RAFAEL SANTACRUZ FLORES y Otros.

Expediente 683/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
683/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Director General de Movilidad de Salamanca, Guanajuato
  • RAFAEL SANTACRUZ FLORES y Otros.
  • Rafael Santacruz Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ...Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el auto de once de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal. Por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.  VALORACIÓN: No es de relevancia documental.  DESTINO: Expediente: Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Existencia de documentos: - Obran documentos exhibidos por la parte quejosa de los catalogados como no originales; y, Lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, y 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de este expediente y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula. Como se precisó en la certificación de cuenta, los documentos exhibidos en el presente juicio no están catalogados como originales, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento; en el entendido que, de no presentarse a recibirlos, conforme al Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en mención, se destruirán junto con el expediente principal en el plazo señalado. Para tal efecto, el interesado deberá agendar cita a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, respecto de lo que se le informa que este juzgado brinda servicio al público de lunes a viernes, en un horario de las doce horas con treinta minutos a las dieciocho horas con treinta minutos, así como que el sistema solo permite generar dos citas cada media hora por corresponder a un juzgado de Distrito, y que su duración no puede rebasar de veinticinco minutos. Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del diverso comunicado por el que se remitió copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, así como copia simple de sus anexos. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    ...Téngase por recibido el escrito registrado con el folio 7583/2020, que signa *** mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintiséis de octubre de dos mil veinte, toda vez que precisa el acto que reclama y amplía sus antecedentes. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable" que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia número 747, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 503, Tomo VI, Apéndice 1995-2000, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" Sentado lo anterior se tiene que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. El artículo citado prevé que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad cuya legalidad puede ser objeto de examen, ya sea de oficio, por la propia autoridad que lo emite o su superior jerárquico, o bien, a instancia de parte, a través de la interposición de algún medio de defensa o la promoción de un juicio, por el cual se obtenga la modificación, revocación o nulidad de ese acto. Dicha disposición no implica otra cosa, que la tutela al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, a través del cual se pretende que éste sea el último medio de defensa al alcance de los gobernados, esto es, que se acuda a la vía constitucional cuando ya no exista otro instrumento jurídico a través del cual se puedan reparar las violaciones cometidas en contra de los particulares, de ahí que la inobservancia de este principio se sanciona con la improcedencia del amparo. Conforme con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, es necesario que: a) El acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; b) Que éste deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; c) Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; d) que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; y, e) Para conceder la suspensión definitiva no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo, sin importar si el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 193142 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Octubre de 1999 Materia(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 115/99 Página: 448 RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 12/99. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 10 de septiembre de 1999. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Humberto Suárez Camacho. Tesis de jurisprudencia 115/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve" En ese orden, se precisa que los artículos 132, 249, 251, 255 y 268, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, disponen lo siguiente: "Artículo 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios. "Artículo 249. Los procesos administrativos que se promuevan ante el Tribunal o los Juzgados se regirán por las disposiciones de los Libros Primero y Tercero de este Código. Artículo 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y b) Las autoridades en aquellos casos en los que se pida la modificación o nulidad de un acto favorable a un particular que cause lesión al interés público; II. Tendrán el carácter de demandado: a) Las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada; y b) Los particulares a quienes favorezca el acto o la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa; y III. Tendrá el carácter de tercero, aquél que tenga un derecho incompatible con la pretensión del actor. Artículo 255. El actor podrá solicitar: La nulidad del acto o resolución impugnado, cuando no haya sido emitido conforme a derecho; II. El reconocimiento de un derecho amparado en una norma jurídica; y III. La condena a la autoridad para el pleno restablecimiento del derecho violado, en los términos de la Ley respectiva. [.] Artículo 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda por escrito o en el juicio en línea, o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." De la interpretación sistemática de las disposiciones referidas se advierte, en lo que interesa, que en los casos en que los actos y resoluciones administrativas emitidas por las dependencias y entidades de la administración pública, afecten intereses de particulares, podrá solicitarse su nulidad mediante su impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; asimismo, en la respectiva demanda también puede pedirse las suspensión de sus efectos en tanto se pronuncie sentencia definitiva. Por su parte, los artículos 4, fracción I, y 7, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, establecen: "ARTÍCULO 4. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato tiene a su cargo: I. Dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los particulares; [.] ARTÍCULO 7. