Rafael Sosa Delgado

Expediente 1190/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1190/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
03/09/2018

Partes del expediente

  • Rafael Sosa Delgado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa y terceros interesados, el acuerdo de fecha tres de septiembre de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vistos los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso RAFAEL SOSA DELGADO, por conducto de su apoderado, realizó manifestaciones en relación al cumplimiento que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dio a la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, procede a pronunciar resolución sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: 1) Mediante sentencia dictada el veintiocho de mayo de dos mil dieciocho (fojas 48 a 58), se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a , para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: "Por tanto, a fin de restituir al quejoso RAFAEL SOSA DELGADO, en el goce de sus derechos, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de trece de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal derivado del juicio laboral 2A-2037/2011, y II. En su lugar, emita una nueva determinación, bajo la perspectiva de que la carga probatoria en el incidente de sustitución patronal corresponde a la demandada incidentista, además, siguiendo los lineamientos trazados en el considerando que antecede, subsane las omisiones ahí destacadas, esto es, examine nuevamente la procedencia del aludido incidente, para lo cual deberá estudiar y valorar, en su integridad, todos los medios de convicción aportados en el mismo, así como también deberá tomar en consideración todos los argumentos esgrimidos por las partes y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho proceda". Ahora, en la parte considerativa de la sentencia protectora, en esencia, se estimó que fue incorrecto que la Junta responsable, al resolver el incidente relativo, hubiera arrojado indirectamente al trabajador la carga de la prueba para acreditar la existencia de la sustitución patronal alegada, en virtud de que dicha figura jurídica opera sin intervención de la parte trabajadora, pues sólo participan la patronal sustituta y la sustituida, por lo que el incidente planteado debió ser resuelto bajo la perspectiva de que el débito probatorio correspondía a la demandada incidentista. Asimismo, se determinó que la resolución reclamada adolecía de la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, ya que la responsable omitió señalar las razones por las que estimó que, la circunstancia de que el demandado incidentista Darío Suárez Bucio, hubiera sido absuelto en el juicio de origen, resultaba relevante para tener por no acreditada la figura jurídica de la sustitución patronal que adujo el actor. De igual forma, se dijo que la Junta del conocimiento no expresó los motivos por los que consideró que, al demostrar el posible patrón sustituto Darío Suárez Bucio, que se encontraba en funciones como patrón desde el once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, hasta mayo de dos mil dieciséis, no se actualizaba la figura jurídica de la sustitución patronal. También se consideró que la jurisdicente prescindió mencionar cuáles fueron las pruebas que la parte demandada incidentista exhibió, con las que, dijo, la misma desvirtuó la existencia de la sustitución patronal total, respecto de la moral denominada "Transportadora Suárez Hermanos", Sociedad Anónima de Capital Variable, pues sobre el particular sólo adujo que esta última seguía existiendo como patrón, hasta el año de dos mil dieciséis, en base a un formulario de registro ante el Servicio de Administración Tributaria, así como un recibo telefónico, sin precisar qué fue lo que se desprendía de dichas documentales y que tomó en consideración para resolver en la forma en que lo hizo. Además, se advirtió que la responsable, al resolver, no tomó en consideración la totalidad de las documentales que se aportaron al incidente en cuestión, pues solamente hizo relación de las mismas, sin indicar cómo era que todas esas pruebas, adminiculadas entre sí, acreditaban la inexistencia de la sustitución patronal. Luego, se advirtió que la resolutora fue omisa en señalar los fundamentos y motivos por los que consideró que, al no desaparecer totalmente la persona moral "Transportadora Suárez Hermanos", Sociedad Anónima de Capital Variable", ello acreditaba la inexistencia de la sustitución patronal alegada, siendo que tal requisito no se desprendía del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Por último, se estableció que la interlocutoria reclamada vulneró en perjuicio del quejoso el principio de congruencia, al no resolver sobre la totalidad de los puntos de la litis efectivamente planteados, ya que la responsable omitió expresar de forma completa las razones, motivos o circunstancias por las que los razonamientos expresados por el actor incidentista, hoy quejoso, resultaron infundados, en particular lo relativo a que la unidad económica-jurídica que se estimaba sustituida, transmitió la responsabilidad del domicilio a favor de Darío Suárez Bucio, esto es, que este último se encontraba laborando en el mismo domicilio que la empresa que se consideraba sustituida. 