Rafaela Cortes Hernández
Expediente 1335/2016 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1335/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rafaela Cortes Hernández
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. ASIMISMO, REQUIERASE AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO, INFORME LA RADICACIÓN DE DICHO ASUNTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE CUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. Visto el oficio 1897/2016, de la Presidenta de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes bajo el número 7355/2016, al que acompaña original y siete copias de la demanda de amparo, promovida por Rafaela Cortés Hernández, por propio derecho, constancia de emplazamiento, oficio 1898/2016 de la sala responsable, toca civil 184/2016, y el testimonio de apelación 1520/2011; regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que la solicitante del amparo Rafaela Cortés Hernández, por propio derecho, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) 3.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, con domicilio en la sede de Justicia en Pachuca de Soto, Hidalgo. (.). - - - 4.- ACTO RECLAMADO.- La resolución de fecha 07 siete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, dictada por los CC. Magistrados que integran la Primera Sala Civil y Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dentro del toca civil 184/2016 y en la cual la Autoridad Responsable decreta INFUNDADOS y por ende INOPERANTES los agravios expuestos por la suscrita RAFAELA CORTÉS FERNÁNDEZ. Resolución que me fuera notificada el día 17 de Noviembre de 2016." Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que el siete de noviembre de dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, dictó resolución en el toca civil formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de dieciséis de julio de dos mil quince, dictada por el Juez Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, dentro del juicio ordinario civil 1520/2011,promovido por Alfonso Espinoza Barrón, en contra de la quejosa; en el sentido de confirmar la sentencia interlocutoria emitida en el incidente de falsedad de documento; declarándolo procedente. Posteriormente, inconforme con dicha determinación, Rafaela Cortés Fernández, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." En ese orden de ideas, se deduce que la resolución de siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, en el toca civil 184/2016, no puede ser considerada como sentencia definitiva para la procedencia del juicio de amparo directo, porque en el expediente civil del cual deriva, aún no se dicta sentencia definitiva, tal y como se aprecia de la lectura de los documentos remitidos por la autoridad responsable. De ahí que si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
- Juicio de Amparo Directo
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