Rafael Santiago Huerta Cuevas
Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Santiago Huerta Cuevas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO El presente expediente es depurable de conformidad con el numera 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio, porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos; por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y, una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. ANOTACIONES EN LIBRO DE GOBIERNO Y ARCHIVO DEL ASUNTO En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL CON MOTIVO DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO El presente expediente es depurable de conformidad con el numera 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente al de su publicación, según su artículo primero transitorio, porque se concedió la suspensión de oficio o de plano, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos; por tanto, procede conservarse, durante un plazo de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y, una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN CARÁTULA Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, del citado Acuerdo General. DATOS PERSONALES Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, recibido vía correo electrónico; mediante el cual remite la información solicitada en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de lo que este juzgado toma en conocimiento. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que señalara en qué consistieron los actos de incomunicación y malos tratos de los que adujó su promovente fue objeto y señaló como actos reclamados -al ratificar la demanda-, empero no hizo manifestación al respecto; por tanto, se procede a acordar lo conducente: En el caso, el promovente *** promovió juicio de amparo contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, consistente en la detención fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación de ***, quien manifestó en diligencia practicada el diecisiete de agosto del año en curso por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, como cuestiones destacadas las siguientes: Al dar fe de su estado físico, resultó: ".no presenta lesiones visibles, lo que se corrobora con el dicho de Rafael Santiago Huerta Cuevas." A la pregunta realizada, si ha sido incomunicado, refirió que: ".No ha sido incomunicado, que hace aproximadamente treinta minutos habló con su abogado, y que siendo aproximadamente las catorce horas entabló comunicación su pareja a quien le hizo de su conocimiento de su detención y que se encontraba en C-5." Sí ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia. Finalmente, no señaló como autoridad responsable al agente del Ministerio Público, Licenciado Alejandro Cruz Moctezuma, ante quien en ese momento se encontraba a disposición y no señalaron con dicho carácter en el escrito inicial de demanda. Al tenor de lo anterior, si bien el quejoso directo Rafael Santiago Huerta Cuevas, ratificó la demanda promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia, también manifestó que no se encontraba incomunicado, ni presentó lesiones visibles, tal como se advierte de la diligencia mencionada; aunado a que, a pesar de concederse un término para que precisará en que habían consistido tales actos, no hizo manifestación al respecto. Lo que hace presumir el hecho de que la demanda formulada por Jorge Manuel López Archundia, quien señaló que promovía en su nombre porque aquél se encontraba incomunicado y siendo objeto de malos tratos fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Jorge Manuel López Archundia con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas manifestó, bajo protesta de decir verdad, ".ANTECEDENTES Que a las diez horas del día de hoy, martes diecisiete de agosto del presente año RAFAEL SANTIAGO HUERTA CUEVAS, fue detenido ilegalmente por los elementos de la POLICIA ESTATAL. DEL ESTADO DE PUEBLA, en inmediaciones de la entrada al parque Estatal flor del Bosque, a un costado del anillo periférico, donde el permanecía estacionado, sin que obrara alguna orden de aprehensión o instrumento legal que justificara dicha detención, por lo que dicha detención lo realizaron de manera ilegal y con lujo de violencia por elementos de la policía estatal y llevado a las instalaciones que ocupa el C5 ubicado en domicilio conocido, manteniéndolo incomunicado y con maltratos físicos, sin que para ello se hubiera presentado alguna orden de aprehensión expedida por autoridad competente: esto haciéndolo de una manera violenta y con palabras soeces, sin que ninguna de las autoridades mencionadas nos haya dado información alguna que se encontraban presente en ese lugar y mucho menos de su situación legal, pues incluso le han negado su derecho a libertad y se lo han negado reiteradamente, pues incluso esta ha solicitado la derecho a libertad con garantía económica o bajo caución, salida alterna o criterio de oportunidad . Por lo que siendo que el beneficiario del presente juicio de garantías no ha cometido delito alguno que amerite su detención, pues se está cometiendo una arbitrariedad en su contra, violando sus garantías de legalidad, en virtud de que en ningún momento se han seguido las formalidades del procedimiento que exige nuestra ley, es por lo que acudo a ese honorable Juzgado Federal en demanda de Amparo para obtener la PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a favor de RAFAEL SANTIAGO HUERTA CUEVAS. ." Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se traten de actos que importen peligro de.ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Jorge Manuel López Archundia estuviera en aptitud de promover en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos revelan que a la fecha de presentación de la demanda éste no se encontraba imposibilitado para promoverla. Lo anterior, de igual forma se corrobora con las constancias del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; así como, las relativas a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-1/012923/2021, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo conforme al artículo 2º, de las cuales se sabe que la detención fue realizada sobre anillo periférico con dirección a la caseta vía Atlixcayotl, entre calle Lirios y calle Central, Colonia Lomas Flor del Bosque, Puebla, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, a las catorce horas con veinte minutos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Alejandro Cruz Moctezuma a las dieciocho horas con trece minutos de ese mismo día, quien radicó la indagatoria antes mencionada, levantó constancia de lectura de derechos, así como la relativa a la llamada telefónica que el quejoso realizó al promovente de la demanda de amparo, incluso la autoridad ministerial asentó el número telefónico al que llamó. Aunado a ello, y pese a que, Jorge Manuel López Archundia, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que Rafael Santiago Huerta Cuevas se encontraba incomunicado y sujeto de malos tratos, de las diligencias desahogadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado el diecisiete de agosto de la anualidad en curso, se puede advertir que éste reconoció en su perjuicio ante el fedatario público que no estaba incomunicado, ni se encontraron huellas visibles de que hubiere sido maltratado -lo cual corroboró el quejoso en mención-, lo que implica que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, de manera que si tuviera la intensión de reclamar cualquier acto podía hacerlo de manera personal. Esto es, el quejoso no fue detenido fuera de procedimiento, tampoco estuvo incomunicado y no fue objeto de malos tratos. Por ello, la demanda de amparo promovida en su nombre es improcedente, pues resulta evidente que Jorge Manuel López Archundia carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda que dio origen al expediente de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso directo haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultado para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, recibido vía correo electrónico; mediante el cual remite la información solicitada en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, de lo que este juzgado toma en conocimiento. ESTADO DE AUTOS Por otra parte, vista la certificación de cuenta de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte quejosa, para que señalara en qué consistieron los actos de incomunicación y malos tratos de los que adujó su promovente fue objeto y señaló como actos reclamados -al ratificar la demanda-, empero no hizo manifestación al respecto; por tanto, se procede a acordar lo conducente: En el caso, el promovente *** promovió juicio de amparo contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, consistente en la detención fuera de procedimiento, malos tratos e incomunicación de ***, quien manifestó en diligencia practicada el diecisiete de agosto del año en curso por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, como cuestiones destacadas las siguientes: Al dar fe de su estado físico, resultó: ".no presenta lesiones visibles, lo que se corrobora con el dicho de Rafael Santiago Huerta Cuevas." A la pregunta realizada, si ha sido incomunicado, refirió que: ".No ha sido incomunicado, que hace aproximadamente treinta minutos habló con su abogado, y que siendo aproximadamente las catorce horas entabló comunicación su pareja a quien le hizo de su conocimiento de su detención y que se encontraba en C-5." Sí ratificó la demanda de amparo promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia. Finalmente, no señaló como autoridad responsable al agente del Ministerio Público, Licenciado Alejandro Cruz Moctezuma, ante quien en ese momento se encontraba a disposición y no señalaron con dicho carácter en el escrito inicial de demanda. Al tenor de lo anterior, si bien el quejoso directo Rafael Santiago Huerta Cuevas, ratificó la demanda promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia, también manifestó que no se encontraba incomunicado, ni presentó lesiones visibles, tal como se advierte de la diligencia mencionada; aunado a que, a pesar de concederse un término para que precisará en que habían consistido tales actos, no hizo manifestación al respecto. Lo que hace presumir el hecho de que la demanda formulada por Jorge Manuel López Archundia, quien señaló que promovía en su nombre porque aquél se encontraba incomunicado y siendo objeto de malos tratos fue con el único objeto de ubicar la demanda de amparo en los supuestos de urgencia previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pero sin que se actualizara dicha hipótesis legal. La circunstancia anterior implica la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues con dicha expresión se evidencia que quien promovió la demanda carecía de la legitimación exigida en la ley para instar la acción de amparo en nombre de otro, pues Jorge Manuel López Archundia con el fin de justificar su legitimación para promover en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas manifestó, bajo protesta de decir verdad, ".ANTECEDENTES Que a las diez horas del día de hoy, martes diecisiete de agosto del presente año RAFAEL SANTIAGO HUERTA CUEVAS, fue detenido ilegalmente por los elementos de la POLICIA ESTATAL. DEL ESTADO DE PUEBLA, en inmediaciones de la entrada al parque Estatal flor del Bosque, a un costado del anillo periférico, donde el permanecía estacionado, sin que obrara alguna orden de aprehensión o instrumento legal que justificara dicha detención, por lo que dicha detención lo realizaron de manera ilegal y con lujo de violencia por elementos de la policía estatal y llevado a las instalaciones que ocupa el C5 ubicado en domicilio conocido, manteniéndolo incomunicado y con maltratos físicos, sin que para ello se hubiera presentado alguna orden de aprehensión expedida por autoridad competente: esto haciéndolo de una manera violenta y con palabras soeces, sin que ninguna de las autoridades mencionadas nos haya dado información alguna que se encontraban presente en ese lugar y mucho menos de su situación legal, pues incluso le han negado su derecho a libertad y se lo han negado reiteradamente, pues incluso esta ha solicitado la derecho a libertad con garantía económica o bajo caución, salida alterna o criterio de oportunidad . Por lo que siendo que el beneficiario del presente juicio de garantías no ha cometido delito alguno que amerite su detención, pues se está cometiendo una arbitrariedad en su contra, violando sus garantías de legalidad, en virtud de que en ningún momento se han seguido las formalidades del procedimiento que exige nuestra ley, es por lo que acudo a ese honorable Juzgado Federal en demanda de Amparo para obtener la PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN a favor de RAFAEL SANTIAGO HUERTA CUEVAS. ." Es decir, el promovente invocó una situación que lo legitimaba para promover la demanda de amparo en nombre de otro, con el fin de ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 15 de la Ley de Amparo que es del texto siguiente: "Artículo 15.