Rafael Villareal Alanis
Expediente 168/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 168/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rafael Villareal Alanis
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado, el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que ha quedado firme dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. REQUERIMIENTO PARA RECIBIR DOCUMENTOS OFRECIDOS POR LA PARTE QUEJOSA Requiérase a la parte quejosa para que dentro del plazo no mayor a noventa días, recoja el documento que fue exhibido, y en caso de no hacerlo en ese plazo, en su oportunidad será destruido dicho documento, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL PROVEIDO DE DIECISIES DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIECISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo promovida por RAFAEL VILLARREAL ALANIS, contra actos del Administrador Local de Recaudación de Mexicali, Baja California, perteneciente al Servicio de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SAT) y otra autoridad; en consecuencia, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número que le corresponda en el libro de gobierno; sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, dado que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo en relación con la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se provee lo siguiente: SE DESECHA DEMANDA Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de garantías, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano". Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, en el caso el acto que el impetrante de garantías señala como reclamado el mandamiento de ejecución relativo a la traba de embargo a través del procedimiento de ejecución de cuenta bancaria número 00745032122783512622 de la institución bancaria BBVA Bancomer en la que se deposita al quejoso su pensión de jubilación [IMSS], con motivo de un procedimiento aduanero seguido en su contra. El artículo 61, fracción XX, de la invocada Ley, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. (.)". Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone que el juicio de amparo indirecto procede, entre otros casos: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.] En efecto, en el presente caso, se actualiza la hipótesis de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y carezcan de definitividad, esto es, que deban ser revisados de oficio o proceda en su contra algún recurso o medio ordinario de defensa por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Asimismo, el precepto de la ley de la materia transcrito, regula el principio de definitividad, previsto en la fracción IV, del artículo 107 de la Constitución Federal de la República, en tanto prevé que en materia administrativa contra actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. Al caso particular, es oportuno citar por su exacta aplicación al tópico la Jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), sustentada por contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria a partir del veintitrés de marzo de dos mil quince, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1377, libro 16, tomo II, que a la letra reza: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." En el estudio efectuado en la ejecutoria pronunciada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que dio origen al criterio de Jurisprudencia invocada, en el que los Tribunales contendientes, coincidieron en que la inmovilización de cuentas bancarias es de carácter irreparable, afectando derechos fundamentales; sin embargo, señaló la Sala que no implica una excepción al principio de definitividad y que, por ende, el juicio de amparo en la vía indirecta proceda desde luego; ello, en virtud de que en el contenido de los criterios sustentados, fueron emitidos cuando se encontró vigente la anterior Ley de Amparo, llevando a cabo una nueva reflexión en torno a la nueva Ley de Amparo. Por tanto, la premisa a seguir, es aquella en la que se reconoce al juicio de amparo como un juicio extraordinario, cuya procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y principios fundamentales. Así, la función jurisdiccional en el ámbito del control constitucional, se trata de un medio idóneo para análisis de la litis planteada en un plano equilibrado entre el gobernante y el gobernado; por tanto, las reglas fundamentales que lo estructura el juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, el cual establece que exclusivamente es procedente contra actos de carácter definitivo, es decir, aquellos contra los cuales exista un recurso ordinario o medio de impugnación por el cual pueden ser modificados o revocados. Por tanto, el tema examinado por la Sala, implica un pronunciamiento en el que asevera que contra ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, se exige que se haga valer de manera previa el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación o revocación o nulidad del mismo, atendiendo al hecho de que el acto reclamado en amparo indirecto sea de imposible reparación, no determina per se, una excepción a las exigencias de la procedencia del juicio de amparo. Así, esta directriz, es un presupuesto que supone el agotamiento previo de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal manera que de existir algún medio ordinario de defensa que el quejoso no hubiese hecho valer, el amparo resulta improcedente. Recursos que el quejoso no agotó, no obstante estuvo en aptitud de hacerlo, pues no debe perderse de vista que al menos desde el nueve de julio de dos mil quince, fue sabedor del procedimiento fiscal instaurado en su contra, del que emana el acto reclamado, en el que quedó sujeto al pago del crédito fiscal por la cantidad de $16,209,113.73 (dieciséis millones doscientos nueve mil ciento trece pesos 73/100 moneda nacional) fincado dentro del juicio de nulidad 14/8685-01-02-01-07-OT, relativo al expediente CPA5800212/13 (CVM5800148/13) por resolución que le fue comunicada a través de oficio 110-07-00-00-00-2015-3126, emitida por la Administración Regional de Auditoria de Comercio Exterior del Pacifico Norte, con sede en Baja California. En esta línea de ideas, la Sala distinguió que la inmovilización de cuentas bancarias, de manera implícita tienen su origen en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con vigencia anterior al diez de diciembre de dos mil diez, en el que se exigían mayores requisitos para conceder la suspensión del acto que los previstos en la Ley de Amparo. Consecuentemente, la