Rafael Solorio Llamas

Expediente 107/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
107/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
11/04/2019

Partes del expediente

  • Rafael Solorio Llamas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinte de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cesación de efectos de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de once de abril actual, que en lo conducente dice: ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos a virtud que de la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veinte de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por cesación de efectos de los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81 inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, así como el ordinal 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, de conformidad con el numeral 2°, se declara que el referido sobreseimiento ha causado estado. Se precisa que el cómputo para interponer el recurso de revisión en cita, únicamente se realiza respecto de la parte quejosa y del agente del ministerio público de la federación adscrito, ya que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento (como en la especie ocurre) por parte de las autoridades responsables, pues éste no les causa ningún perjuicio. En tales condiciones el dictado de sobreseimiento, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso, no así a las responsables, porque no vincula su actuación en algún sentido, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX J/74, consultable en la página 83, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito; del rubro siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACION PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISION SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. EXPEDIENTE NO ES RELEVANTE. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE EN CINCO AÑOS. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el mismo será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. DOCUMENTALES A DISPOSICIÓN DE PARTE QUEJOSA. Finalmente, advirtiéndose de las constancias que integran el expediente en que se actúa que la parte quejosa, adjuntó diversas documentales al presente juicio. Por tanto, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, previa copia simple que de los mismos exhiba, para el cotejo correspondiente, conforme al numeral 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia. En la inteligencia que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos seguirán la suerte del presente expediente. Se hace del conocimiento de dicha parte, que en el momento en que comparezca ante este juzgado a recibir dichas documentales, deberá hacerlo de preferencia en día viernes de las nueve a las trece horas, debidamente identificada con credencial oficial con fotografía, asentándose la razón de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Por recibido el escrito firmado por el licenciado ***, en su carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por parte del quejoso ***, por medio del cual hace del conocimiento de este tribunal federal, que la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, notificó la resolución y título de concesión a nombre del citado quejoso, que fue la omisión reclamada en el presente juicio. Adjuntando diversas documentales para acreditar su dicho. Probanzas las anteriores a las cuales se les concede valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° y de las que se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, así como la de sobreseimiento contenida en el 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, por las razones que enseguida se expondrán. De autos se advierte que en fecha quince de febrero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, ***, presentó demanda de amparo la cual fue turnada el mismo día a este tribunal federal, misma que se admitió a trámite el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, contra los actos reclamados a la dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en la ciudad de Celaya, los cuales hizo consistir en lo siguiente: IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: 1. Del Director Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en Celaya, Guanajuato, señalo como acto reclamado la omisión de emitir respuesta definitiva a la solicitud presentada el 28 de Agosto de 2018, referente a la prórroga de vigencia de título de concesión 08GUA122498/12AMDL12 (así), recibido por esa autoridad bajo el número de expediente GUA-L-2504-28-08-18. Los cuales consideró violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 8, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Con motivo de la admisión de la demanda, se solicitó su respectivo informe justificado a la autoridad responsable; y en atención a lo anterior, el responsable de la unidad jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, en representación del Director de dicha comisión, rindió su informe justificado, reconociendo la certeza de los actos reclamados, adjuntando diversas documentales como justificación al mismo (fojas 30 a 35). Por su parte, los numerales 61 fracción XXI y 63, fracción IV ambos de la Ley de Amparo, establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; y, Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. En la especie, el suscrito estima que en el presente juicio se actualiza dicha causal, toda vez que de las documentales aportadas por el autorizado de la parte quejosa, se advierte que el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, pronunció la resolución correspondiente dentro del expediente número GUA-L-2504-28-08-18 de su índice, en la cual emitió el título de concesión número 08GUA122498/12AMDL18, en favor del quejoso Rafael Solorio Llamas, el cual fue inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Ello en atención a la solicitud de prórroga formulada el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (título cuya omisión en emitirse y registrarse en el Registro Público de Derecho de Agua, constituyó el acto reclamado). Determinación que le fue notificada a la parte quejosa por conducto de la autoridad responsable en fecha siete de marzo de dos mil diecinueve. Con todo lo expuesto, es inconcuso que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que con la expedición del título