2) En auto de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se declaró ejecutoriada la sentencia y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de la Materia, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 66 y 67). 3) La Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, en cumplimiento a la ejecutoria, realizó lo siguiente: I. Mediante oficio 1058, presentado ante la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el seis de julio de este año, remitió, entre otras constancias, copia certificada del acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual dejó insubsistente la interlocutoria reclamada, de trece de noviembre de dos mil diecisiete y ordenó la emisión de una nueva determinación, siguiendo los lineamientos establecidos en el fallo protector; asimismo, anexó copia certificada de la resolución emitida el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la aludida ejecutoria de amparo, derivada del incidente de sustitución patronal que promovió la parte actora, aquí quejosa, dentro del juicio laboral 2A-2037/2011, declarándolo improcedente (fojas 74 a 83). En la nueva resolución, la Junta responsable, en lo que interesa, señaló lo siguiente: ".Se determina que la carga de la prueba le toca a la parte demandada, para que acredite que la empresa que resultó condenada en el laudo, no desapareció en forma total, así como que no continúa desarrollando las actividades de la empresa desaparecida, empleando la misma maquinaria y herramientas, manteniendo el mismo giro comercial, idéntica productividad y que no existió paralización de labores, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquiriente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal. TERCERO. En este apartado se analizarán las pruebas ofrecidas y admitidas a la parte ACTORA, las cuales se hacen consistir en.". "CUARTO. En este apartado se analizarán las pruebas ofrecidas y admitidas a la parte demandada y patrón sustituto, las cuales se hacen consistir en.". "Una vez analizadas las pruebas ofrecidas por las partes ACTORA, DEMANDADA y PATRÓN SUSTITUTO, esta Junta en conciencia, a verdad sabida y de buena fe guardada, de conformidad con los artículos 830 a 836 de la Ley Federal del Trabajo, tomando en cuenta las pruebas de instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, que se desprenden del contenido de los autos, determina que resulta improcedente el incidente de sustitución patronal, en atención a que la parte demandada acreditó sus excepciones, de conformidad con los siguientes puntos: 1. Que en el escrito inicial de demanda presentado ante esta Junta en fecha 28 veintiocho de septiembre del año 2011 dos mil once el trabajador actor RAFAEL SOSA DELGADO por conducto de sus apoderados jurídicos presentó demanda en contra de C. C. Víctor Hugo Suárez Angulo, Darío Suárez Angulo, Darío Suárez Bucio, a la negociación dedicada a transportar carga en general denominada "Transportadora Suárez Hermanos" S.A. de C.V. y a quien resultara responsable de dicha fuente de empleo. 2. Que en el laudo de fecha 24 veinticuatro de agosto del año dos mil doce f-89, se condenó a la demandada "TRANSPORTADORA SUÁREZ HERMANOS" S.A. DE C.V., a pagar a favor del trabajador la cantidad de $399,410.61, y se absolvió a los demandados físicos VÍCTOR HUGO SUÁREZ ANGULO, DARÍO SUÁREZ ANGULO Y DARÍO SUÁREZ BUCIO, del pago de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor; sin que la parte actora haya impugnado el laudo en relación con ese aspecto por lo que quedó firme y surte sus efectos legales. Lo anterior dado que en el físico DARIO SUÁREZ BUCIO, fue absuelto en razón a que se consideró que no era posible que el actor prestara sus servicios para dos patrones de manera simultánea, la falta de impugnación del laudo, implica que el actor acepto prestar servicios únicamente para la moral condenada. Absolución en el laudo que resulta relevante para tener por no acreditada la figura jurídica de la sustitución patronal alegada por el actor, porque al juicio compareció el físico DARÍO SUÁREZ BUCIO, en cuanto persona física demandada y acreditándose en cuanto representante legal de la moral también demandada "TRANSPORTADORA SUÁREZ HERMANOS", S.A. DE C.V., estos datos adminiculados con las documentales analizadas bajo 1, 3 y 5, consistentes en solicitud de inscripción en el Registro federal de causantes personas físicas expedidas por el SAT, con sello digital, con los cuales se acreditó que la fecha de inicio de operaciones del físico lo fue desde el once de septiembre del año mil novecientos setenta y cuatro, que ha