Rafael Villaseñor Villaseñor

Expediente 1059/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1059/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
25/11/2019

Partes del expediente

  • Rafael Villaseñor Villaseñor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Solicitud de copiasVisto el comunicado de María del Carmen Ponce de León y Ponce de León en cuanto Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, como lo solicita, remítasele vía oficio copia certificada del juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior, en virtud de que realiza su petición a fin de integrar la investigación derivada de la denuncia presentada por Rafael Villaseñor Villaseñor en contra de Ernesto Ramírez Ochoa. Domicilio procesal Asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones. Devolución de documento Por otro lado, del oficio que se provee se desprende que la autoridad oficiante solicita la devolución de la copia cotejada del nombramiento expedido en su favor, el cual adjuntó al comunicado de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, por disposición de su ordinal 2, se ordena la devolución del documento exhibido por esa autoridad; previa copia certificada que obre en autos. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  2. Principal

    Solicitud de copias certificadasVisto el comunicado de María del Carmen Ponce de León y Ponce de León en cuanto Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, a través del cual solicita copias certificadas de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en ese sentido, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo que solicita. Lo anterior, toda vez que los numerales 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o., fracción I de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Es decir, el juicio de amparo es un juicio constitucional a través del cual los tribunales del Poder Judicial de la Federación ejercen el control concentrado de regularidad constitucional, facultad que se encuentra reservada únicamente a dichos tribunales. Aunado a lo anterior, la autoridad oficiante fue omisa en señalar para qué efecto es que solicita dichas documentales -a pesar de que haya referido lo relativo a una denuncia hecha valer por el aquí quejoso-; es así, ya que en caso de que alguna autoridad judicial ajena a los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación requiera información de algún juicio de amparo, deberá indicar el motivo por el que la solicita, a efecto de que esta potestad federal esté en condiciones de proveer en cuanto su petición, máxime si dicha autoridad es ajena a la relación jurídico procesal, como en el caso particular; de ahí que, por el momento no sea posible proporcionarle las copias certificadas que solicita. Devolución de documento Por otro lado, del oficio que se provee se desprende que la autoridad oficiante solicita la devolución de la copia cotejada del nombramiento expedido en su favor, el cual adjuntó al comunicado de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en la materia, por disposición de su ordinal 2, se ordena la devolución del documento exhibido por esa autoridad; previa copia certificada que obre en autos. Digitalización de proveído Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con cincuenta del seis de febrero de dos mil diecinueve (foja 48), hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1059/2018, promovido por Rafael Villaseñor Villaseñor, en su carácter de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán; contra las autoridades y actos siguientes: N°AutoridadActo reclamado1Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán La omisión de cumplir con lo solicitado en los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018. El licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario que autoriza las actuaciones y da fe, encontrándose en audiencia pública la declara abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. Enseguida, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que destacan: Escrito inicial de demanda (fojas 2 a 19); prevención de siete de diciembre del año pasado (fojas 28 a 32); escrito aclaratorio (fojas 34 a 37); auto admisorio de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 38 a 40). Por otra parte, en cuanto al informe justificado que obra en autos, el secretario hace relación mediante la tabla siguiente: N° Autoridad Foja Sentido Acto reclamado 1 Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán. 45 y 46 Niega La omisión de cumplir con lo solicitado en los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por formulada la relación de autos que antecede; por reiterados los proveídos mediante los cuales se tuvieron a las autoridades responsables rindiendo el informe justificado. Se abre el período de pruebas en el que el secretario hace constar que únicamente la parte quejosa ofreció documentales (fojas 20 a 27) Al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119, 123 y 124 de la citada ley, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales indicadas, en razón de su propia y especial naturaleza, y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo. Acto continuo, con base en el precepto 124 de la Ley de Amparo, se declara abierto el período de alegatos, en el que el secretario hace constar: Que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía; a lo que el Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes en alegar, por lo que se cierra esta fase. Al no existir prueba pendiente de desahogo, ni promoción sin acordar y encontrándose debidamente integrado este expediente, queda en estado de dictarse la sentencia correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo III-1059/2018; y, RESULTANDO Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Rafael Villaseñor Villaseñor, en su carácter de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, por