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el citado numeral destacan las frases siguientes: "Cuando se traten de actos que importen peligro de.ataques a la libertad personal fuera de procedimiento." "...y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre.. " Esto es, no basta que se reclame alguno de los actos previstos en el citado artículo 15 para que la demanda la pueda promover cualquier persona distinta al quejoso -como lo es la incomunicación- sino que por virtud de la conjunción "y" debe entenderse que además debe existir una imposibilidad del quejoso para promover por sí mismo la demanda de amparo, ya que dicha circunstancia es la que justifica que sea una persona distinta al afectado quien promueva en su nombre, ante su imposibilidad material de acudir ante el órgano jurisdiccional en defensa de sus derechos. Es decir, la ley legitima en determinadas circunstancias que alguien promueva la demanda de amparo en nombre de otro; empero, si dichas condiciones no se satisfacen, quien haya instado el juicio carecerá de legitimación, y al ser ésta un presupuesto procesal, el promovente no estuvo en aptitud de haber iniciado el proceso. En el caso, no se surte el supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo para que Jorge Manuel López Archundia estuviera en aptitud de promover en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas, al no satisfacerse los requisitos previstos en dicho numeral, en virtud de que las constancias de autos revelan que a la fecha de presentación de la demanda éste no se encontraba imposibilitado para promoverla. Lo anterior, de igual forma se corrobora con las constancias del Coordinador General de Asuntos Jurídicos en representación del Fiscal General del Estado de Puebla; así como, las relativas a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDAI/FLAGRANCIA-1/012923/2021, mismas que merecen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo conforme al artículo 2º, de las cuales se sabe que la detención fue realizada sobre anillo periférico con dirección a la caseta vía Atlixcayotl, entre calle Lirios y calle Central, Colonia Lomas Flor del Bosque, Puebla, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, a las catorce horas con veinte minutos y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Alta Incidencia, Alejandro Cruz Moctezuma a las dieciocho horas con trece minutos de ese mismo día, quien radicó la indagatoria antes mencionada, levantó constancia de lectura de derechos, así como la relativa a la llamada telefónica que el quejoso realizó al promovente de la demanda de amparo, incluso la autoridad ministerial asentó el número telefónico al que llamó. Aunado a ello, y pese a que, Jorge Manuel López Archundia, bajo protesta de decir verdad, sostuvo que Rafael Santiago Huerta Cuevas se encontraba incomunicado y sujeto de malos tratos, de las diligencias desahogadas por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado el diecisiete de agosto de la anualidad en curso, se puede advertir que éste reconoció en su perjuicio ante el fedatario público que no estaba incomunicado, ni se encontraron huellas visibles de que hubiere sido maltratado -lo cual corroboró el quejoso en mención-, lo que implica que ha estado en aptitud o en posibilidad de ejercer sus derechos, de manera que si tuviera la intensión de reclamar cualquier acto podía hacerlo de manera personal. Esto es, el quejoso no fue detenido fuera de procedimiento, tampoco estuvo incomunicado y no fue objeto de malos tratos. Por ello, la demanda de amparo promovida en su nombre es improcedente, pues resulta evidente que Jorge Manuel López Archundia carecía de legitimación para promover la demanda de amparo en nombre de Rafael Santiago Huerta Cuevas. En tales condiciones, al no satisfacerse el presupuesto exigido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, haberse ejercido la acción por persona legitimada para hacerlo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 15, en sentido contrario, del ordenamiento legal en cita, por lo que procede desechar la demanda que dio origen al expediente de amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso directo haya manifestado que ratificaba la demanda promovida en su nombre por Jorge Manuel López Archundia, pues, con ello, no se puede convalidar un acto procesal que fue iniciado ilegítimamente por quien en términos de ley no se encontraba facultado para hacerlo. Pues en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y esto lo podrá hacer por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier persona en los casos previstos en la propia ley. Empero, en el caso, como ya se indicó, no se actualizó el supuesto previsto en el artículo 15, porque al iniciarse el juicio de amparo por una persona no reconocida en la ley no pudo surgir la relación jurídico-procesal, en virtud que a la presentación de la demanda no se encontraba satisfecho el presupuesto procesal de legitimación en el proceso, por parte de quien inició el juicio de amparo. Háganse del conocimiento a las partes el contenido del presente proveído, anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese en el presente asunto como totalmente concluido.
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