Rafaela López García
Expediente 273/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 273/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rafaela López García
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del proveído de ocho de mayo del presente año (fojas 10-15); en consecuencia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda de amparo promovida por ****, ha quedado firme para los efectos legales a que haya lugar. En acatamiento al segundo párrafo del artículo undécimo del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse ninguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, ni se exhibieron documentos originales; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de destrucción a partir del veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en la carátula de este expediente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
....POR ESTE MEDIO PROCEDO A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL PREENTE AUTO QUE DICE:.....Vista la razón actuarial de diez de mayo del año en curso, mediante la cual el Actuario adscrito hace constar que no fue posible notificar a la quejosa ********************, el auto dictado el ocho de mayo del presente año (fojas 10 a 15), por las razones expuestas en la misma; por tal motivo, proceda el fedatario público a notificar por lista el citado acuerdo; lo anterior, conforme lo establecen los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal....AUTO DE 8 DE MAYO DE 2017, QUE DICE:...Vista la demanda de amparo, presentada por Rafaela López García, fórmese expediente, regístrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 273/2017-2. Consecuentemente, al resolver sobre la demanda, este juzgador invoca como hecho notorio, por tener conocimiento del mismo, en razón de la actividad jurisdiccional que se desarrolla, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; parte de las actuaciones del juicio de amparo número 100/2017-2 del índice de este Juzgado. Cobra aplicación la jurisprudencia VI.1o.P. J25, consultable en la página 1199, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se lee: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Así, al tener a la vista los autos originales del expediente 100/2017-2, se advierte que éste fue promovido Rafaela López García, en contra de la misma autoridad y acto reclamado de los que aquí solicita protección. Ahora bien, del citado expediente se desprende que ambos actos reclamados estriban del expediente de origen número 61/2014 S.S, del índice del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, pues del escrito de demanda obrante en el expediente 100/2017-2, de este índice, la quejosa reclama la omisión de la citada autoridad de emitir sentencia dentro del expediente 61/2014 S.S en el plazo previsto en el artículo 94, párrafo sexto, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Consecuentemente, previo cumplimiento a la prevención respectiva en dicho juicio, el veintidós de febrero de dos mil diecisiete fue admitida a trámite la demanda de amparo (fojas 16-18, del juicio 100/2017) fijándose fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se verificó el día veintidós de marzo de dos mil diecisiete, dictándose sentencia en esa misma data, la cual causó ejecutoria el diez de abril de dos mil diecisiete (fojas 157-158, del juicio 100/2017), declarando cumplido el fallo protector el veintiuno de abril del año en curso (162-164, del juicio 100/2017). Sin necesidad de que deban glosarse copias certificadas de dichas constancias, puesto que su conocimiento derivó de la actividad jurisdiccional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, que permite válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Al respecto de lo anterior, cobra aplicación, por mayoría de razón y por no contravenir las disposiciones de la vigente Ley de Amparo, la jurisprudencia 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, Tomo XXV, junio de 2007, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro se lee: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Precisado el acto que por esta vía biinstancial se reclama, es menester acotar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y dada la naturaleza del acto reclamado este órgano jurisdiccional procede desechar el libelo constitucional por notoriamente improcedente, en virtud de que en la especie, este juzgador advierte que la demanda de amparo de que se trata, es improcedente en razón de que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XI, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el acto reclamado en este sumario fue materia de un diverso juicio de control constitucional con sentencia ejecutoria en el que se concedió a la quejosa la protección constitucional. La fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, expresamente dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo." De lo dispuesto por el invocado numeral, se desprende que son dos los requisitos exigidos para que opere la causa de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, a saber: a) Que la ley o acto que se reclamen haya sido materia en un diverso juicio de amparo con ejecutoria; y, b) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables aun cuando las violaciones constitucionales sean diversas. Primeramente debemos recordar que la parte quejosa Rafaela López García, compareció al presente juicio constitucional por su propio derecho y señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, de emitir sentencia dentro del expediente 61/2014 S.S en el plazo previsto en el artículo 94, párrafo sexto, de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, del índice de la responsable, por lo cual se trascribe el acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO: Bajo protesta decir vedad vengo a manifestar como acto reclamado la omisión del Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de emitir sentencia dentro del expediente número 61/2014 S.S. en el plazo previsto en el artículo 94 párrafo sexto de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California." De la lectura del escrito de demanda de la parte