Rafael Soto Navarro y Otros.
Expediente 55/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rafael Soto Navarro y Otros.
- Rafael Soto Navarro
Actuaciones
- Principal
El Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Ciudad de México, informa que admitió a trámite el juicio de amparo promovido por Rafael Soto Navarro y José Clemente Bazán Sosa; el cual fue remitido con el comunicado 2114/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción de este cuaderno de antecedentes, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un expediente auxiliar, en el que no obran documentos originales exhibidos por las partes; previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS PROMOVENTES RAFAEL SOTO NAVARRO Y JOSÉ CLEMENTE BAZÁN SOSA, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención realizada en autos; en consecuencia, se provee lo siguiente: PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de materia, para conocer del asunto, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: Artículo. 94. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito La norma constitucional referida, establece que el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para determinar la competencia territorial y especialización por materias de los Tribunales Federales. Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; asimismo, prevé que dicho Consejo emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos. En cumplimiento a tales disposiciones, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el Acuerdo General 22/2013, en el cual estableció en los artículos 2 y 6, que a partir del diez de agosto de dos mil trece los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transformarían e iniciarían funciones como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en Ciudad de México, con Jurisdicción en toda la República, con las plantillas autorizadas para tales órganos jurisdiccionales. HECHOS En el caso, los actos reclamados por el promovente consisten en: a) INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región, mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano. b) FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. Asimismo, de la Secretaría de Economía, con sede en Ciudad de México, reclama la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios. Para mejor compresión del asunto, se estima necesario trascribir el artículo Décimo Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, el cual se encuentra directamente relacionado con los artículos que la parte quejosa reclama como inconstitucionales; cuyo contenido es el siguiente: TRANSITORIOS DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. De lo anterior, se desprende que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, misma que se encuentra directamente relacionada con los actos reclamados, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, con base en los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores. Con base en la fracción I del citado artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2017, la Comisión Reguladora de Energía, dentro del ámbito de su competencia, y de la opinión que al efecto emitió la Comisión Federal de Competencia Económica, con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciséis, emitió el Acuerdo que establece el cronograma de flexibilización de precio de gasolinas y diésel, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de diciembre siguiente. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis emitió el Acuerdo por el que se dieron a conocer las regiones en que se aplicarán precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, en donde la Comisión Reguladora de Energía no haya determinado que dichos precios se establezcan bajo condiciones de mercado; además, se estableció de igual forma la metodología para su determinación, pues en la fracción IV de dicho acuerdo se estableció que la Comisión Reguladora de Energía, sería la encargada de publicar en su página de internet, previo a la entrada en vigor, los precios máximos al público de esos energéticos, así como su periodo de aplicación. Es decir, el objeto de la norma y acuerdos tildados de inconstitucionales, es esencialmente de competencia económica, pues en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se relacionan con el establecimiento de las bases a través de las cuales se fijan precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, con base en el precio internacional de esos combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público. En consecuencia, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorgan a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica. CONCLUSIÓN Por lo tanto, se concluye respetuosamente que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para sustanciar y resolver este asunto, por la especialidad y naturaleza de los actos reclamados, al haber quedado reunidos los requisitos establecidos en el Acuerdo General 22/2013; y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, se declina la competencia legal al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en Ciudad de México, en turno, por tal motivo, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el expediente en que se actúa, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de aquellos Juzgados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 167557 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Abril de 2009 Materia(s): Común Tesis: P./J. 21/2009 Página: 5 COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. Se solicita atentamente al Juez de Distrito que corresponda conocer de este asunto, el acuse correspondiente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS PROMOVENTES RAFAEL SOTO NAVARRO Y JOSÉ CLEMENTE BAZÁN SOSA, EL ACUERDO QUE DICE: Rafael Soto Navarro y José Clemente Bazán Sosa promueven juicio de amparo contra actos de la Presidencia de la República, residente en Ciudad de México, y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 55/2017. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS De los artículos 108, fracciones V y VI, 110, 112, 113 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte la facultad de este juzgado de Distrito de prevenir a la parte quejosa para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad, o se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo, o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Además, la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se advierta el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre (quien deberá acreditar su representación) y en la que el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, los hechos, abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte lo siguiente: 1. En el apartado relativo al "ACTO RECLAMADO" señala los siguientes: ".a) INEQUIDAD, DESPROPORCIONALIDAD e INCERTIDUMBRE de las tarifas establecidas sobre el costo de la GASOLINA por región, mismas que generaran desestabilidad económica y carestía afectando a todo el pueblo mexicano, en especial a las clases vulnerables en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. b) DISCRIMINACIÓN Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS en los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de diciembre de 2016 emitidos por la Comisión Reguladora de Energía y el de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fecha 27 de diciembre de 2016 en relación al artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. c) FALTA DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN que justifique el alza desproporcionada en el aumento de los precios, descritos y aprobados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de Enero de 2017. d) VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL a los artículos 1, 2, 4, 25, 26, 27, 28 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto al aprobar el artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, que entró en vigor al 1 de Enero de 2017." Asimismo, señala que los actos reclamados ".generaran desestabilidad económica y carestía afectando todo el pueblo mexicano.", sin precisar la afectación personal y directa que esto le ocasiona en su esfera jurídica. 