aceptando y protestando el cargo de albacea. Luego, para estar en aptitud de verificar la actualización de la causa de improcedencia invocada, conviene tener presente el contenido del artículo 399, fracción II, del Código Procesal Civil, que a la letra señala: "Artículo 399.- Procedencia del recurso de queja en contra del juzgador. El recurso de queja contra el juzgador es procedente: (.) II. Contra la denegación de la apelación." Conforme al ordinal invocado, se advierte que dentro del sistema procesal en materia de recursos previsto en el Código Procesal Civil para el Estado de Guerrero, se encuentra el de queja en contra del juzgador, el cual procede precisamente en contra de la denegada apelación. De ese modo, queda de relieve que tal medio de defensa tiene por objeto que se confirme, revoque o modifique la decisión sobre el rechazo del recurso de apelación intentado. Por tanto, la citada porción normativa concede la posibilidad de que la determinación reclamada en la presente instancia constitucional reseñada en el inciso b) del considerando segundo de esta resolución, sea impugnada mediante recurso de queja, porque expresamente se prevé su procedencia en el artículo 399, fracción II, del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero. Así las cosas, la quejosa debió observar el medio de impugnación aludido ante el mismo Juez responsable, y al no hacerlo incumplió el principio de definitividad que exige el invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, en primera porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio en el expediente de donde deriva ese acto reclamado, aunado a que el auto de referencia no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal derivado de un procedimiento penal. Ello en virtud de que la procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de modo que no es optativo para el ahora agraviado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino obligatorio, conforme con el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia. Resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Mayo de 2002, página 902, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Lo anterior, sin soslayar que la resolución que la quejosa pretendió impugnar a través del recurso de apelación que le fue denegado, precisamente constituye el diverso acto reclamado en la presente instancia constitucional; de ahí que, dado el sentido de lo resuelto con antelación, no sea factible pronunciarse sobre lo esgrimido por el juez de la causa en el sentido de que las resoluciones incidentales atinentes a la nulidad de actuaciones no son recurribles en términos del artículo 126 del Código de Procesal Civil del Estado de Guerrero, máxime que, como se verá, este juzgador no advierte oficiosamente actualizada una causa de improcedencia respecto de la interlocutoria de referencia. QUINTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, ya que no existe causal de improcedencia del juicio de garantías invocada por las partes diversa a la señalada en el considerando que antecede, ni se advierte que opere alguna otra que deba ser examinada de oficio tal y como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de la legalidad de la resolución incidental sujeta a examen al tenor de los motivos de disenso planteados por la parte quejosa. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda se aprecia que la parte quejosa reclama la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida en el juicio sucesorio intestamentario a bienes de Adrián Bustos Merlín, en la que se declaró la nulidad de la audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en que se verificó la junta de herederos, se declaró como herederos únicos y universales a Emmanuel Pérez Bustos (menor representado por su madre Kenia Soraya Pérez) y a la quejosa Rafaela Merlín Anica, y a esta última por aceptando y protestando el cargo de albacea; mientras que en el capítulo destinado a la exposición de conceptos de violación, se limitó a afirmar que dicha resolución es violatoria de los artículos 1, 6, 17 y 107, fracciones I, II, IX y X, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1398, fracción I, 1419 y 1401 del Código Civil del Estado de Guerrero, cuyo contenido reprodujo, para luego concluir que: "Así que la acción del acto de autoridad por el cual señaló me causa perjuicios ya que en el fondo se traduce en una violación de justicia, donde no existe el principio de contradicción, de igualdad de las partes, arbitrariedad e inconstitucionalidad, de ahí es que me debe conceder el amparo solicitado" Manifestación que no contiene exposición alguna sobre cuál es el derecho que se ve afectado por el acto de autoridad y de qué manera le agravia, mediante razonamientos o argumentos tendentes a demostrar su inconstitucionalidad, a fin de hacer patente un ataque a sus derechos sustantivos. Sin embargo, en el capítulo relativo a los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, luego de narrar cronológicamente tales acontecimientos, específicamente en los puntos identificados con los números 3 y 4 de dicho apartado, puede obtenerse que el motivo de queja de la solicitante del amparo radica en el hecho de que el juez de la causa: a).- Acordó favorablemente la totalidad de los argumentos vertidos por la incidentista Kenia Soraya Pérez en representación del menor Emmanuel Pérez Bustos, ya que en la resolución sujeta a examen se señaló que dicho menor no estuvo representado cuando ello sí aconteció por haber comparecido la aludida Kenia Soraya Pérez con el carácter de madre del mencionado Emmanuel Pérez Bustos, quien es su tutora legitima, aunado a que en aquella junta de herederos también compareció el Ministerio Público adscrito, cumpliéndose con lo establecido por los artículos 657, fracciones I y II; 676, fracción V, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero; y 64, 81, fracción I, y 84 del Código Civil del Estado de Guerrero; preceptos que a la letra y en u orden, disponen: "Artículo 657.- Intervención del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá en los juicios sucesorios intervención en los siguientes casos: I. Cuando haya herederos menores o incapacitados aunque tengan representante o tutor; II. Cuando haya herederos no apersonados, para representarlos mientras éstos no vengan a juicio (.)". "Artículo 676.- Junta de herederos. La junta de herederos se celebrará en la fecha fijada procediéndose en la forma siguiente: (.) V. Se proveerá de tutor a los menores e incapacitados que no lo tuvieren (.)." "Artículo 64.- Los hijos menores de un incapacitado quedarán bajo la patria potestad del ascendiente que corresponda conforme a la ley, y no habiéndolo, se les proveerá de tutor." "Artículo 81.- Ha lugar a tutela legítima: I. Cuando no haya quien ejerza la patria potestad ni tutor testamentario (.)." "Artículo 84.- La falta temporal del tutor legítimo se suplirá en los términos establecidos en los dos artículos anteriores." b).- Que concluyó que la quejosa carecía del derecho a herederar, por lo que debía ser excluida de la sucesión de su hijo (autor de la sucesión), cuando aquél era soltero y vivía con la indicada Rafaela Merlín Anica, contrario a lo establecido en los artículos 1398, fracción I, 1401 y 1419 del Código Civil del Estado de Guerrero, que a la letra disponen: "Artículo 1398.- Tendrán derecho a heredar por sucesión legítima: I. Los descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario, si se satisfacen en este caso los requisitos senalados (sic) por el artículo 1432 (.)". "Artículo 1401.- Los parientes que se hallen en el mismo grado, heredarán por partes iguales." "Artículo 1419.- Los ascendientes tendrán derecho de heredar a sus descendientes reconocidos. Aún cuando la filiación se estableciere por sentencia pronunciada en el juicio de investigación de la paternidad o de la maternidad, los descendientes tendrán derecho a la sucesión del autor de la herencia." Sin embargo, de la lectura a la relación sujeta a examen, se obtiene que las razones en las que sustentó el sentido de su decisión el juez de la causa, consistieron en que la comparecencia de Kenia Soraya Pérez, en representación del menor Emmanuel Pérez Bustos en la junta de herederos se verificó sin la asistencia de un abogado que la patrocinara para que velara por los derechos hereditarios de aquél, lo que implicaba una transgresión al debido proceso en perjuicio del citado menor; y que conforme a la interpretación que realizó a lo dispuesto por el artículo 1400 del Código Civil del Estado de Guerrero, Rafaela Merlín Anica (madre del autor de la sucesión), quedaba excluida con motivo de la subsistencia del aludido menor (hijo del autor de la sucesión) porque los parientes más próximos excluyen a los más remotos y dicho descendiente ere más próximo que aquélla. De ese modo, se concluye que el motivo de disenso esgrimido resulta inoperante porque no se dirige a revelar la ilegalidad de los motivos en los que el juez natural apoyó el sentido de su decisión. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/21 que el integró Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1051, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO. Si en los conceptos de violación no se expresan los razonamientos lógicos y jurídicos que expliquen la afectación que le cause a la quejosa el pronunciamiento de la sentencia reclamada, los mismos resultan inoperantes, toda vez que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen, de tal manera que si carecen de aquéllos, no resultan idóneos para ser analizados por el tribunal federal correspondiente, en el juicio de amparo." Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E : PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Rafaela Merlín Anica, respecto del acto descrito en el inciso b), del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rafaela Merlín Anica, contra la autoridad y respecto del acto descrito en el inciso a), del considerando segundo; por los motivos y por las consideraciones expuestas en el último de los considerandos de esta resolución. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman... LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA CITADA, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA AUTORIZADA EL VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE DIEZ DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; diez de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Mixto de Paz del Municipio de Ometepec, Guerrero, mediante el cual devuelve diligenciados el despacho número 208/2016, que se remitió para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el inicio del presente juicio, a Kenia Soraya Pérez Escobar, madre del tercero interesado Emmanuel Bustos Pérez; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado y acúsese recibo. En tales condiciones, téngase por notificado del inicio del presente juicio al tercero interesado de referencia; y en virtud de que de las constancias que integran la referida comunicación oficial y de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de noviembre del año pasado, y se ordena efectuar las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por lista en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud de llevarla a cabo, en razón de que con fecha veintidós de noviembre del año en curso, se giró el despacho número 208/2016 al Juez Mixto de Paz del Municipio de Ometepec, Guerrero, para que en auxilio de las labores de este tribunal ordenara la diligencia de notificación al tercero interesado Emmanuel Bustos Pérez, a través de su señora madre Kenia Soraya Pérez Escobar, asimismo, en proveído de veintiséis del mes actual, se tuvo al citado juez por informando vía telegráfica, la devolución de dicho comunicado oficial por la vía postal; por lo que, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia de mérito para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.

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