quejosa, se advierte que el acto en ella reclamado, anteriormente fue materia de otro juicio de amparo indirecto que tiene sentencia ejecutoriada; del cual conoció este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta capital, en el juicio de amparo indirecto 100/2017-2, y que se dictó sentencia el veintidós de marzo de dos mil diecisiete (fojas 100-110, del expediente 100/2017), en la que se otorgó el amparo y protección constitucional, para el efecto de que el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California: ? Elaborara el proyecto de resolución en el término de tres días, de conformidad con el artículo 137 del Código de Procedimientos Civiles del Código para el Estado de Baja California, de aplicación supletoria a la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, según el artículo 30 de dicha Ley contenciosa. ? En el término de diez días votaran dicho proyecto y emitieran la resolución correspondiente en el recurso de revisión relativo al expediente 61/2014 S. S., de conformidad con el artículo 94 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California. Sentencia que causó ejecutoria el diez de abril del dos mil diecisiete (fojas 157-158); en ese tenor basta ver la demanda de amparo (fojas 2-4 del juicio 100/2017) y sentencia (fojas 100-110) dictada para obtener que en ese juicio la parte quejosa compareció por su propio derecho y señaló como acto reclamado el mismo que señala en el presente juicio de derechos fundamentales y contra la misma autoridad responsable, lo cual ya fue examinado por este juzgador. En consecuencia, debe decirse que el acto reclamado en el presente juicio 273/2017-2, fue materia del diverso juicio de amparo indirecto 100/2017-2, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta capital, en donde se dictó sentencia otorgando el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra dicho acto, por tanto es claro que opera la causal de improcedencia invocada, ya que el acto reclamado en ésta vía ya fue materia en un diverso juicio de amparo con ejecutoria y ambos juicios constitucionales están promovidos por la misma quejosa, contra las misma autoridad responsable. Consecuentemente, el acto reclamado en esta instancia ya no puede dar lugar a un nuevo estudio en el presente juicio de control constitucional pues podría originar la existencia de sentencias contradictorias en perjuicio de la sana impartición de justicia; por tanto, es inconcuso que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fraccion XI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable la página 256, Tomo XIV, Septiembre de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. POR HABER SIDO EL ACTO MATERIA DE OTRO AMPARO (ARTICULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). La causa de improcedencia que establece la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, no puede referirse sino a juicios completamente terminados, ya que habla de actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y al citar la disposición mencionada, la fracción que le precede, se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, y no puede pretenderse que quiera referirse a amparos que se encuentren pendientes de resolución." En este mismo sentido, es aplicable la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 225, Tomo XII, julio de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, OPERA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE HAN SIDO MATERIA DE OTRA EJECUTORIA. (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO). COSA JUZGADA, SUS CONNOTACIONES. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción a virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Asimismo, se invoca en la especie la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, localizable la página 1054, tomo VII, enero de 1998, Novena Época, del rubro: "AMPARO, JUICIO DE. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMOVIÓ POR EL MISMO QUEJOSO. Si el Tribunal Colegiado resolvió un juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por haber sido el acto reclamado materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, procediendo, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal." De conformidad con lo ya expuesto y fundado, es dable concluir que en el caso a estudio se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo comprendida en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Rafaela López García. Cobra aplicación al caso por analogía y al no oponerse a la disposiciones de la nueva Ley de Amparo, la tesis XV.2o.2 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Página 403, Novena Época, de rubro y texto: DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación. -Autorizados y domicilio- Téngase como autorizados en términos del ordinal 12, de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Santiago Meza y Kenny Sánchez Rebolledo, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y únicamente para oír y recibir notificaciones a Narmin Cruz Gómez, Nohemí Apolinar Pinto, Keny Berenice Rivera Uribe y América Lizbeth Jiménez Ramos, por no encontrarse registrada su cédula en el Sistema Nacional de Cédulas Profesionales, en términos de los artículos 12, segundo párrafo y 24 de la Ley de Amparo. De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mi quince. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen; hágase saber a la quejosa, que hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia emitida podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, los que se suprimirán de la versión impresa o electrónica en que se difundan, en la medida en que no impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, no exime a este órgano jurisdiccional de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente juicio de amparo, incluyendo la presente determinación. Resulta orientador para este juzgador, el criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En este sentido, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a las unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos.
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