Rafael Socci Rodríguez

Expediente 369/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
369/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2021

Partes del expediente

  • Rafael Socci Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; súmese a los presentes autos el oficio y anexo signado por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 20/2021-5, (orden 104/2021), derivado del juicio en que se actúa, el cual fue enviado para el efecto de que en auxilio de las actividades de este juzgado realizara la notificación al quejoso Rafael Socci Rodríguez, del auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En razón de lo anterior, dése de baja a la comunicación oficial en mención, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por Rafael Socci Rodríguez, por su propio derecho, contra actos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14, 17, 18 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el número de expediente de amparo 369/2021-5. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido, al efecto resulta preciso citar la tesis de jurisprudencia P./J.40/200, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XI, abril de 200, página 32, materia común, con número de registro 192097, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Cabe precisar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, la cual se debe analizar antes de resolver las cuestiones de fondo planteadas en la demanda; por ello, lo procedente es analizar si este juzgado, es o no competente para resolver el presente juicio de garantías. Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente." A efecto de establecer la competencia, el Juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es necesario analizarla de manera integral con los demás elementos que se alleguen al proceso, en su caso, para advertir los datos que hagan posible conocer las circunstancias que rodean el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento y resolución del asunto planteado. Es aplicable al tema, la tesis 1a. II/92 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "[.] COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto.[.]" Asimismo, el artículo 37, párrafo primero, dispone lo siguiente: "[.] Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [.]" En ese sentido, para dilucidar si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver de este asunto, conviene precisar que del escrito de demanda, se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: COMO ORDENADORAS. 1. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. 2. Centro Federal de Readaptación Social "5" Villa Estación Chontal, Tabasco. 3. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. 4. Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. 5. Dirección del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la Ciudad de México. 6. Subdirección Jurídica del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la Ciudad de México. 7. Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la Ciudad de México. 8. Subdirección de Seguridad y Custodia del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la Ciudad de México. COMO EJECUTORAS: 1. Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación del Gobierno de México. 2. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México. 3. Guardia Nacional. 4. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. COMO ACTO RECLAMADO: La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la Ciudad de México, -donde actualmente se encuentra recluido- al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número "5" con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco, o algún Centro Penitenciario Federal a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México. Asimismo, el quejoso bajo protesta de decir verdad, en el capítulo V señalado como "HECHOS O ABSTENCIONES CONSTITUTIVOS DEL ACTO RECLAMADO" del escrito de demanda, manifestó: "[.] Que se encuentra en prisión preventiva oficiosa dentro de las instalaciones del reclusorio preventivo varonil Norte en la Ciudad de México. [.]" Con base en lo manifestado y de conformidad con el numeral 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, el suscrito considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo de que se trata, como enseguida se expone. Para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la circunscripción territorial de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, el cual establece que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que su ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De la clasificación anterior que define la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la primera, es decir, la definida por razón de territorio. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Las reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, se definen en el artículo 37 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos imponen como marco normativo que cuando conforme a las prescripciones de dicha ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda; asimismo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es Juez competente aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo anterior, permite diferenciar tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces ante quien se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que estatuye el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquélla que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro y texto los siguientes: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." También resulta aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee: "COMPETENCIA DE JUECES DE DISTRITO POR EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si el acto revocatorio reclamado tiene ejecución material, pues de otro modo resultaría simplemente declarativo y no causaría, por su solo dictado violación alguna de garantías; y la ejecución fue ya ordenada a funcionarios o empleados federales en determinada entidad federativa y han tratado de llevarse a efecto, el caso está regido por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que cuando conforme a las prescripciones de esa Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado y de acuerdo también con la tesis jurisprudencial número 228 