Rafael Talavera Reyes
Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Talavera Reyes
- Síndico Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ziracuaretiro, Michoacán, el Señor José León Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
En seis de septiembre de dos mil veintitrés, el suscrito Alejandro Luna de los Santos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: Que el plazo de diez días que contaba la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, transcurrió del dieciocho al treinta y uno de agosto del año en curso, toda vez que fue notificado en dieciséis de agosto pasado, sin que lo hiciere. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.****************************************Con la certificación secretarial anterior, el Secretario da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de septiembre de dos mil veintitrés.********************CAUSA EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no fue impugnada la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, por lo que, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. ********************ORDEN DE ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como que las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ********************VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente principal ES DESTRUIBLE EN UN PLAZO DE TRES AÑOS.********************Sin que sea el caso, ordenar a las partes que acudan a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperar documentos originales, mucho menos realizar el apercibimiento respectivo; toda vez que de la revisión de las constancias del asunto, se advierte que no se exhibieron documentos de esa naturaleza. ********************De conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, del referido acuerdo, una vez que cumpla tres años de archivo, en su oportunidad, destrúyase el presente cuaderno; esto es, previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda; debiendo remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Virtud a que se negó la suspensión definitiva, se determina que el incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, acorde con lo dispuesto en la fracción III del artículo 20 del referido acuerdo.********************De conformidad con el artículo 20, primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, así como el incidente, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.********************CONSTANCIA. Toda vez que no se agregará a este expediente el cuaderno incidental, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éste, para los efectos legales procedentes.********************NOTIFÍQUESE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del Secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.
- Principal
". VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 460/2023, promovido por Rafael Talavera Reyes, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito depositado el diez de julio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado por la Oficina de Correspondencia Común en la misma fecha, Rafael Reyes Talavera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que hizo consistir esencialmente en la orden de aprehensión, detención, localización o presentación librada en su contra; y su ejecución. El promovente del amparo expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 14, 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Por auto de diez de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda con el número de amparo 460/2023 y se previno al promovente para que realizara lo siguiente: " a) Precise de manera clara y categórica cuál es el acto de que se duele en esta instancia constitucional y a qué autoridad o autoridades les reclama dicho acto, esto es, si es un acto de privación ilegal de libertad u otro análogo o si es un acto de despojo de inmueble; o en su caso, si son ambos actos; toda vez, que del señalamiento de los actos reclamados, de los hechos y los conceptos de violación se advierte incongruencias que no permiten establecer que es lo que efectivamente reclama; b) También, señale bajo protesta de decir verdad los antecedentes de su demanda de amparo; y, c) Manifieste con claridad para que efectos solicita la suspensión peticionada". A través de la promoción presentada el catorce de julio del año en curso, la parte quejosa, en cumplimiento a la prevención; precisó que señalaba como actos reclamados la orden de aprehensión, detención, localización o presentación dictada en su contra por el cualquiera de las autoridades señaladas como responsables; por tanto, se admitió la demanda; se pidió los informes justificados de las autoridades responsables; se reservó el emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta que obrara el informe de las responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó la apertura del incidente de suspensión por cuerda separada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, en esta propia fecha, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 17, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que procede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con posible ejecución en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS U OMISIONES RECLAMADOS. Previamente, debe destacarse que la demanda de amparo es un todo, por lo que su análisis no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. Cobra aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo que se interpreta, con el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 40/20001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal y prescindiendo de los calificativos que se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos. Establecido lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa la materia de este juicio de amparo. Del análisis de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Fiscal General y del Fiscal Regional de Uruapan, ambos de la Fiscalía del Estado de Michoacán de Ocampo, la orden de aprehensión, detención, localización y presentación girada en su contra. Mientras que, del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, del Director de Seguridad Municipal y de la Subdirectora de Tránsito y Vialidad Municipal, Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. La parte quejosa reclama del Fiscal General y del Fiscal Regional de Uruapan, ambos de la Fiscalía del Estado de Michoacán de Ocampo, la supuesta orden de aprehensión, detención, localización y presentación, girada en su contra. Mientras que, del Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, del Director de Seguridad Municipal y de la Subdirectora de Tránsito y Vialidad Municipal, Ziracuaretiro, Michoacán de Ocampo, su ejecución. Al respecto, las autoridades responsables señaladas como ordenadoras y ejecutora, al rendir sus informes con justificación, negaron categóricamente los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlo, sin que hayan ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado la supuesta orden de aprehensión, detención, localización y presentación, girada en contra del impetrante de amparo, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables ordenadoras, negaron el acto que se les atribuye, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por los quejosos, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por último, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Talavera Reyes, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables precisados en el considerando segundo, por las razones y fundadas expuestas en el considerando tercero.. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
En veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con tres oficios, registrado bajo los números de folios 9669, 9671 y 9685. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de julio de dos mil veintitrés.********************SIN MAYOR TRÁMITE. Agréguense a los autos sin mayor trámite los oficios signado por el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en virtud que en el presente juicio de amparo, no se proveyó respecto a la suspensión de plano; además, en auto de veinticinco de julio pasado, se tuvo a dicha autoridad rindió su informe de ley.********************CÚMPLASE.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.
- Principal
En veinticinco de julio de dos mil veintitrés, el Secretario da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 9495. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de julio de dos mil veintitrés.********************INFORME JUSTIFICADO. Visto el oficio de cuenta, que suscribe el Fiscal Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, mediante el cual rinde su informe justificado y realiza manifestaciones; glósese a los autos y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el referido informe y por hechas las manifestaciones vertidas en el mismo; con lo anterior dese vista a las partes para los efectos legales conducentes.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Alejandro Luna de los Santos, quien da fe.
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