Rafael Tapia Tambien Conocido Como Rafael Tapia Mayoral

Expediente 573/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
573/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Rafael Tapia Tambien Conocido Como Rafael Tapia Mayoral

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el once de marzo de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Requerimiento de cumplimiento. Ahora, tomando en consideración que la concesión de la protección constitucional en la sentencia dictada fue para los efectos siguientes: "Dejar insubsistente el auto de seis de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de perdida de patria potestad número 775/2017, y sus consecuencias legales y emitir otro en el que, dejando intocado todo aquello que no fue materia de la concesión determine y ordene las medidas necesarias y pertinentes para la protección de la menor K.M.R.L., durante el tiempo que el quejoso deba cumplir con la orden de arresto. La protección constitucional otorgada se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados al Secretario de Seguridad Pública Municipal del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, en atención a la consecuencia lógica y directa de las actuaciones que deberá efectuar la juez responsable con motivo de este fallo protector." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Jueza Primero de lo Familiar y Secretario de Seguridad Pública, ambos con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, den cumplimiento al fallo protector y dentro del citado término, remitan la totalidad de las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. Apercibimiento. Apercibidos que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a la autoridad antes señalada, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de diversas autoridades ligadas por cualquier motivo a las autoridades responsables, éstas deberán, dentro del término que les ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal. Sin que sea el caso requerir el cumplimiento en términos del tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dado que la autoridad responsable ordenadora al ser un órgano jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico; es decir, éste no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tiene superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Una vez transcurrido el plazo concedido a la autoridad responsable, dese cuenta con todo el expediente, para los efectos a que hubiere lugar. Finalmente, se conmina al secretario encargado del presente asunto para que en lo subsecuente dé cuenta de manera oportuna con el estado que guardan los autos de los expedientes a su cargo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Causa estado. Visto el estado de autos del que se advierte transcurrió el término de cinco días hábiles que la ley concede a las partes para inconformarse con el proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Rafael Tapia también conocido como Rafael Tapia Mayoral, sin que hubiese presentado promoción alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que esa decisión ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de octubre de dos mil veinte. Sin mayor proveído. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el quejoso Rafael Tapia, también conocido como Rafael Tapia Mayoral y diez copias del mismo, a través del cual pretende subsanar la prevención que se le realizó el veintiocho de septiembre de dos mil veinte; ahora, no es el caso dictar providencia alguna, toda vez que el catorce de octubre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese.

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