Rafael Taboada Vicario
Expediente 1924/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1924/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Taboada Vicario
- RAFAEL TABOADA VICARIO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de doce de diciembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, glósese los cuadernos incidentales y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de constancias En otro aspecto, en virtud de tratarse de un asunto totalmente concluido, se ordena devolver a la Secretaria de Acuerdos de la Sección de Amparos Mixta de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, las copias certificadas que acompañó a su informe justificado para los efectos legales procedentes; sin que sea necesario el acuse de recibo respectivo. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que se encuentran agregadas a los mismos, se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. La Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril del mismo año, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la interpretación de las normas de la Ley de Amparo debe efectuarse bajo la coherencia del orden constitucional, en el caso, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la supremacía normativa de esa Ley Fundamental no se manifiesta sólo en su aptitud de servir como parámetro de validez de todas las demás normas jurídicas, sino también en la exigencia de que tales normas, a la hora de ser aplicadas, se interpreten de acuerdo con los preceptos constitucionales; de forma que, en caso de que existan varias posibilidades de interpretación de la norma en cuestión, se elija aquella que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución al momento de ser aplicadas. Con otras palabras, esa supremacía intrínseca no sólo opera en el momento de la creación de las normas, cuyo contenido ha de ser compatible con la Constitución en el momento de su aprobación, sino que se prologan, ahora como parámetro interpretativo, a la fase de aplicación de esas normas, para la correcta y funcional administración de la justicia federal. Ahora bien, el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013 en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, sostuvo que de conformidad con el texto vigente del artículo 107, fracción III, de la Constitución Federal, se advierte que el Poder Reformador de la Constitución instituyó como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación, pues así como acontece con otras figuras procesales previstas en dicho artículo constitucional, su texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada, o respecto de las formas y procedimientos cómo debería de operar en la práctica, lo cual encuentra explicación en la circunstancia de que el propio Constituyente Permanente al formular el encabezado de la norma refirió que el juicio de amparo se sujetaría "...a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:..."; encomendando por tanto al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición de mantener intactos sus principios y fines. Ello es así, en virtud de que el grado de pormenorización que exija cada una de las instituciones procesales contenidas en el artículo 107 constitucional, debe tomar en cuenta las reglas y los fines que persiguió el Poder Reformador de la Constitución al consagrar el juicio de amparo. En este contexto, como lo advirtió el Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal al resolver la citada contradicción de tesis 377/2013, uno de los problemas que se observaron en los trabajos legislativos que antecedieron a la última reforma al artículo 107 constitucional fue la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo, a grado tal que se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia, al ser un hecho notorio que la substanciación y resolución de este medio de control en muchas ocasiones propiciaba el alargamiento de los juicios. Consecuentemente, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que solo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza, en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo, para que en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Por tanto, si bien en la fracción III del artículo 107 constitucional se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición de que constituyeran actos o resoluciones de imposible reparación, se dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional, como se advierte del artículo segundo transitorio del decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2011 que señala: "El Congreso de la Unión expedirá las reformas legales correspondientes dentro de los 120 días posteriores a la publicación del presente Decreto." Asentado lo anterior, se atiende al supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente, circunscrito a los actos o resoluciones dictadas en los juicios del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. El Tribunal Pleno de nuestra Corte Suprema al resolver la multicitada contradicción de tesis 377/2013, sostuvo que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. La interpretación sustentada por el Pleno se apoyó en las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado de la sentencia por el Tribunal respectivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por lo que, es indudable para este Juzgado que el acto reclamado consistente en la resolución de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca 793/2016-5, por el que se ordenó reponer el procedimiento, en virtud de que se declaró nulo el emplazamiento realizado a la parte demandada por medio de edictos, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, ya que no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo anterior es así, toda vez que el juicio de origen continuará desahogándose hasta su conclusión, por lo que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Incluso, de obtener el solicitante de amparo una resolución favorable, desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario, tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en la demanda de amparo que se promueva en contra de la resolución que ponga fin al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), que por contradicción de tesis sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estatuye: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". (Lo resaltado es propio). De igual forma, se transcribe la tesis I.3o.C.183 C (10a.), que dispone: "COSA JUZGADA Y COSA JUZGADA REFLEJA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN RELATIVA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, página 39, de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", analizó como tema esencial la interpretación y alcances del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y estableció que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al disponer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En este sentido, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de cosa juzgada y cosa juzgada refleja, ya que al igual que la de falta de personalidad constituyen excepciones procesales que deben resolverse de modo incidental, de acuerdo con los artículos 1122, 1129 y 1131 del Código de Comercio y la única consecuencia jurídica de que dichas excepciones sean desestimadas es que se continúe con la tramitación del procedimiento". La jurisprudencia anterior es de observancia obligatoria para este Juzgado, en términos del artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo. No obsta lo anterior, el hecho que el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución en la que se ordena reponer el procedimiento a efecto de emplazar de nueva cuenta a la parte demandada, no pueda llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esta etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban, por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, en este momento que se cuenta con las constancias del juicio de origen, es evidente, claro y fehaciente, que la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso jurídico en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto en la sustanciación del juicio, el cual tiene efectos meramente procesales o adjetivos, de manera que la resolución que la parte quejosa reclama, no produce una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos derivadas de la reposición de la cual se ha hecho mención, de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar la citada causal. Por otra parte, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Encargado del despacho del Juzgado Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada de diversas constancias, entre ellas del auto dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, en el que ordena girar oficio a la persona moral ************************, para los efectos precisados en el acuerdo de referencia. Asimismo, de autos se advierte, que la autoridad responsable ha sido omisa en remitir copia certificada del acuerdo recaído a la contestación dada al exhorto ******************, girado a su homóloga en la Ciudad de México. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 192, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, requiérase a la Juez Segundo Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, para que, en el término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copia certificada: Del acuse de recibo del oficio entregado a la persona moral ****************, ordenado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Del acuerdo recaído a la contestación dada al exhorto ************, girado a su homóloga en la Ciudad de México, a efecto de que gire el respectivo oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a CIEN Unidades de Medida y Actualización, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia que en su caso, se ordene la apertura del incidente de inejecución de sentencia respectivo, por lo que, los autos originales del asunto en que se actúa, serán remitidos al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito competente para su substanciación, y éste a su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda, por lo que, con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a once de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimoctavo Circuito, mediante el cual comunica el acuerdo de nueve de noviembre actual, dictado en los autos del expediente 351/2016, por el que se ordena archivar como asunto totalmente concluido, toda vez que se confirmó el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, lo cual se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar.
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