tenido diversos domicilios, y que el último que tiene vigente lo es en Avenida Tepeyac, número 88, en Irrigación, Morelia, Michoacán, que este domicilio también lo ocupa la moral demandada TRANSPORTADORA SUÁREZ HERAMANOS, S.A. DE C.V., lo que fue acreditado con los recibos de servicio telefónico que ya fueron valorados. El actor también señala en el escrito de revisión, que en diversas ocasiones ya había llevado a cabo diligencias de requerimiento de pago y/o embargo en contra de la moral demandada, que había sido atendido por el físico DARIO SUÁREZ BUCIO, quien reconoció que el responsable del domicilio indicado lo era la moral demandada, lo que se robustece con los recibos de pago de servicio de teléfono. Además que la parte actora señala que la sustitución patronal que invoca la conoció el once de marzo del año dos mil dieciséis, fecha en que la Actuaria de esta Junta, llevó acabo el requerimiento de pago, en el domicilio Avenida Tepeyac número 88, en Irrigación, Morelia, Michoacán, y que fue cuando la persona con quien se entendió la diligencia le informó que el nueva patrón lo era el físico DARIO SUÁREZ BUCIO, sin embargo, el hecho de que una persona señale que la moral haya desaparecido, no implica que con esa manifestación se tenga por acreditado que la moral haya desaparecido, es normal que la persona señala que el físico es patrón en ese domicilio porque ambos, el físico y el demandado tienen como domicilio de operaciones el ya señalado, y cada uno debe tener sus propios empleados. Sirviendo de aplicación al caso el siguiente criterio: "PATRÓN SUSTITUTO. ES INCORRECTO CONSIDERAR COMO TAL A LOS SOCIOS DE UNA ANÓNIMA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE DEBEN RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE LA PERSONA MORAL (transcribe texto y datos). 3. El posible patrón sustituto DARÍO SUAREZ BUCIO, acreditó estar en funciones como patrón desde el once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro y vigente hasta mayo de dos mil dieciséis, con los documentos valorados con los números 1, 3, 5 y 8, por lo que tal situación ya fue juzgada en el laudo emitido en el presente expediente, que como ya se dijo, en el mismo se resolvió absolver del pago de todas y una (sic) de las prestaciones reclamadas por el actor RAFAEL SOSA DELGADO. 4. La parte Patrón Sustituto aportó las pruebas suficientes para desvirtuar que hubiera sustituido como patrón a la moral TRANSPORTADORA SUAREZ HERMANOS S.A. DE C.V., como lo es el recibo de teléfonos de México, a nombre de TRANSPORTES SUAREZ HERMANOS S.A. DE C.V., del cual se advierte que tiene como domicilio en la Avenida Tepeyac número 88, en Irrigación, Morelia, Michoacán, con un crédito a pagar por $399.00 (trescientos noventa y nueve pesos con 00/100 m.n.) como fecha de pago al doce de mayo de dos mil dieciséis, mes de facturación abril con número telefónico (443) 3279214, al cual se acompaña un recibo de pago ante la institución bancaria BANAMEX, donde aparece el pago del crédito telefónico, realizado el nueve de mayo de dos mil dieciséis, ya que al realizar el pago de servicio telefónico implica que existe a la vida jurídica, porque contrató y paga dicho servicio. 5.- Se precisa que el patrón sustituto DARIO SUÁREZ BUCIO, al demostrar que se encontraba en funciones como patrón desde el once de septiembre de mil novecientos setenta y cuatro, hasta mayo del año dos mil dieciséis, no se actualiza la figura jurídica de la sustitución patronal, porque fue juzgado y absuelto como patrón en el laudo y porque acreditó también acreditó (sic) que la moral demandada condenada en el laudo sigue en funciones, lo anterior como se acreditó con las documentales de la demandada y patrón sustituto, valoradas bajo los números 1, 3 y 5, se tuvo por acreditado que en fecha once de septiembre del año mil novecientos setenta y cuatro, DARIO SUÁREZ BUCIO, tenía como domicilio fiscal en la calle Cobre número 838, colonia Industrial de Morelia, Michoacán, y que posteriormente en el veintiséis de julio de año dos mil, el domicilio fiscal lo fue en Caliza número 188, Colonia La Colina Infonavit de Morelia, después en fecha veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis y veintiséis de octubre del año dos mil quince, en la Avenida Tepeyac número 88, colonia Irrigación de Morelia, Michoacán, si bien este físico, ha tenido diferentes domicilios fiscales, y que el último corresponde al donde se ubica el de la parte demandada condenada en el laudo del presente expediente, no por ello significa que haya sustituido a la moral demandada, porque con los recibos de pago telefónico, se tuvo por acreditado que tanto el físico como la moral, contrataron el servicio de TELMEX para el domicilio que se ubica en Avenida Tepeyac número 88, colonia Irrigación de Morelia, Michoacán, que cada uno tiene diferente número de teléfono, por tanto, coexisten y desarrollan sus actividades ahí mismo, lo que lleva a concluir que tener el mismo domicilio no implica que se haya generado una sustitución patronal. Sirviendo de aplicación al caso la siguiente criterio (sic): "SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA UBICACIÓN EN EL MISMO DOMICILIO Y LA IDENTIDAD DEL GIRO COMERCIAL DE UNA EMPESA, NO ESTABLECEN LA CERTEZA DE LA" (se transcribe texto y datos). 