el acto que hizo consistir en: "La omisión en el cumplimiento de sus atribuciones del SECRETARIO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN, lo cual se acredita con la omisión del cumplimiento de las actividades solicitadas por el Presidente del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo requeridas mediante oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018." (Sic). Acto que consideró violatorio de los derechos humanos protegidos por las garantías contenidas en los artículos 1, 16, 25, 109, 113 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, relató los antecedentes que consideró pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, el conocimiento de la demanda correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el que, previo cumplimiento de una prevención, por auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho la admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracciones I, II, III y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once; 37 y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente; 48, 52, fracción IV y 144, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, porque el acto se atribuye a autoridades distintas a los tribunales administrativos y se trata de una omisión. Segundo. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, procede determinar cuál es el acto reclamado que constituye la materia del juicio. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 40/2000, estableció la obligación del juez de amparo de analizar la demanda en su integridad a fin de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar el acto materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento ilustra lo anterior toda vez que estatuye: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados, y de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo aplicable, que impone la obligación de que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y en consideración al análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a impugnar: La omisión de cumplir con lo solicitado en los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018. Tercero. Existencia del acto reclamado. I. Sentido del informe. El Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, al momento de rendir informe justificado, negó la existencia de los actos reclamados; sentido del informe que no se desvirtuó ya que las pruebas aportadas por la quejosa no acreditan que la autoridad responsable haya recibido los comunicados que la parte quejosa asegura que omitió cumplir. Lo anterior, dado que la omisión de atender el contenido de los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018 deriva precisamente de que no fueron presentados ante su potestad; lo que se explica de la manera siguiente. II. Origen de la petición. Para estar en condiciones de determinar la existencia del acto (negativo) reclamado, conviene destacar que éste constituye una omisión, ya que se combate el hecho de que no se atendió el contenido de dos oficios presentados ante la autoridad responsable. Para dilucidar el origen de esta petición, debe atenderse al plano de la relación en que se formuló, pues de ello deriva la mecánica en que se debe abordar el estudio de la omisión y, en su caso, la procedencia del juicio de amparo. Por ejemplo, puede suceder que el promovente de la petición se trate de una autoridad y que presente la solicitud ante otra, caso en el cual estaremos en presencia de una relación de supraordinación, dado que se trata de comunicaciones que se hacen entre autoridades; supuesto en el cual haría nugatoria la acción constitucional, pues las autoridades no están legitimadas para promover el juicio de amparo, a menos que se afecten sus intereses patrimoniales en una relación de coordinación con los particulares. Por otro lado, el promovente puede ser una persona de derecho privado que la formula ante una autoridad; hipótesis que establece una relación de supra a subordinación, atento al plano de desigualdad que guarda un ciudadano con una autoridad. En este supuesto, se estará ante un derecho de petición, pues, con independencia del contenido de la solicitud, el hecho es que se trata de un gobernado que ejerce los derechos reconocidos en el artículo 8o. constitucional. Por tal motivo, conviene hacer un análisis del carácter con el que comparece la parte quejosa a este sumario constitucional. III. Relación de supra a subordinación. Rafael Villaseñor Villaseñor comparece en su carácter de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán; así, la regulación del aludido comité tiene su origen en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo, específicamente en los artículos 3, fracción IV, 7, fracción II, 14, 15, 16 y 21. En atención a lo dispuesto por los mencionados preceptos legales, es oportuno tomar en consideración lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 11/2004, en la que determinó que tanto los comités como los consejos ciudadanos, no forman parte de la administración pública, toda vez que, con independencia de que no se encuentran contemplados como tales, sus funciones no son propias de un órgano del Estado, puesto que no toma ni ejecuta decisiones en relación con el funcionamiento y la administración pública. En efecto, respecto de los comités ciudadanos, su función, se constriñe a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas para la realización de obras o prestación de servicios públicos por parte de la administración pública, así como para la solución de los problemas de interés general de la ciudadanía a la que representan y el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la ciudad. Circunstancias que de igual manera se ven reflejadas en los artículos 3, fracción IV, 7, fracción II, 14, 15, 16 y 21 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para el Estado de Michoacán de Ocampo. Por tal motivo, la