2. En otro aspecto, en el apartado relativo a las "AUTORIDADES RESOPONSABLES", se advierte que la parte quejosa señala con el carácter de ordenadoras a 1) Presidencia de la República, 2) Cámara de Senadores y 3) Cámara de Diputados, todos con residencia en Ciudad de México, de las que reclama ".la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor al 1 de enero de 2017."; asimismo, de la 4) Secretaría de Economía, con sede en Ciudad de México, reclama ".la omisión de aplicar lo dispuesto en el artículo 28 Constitucional párrafo primero y segundo, donde tiene facultades constitucionales para fijar precios.". 3. De igual forma, señala como autoridades responsables ejecutoras a la 5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República y 6) Comisión Reguladora de Energía, ambas residentes en Ciudad de México, sin especificar el acto que de ellas reclama. 4. Por otro lado, en el apartado relativo al "NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO", se advierte que la parte quejosa señala con tal carácter a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Ciudad de México, sin precisar los motivos por los que la señala con tal carácter; es decir, si contra dicha Procuraduría promovió alguna queja en contra del aumento de los precios de la gasolina CONCLUSIÓN En conclusión, se considera respetuosamente que en la demanda de amparo existen irregularidades que deben ser subsanadas, en virtud de que en el capítulo relativo a los actos reclamados, señala otros diversos (precisados en los incisos "a)", "b)", "c)" y "d)" del apartado relativo). Ahora bien, en el caso de que el acto que pretende reclamar en este juicio lo sea ".la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017.", omitió señalar en su totalidad las autoridades responsables que participaron en el proceso de creación de dicha norma y el acto que a cada una de ellas atribuye. Aunado a lo anterior, si bien precisó que los actos reclamados ".generaran desestabilidad económica y carestía afectando todo el pueblo mexicano.", omitió indicar la afectación personal y directa que esto le ocasiona en su esfera jurídica. Asimismo, no precisó con exactitud cuál o cuáles son los actos que pretende reclamar en este asunto, ya que, por una parte, se advierte que de las autoridades responsables que señala con el carácter de "ordenadoras" (1) Presidencia de la República, 2) Cámara de Senadores y 3) Cámara de Diputados, todos residentes en Ciudad de México) reclama ".la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017.". Sin embargo, omitió indicar cuál o cuáles son los actos que atribuye a las autoridades responsables que señala como "ejecutoras" (5) Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de la República y 6)Comisión Reguladora de Energía, ambas residentes en Ciudad de México). De igual manera, se advierte que la parte quejosa no señaló los motivos por los que señala con carácter de tercero interesado a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Ciudad de México, y si contra dicha Procuraduría promovió alguna queja en contra del aumento de los precios de la gasolina. REQUERIMIENTO En consecuencia, a efecto de permitir el efectivo acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase a los quejosos para que en el plazo de cinco días legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumplan con lo siguiente: a) Precisen con exactitud cuál es el acto o actos que pretenden reclamar en este asunto. b) En caso de que el acto que pretendan reclamar en este juicio lo sea ".la aprobación del artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 2017, que entró en vigor el 1 de enero de 2017.", señalen en su totalidad las autoridades responsables que participaron en el proceso de creación de dicha norma y el acto que a cada una de ellas atribuye. c) Señalen la afectación personal y directa que les ocasionan en su esfera jurídica los actos reclamados, ya que aducen que éstos ".generaran desestabilidad económica y carestía afectando todo el pueblo mexicano.". d) Indiquen los motivos por los que señalan con carácter de tercero interesado a la Procuraduría Federal del Consumidor, con sede en Ciudad de México; es decir, si contra dicha Procuraduría promovieron alguna queja en contra del aumento de los precios en la gasolina. e) Del escrito mediante el cual den cumplimiento a los incisos que anteceden, deberá allegar las copias que resulten necesarias, para cada una de las partes en este asunto. Lo anterior se considera necesario para la tramitación de este asunto; es decir, sin la aclaración solicitada por este Juzgador no sería posible fijar la litis correctamente en el mismo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis siguiente: "Registro No. 175345 Localización: Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Abril de 2006 Página: 990 Tesis: I.7o.A.100 K Tesis Aislada Materia(s): Común DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Asimismo, se hace saber a la parte promovente que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrá realizarlo quien promueve este asunto, por constituir un acto de carácter personal. Resulta aplicable, la tesis siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2007285 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.) Página: 210 AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se hace del conocimiento de la parte promovente, del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I.- Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a cualquiera de lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Como lo solicitan, téngase a José Clemente Bazán Sosa, como representante común de los quejosos; lo anterior, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo. PRUEBAS Respecto a las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto cumpla con la prevención efectuada. DOMICILIO Como lo solicita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. No pasa inadvertido para este juzgador las manifestaciones de la parte quejosa en el petitorio sexto del escrito de demanda, en el sentido de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones el nombre de usuario y correo electrónico señalados en la presente demanda dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, no se advierte que haya señalado algún usuario y/o correo para tal efecto. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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