de concesión expedido a favor del quejoso e inscrito en el Registro Público de Derechos de Agua, con sede en la Ciudad de México, notificado a dicho quejoso es válido concluir que han desaparecido las transgresiones que por esta vía se impugnan. Consecuentemente, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLIX/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, abril de 1988, materia Común, visible a página 242, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. También resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, febrero de 1998, consultable en la página 210, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Igualmente, es aplicable la tesis del entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 91-96 Sexta Parte, página 163, que reza: PETICIÓN, AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE. SOBRESEIMIENTO. Si lo que pretendió la quejosa era que la responsable le resolviera una petición respetando el artículo 8o. constitucional, y esta última lo hizo antes de fallar el juicio de amparo, entonces resulta correcta la sentencia que lo sobreseyó, por haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, en relación con el 74, fracción III, de la Ley de Amparo, sin que importe que la petición se haya acordado meses después de formulada la demanda de garantías. De igual forma, resulta ilustrativa la tesis II.1o.C.T.217K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, octubre de 1994, página 313, de rubro y texto siguiente: INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. Además, no causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notaria, manifiesta, e indudable de improcedencia del Juicio de Amparo, como lo es la cesación de efectos del acto reclamado, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda consecuencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Resulta aplicable la jurisprudencia y tesis aislada, esta última aplicada a contrario sensu, números 2a./J. 10/2003 y VIII.2o.25 P, de la Novena Época, sustentadas respectivamente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado Del Octavo Circuito, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomos XVII, Marzo de 2003 y X, Noviembre de 1999, Páginas 386 y 1025, cuyo contenido reza lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO DECRETADO ANTES DE QUE SE CELEBRE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SIN CONSIDERAR ADEMÁS QUE UNA DE LAS RESPONSABLES ORDENADORAS NEGÓ EL ACTO RECLAMADO, DEJA SIN DEFENSA AL RECURRENTE.- Si del examen de las constancias que integran el expediente que se analiza, se advierte que una de las autoridades ordenadoras responsables negó la existencia del acto reclamado, mientras que la otra admitió la existencia de la orden de aprehensión y al mismo tiempo notificó al a quo el cambio de situación jurídica con motivo del dictado del auto de formal prisión, concluyendo el Juez de Amparo en sobreseer en el juicio respecto de ambas autoridades, antes de que tuviera verificativo la audiencia constitucional señalada, tal proceder se traduce en violación a las reglas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio de garantías, que específicamente se contienen en los artículos 76 y 77 de la Ley de Amparo, en perjuicio del quejoso, al dejarlo en estado de indefensión, por dos razones: primero, porque al sobreseer respecto de ambas autoridades, siendo que una de ellas negó el acto reclamado, con ello no se deja oportunidad al quejoso de probar los hechos que afirma; y segundo, porque sobreseer antes de que se celebre la audiencia constitucional, sin estar en presencia de un desistimiento expreso del quejoso, su muerte o bien la cesación de efectos del acto reclamado, casos excepcionales en los que sí procede el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, igual se le deja sin defensa; por tanto, lo procedente en este caso es revocar el auto recurrido y ordenar la reposición del procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez Federal señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y con plenitud de jurisdicción, tomando en cuenta lo que las autoridades responsables manifestaron en su informe justificado y, en su caso, las pruebas que las partes en el juicio aporten, resuelva lo que en derecho corresponda. A virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se había fijado para las nueve horas con cuatro minutos del veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (foja 27). Finalmente, dado el sentido de la presente sentencia ningún fin práctico tiene dar contestación a los alegatos formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, pues la intención de su parte es que se conceda el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, lo cual no es posible dada la improcedencia del presente juicio. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE el presente juicio de amparo número 107/2019-II.2, del índice de este Juzgado Federal, promovido por ***, por los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, por las razones relatadas en la presente determinación.

  4. Principal

    INFORME JUSTIFICADO. Por recibido el oficio firmado por el responsable de la unidad jurídica de la Dirección Local Guanajuato de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Celaya, Guanajuato, en representación del Director de dicha comisión. En atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Amparo, ténganse por rendido el INFORME JUSTIFICADO que a su parte corresponde, sin perjuicio de hacer relación nuevamente al momento del desahogo de la audiencia constitucional y désele vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. PRUEBAS. Se tienen como pruebas de su parte la documental que anexa, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, las cuales se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, de conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo. DELEGADOS. Se tienen como delegados de su parte a los profesionistas que para dicho efecto indica, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PROCESAL. Asimismo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que señala siempre y cuando en ese lugar se encuentren las instalaciones propias de sus funciones como autoridad responsable, ello de conformidad con el artículo 28 de la Ley de la Materia.

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