petición que formuló Rafael Villaseñor Villaseñor, en su carácter de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, ante la autoridad responsable, tiene su origen en una relación de supra a subordinación, dado que no se trata de comunicaciones realizadas entre autoridades; por el contrario, se está ante la presencia de una solicitud formada por un ciudadano que, si bien integra un comité de participación y con independencia de lo pedido, formula una petición que no involucra el ejercicio de una atribución prevista en la ley. En ese sentido, el trato que se debe de dar a la omisión es como un derecho de petición. IV. Mecánica en que opera el derecho de petición. Hecho los pronunciamientos precedentes, la omisión combatida radica esencialmente en la vulneración al derecho humano de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este derecho fundamental puede ser violado o desconocido de diferentes formas, ya que el contenido del artículo en mención es el siguiente: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De esta trascripción se advierte, que el derecho de petición es un derecho humano (instrumental) que otorga a las personas la facultad de exigir a cualquier autoridad, el cumplimiento de la obligación correlativa que lo protege, que se traduce en un hacer positivo; esto es, dar una respuesta en breve término y hacerla del conocimiento del promovente. Derecho fundamental que comprende dos aspectos, el primero se refiere a la posibilidad de elevar ante cualquier autoridad una petición. Y el segundo aspecto comprende la obligación a cargo de la autoridad de dar una respuesta a cualquier petición que se formule por escrito, en breve término, debiendo como corolario de ello, hacerlo saber al gobernado, también en breve término; siempre y cuando el gobernado haya designado un domicilio, dentro de la jurisdicción de la autoridad, para tal efecto. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 98/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse". Dado que el derecho de petición se encuentra protegido por diversas garantías que cualquier autoridad debe cumplir, existen varios escenarios en que se puede verse violado o desconocido tal derecho y por ello las consecuencias jurídicas son diversas. V. Estudio del caso. Con base en este razonamiento, tenemos que uno de los requisitos para determinar que existe al derecho fundamental de petición es que se haya formulado una petición por escrito de forma pacífica y respetuosa. Del acuse de recibo de los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018 -petición cuya omisión de ser atendida-, se obtiene que la misma se encuentra dirigida al Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, sin que obre algún sello oficial de su recepción. Documentales a las que se les concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 133 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, al contemplarlo el artículo 2 de la Ley de Amparo. Por el contrario, dichos oficios fueron recibidos el diez de octubre de dos mil dieciocho por una persona que manifestó ser "Ma. Del Carmen Ponce de León", sin que se asiente el cargo, rango o calidad con la que recibió dichos comunicados. Además, en las referidas documentales se asentó por parte de esta persona que Ernesto Ramírez Ochoa -quien detenta el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán- se negó a recibir los mencionados oficios de presidencia. Por su parte, la autoridad responsable negó la existencia de la omisión combatida puesto que en los archivos de esa dependencia no obra constancia alguna de la recepción de los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018; además, indica que los mismos no fueron presentados en el domicilio oficial de dicha autoridad, el cual está ubicado en la calle Fray Juan de San Miguel, número 67, interior 6, colonia Centro de esta ciudad. Derivado de lo anterior, no es factible tener por demostrado que ante la autoridad responsable se presentaron los oficios cuya omisión de responder se reclama; lo anterior, porque no se acreditó que la persona de nombre "Ma. Del Carmen Ponce de León", sea una servidora pública adscrita a dicha secretaría técnica, por lo que no se aprecia que se haya turnado o remitido la petición al mencionado secretario, y con ello se acreditara la existencia del acto combatido en esta constitucional. Orienta lo anterior la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCION DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICION. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones". Por tal motivo, no es posible tener por cierta dicha omisión, dado que en ningún momento se presentó ante la potestad de la responsable los oficios Presidencia/OG/12/2018 y Presidencia/OG/13/2018 o, bien, tampoco le fue turnada dicha petición por parte de la persona que manifestó ser "Ma. Del Carmen Ponce de León", sin que se asiente el cargo, rango o calidad con la que recibió dichos comunicados. Resulta aplicable la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que dice lo siguiente: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones". VI. Sobreseimiento. En consecuencia, al no estar acreditada la existencia de la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo respecto a los actos atribuidos al referido subdirector. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 76, 77 y 217, de la Ley Amparo, se RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Villaseñor Villaseñor, en su carácter de integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, contra los actos que reclamó de la autoridad responsable Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Michoacán, por las razones precisadas en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Juan Francisco Orozco Córdova, secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.OIEP

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