Rafael Solano Jiménez

Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1064/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Rafael Solano Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Autoridad revoca autorizados. ... En atención a lo anterior, y como lo solicita la autoridad oficiante, se revoca en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a los profesionistas que señala en su oficio de cuenta, mismos que por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se les reconoció con el carácter de delegados. Notifíquese. ...

  2. Principal

    . Causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, sin que haya ejercido ese derecho... se declara que causó estado la referida determinación.... archívese este expediente como concluido... este expediente es destruible....

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su calidad de Representante legal del Departamento de Recursos Humanos, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Domicilio y delegados. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Prueba. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del oficio RH/719/2022 dirigido a Rafael Solano Jiménez, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Rafael Solano Jiménez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos de: Dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dirigido a la Jefatura de Recursos Humanos de la Delegación Estatal ISSSTE Veracruz. Veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dirigido al Delegado del ISSSTE Veracruz. Siete de agosto dedos mil dieciocho, dirigido al Director de la Clínica Hospital Xalapa En los tres escritos, solicitó se le informara el destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. En el caso, de los informes justificados del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, en su carácter de representante legal de las autoridades señaladas como responsables Delegación y Director de la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa -fojas 28 a 39-, se desprende que en esencia dieron contestación a su escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete y siete de agosto de dos mil dieciocho, el cual anexaron a su oficio. Particularmente, le indicaron que la autoridad competente para atender su solicitud era el Representante de la Administradora de Fondos para el Retiro PENSIONISSSTE, a quien turnaron su petición -foja 36 vuelta-. En razón de ello, por auto de diez de febrero pasado, se tuvo por ampliada la demanda respecto de la autoridad Administradora de Fondos para el retiro PENSIONISSTE -foja 74- quien previa aclaración de su denominación, como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE -foja 84-, por oficio 170.179.2/528/2022 rindió su informe justificado, al que adjuntó el diverso 170.177.5/491/2022 de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con el que acreditó que ya había atendido la petición del quejoso y le indicó que las aclaraciones relacionadas con el ahorro solidario debían solicitarse a la dependencia para la cual labora -foja 96-. Finalmente, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad responsable en este asunto al Departamento de Recursos Humanos, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a quien se advertía había presentado uno de los escritos de petición, empero, no fue señalada originalmente como responsable, quien al rendir su informe justificado en esta fecha, respecto de la petición de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, indicó que desde la segunda quincena de dos mil quince hasta el diez de mayo pasado, se le ha venido descontando vía nómina el ahorro solidario que el propio quejoso autorizó, no obstante, tocante a las fechas de los depósitos o transferencia a su subcuenta de pensionissste tal Departamento indicó que no cuenta con dicha información; sin embargo, indicó a la que podrá solicitarla al Departamento de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Contestación que se advierte fue entregada en el centro de trabajo del aquí quejoso, el trece de mayo pasado. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en que solicita información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince, se actualiza tal y como lo refieren las autoridades responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Rafael Solano Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de las autoridades responsables la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en los que solicitó información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y de los informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y del Jefe de Servicios de lo Contencioso adscrito a la Subdirección Jurídica del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la Ciudad de México, se desprende que ya le fueron contestados al quejoso los escritos en mención. Sin que pase inadvertido que en el informe de cuenta, la autoridad responsable le hace la saber al aquí quejoso que deberá realizar su solicitud al Departamento de Sistemas de Ahorro para el Retiro, porque ellos no cuentan con la información solicitada, pues como se dijo el acto reclamado solo consiste en la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en los solicitó información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, por lo que el motivo de la respuesta no es materia de este Juicio de Amparo. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos del seis de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y a la Agente del Ministerio Público Adscrita...