6.- En concreto las pruebas que la parte demandada incidentista exhibió, y con las cuales se desvirtúo (sic) que hubiera existido una sustitución patronal respecto de la moral demandada, lo fue con las siguientes: original del formulario de registro ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en dos hojas, con sello de recibido ante la dependencia fiscal señalada en fecha ocho de septiembre del año dos mil, con la que se acredita que el contribuyente lo es la persona moral TRANSPORTADORA SUAREZ HERMANOS, S.A. DE C.V., con domicilio fiscal en el ubicado en la calle Tepeyac número 88, colonia Irrigación en Morelia, Michoacán, que el representante legal lo es DARIO SUAREZ BUCIO, cuya actividad lo es como establecimiento y explotación del servicio público de autotransportes de carga en general, con inicio de operaciones del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Con la cual se acredita la existencia de la persona moral, fecha de inicio, actividades, el representante legal y el domicilio fiscal, tal como han quedado señalados, así como el original de dos recibos de teléfonos de México, uno a nombre de TRANSPORTES SUAREZ HERMANOS S.A. DE C.V., del cual se advierte que tiene como domicilio en la Avenida Tepeyac número 88, en Irrigación, Morelia, Michoacán, con un crédito a pagar por $399.00 (trescientos noventa y nueve pesos con 00/100 m.n) como fecha de pago al doce de mayo de dos mil dieciséis, mes de facturación abril, con número telefónico (443) 3279214, al cual se acompaña un recibo de pago ante la institución bancaria BANAMEX, donde aparece el pago del crédito telefónico, realizado el nueve de mayo de dos mil dieciséis; el otro a nombre de DARÍO SUAREZ BUCIO, del cual se advierte que tiene como domicilio en la calle Tepeyac número 88, en Irrigación, Morelia, Michoacán, con un crédito a pagar por $1,498.00 (un mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 00/100 m.n.), como fecha de pago al diez de mayo de dos mil dieciséis, mes de facturación abril, con número telefónico (443) 3275595, al cual acompaña un recibo de pago ante TELMEX, donde aparece el pago del crédito telefónico, realizado el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Documentos que no obstante fueron objetados en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, los mismos revisten el carácter de documentos de conocimiento público, en el sentido de que los mismos no cuentan con sello ni firma de quien expide, el objetante tampoco acreditó que TELMEX expida otro tipo de formato como recibo de pago, ni que hubieran sido prefabricados a modo por oferente (sic). Por tanto, con los mismos se acredita que en mayo del año dos mil dieciséis, la moral y el físico señalados, estaban vigentes como beneficiarios del servicio de teléfono por la empresa TELMEX, que tienen el mismo domicilio de contratación del servicio y diferente número telefónico. 7.- Por lo que se refiere al hecho de que la persona moral no ha desaparecido, por tanto, se acredita la inexistencia de la sustitución patronal alegada por el actor trabajador, atiende a que (sic) existen tesis que así lo han determinado, es decir que puede existir sustitución de patrón en relación con una unidad económica de producción, siempre y cuando haya íntima relación entre dicho fundo de trabajo y el patrono, sin interrupción de las actividades laborales de producción o servicio, esto es, cuando el patrono sustituto siga el desarrollo de las actividades del anterior, dentro del centro de trabajo, empleando la misma maquinaria y herramientas, ocupando ese local, manteniendo el mismo giro comercial, sosteniendo la misma productividad y siempre que no exista paralización de labores, por tanto, al referir a un anterior patrón, debe entenderse que ese anterior patrón ya no sigue siendo patrón, que ha dejado de desarrollar las actividades, además debe considerarse que el domicilio no constituye un requisito esencial para la configuración de dicha figura, puesto que, como requisitos fundamentales, únicamente consideró la transmisión de una persona a otra de una negociación considerada como unidad económico jurídica, no es necesario que el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, lo señale textualmente, la autoridad tiene obligación de interpretar, máxime que existen tesis que lo aclaran. Sirve de aplicación al caso, las siguientes tesis: "SUSTITUICIÓN PATRONAL. CUANDO OPERA" (transcribe texto y datos). Y aplicada a contrario sensu, dado que aun cuando exista identidad en el domicilio es posible que no exista la sustitución patronal, se aplica la siguiente tesis: "SUSTITUCIÓN PATRONAL, SE CONFIGURA AUN CUANDO NO HAYA IDENTIDAD ENTRE EL DOMICILIO DEL PATRÓN SUSTITUTO Y EL DEL SUSTITUIDO" (transcribe texto y datos). 