Rafael Villazana Flores
Expediente 443/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 443/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rafael Villazana Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
El diez de octubre de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta al juez con un oficio registrado con el folio 13540. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Presidenta de la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 23308/2017, por el que se le devolvieron el toca civil 292/2016, las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014 y cuadernillo de amparo 17/2015 que remitió en apoyo a su informe justificado. Lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Cecy*
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El licenciado Juan García Trejo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA QUE: El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió para el quejoso del trece al veintiocho de septiembre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de septiembre del propio año, dentro del juicio de amparo número 443/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; No se tramitó incidente de suspensión. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Lo que se hace constar para los efectos legales correspondientes. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. DOY FE. En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, cuatro de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede asentada por el Secretario adscrito a este juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia dictada por este Juzgado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, esa circunstancia hágase del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia invocada, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En atención a lo anterior, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la Segunda Sala Civil y de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el toca civil 292/2016, las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014 y cuadernillo de amparo 17/2015, que remitió en apoyo a su informe justificado y que obran por separado. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Bjm
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 443/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Rafael Villazana Flores demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: - La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, derivada del recurso de apelación promovido contra la sentencia emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014; y su ejecución. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En auto de tres de mayo de dos mil diecisiete (fojas 23 a 26), el magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito determinó que dicho órgano jurisdiccional carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, al reclamarse un acto fuera de juicio y, por ende, no tratarse de una sentencia definitiva o resolución que puso fin a una controversia, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de ocho de mayo de este año, se registró con el expediente 443/2017, y se admitió a trámite, sin que fuera necesario el emplazamiento de la parte tercero interesada ni solicitar el informe con justificación a la sala responsable, dado que ya obraban dichas actuaciones en los autos; asimismo, se dio la intervención que corresponde a la representación social y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 31 a 35). En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 70), se requirió el informe con justificación al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, al haber sido señalado como autoridad responsable ejecutora. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos se atribuyen a autoridades jurisdiccionales que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: a) La sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 292/2016, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014 (promovidas por el quejoso para modificar la superficie de la escritura pública del predio de su propiedad), mediante la que se estimó fundado el recurso de apelación interpuesto por la opositora Marina Villazana Flores y se revocó la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento para el efecto de estimar improcedente la solicitud de rectificación realizada y condenar respecto de las costas procesales al promovente. Del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas: b) La ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada (foja 5). Además, dicha autoridad remitió los expedientes relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria y toca de apelación de origen; documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, manifestó que no era cierto el acto reclamado, en virtud de que únicamente notificó la recepción de la resolución combatida al quejoso. No obstante, la negativa anterior envuelve la existencia de los actos de ejecución combatidos, pues se acepta que la resolución reclamada tiene incidencia en las diligencias de jurisdicción del índice de dicha juzgadora y, como se expuso, en tal determinación se condenó al quejoso al pago de las costas procesales, lo que envuelve un principio de ejecución respecto de tal condena a cargo de la juzgadora responsable. Luego, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, Rafael Villazana Flores promovió diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de rectificar la escritura pública que se expidió en su favor por la protocolización de la adjudicación determinada en el juicio sucesorio intestamentario 322/2017, a bienes de Raymundo Villazana García, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Lo anterior, en virtud de que la superficie asentada respecto del terreno objeto de dicho acto jurídico no correspondía con la real (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas relativo a las diligencias de origen). 2. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil catorce, el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, registró las diligencias con el expediente 473/2014, las admitió a trámite y ordenó citar a los colindantes del inmueble involucrado (foja 15 del tomo de pruebas de las diligencias de origen). 3. Por medio de escrito presentado el cinco de enero de dos mil quince, Marina Villazana Flores se opuso a la rectificación solicitada (fojas 43 y 44 del cuaderno en cita). 4. En sentencia de once de febrero de dos mil dieciséis, el juez del conocimiento consideró, en esencia, infundada la oposición referida y fundada la solicitud de rectificación de escritura promovida (fojas 65 a 73). 