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. Agréguese el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en su calidad de Representante legal del Departamento de Recursos Humanos, por medio del cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Domicilio y delegados. Con apoyo en el numeral 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de dicha autoridad, a las personas que menciona; asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de dicho ordenamiento legal, por señalado el domicilio que indica para recibir notificaciones. Prueba. De conformidad con lo establecido en el artículo 119 de la Ley de la Materia, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada del oficio . dirigido a Rafael Solano Jiménez, que anexó a su informe. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Rafael Solano Jiménez, en su escrito de demanda de amparo reclamó la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos de: . Dieciséis de junio de dos mil dieciséis, dirigido a la Jefatura de Recursos Humanos de la Delegación Estatal ISSSTE Veracruz. . Veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, dirigido al Delegado del ISSSTE Veracruz. . Siete de agosto dedos mil dieciocho, dirigido al Director de la Clínica Hospital Xalapa En los tres escritos, solicitó se le informara el destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 Constitucional1, respecto a que los funcionarios y empleados públicos, respetarán el ejercicio del derecho de petición, misma que deberá ser formulada por escrito, de manera pacífica y respetuosa; asimismo, la autoridad deberá dar respuesta mediante acuerdo y éste deberá de hacerse del conocimiento del peticionario. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. En el caso, de los informes justificados del Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Veracruz, en su carácter de representante legal de las autoridades señaladas como responsables Delegación y Director de la Clínica Hospital del ISSSTE en Xalapa -fojas 28 a 39-, se desprende que en esencia dieron contestación a su escrito de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete y siete de agosto de dos mil dieciocho, el cual anexaron a su oficio. Particularmente, le indicaron que la autoridad competente para atender su solicitud era el Representante de la Administradora de Fondos para el Retiro PENSIONISSSTE, a quien turnaron su petición -foja 36 vuelta-. En razón de ello, por auto de diez de febrero pasado, se tuvo por ampliada la demanda respecto de la autoridad Administradora de Fondos para el retiro PENSIONISSTE -foja 74- quien previa aclaración de su denominación, como Vocal Ejecutivo de PENSIONISSSTE -foja 84-, por oficio . rindió su informe justificado, al que adjuntó el diverso . de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con el que acreditó que ya había atendido la petición del quejoso y le indicó que las aclaraciones relacionadas con el ahorro solidario debían solicitarse a la dependencia para la cual labora -foja 96-. Finalmente, por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, se tuvo como autoridad responsable en este asunto al Departamento de Recursos Humanos, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a quien se advertía había presentado uno de los escritos de petición, empero, no fue señalada originalmente como responsable, quien al rendir su informe justificado en esta fecha, respecto de la petición de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, indicó que desde la segunda quincena de dos mil quince hasta el diez de mayo pasado, se le ha venido descontando vía nómina el ahorro solidario que el propio quejoso autorizó, no obstante, tocante a las fechas de los depósitos o transferencia a su subcuenta de pensionissste tal Departamento indicó que no cuenta con dicha información; sin embargo, indicó a la que podrá solicitarla al Departamento de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Contestación que se advierte fue entregada en el centro de trabajo del aquí quejoso, el trece de mayo pasado. Por tanto, se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en que solicita información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince, se actualiza tal y como lo refieren las autoridades responsable al rendir su informe justificado, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo2. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Rafael Solano Jiménez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de las autoridades responsables la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en los que solicitó información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, anexos y rendimientos del mismo desde el año dos mil quince, impidiendo con ello su acceso a un beneficio al que tiene derecho. Y de los informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y del Jefe de Servicios de lo Contencioso adscrito a la Subdirección Jurídica del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la Ciudad de México, se desprende que ya le fueron contestados al quejoso los escritos en mención. Sin que pase inadvertido que en el informe de cuenta, la autoridad responsable le hace la saber al aquí quejoso que deberá realizar su solicitud al Departamento de Sistemas de Ahorro para el Retiro, porque ellos no cuentan con la información solicitada, pues como se dijo el acto reclamado solo consiste en la omisión de darle contestación y/o respuesta a sus escritos en los solicitó información respecto del destino de los fondos de ahorro solidario, por lo que el motivo de la respuesta no es materia de este Juicio de Amparo. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª/J 59/1999, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. . Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. Es aplicable al caso la tesis I.3o.C.92 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito4, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. . Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó Juicio de Amparo 1064/2021/IV-B de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61 fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con cuatro minutos del seis de junio de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar..

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