8.- Además por lo que ve al hecho que señala la parte actora, consistente en que la persona moral transmitió la responsabilidad del domicilio a favor del físico DARIO SUAREZ BUCIO, y que por tal motivo se configura la sustitución patronal, cabe señalar que con las pruebas analizadas concretamente el original del formulario de registro ante el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, impresiones de dos constancias de situación fiscal, expedidas por el SAT, con sello digital, de fechas veinticuatro de febrero del año dos mil dieciséis y veintiséis de octubre del año dos mil quince y los recibos de pago del servicio telefónico, se acreditó que tanto la moral como el físico, tienen el mismo domicilio, además de que el domicilio no es un requisito determinante para que se configure la sustitución patronal, ya que en el caso concreto, se acreditó que la moral al realizar actos como el pago de servicio telefónico, sigue existiendo a la vida jurídica, y puede responder de la condena que se le impuso dentro del juicio laboral, que además tiene como domicilio de actividades el ubicado en calle Tepeyac número 88, colonia Irrigación en Morelia, Michoacán, domicilio que también tiene el físico DARIO SUÁREZ BUCIO, por lo que en lo sucesivo no podrá suspenderse ninguna diligencia de ejecución, bajo el argumento de que el responsable del domicilio lo es el físico, sirviendo de aplicación las tesis, citadas en líneas que anteceden. 9.- Se precisa que la parte Actora funda su acción en que en la diligencia del once de marzo del dos mil dieciséis, al presentarse la actuario y la parte actora a requerir del pago a la moral demandada, la persona con la que se entendió la diligencia que dijo llamarse ELSA, les manifestó que ella trabajaba para el señor DARIO SUAREZ BUCIO, lo que efectivamente se advierte textual en el acta en comento, sin embargo la manifestación de una persona que no tiene facultades para determinar el estatus legal de las personas físicas y morales, no es suficiente para acreditar los elementos de la sustitución patronal, como lo son que la unidad económica de producción que resultó condenada en el laudo hubiera desaparecido y que el posible patrón sustituto, siguiera desarrollando las actividades del desaparecido empleando la misma maquinaria y herramientas, manteniendo el mismo giro comercial, sosteniendo misma productividad y que no exista paralización de labores, requisitos que no se encuentran acreditados en la presente acción." (fojas 80 a 83). Con base en lo hasta aquí expuesto, se declara que en la especie la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad, sin excesos ni defectos, puesto que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, dejó insubsistente la resolución interlocutoria reclamada, dictada el trece de noviembre de dos mil diecisiete y dictó una nueva, en la que consideró que la carga probatoria en el incidente de sustitución patronal correspondía a la demandada incidentista, además, siguiendo los lineamientos trazados en el fallo protector, subsanó las omisiones ahí destacadas, esto es, examinó nuevamente la procedencia del aludido incidente, para lo cual estudió y valoró, en su integridad, todos los medios de convicción aportados en el mismo, así como también tomó en consideración todos los argumentos esgrimidos por las partes y, con libertad de jurisdicción, resolvió lo que en derecho estimó procedente, esto es, declaró improcedente el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora, dentro del juicio laboral 2A-2037/2011. No impide estimar lo anterior, el escrito presentado por Juan Carlos Durán Arreguin, apoderado de la parte quejosa (foja 86), mediante el cual manifestó, en resumen, que la autoridad responsable no cumplió con la ejecutoria de amparo, en los términos precisados en la misma, y que si bien la misma señaló las cargas procesales, en la valoración, no resolvió con base en los lineamientos ordenados. Sin embargo, como quedó precisado en líneas precedentes, el amparo se concedió para efectos de que la Junta del conocimiento dejara insubsistente la interlocutoria reclamada, y dictara una nueva en la que corrigiera el error en el que incurrió por cuanto a la fijación de las cargas procesales, así como para que subsanara las omisiones ahí destacadas, relativas a la indebida fundamentación, motivación e incongruencia en que había incurrido, lo que así hizo, pero se le otorgó plena libertad de jurisdicción para resolver el incidente de sustitución patronal, como en derecho estimara procedente, sin sujetarse a lineamientos específicos por cuanto ve a la resolución del incidente de mérito; de ahí que no le asista razón al referido apoderado del quejoso. Apoya lo anterior, la tesis aislada 2ª.CXIV/2013 (10ª.