5. En desacuerdo con la resolución anterior, Marina Villazana Flores interpuso recurso de apelación. En sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocaron la resolución recurrida y decretaron el sobreseimiento en las diligencias promovidas, asimismo, condenaron al quejoso al pago de las costas procesales de la instancia (fojas 29 a 37 del toca de apelación). Lo expuesto, en concreto, porque, en términos del numeral 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, las diligencias de jurisdicción voluntaria únicamente eran procedentes cuando no existiera una cuestión litigiosa, lo que no acontecía en la especie al existir oposición por parte de una de los colindantes; y la vía intentada no era idónea para lo pretendido, pues era evidente que se pretendía incrementar la superficie del predio adjudicado al solicitante, lo que conllevaría la modificación substancial del acto jurídico involucrado, sin que tal trámite estuviera reconocido como medio para adquirir la propiedad en el artículo 154 del Código Civil del Estado de Zacatecas. La resolución anterior integra la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio, en virtud de que la demanda resulta extemporánea. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro del cual debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En particular, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Por tanto, tratándose de un acto jurisdiccional, distinto de la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 292/2016, mediante la que se revocó la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014, para el efecto de estimar improcedentes éstas. El amparista refiere que conoció del acto reclamado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a través de la notificación personal que se realizó a su abogado patrono. No obstante, del análisis integral de las constancias que integran el toca de apelación natural, se advierte que tal determinación fue notificada el dos de febrero de este año al amparista, en el último domicilio que señaló en la instancia de alzada para tal efecto -avenida Insurgentes 121, altos, Zona Centro, Zacatecas, Zacatecas, foja 23- (fojas 46 y 47). En ese sentido, se observa que la notificación que refiere el quejoso como origen del conocimiento base de la demanda de amparo corresponde al auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, por el cual la juez responsable acordó la llegada de la sentencia combatida (foja 115 y reverso del tomo II de pruebas). De tal manera que la resolución reclamada fue notificada desde el dos de febrero de la presente anualidad, en términos del artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Así, en conformidad con el numeral 180 de la legislación adjetiva civil citada, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó el tres de febrero siguiente (día hábil inmediato posterior a que se realizó la notificación) y concluyó el veinticuatro del mes y año en referencia; descontándose los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve, por ser inhábiles. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo resulta extemporánea, ya que se promovió hasta el siete de abril de dos mil diecisiete (foja 6), esto es, más de un mes posterior a que feneció el plazo para tal efecto. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste que se enteró de la resolución reclamada hasta que la juez de primera instancia le comunicó la llegada del testimonio de ésta, pues lo relevante es que desde la instancia de alzada se comunicó directamente tal determinación en el domicilio señalado para tal efecto, lo que, como se expuso, implica el inicio del plazo para promover el juicio de amparo y excluye que pueda tomarse en cuenta para ese propósito un conocimiento o notificación posterior. En conclusión, al resultar extemporánea la demanda de amparo, se sobresee en el juicio en conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Villazana Flores contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 292/2016, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014, y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA SENTENCIA DICTADA EN FECHA CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 443/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de abril de dos mil diecisiete ante la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, Rafael Villazana Flores demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Ordenadora Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Ejecutora Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Acto reclamado: - La resolución de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, derivada del recurso de apelación promovido contra la sentencia emitida en las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014; y su ejecución. Actos que, a su parecer, resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. En auto de tres de mayo de dos mil diecisiete (fojas 23 a 26), el magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigesimotercer Circuito determinó que dicho órgano jurisdiccional carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, al reclamarse un acto fuera de juicio y, por ende, no tratarse de una sentencia definitiva o resolución que puso fin a una controversia, por lo que ordenó remitir los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de ocho de mayo de este año, se registró con el expediente 443/2017, y se admitió a trámite, sin que fuera necesario el emplazamiento de la parte tercero interesada ni solicitar el informe con justificación a la sala responsable, dado que ya obraban dichas actuaciones en los autos; asimismo, se dio la intervención que corresponde a la representación social y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 31 a 35). En acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecisiete (foja 70), se requirió el informe con justificación al Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, al haber sido señalado como autoridad responsable ejecutora. La audiencia constitucional inició al tenor de la presente acta; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción IV de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que los actos se atribuyen a autoridades jurisdiccionales que residen en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: De la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas: a) La sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 292/2016, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014 (promovidas por el quejoso para modificar la superficie de la escritura pública del predio de su propiedad), mediante la que se estimó fundado el recurso de apelación interpuesto por la opositora Marina Villazana Flores y se revocó la resolución definitiva dictada en dicho procedimiento para el efecto de estimar improcedente la solicitud de rectificación realizada y condenar respecto de las costas procesales al promovente. Del Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas: b) La ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada presidente de la Segunda Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas aceptó la existencia de la resolución reclamada (foja 5). Además, dicha autoridad remitió los expedientes relativos a las diligencias de jurisdicción voluntaria y toca de apelación de origen; documentales públicas que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, manifestó que no era cierto el acto reclamado, en virtud de que únicamente notificó la recepción de la resolución combatida al quejoso. No obstante, la negativa