Rafael Zavala Castañeda

Expediente 1984/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 28 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1984/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
16/08/2021

Partes del expediente

  • Rafael Zavala Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes; en el entendido de que el reinicio de los plazos legales operará una vez que se notifique a las partes el presente proveído, en términos de la fracción II del artículo 2° del citado acuerdo. Por otra parte, vista la diversa certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia dictada en el presente juicio de garantías este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, RAFAEL ZAVALA CASTAÑEDA, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo, y 46 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit; esto es, para que las autoridades responsables no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales ordinales; hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; asimismo, para que el Director General y el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, devolvieran al peticionario del amparo la cantidad relativa al descuento efectuado en el recibo de pago 00039907 de treinta y uno de julio de dos mil veinte, por concepto 506 (fondo de pensiones), y los subsecuentes descuentos que se hayan efectuado por esos conceptos hasta que esta sentencia sea cumplida. En cumplimiento a ello, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el trece de enero de dos mil veintiuno, acompañó copia de la transferencia bancaria de doce de enero de dos mil veintiuno, de la Institución de Crédito SANTANDER, por la cantidad de $86,615.45 (ochenta y seis mil seiscientos quince pesos 45/100 Moneda Nacional), restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Por su parte, las autoridades siguientes: Jefe de la Unidad Jurídica y Representante Jurídico del Congreso del Estado de Nayarit, Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Director General y Presidente Suplente, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con sede en esta Ciudad, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 -cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020-, de donde se advierte en el punto II, número 1 y 2, así como artículos 1, 2, fracciones I y II, y 20, respectivamente, se establece lo siguiente: "II. En relación con los Circuitos Judiciales no incluidos en el apartado anterior se determina lo siguiente: 1. El ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. (.) Artículo 1. Vigencia. Con el objetivo de reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación (en adelante "PJF"), mientras se garantiza la continuidad de las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, del 3 de agosto al 31 de octubre, ambos de 2020, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el presente Acuerdo. Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. Como regla especial en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. (.)" "Artículo 20. Reactivación de todos los asuntos. El levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el presente capítulo. (.)" De los numerales transcritos se advierte que el objetivo de la circular y acuerdo de mérito es reanudar en su totalidad las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, y por ende, el levantamiento de suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, del uno al nueve y del diez al quince, todos de febrero de dos mil veintiuno, así como de los días considerados de transición dieciséis y diecisiete del mes y año referidos en último lugar, acorde con sus similares 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 18/2020, así como de las Circulares CAP/3/2020, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021 lo que implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Se establece también que en los juicios de amparo indirecto y en juicios federales en los que se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, la reanudación de plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. Además, que el levantamiento de la suspensión de plazos implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados. Así, y en acatamiento a la Circular SECNO/10/2021 y al Acuerdo General 21/2020, lo procedente es ordenar la reanudación del procedimiento en el juicio que nos ocupa para todos los efectos legales procedentes; en el entendido de que el reinicio de los plazos legales operará una vez que se notifique a las partes el presente proveído, en términos de la fracción II del artículo 2° del citado acuerdo. Por otra parte, vista la diversa certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que mediante sentencia dictada en el presente juicio de garantías este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, RAFAEL ZAVALA CASTAÑEDA, para el efecto de que las autoridades responsables desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa, lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo, y 46 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit; esto es, para que las autoridades responsables no le aplicaran en el presente ni en el futuro tales ordinales; hecho que implica que no se deberá restar o retener monto alguno que deba destinarse al fondo de pensiones; asimismo, para que el Director General y el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, todos con sede en esta ciudad, devolvieran al peticionario del amparo la cantidad relativa al descuento efectuado en el recibo de pago 00039907 de treinta y uno de julio de dos mil veinte, por concepto 506 (fondo de pensiones), y los subsecuentes descuentos que se hayan efectuado por esos conceptos hasta que esta sentencia sea cumplida. En cumplimiento a ello, la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el trece de enero de dos mil veintiuno, acompañó copia de la transferencia bancaria de doce de enero de dos mil veintiuno, de la Institución de Crédito SANTANDER, por la cantidad de $86,615.45 (ochenta y seis mil seiscientos quince pesos 45/100 Moneda Nacional), restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. Por su parte, las autoridades siguientes: Jefe de la Unidad Jurídica y Representante Jurídico del Congreso del Estado de Nayarit, Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Director General y Presidente Suplente, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, todos con sede en esta Ciudad, informaron lo propio; restituyendo de esa manera a la quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en este juicio de amparo se encuentra cumplimentada; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de catorce de enero de dos mil veintiuno, y el día de hoy se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Agréguense en autos para que surtan sus efectos legales procedentes, los oficios signados por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y por el Presidente Suplente del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones, por medio del cual hacen manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa con lo anterior, toda vez que mediante proveído de catorce de este mismo mes y año se dio vista a la parte quejosa respecto al cumplimiento de amparo por las autoridades responsables, y aun le continua el término que se le otorgó para tal efecto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Agréguense en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta que suscribe el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y anexo que acompaña, por medio del cual hace manifestaciones respecto del cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo. Sin que haya lugar a dar vista a la parte quejosa, toda vez que de la constancia que anexa a su oficio de cuenta se advierte que es la misma que el delegado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit presentó ante este órgano jurisdiccional en su oficio de trece de enero de dos mil veintiuno, y con la misma se dio vista a la parte quejosa en proveído de catorce de este mismo mes y año. NOTIFÍQUESE.

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