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DE AMPARO DEBE RESPONDER EXHAUSTIVAMENTE A LAS OBJECIONES FORMULADAS POR LAS PARTES ANTES DE DECLARAR SU CUMPLIMIENTO. El párrafo primero del artículo 196 de la Ley de Amparo dispone que, recibido el informe de la autoridad responsable en el sentido de que cumplió con la ejecutoria, el órgano judicial de amparo dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga -plazo que en amparo directo será de 10 días dentro de los cuales la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento-. Por otro lado, el párrafo segundo del mismo precepto establece que, transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Ahora bien, la obligación de fundar y motivar la resolución que califique si la sentencia está o no cumplida en sus términos, sin excesos ni defectos, obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo a dar respuesta exhaustiva a las objeciones formuladas por las partes, cuando hubiesen desahogado la vista expresando su desacuerdo con los términos en los que pretende cumplir la autoridad responsable, pues si no fuera así, carecería de sentido el mandamiento del legislador para que previo a dicha calificación los interesados expusieran su parecer". Se cita también la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 432, Tomo IV, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN JUEZ DE DISTRITO. SI EL AMPARO SE CONCEDIO ESTIMANDOSE TRANSGREDIDAS LAS GARANTIAS DE FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SI CUMPLEN CON LA SENTENCIA DEJANDO SIN EFECTOS LOS ACTOS RECLAMADOS Y EMITIENDO OTROS FUNDADOS Y MOTIVADOS. En el artículo 80 de la Ley de Amparo, el legislador prevé dos hipótesis en relación con la finalidad de la sentencia que concede la protección de la justicia federal; a saber: si el acto reclamado es de carácter positivo, esto es, cuando la autoridad responsable actúa afectando la esfera jurídica del particular, el objeto de la sentencia que le otorga el amparo en contra de dicha actuación, estribará en la restitución al quejoso del pleno goce de la garantía individual violada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Como sucede por ejemplo, con los actos de clausura, cancelación, etc., que al llevarse a cabo, implicaron en la conducta de la autoridad un hacer positivo consistente en la colocación de los sellos y redacción del asiento relativo a la cancelación. En estos casos, otorgada la protección constitucional la responsable, en cumplimiento de esa resolución, deberá quitar los sellos y el asiento, dejando las cosas en la misma situación en que se encontraban antes de la violación. Una segunda hipótesis se actualiza cuando el acto reclamado es de carácter negativo: en estos casos, el objeto de la sentencia que concede el amparo consistirá en constreñir a la autoridad responsable a que acate lo ordenado por la garantía constitucional de que se trate . Tal acontece cuando la autoridad responsable rehúsa otorgar a un particular algún beneficio previsto por la ley, como sucede en el caso en que las autoridades militares se niegan a tramitar y otorgar a un militar su retiro del ejército con el beneficio económico a que según tiene derecho. El rehusamiento o negativa en sí mismo considerado por supuesto que no es violatorio de garantías, a menos que la autoridad responsable no cumpla con las obligaciones jurídicas que le imponen a su conducta las normas legales y constitucionales. Así, de conformidad con el artículo 16 constitucional, uno de los deberes fundamentales que debe observar el titular del órgano estatal, que se niega a obsequiar lo que le solicitan, es el de fundar y motivar debidamente esa negativa o rehusamiento. Por lo que impugnado dicho acto por falta de fundamentación y motivación y concedido el amparo en contra del mismo, el objeto de la sentencia radicará en obligar a la autoridad a que cumpla con su deber constitucional de fundar y motivar el acto de autoridad de naturaleza negativa, expresando los preceptos que en su opinión, apoyan la negativa, así como las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales, que tuvo en cuenta para rehusarse a otorgar lo solicitado por el particular. Más no precisamente, el objeto de la sentencia consistirá en conceder al quejoso lo solicitado, puesto que dicho objeto es discrecional tratándose de amparos que se conceden por violaciones formales. En estas condiciones si el amparo se concede por violación a las garantías de fundamentación y de motivación, las autoridades responsables dan cumplimiento a la sentencia si dejan sin efecto el acto reclamado y emiten otro fundado y motivado; fundamentación y motivación material que no puede ser ya recurrida en queja por defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria, sino, en su caso, debe combatirse mediante otro juicio de amparo". Por lo tanto, con apoyo en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto al archivo como totalmente concluido. Finalmente, vistos los autos del presente juicio