Rafael Santiago Ruiz
Expediente 1823/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1823/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Rafael Santiago Ruiz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, este órgano de control constitucional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro de este expediente, tomando en consideración las constancias que obran en autos. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho (fojas 309 a 324), se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa Santiago Velázquez Pérez, en el presente juicio de amparo, para los siguientes efectos: SEPTIMO. Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional al quejoso para el efecto de que las autoridades responsables en el ámbito de su competencia, realicen lo siguiente: i. Dejen insubsistente la orden de traslado de siete de septiembre de dos mil quince, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29706/2015, que autorizó el ingreso del aquí quejoso Santiago Velázquez Pérez, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comatitlan, Chiapas, signado por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. ii. Ordenen y realicen el inmediato regreso, traslado e ingreso del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con residencia en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado. Concesión que se hace extensivo a los actos de ejecución, reclamados al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 "CPS CHIAPAS", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad y Subsecretario de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por no combatirse por vicios propios. [.] Con independencia de que el Juez de Ejecución de Sentencias en el Estado, que corresponda, sea quien deba vigilar que la pena se cumpla estrictamente, en la forma como fue pronunciada en la ejecutoria, se hace le saber al Director del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad, que queda bajo su más estricta responsabilidad velar por la seguridad y custodia de la parte quejosa, lo anterior, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento Interno de los Centros Estatales para la Reinserción Social de Sentenciados para el Estado de Chiapas, que a la letra dice:." Inconforme con la determinación anterior, la autoridad responsable Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, interpuso recurso de revisión en contra de la referida sentencia definitiva, mismo que se acordó en auto de cinco de julio de dos mil dieciocho (foja 357). De dicho recurso tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión 426/2018 (foja 415-416). En proveído de diez de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitido por el Tribunal Colegiado en mención, dictado en sesión de siete de diciembre de dos mil dieciocho, la Superioridad en comento, resolvió confirmar la sentencia recurrida en los siguientes términos: "PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo indirecto 217/2017, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, respecto del acto reclamado consistente en la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número once de Pichucalco, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", domiciliado en Villa Comaltitlán, Chiapas. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia impugnada. TERCERO Para los efectos precisados en la sentencia recurrida, la Justicia de la Unión ampara y protege a Santiago Velázquez Pérez, contra los actos que, por propio derecho, reclamó del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, residente en la Ciudad de México y otras autoridades, consistentes en la orden de traslado del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Quince "CPS-CHIAPAS", domiciliado en Villa Comaltitlán, Chiapas; y, su ejecución.". Por lo tanto, en el mencionado proveído se requirió cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo (fojas 454-456). En acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia certificada de los oficios OADPRS/02295/2019 y OADPRS/02296/2019, ambos de veintidós de enero del año en curso, mediante el cual dejó insubsistente la orden de traslado de siete de septiembre de dos mil quince, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29705/2015 (sic), que autorizó el ingreso del aquí quejoso Santiago Velázquez Pérez, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comatitlan, Chiapas; asimismo remitió como del acta de egreso por traslado de personas privadas de la libertad número 73/2019, con la que se acreditó que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comatitlan, Chiapas para ser ingresado al diverso Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad (fojas 512-522). Por auto de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, se tuvieron por recibidos los oficios provenientes del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres y del Consejo Técnico Consultivo de dicho centro penitenciario, ambos con sede en esta ciudad, por medio de los cuales se pronuncian sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, manifestando que el quejoso ingresó a dicho centro de reclusión procedente del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlan, Chiapas (fojas 525-527). Finalmente, en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comaltitlan, Chiapas, allegó a este juzgado el acta de egreso por traslado de personas privadas de la libertad número 73/2019, de veintisiete de febrero del año en curso, con la que acreditó el cumplimiento dado al fallo rpotector (fojas 528-533). Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera (fojas 554-555). En consecuencia, por cuanto el término apuntado feneció sin que realizara la parte quejosa manifestación alguna al respecto, tal como se advierte de la diligencia de notificación de veintinueve de julio de dos mil diecinueve (foja 561), procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2o, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, con residencia en la Ciudad, dejó insubsistente la orden de traslado de siete de septiembre de dos mil quince, mediante oficio SEGOB/CNS/OADPRS/29705/2015 (sic), que autorizó el ingreso del aquí quejoso Santiago Velázquez Pérez, del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con sede en esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social número 15 CPS, CHIAPAS, con sede en Villa Comatitlan, Chiapas, signado por el Coordinador General de Prevención y Readaptación Social en ausencia del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México. Asimismo, se ordenó y realizó el inmediato regreso, traslado e ingreso del quejoso al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados Número Tres, con residencia en esta ciudad, en el que se encontraba antes de la emisión del acto reclamado. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 414, tomo IV, octubre 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridades responsable, para los efectos legales procedentes y las anotaciones en el libro que corresponda. Sin que este juzgado advierta que las autoridades señaladas como responsables hayan incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este juicio como asunto concluido, agréguese a sus autos el original del incidente de suspensión respectivo y continúese con el folio correspondiente; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 2. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio en que se concedió el amparo y carece de relevancia documental, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo.
- Principal
MESA 5-B.- Se tiene por recibido oficio signado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio del cual solicita se le informe sobre el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo y al efecto solicita copias certificadas del mismo; en atención a lo anterior, remítasele las copias certificadas que solicita para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA 5-A.- Vista la certificación que antecede así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables Encargado de la Garita Migratoria de Echegaray, municipio de Pijijiapan, y Encargado de la Garita Migratoria de la Ventosa, con domicilio conocido en carretera de Tapanatepec-Ventosa Oaxaca, no han rendido el informe justificado respectivo, solicitado mediante proveído de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 21 a 32), sin que exista constancia con la que se acredite que se encuentran debidamente notificados de dicho requerimiento. En esas circunstancias, requiérase al Jefe de la Administración Postal, en esta ciudad, para que en el término de cinco días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, se sirva remitir a este órgano de control constitucional, los acuses de recibo de los oficios 19473 y 19474, con número de registros 022510 y 022511 respectivamente; apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado dentro del plazo concedido, se le impondrá como medida de apremio, multa de cincuenta unidades de medidas y actualización que arroja la cantidad de $4,224.05 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 05/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, vista la razón actuarial que antecede suscrita por la actuaria judicial adscrita a este órgano de control constitucional, de la que se advierte que no pudo entregar los oficios 19477, 19481 y 19511 dirigidos al Agente del Instituto Nacional de Migración adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, Comandante de la Policía Federal adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula Chiapas; y Encargado de la Partida Militar del Ejercito Mexicano adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula, la persona que lo atiende le comento que "no le podía recibir los comunicados referidos toda vez que no existen dichas autoridades en el organigrama de esa dependencia". En atención a lo anterior, si de la razón actuarial de cuenta, suscrita por el Fedatario Judicial de este Juzgado, se aprecia la imposibilidad para entregar los comunicados dirigidos a las autoridades responsables en mención, en razón de su inexistencia; en obvio de dilaciones procesales innecesarias, se tienen como inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó como Agente del Instituto Nacional de Migración adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, Comandante de la Policía Federal adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula Chiapas; y Encargado de la Partida Militar del Ejercito Mexicano adscrito a las Instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tapachula; por tanto, suspéndase toda comunicación procesal posterior con ellas. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo.
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