Rafaela Mejia Mejia

Expediente 169/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
169/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Rafaela Mejia Mejia

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación supraindicada que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a la autoridad responsable, háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. ... se determina que es procedente la destrucción de este expediente, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero, del mismo ordenamiento, por haberse sobreseído en el juicio, por lo que se considera sin valor jurídico, y en consecuencia sin relevancia documental.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y atendiendo a lo determinado en la circular SECNO/13/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, de veintisiete de febrero del presente año, en la que se dieron a conocer las medidas adoptadas para los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana... se reanuda el trámite del presente asunto, así como los términos y plazos legales relativos a la tramitación del mismo. Notifíquese.

  3. Principal

    V I S T O S, ..R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veinte (fojas 3 del juicio de amparo), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, la quejosa citada en el párrafo que antecede, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades siguientes: II. AUTORIDADES RESPONSABLES: a) H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE b) C. PRESIDENTE EJECUTOR DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (.) III. ACTOS RECLAMADOS a) De la H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, se reclama la reiterada abstención u omisión procesal en que incurre la autoridad responsable en dictar la inmediata emisión del acuerdo respecto del escrito presentado con fecha doce de abril de dos mil diecinueve, ante la autoridad responsable [.] b) Del C. PRESIDENTE EJECUTOR DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO 43 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, se reclama la reiterada dilación u omisión procesal en que incurre la autoridad responsable consistente en dictar todas y cada una de las medidas necesarias para el eficaz e inmediato dictado del Auto de Ejecución [.] La quejosa estimó que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; precisaron los hechos que constituyen sus antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimaron pertinentes. SEGUNDO. (ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO). En acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil veinte (fojas 17 a 20 del sumario), el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, al que por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda la registró con el número 169/2019 y la admitió a trámite; requirió el informe justificado a las autoridades responsables; dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. (COMPETENCIA LEGAL). Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, constitucional, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el diverso acuerdo del veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, que reforma el último mencionado, para homologar la jurisdicción territorial de los centros de justicia penal federal, con los circuitos judiciales del Poder Judicial de la Federación, publicado el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. (PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a precisar el acto reclamado que se advierte del estudio íntegro de la demanda de garantías, así como de las constancias del presente juicio de derechos fundamentales. Tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J. 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 227, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 195745, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." También es aplicable la Jurisprudencia 70 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Séptima Época, Apéndice 2000, número de registro 900070, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado." De la misma forma, apoya lo anterior la tesis número P. VI/2004, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal del País, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de un análisis integral de la demanda de garantías, y en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente a la intencionalidad del autor, se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables el acto siguiente: ? La omisión de dar respuesta a los escritos presentados el doce de abril de dos mil diecinueve, por los que la ahora justiciable solicitó, por un lado, el dictado del auto de ejecución en el juicio laboral 347/2015, para dar cumplimiento al laudo emitido el once de marzo de dos mil diecinueve y, por otro, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación. TERCERO. (CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS). Una vez precisados, por cuestión de técnica jurídica corresponde determinar su certeza o falsedad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 constitucionales. Al caso, es aplicable la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 95, tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 206225, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." También es aplicable la Jurisprudencia XVII.2o. J/10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, del Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 212775, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables Junta Especial número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, y su presidente, aceptaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de dar respuesta a los escritos presentados el doce de abril de dos mil diecinueve, por los que la ahora justiciable solicitó, por un lado, el dictado del auto de ejecución en el juicio laboral 347/2015, para dar cumplimiento al laudo emitido el once de marzo de dos mil diecinueve y, por otro, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación, como se advierte del informe justificado que rindieron. En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. (ANÁLISIS DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA). Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar aquellas que propongan las partes o que este juzgador federal advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta esta determinación, la Jurisprudencia número 158, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, consultable en la página 262, tomo VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, número de registro 395571, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes las aleguen o no, deben examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El suscrito advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las consideraciones que a continuación se expondrán. En principio, la porción normativa del numeral citado en segundo término, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia en cuestión no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, conforme a lo establecido en el numeral 77 de la ley de la materia vigente, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados; sin embargo, la acción constitucional no tiene razón de ser cuando los efectos que originó han desaparecido de forma total. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia identificada con el número 9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 196820, que dice lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que las autoridades responsables anexaron a su informe de ley, obra copia certificada de los acuerdos dictados por el Presidente de la Junta responsable el seis de marzo de dos mil veinte (fojas 28 y 30 de autos), cuyo valor probatorio es pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de su numeral 2, por los que dio respuesta a los escritos presentados el doce de abril de dos mil diecinueve, mediante los cuales la ahora quejosa solicitó, por un lado, dictara auto de ejecución en el juicio laboral 347/2015, para dar cumplimiento al laudo emitido el once de marzo de dos mil diecinueve y, por otro, señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación. En efecto, el Presidente de la Junta responsable, a través de los acuerdos dictados el seis de marzo de dos mil veinte (fojas 28 y 30 de autos), dio respuesta en sentido afirmativo a las peticiones realizadas por la actora en el juicio de origen, dado que dictó auto de ejecución en el juicio laboral 347/2015, para dar cumplimiento al laudo emitido el once de marzo de dos mil diecinueve y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia incidental de liquidación, respectivamente. Luego, se concluye que con el dictado de los acuerdos de seis de marzo de dos mil veinte, los citados actos de autoridad han dejado de surtir efectos, pues aun cuando afectó la esfera jurídica de la quejosa, se pone de manifiesto que con las respuestas pronunciadas no se dejó alguna huella, por ello es ocioso examinar la constitucionalidad o no de dichos actos. Consecuentemente, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo respecto de los citados actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el numeral 63 fracción V, ambos de la de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 193758, de rubro y texto que disponen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por consiguiente, decretado el sobreseimiento del juicio de amparo respecto del referido acto de autoridad, es innecesario estudiar los conceptos de violación en los que la quejosa aduce violaciones de fondo, ya que a nada práctico conduciría su análisis en virtud de la actualización de una causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 232302, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Ahora, debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a los promoventes su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional, el cual no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, registro 2005917, que refiere: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." También es de invocarse la tesis aislada 1ª. CXCVIII/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 23 de mayo de 2014, Décima Época, Materia Constitucional, registro 2006472, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones." Igualmente, es aplicable la Jurisprudencia 1ª./J.10/2014 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, registro 2005717, cuyo rubro y texto informan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Asimismo, es orientadora la tesis CCLXXVI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 530, registro 2002359, cuya literalidad dispone: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con el artículo sexto transitorio de ésta. QUINTO. (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, dígase a las partes que la misma estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, conteniendo el nombre y datos personales a que alude el artículo 3°, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el numeral 7°, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán, sin ser necesario su consentimiento, cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, ambos de la ley en mención. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 169/2020, promovido por Rafaela Mejía Mejía, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, toda vez que en el juicio de amparo 169/2020-IV, se encuentra pendiente de dictar sentencia; fórmese cuaderno de antecedentes, y agréguese a los presentes autos, el escrito firmado por Hiram Espinosa Casarrubias, autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, de conformidad con los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como en los numerales 34, 35, 36 y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la clave de usuario "hiresca", para consultar los acuerdos y determinaciones que se encuentren incorporados al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo, mediante la Firma Electrónica que se registró en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Así también, se instruye a los Actuarios Judiciales de la adscripción, para que únicamente las notificaciones a la parte quejosa de carácter personal, sean llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, a través del medio electrónico implementado para el efecto en el referido sistema, se autoriza las claves de usuario señaladas en el párrafo que antecede; por cuanto a las restantes notificaciones que deban realizarse por lista, se realizarán conforme al artículo 29 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le tiene indicando el número telefónico y el correo electrónico que señala, a efecto de facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

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