y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de depuración al ubicarse en la fracción III, segundo párrafo, IV y V, del artículo Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo mencionado, por lo que únicamente se conservará la demanda y la sentencia respectiva, al no considerarse, a juicio del suscrito, de relevancia documental; en consecuencia dígase a las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originles que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días, siguientes a la notificación del presente proveído, la Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción, conjuntamente con el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el oficio 1058, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en este juicio y adjunta las constancias que así lo acreditan; con su contenido dése vista a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés convenga al respecto, apercibida que de no hacerlo se proveerá lo conducente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha, según se advierte de la certificación que consta, ya transcurrió el término de tres días concedidos a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, a fin de que diera cabal cumplimiento a la ejecutoria. Atento a lo anterior, dado que para que la aludida autoridad de cabal cumplimiento a la ejecutoria emitida en este juicio puesto que para ello requiere de la emisión de una nueva determinación, de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor, se amplía por única ocasión el plazo por tres días hábiles contados a partir del momento en que reciba el oficio respectivo, a efecto de que dicha autoridad dé cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional; bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que deberá sin dilación alguna dar cumplimiento en su totalidad a la ejecutoria dentro del plazo ampliado, el que ya no podrá ampliarse bajo ningún motivo, en cuyo caso, en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor este Juzgado hará el pronunciamiento al incumplimiento de la ejecutoria, considerando como incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, impondrá las multas y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que éste reitere si existe o no incumplimiento, y de ser así, remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de garantías, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º., se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y por lo que ve al expediente laboral 2A-2037/2011, devuélvase a su lugar de origen, por ser innecesario que siga obrando en autos. Por otra parte, tomando en consideración que en el juicio de garantías en que se actúa, por resolución de veintiocho de mayo del año en curso, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Rafael Sosa Delgado, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del momento en que reciban el oficio respectivo, remita copia debidamente certificada de las constancias que acredite el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con relación al punto especificado de la sentencia emitida en el presente juicio es decir: ".a fin de restituir al quejoso RAFAEL SOSA DELGADO, en el goce de sus derechos, la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, una vez que cause ejecutoria esta sentencia y, en su caso, se le requiera su cumplimiento, deberá: I. Dejar insubsistente la resolución reclamada de trece de noviembre de dos mil diecisiete, que declaró improcedente el incidente de sustitución patronal derivado del juicio laboral 2A-2037/2011, y II. En su lugar, emita una nueva determinación, bajo la perspectiva de que la carga probatoria en el incidente de sustitución patronal corresponde a la demandada incidentista, además, siguiendo los lineamientos trazados en el considerando que antecede, subsane las omisiones ahí destacadas, esto es, examine nuevamente la procedencia del aludido incidente, para lo cual deberá estudiar y valorar, en su integridad, todos los medios de convicción aportados en el mismo, así como también deberá tomar en consideración todos los argumentos esgrimidos por las partes y, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada lo que conforme a derecho proceda.." Bajo apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Es importante destacar que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Finalmente, atento a que los tribunales laborales no tienen superior jerárquico para el efecto del cumplimiento de las sentencias de amparo, por tratarse de un órgano autónomo, motivo por el cual se apercibe a dicha autoridad a efecto que de no cumplir con la ejecutoria de amparo se procederá en términos de lo dispuesto por el artículo 193 de la Ley de Amparo en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 36/2011 (10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4 Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo.". NOTIFÍQUESE.

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