del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial de la Federación que sostiene que para fijar la jurisdicción en el juicio de garantías, la fracción IX del artículo 107 constitucional tiene en cuenta el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse siendo esto lo que principalmente fija la competencia." En el caso, la parte quejosa solicita la protección de la Justicia Federal contra la posible orden de traslado, del lugar donde se encuentra actualmente recluido, esto es, del Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la ciudad de México, que podría tener ejecución según lo manifestado bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes del acto reclamado al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número "5" con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco, o a algún Centro Penitenciario Federal a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Gobierno de México, manifestaciones que hacen prueba plena de su confesión, de conformidad con los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, el suscrito considera que resulta incompetente para conocer del escrito de amparo que se promueve, ya que el acto reclamado no tendrá ejecución material en esta Entidad Federativa como lo refiere el quejoso, toda vez que no existe Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número "5" con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco, debido a que el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número "5", se localiza en el Cerro de León Villa Aldama Veracruz; y si bien es cierto, anteriormente en el Kilómetro 1.5 carretera Malpaso, Los Naranjos Estación Chontalpa, se encontraba ubicado el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social número "6" con sede en Villa Estación Chontalpa, Tabasco; empero, mediante autorización de egreso contenida en el oficio número SSPC/PRS/1492S/2020, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, el cual deriva del Acuerdo emitido por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte, se determinó la desincorporación del Sistema Penitenciario Federal al Centro Federal de Readaptación Social Número 6 "Sureste", de Huimanguillo, Tabasco, por lo que, el acto reclamado no puede tener ejecución en el Estado de Tabasco, al haber dejado de funcionar dicho Cefereso como tal. En consecuencia, la competencia legal para conocer del asunto, corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto que se reclame Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno; aunado a lo anterior que es competente el Juez de Distrito del lugar en que se encuentre recluido el quejoso. Tiene aplicación al caso, la tesis emitida por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88 del Volumen 217-228, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTÉ PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Así como el criterio emitido por la Tercera Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12 del Volumen 199-204, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, en los términos expuestos, cuyo tenor es: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse." De igual forma apoya lo anterior, el criterio jurisprudencial 1a./J. 54/2005, sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 58, Tomo XXII, Agosto de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÁ RECLUIDO EL QUEJOSO, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA OMITE PROVEER SOBRE LA SOLICITUD DE LIBERTAD ANTICIPADA. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia en amparo de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en consideración que el reo, estando privado de su libertad en virtud de la sentencia condenatoria dictada en su contra, al solicitar el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada continuará privado de ella, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando la autoridad administrativa omite proveer sobre la mencionada solicitud, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario. Por lo tanto, de lo expuesto en la demanda de amparo, es dable aseverar que el acto reclamado por el peticionario de amparo tendrá ejecución en la Ciudad de México y, que la competencia legal para conocer y resolver la demanda de amparo promovida por Rafael Socci Rodríguez, contra el acto señalado con antelación, corresponde al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1ª./J. 52/2013 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 383, Tomo 1, Libro XXIII, agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En consecuencia, este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tabasco, se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, en su oportunidad y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el presente juicio de amparo mediante mensajería acelerada ESTAFETA a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que por su conducto, lo remita al Juzgado que por razón de turno corresponda conocer del asunto, para que proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que informe su decisión a este Juzgado. Por otra parte, este órgano de control constitucional, no realiza pronunciamiento alguno respecto a la suspensión de plano solicitada por el quejoso de mérito, debido a que el acto que reclama, no se ubica en algunos de los supuestos del artículo 126, de la Ley de Amparo, que requiera ser calificado como urgente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Ahora bien, toda vez que el promovente, manifestó que actualmente se encuentra recluido, en el Reclusorio Preventivo Varonil "Norte" de la ciudad de México; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, líbrese atento exhorto vía interconexión al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios de su adscripción para que notifique al aludido promovente el presente auto. En el entendido de que para llevar a cabo la referida diligencia, se habilitan días y horas inhábiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 21 de la Ley de Amparo. De igual manera, solicítese a la autoridad exhortada que una vez diligenciado el exhorto que se envía, lo devuelva a este Juzgado, con las diligencias practicadas al efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente por exhorto a la parte promovente.

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