Rafael Sarabia Hernández
Expediente 895/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 895/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rafael Sarabia Hernández
Actuaciones
- Principal
...diecisiete de febrero de dos mil veintiuno...la parte promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
F. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigentes desde el tres de abril de dos mil trece, se le notifica por medio de listas fijadas en los estrados de este juzgado de distrito, en virtud de no haber comparecido a oír la notificación personal en este órgano jurisdiccional del proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte al quejoso que dice Téngase por recibida la demanda de amparo promovida; fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 895/2020-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. De un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda presentada. Citatorio
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en los artículos 8 y 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Sarabia Hernández, contra actos del Titular del Área Denominada como "Jefatura de Catastro Municipal", del Municipio de Chicoloapan, Estado de México; y otra. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 895/2020-F, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. De igual forma, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 60 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena crear el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Por tanto, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable, de no efectuar contestación a su escrito presentado el nueve de septiembre del año en curso. Asentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley.". "5o. Son partes en el juicio de "amparo: --- I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". Ello es así, porque, en este caso, la omisión de dar contestación a la petición realizada por la quejosa, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la misma, toda vez que de la fecha de presentación del escrito de petición (nueve de septiembre de dos mil veinte) a la fecha en que se promovió el juicio de amparo (siete de octubre actual), no ha transcurrido un lapso excesivo a fin de considerar que se ha transgredido el artículo 8 Constitucional. En ese sentido, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. --- A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". Del citado dispositivo constitucional trascrito, se desprende que toda autoridad ante quien alguna persona formule por escrito cualquier tipo de solicitud o petición, siempre que ésta se haga de manera pacífica y respetuosa, tiene la obligación de dar respuesta congruente en breve término y, además, hacer del conocimiento del promovente el resultado de su petición; debiéndose entender por lo primero, que toda respuesta de autoridad que recaiga a una solicitud de los gobernados debe hacerse atendiendo a lo efectivamente planteado sin omisión de alguna cuestión, sin que existan consideraciones contrarias entre sí y respetando los principios de congruencia y, por lo segundo, que la respuesta debe emitirse en un lapso en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, y ésta debe darse a conocer al peticionario. En el caso, la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Nezahualcóyotl, en siete de octubre del año en curso, y en ella señaló como acto reclamado la omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a su petición del escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil veinte; por tanto, es inconcuso que aún no se advierte afectación a la esfera jurídica del quejoso; toda vez que entre las fechas en que la autoridad señalada como responsable recibió el ocurso de petición y la de presentación de la demanda de amparo que se analiza han transcurrido dieciocho días, sin contar los días inhábiles (sábados, domingos y días festivos); por lo que es evidente que la autoridad responsable no ha tenido el tiempo necesario para analizar el escrito cuya omisión de proveer se duele la parte quejosa, para emitir el acuerdo o acuerdos correspondientes y ordenar su notificación, lo cual, como establece el citado precepto constitucional, debe de realizarse en breve término, mas no de forma inmediata. Por tanto, se considera que la omisión aquí reclamada en esta vía constitucional no existe, pues, como ya se indicó, en la especie aún no ha transcurrido el tiempo necesario para que la autoridad responsable analice la solicitud de la parte inconforme, dé contestación a la misma y notifique el acuerdo o acuerdos recaídos, en razón de que el lapso transcurrido entre la presentación del escrito a la autoridad y la promoción de la demanda de amparo que se analiza (dieciocho días), no puede considerarse suficiente para que materialmente ésta pueda dar contestación a dicha petición. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 470 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Parte III, Sección Administrativa, Apéndice de 1975, visible a foja 767, Quinta Época, de registro 395221, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Igualmente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, visible a foja 41, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, de registro 266384, que a la letra dice: "PETICION, DERECHO DE. CUANDO NO SE CONSIDERA TRANSGREDIDO EL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. La tesis jurisprudencial número 767 del Apéndice de 1955 al Semanario Judicial de la Federación expresa: ... "Atento lo dispuesto en el artículo 8o. de la Constitución que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; procede desechar de plano la demanda presentada por Rafael Sarabia Hernández, por notoriamente improcedente, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 1086, registro 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que menciona en el ocurso de cuenta. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos del dispositivo 12 del cuerpo de leyes antes invocado, con todas las facultades que el mismo confiere, a las personas que menciona, siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, se hace saber a las partes que intervienen en este juicio de amparo, que los artículos 261 y 262 de la Ley de la Materia, contempla una pena de prisión de dos a seis años y multa de treinta a trescientas veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización, en términos del artículo 4 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de diciembre de dos mil dieciséis: "I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y --- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." Notifíquese personalmente. Alonso-Neza
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