anterior envuelve la existencia de los actos de ejecución combatidos, pues se acepta que la resolución reclamada tiene incidencia en las diligencias de jurisdicción del índice de dicha juzgadora y, como se expuso, en tal determinación se condenó al quejoso al pago de las costas procesales, lo que envuelve un principio de ejecución respecto de tal condena a cargo de la juzgadora responsable. Luego, se encuentra acreditada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados: 1. Mediante escrito presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, Rafael Villazana Flores promovió diligencias de jurisdicción voluntaria a efecto de rectificar la escritura pública que se expidió en su favor por la protocolización de la adjudicación determinada en el juicio sucesorio intestamentario 322/2017, a bienes de Raymundo Villazana García, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas. Lo anterior, en virtud de que la superficie asentada respecto del terreno objeto de dicho acto jurídico no correspondía con la real (fojas 1 a 3 del cuaderno de pruebas relativo a las diligencias de origen). 2. Mediante proveído de uno de octubre de dos mil catorce, el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, registró las diligencias con el expediente 473/2014, las admitió a trámite y ordenó citar a los colindantes del inmueble involucrado (foja 15 del tomo de pruebas de las diligencias de origen). 3. Por medio de escrito presentado el cinco de enero de dos mil quince, Marina Villazana Flores se opuso a la rectificación solicitada (fojas 43 y 44 del cuaderno en cita). 4. En sentencia de once de febrero de dos mil dieciséis, el juez del conocimiento consideró, en esencia, infundada la oposición referida y fundada la solicitud de rectificación de escritura promovida (fojas 65 a 73). 5. En desacuerdo con la resolución anterior, Marina Villazana Flores interpuso recurso de apelación. En sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, los magistrados de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado revocaron la resolución recurrida y decretaron el sobreseimiento en las diligencias promovidas, asimismo, condenaron al quejoso al pago de las costas procesales de la instancia (fojas 29 a 37 del toca de apelación). Lo expuesto, en concreto, porque, en términos del numeral 836 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, las diligencias de jurisdicción voluntaria únicamente eran procedentes cuando no existiera una cuestión litigiosa, lo que no acontecía en la especie al existir oposición por parte de una de los colindantes; y la vía intentada no era idónea para lo pretendido, pues era evidente que se pretendía incrementar la superficie del predio adjudicado al solicitante, lo que conllevaría la modificación substancial del acto jurídico involucrado, sin que tal trámite estuviera reconocido como medio para adquirir la propiedad en el artículo 154 del Código Civil del Estado de Zacatecas. La resolución anterior integra la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." Debe sobreseerse en el juicio, en virtud de que la demanda resulta extemporánea. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro del cual debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En particular, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Del precepto anterior se deduce que el plazo de quince días para promover el juicio de amparo es, por regla general, de quince días, salvo que se reclamen normas generales por su entrada en vigor, el procedimiento de extradición, sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal (en la que se imponga pena de prisión), actos que afecten derechos agrarios y cuando el acto implique privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, destierro, deportación o expulsión, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea. Por tanto, tratándose de un acto jurisdiccional, distinto de la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, rige el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo. En esta instancia constitucional, el quejoso reclama la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca civil 292/2016, mediante la que se revocó la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014, para el efecto de estimar improcedentes éstas. El amparista refiere que conoció del acto reclamado el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, a través de la notificación personal que se realizó a su abogado patrono. No obstante, del análisis integral de las constancias que integran el toca de apelación natural, se advierte que tal determinación fue notificada el dos de febrero de este año al amparista, en el último domicilio que señaló en la instancia de alzada para tal efecto -avenida Insurgentes 121, altos, Zona Centro, Zacatecas, Zacatecas, foja 23- (fojas 46 y 47). En ese sentido, se observa que la notificación que refiere el quejoso como origen del conocimiento base de la demanda de amparo corresponde al auto de catorce de marzo de dos mil diecisiete, por el cual la juez responsable acordó la llegada de la sentencia combatida (foja 115 y reverso del tomo II de pruebas). De tal manera que la resolución reclamada fue notificada desde el dos de febrero de la presente anualidad, en términos del artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas. Así, en conformidad con el numeral 180 de la legislación adjetiva civil citada, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó el tres de febrero siguiente (día hábil inmediato posterior a que se realizó la notificación) y concluyó el veinticuatro del mes y año en referencia; descontándose los días cuatro, cinco, seis, once, doce, dieciocho y diecinueve, por ser inhábiles. Por tanto, es evidente que la demanda de amparo resulta extemporánea, ya que se promovió hasta el siete de abril de dos mil diecisiete (foja 6), esto es, más de un mes posterior a que feneció el plazo para tal efecto. Sin que sea obstáculo para lo anterior, el hecho de que el quejoso manifieste que se enteró de la resolución reclamada hasta que la juez de primera instancia le comunicó la llegada del testimonio de ésta, pues lo relevante es que desde la instancia de alzada se comunicó directamente tal determinación en el domicilio señalado para tal efecto, lo que, como se expuso, implica el inicio del plazo para promover el juicio de amparo y excluye que pueda tomarse en cuenta para ese propósito un conocimiento o notificación posterior. En conclusión, al resultar extemporánea la demanda de amparo, se sobresee en el juicio en conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Villazana Flores contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas y de la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistente en la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, emitida en el toca 292/2016, derivado de las diligencias de jurisdicción voluntaria 473/2014, y su ejecución; por las razones y fundamentos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy cinco de septiembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado."
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