Rafaela Hernández López
Expediente 288/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafaela Hernández López
Actuaciones
- Principal
MESA II B "... Vistos el estado de autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, mediante proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho (fojas 40 a 46), se desechó la demanda de garantías...como esa determinación no fue recurrida, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental..."
- Principal
MESA II B "... Vista la demanda de amparo promovida por RAFAELA HERNÁNDEZ LÓPEZ, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 288/2018. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de la materia que establecen... La interpretación de los preceptos transcritos revela que la improcedencia del juicio de amparo también resulta de alguna disposición tanto Constitucional, como de la propia ley, diversa de las veintidós fracciones del artículo 61 transcrito; que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este punto cabe resaltar que la Ley de Amparo que rige este acuerdo (publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación) en su artículo 107 fracción V, es taxativa al señalar qué debe entenderse por actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Lo anterior es trascendente en la medida que bajo la vigencia de la Ley de Amparo anterior (publicada el diez de enero de mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación), los actos de imposible reparación comprendían además de afectación a derechos sustantivos, también los actos procesales o formales cuando sus consecuencias afectaran a las partes en grado predominante o superior... Sin embargo, ya que la Ley de Amparo vigente limita la procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de los actos cuyos efectos sean de imposible reparación, precisando qué debe entenderse por éstos; entonces los actos procesales con las características referidas quedan excluidos de dicha categoría y, por ende, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclame un acto de naturaleza procesal o formal, ya que éste no tiene la característica de ser de "imposible reparación". En efecto, la redacción de la actual Ley de Amparo ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, proporcionando mayor seguridad jurídica para la promoción del juicio biinstancial contra esta clase de actos, pues a través de una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Dicho en otras palabras, hoy día para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, se requiere, primero, que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", esto es, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; segundo, que esos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión totalmente opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, donde la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva... Expuesto lo anterior, en el caso, el análisis integral de la demanda de garantías redactada, permite conocer lo siguiente: La parte quejosa reclama el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 349/2016, relativo al juicio de controversias del orden familiar sobre pensión alimenticia, en el cual el Juez responsable, tuvo al demandado Floylán Hernández López, contestando en tiempo la demanda interpuesta en su contra, asimismo, entablando en vía de reconvención diversas prestaciones. De modo que al no afectar los derechos sustantivos sino únicamente intraprocesales, debe impugnarse con la resolución definitiva del procedimiento en el que se origine, en la especie, al dictarse la sentencia correspondiente, pues no se sabe si esa violación procesal trascienda al resultado o no, y, más aún de resultar adverso, puede inconformarse con dicha resolución a través de los medios de impugnación, que la ley otorga. Por tanto, si la resolución que se emita en el juicio de controversia familiar, le fuera desfavorable, ahora no se le afectarían directamente alguno de los derechos fundamentales, sino sólo consecuencias que se extinguen en la realidad, y que no originan, desde luego, afectación en su esfera jurídica, pues tales consecuencias; de ser el caso; pueden ser reparadas posteriormente, al dictarse la resolución final; enderezando en vía de conceptos de violación, las anomalías que crea que fueron cometidas; de conformidad con los artículos 170, fracción I, 171 y 172 fracción I, de la Ley de Amparo , pues bien pueden considerarse, en el amparo directo contra la sentencia definitiva, infracciones al procedimiento que en su momento lleguen a afectar las defensas de la parte quejosa y que trasciendan al resultado del fallo. Como se ve, los actos reclamados no constituyen un acto de imposible reparación, dada su propia naturaleza intraprocesal e intermedia, pues no afecta de modo directo e inmediato materialmente derechos que revistan la categoría de "sustantivos", que tiene en su favor la justiciable, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte; sino, se insiste, cuestiones que inciden únicamente en un presupuesto procesal, como el emplazamiento. Aunado a lo anterior, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone... El artículo y jurisprudencia transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda recurso alguno o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados; y que no existe obligación de agotar los recursos ordinarios cuando el acto se trate de aquellos que: a) Importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; y, c) Se trate de persona extraña al procedimiento. El principio de definitividad, que rige al juicio de garantías en materia civil encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto los artículos 666 y 974 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, establecen: "Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." "Artículo 974.- Son procedentes en materia de recursos, todos los previstos en este Código y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo." De la lectura de los transcritos numerales se advierte, en forma clara, que en los juicios de orden familiar, serán procedentes todos los recursos previstos en el Código Adjetivo Civil y su tramitación se sujetara a las disposiciones generales del mismo. Asimismo, que los autos que no fueren apelables y los decretos podrán ser revocados por el Juez que los dicto. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama; el auto de quince de enero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de controversias de orden familiar 349/2016, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pinotepa Nacional, Oaxaca, por el que se tuvo al demandado Floylán Hernández López, contestando en tiempo la demanda interpuesta en su contra, asimismo, entablando en vía de reconvención diversas prestaciones. En este caso, si la quejosa está disconforme con el auto dictado por el Juez en alusión, éste está en aptitud de interponer el medio de defensa ordinario establecido en el artículo 666 en relación con el diverso 974 del código adjetivo referido, a saber, el de revocación. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de garantías la peticionaria de amparo tiene la obligación procesal de interponer el recurso de que se trata contra el referido proveído, pues con ese medio ordinario de defensa podría obtener resolución favorable a sus intereses. Entonces, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA, DE PLANO la demanda de garantías. Ahora, toda vez que la parte quejosa señala los estrados de este juzgado, para oír y recibir notificaciones; el cual no es propiamente un domicilio procesal, con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales se le practicarán por lista de acuerdos; asimismo, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Saúl Constancio Peláez Reyes. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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