vía de amparo indirecto y la irreparabilidad del acto, así como la necesidad de agotar o no el principio de definitividad, no constituyen el tema toral sujeto a un estudio exhaustivo, sino que lo correcto es tomar en cuenta el marco normativo que rige el recurso ordinario, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual fue modificado a partir de la reforma de diez de diciembre de dos mil diez; por tanto, su impugnación debe llevarse a cabo en apego a los artículos 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación. Por ello, no es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 133/2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, visible a página 104, del rubro: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS DECRETADO EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. AUNQUE SE TRATE DE UN ACTO FUERA DE JUICIO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.", pues como ya se dijo, dicho criterio fue sustentado con anterioridad a la reforma de diez de diciembre de dos mil diez, al artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que la irreparabilidad que en ese entonces se atribuyó a la inmovilización de cuentas bancarias, se fundó implícitamente en el hecho que en esa época (noviembre de dos mil diez), el mencionado precepto exigía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que los previstos en la abrogada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; de ahí, que en el particular resulte inaplicable aun cuando la inmovilización de cuentas bancarias reclamada, haya sido decretada en un procedimiento administrativo de ejecución. Una vez asentado lo anterior, los citados preceptos, estatuyen que de manera optativa se podrá acudir ante el recurso de revocación o bien el juicio contencioso administrativo, mediante los cuales no exceden tampoco los requisitos previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, por lo que resulta factible solicitar la suspensión de la inmovilización de cuentas bancarias. Para fines ilustrativos se citan los preceptos legales invocados, que al tenor literal dicen: "Artículo 116. Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117. El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c) Dicten las autoridades aduaneras. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. d) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este Código. [.] Artículo 120. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente. Artículo 121. El recurso deberá presentarse a través del buzón tributario, dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, excepto lo dispuesto en el artículo 127 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en el mismo se señala. El escrito de interposición del recurso también podrá enviarse a la autoridad competente en razón del domicilio o a la que emitió o ejecutó el acto, a través de los medios que autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión. También se suspenderá el plazo para la interposición del recurso si el particular solicita a las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolución de controversias contenido en un tratado para evitar la doble tributación incluyendo, en su caso, el procedimiento arbitral. En estos casos, cesará la suspensión cuando se notifique la resolución que da por terminado dicho procedimiento inclusive, en el caso de que se dé por terminado a petición del interesado. En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación. [.] Artículo 127. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de la publicación de la convocatoria de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil siguiente al de la diligencia de embargo." En la especie, resulta pertinente analizar el contenido del artículo 28, fracción II, inciso b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece lo siguiente: "ARTÍCULO 28. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por el actor o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: [.] b). En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este inciso quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado Instructor, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, si finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio." En esta tesitura, el inciso b) de la fracción II del artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es claro que contiene disposiciones más favorables respecto a la suspensión de actos de carácter administrativo, en la medida en que establece que ésta será concedida si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables y, además, contempla la posibilidad de reducirla si el monto de los créditos excede la capacidad económica del solicitante, y si se trata de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Delimitado este orden ideológico, resulta eficaz la aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), antes invocada. En el mismo sentido, robustece el sentido sostenido en esta instancia constitucional, así como los argumentos vertidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte, lo que se establece en la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, decretada por reiteración por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en la página 902, tomo XV, mayo de dos mil dos, que la letra estatuye: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Asimismo, se cita por su aplicabilidad la jurisprudencia I.3o.C. J/39, determinada por reiteración a cargo del Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a foja 1214, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, que a la letra indica: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Por tanto, por los motivos expuestos a lo largo de esta resolución, resulta evidente que en contra del acto reclamado procede un medio ordinario de defensa, que el quejoso debe agotar previo a promover el juicio de amparo, lo que trae por consecuencia lógica que se actualice la causal de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo y que, por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo. DOMICILIO QUEJOSO Se tiene a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el ocurso de cuenta, y por autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas indicados en el mismo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. TRANSPARENCIA Atento a lo dispuesto por los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción II, 8, 13, 18, fracción II y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
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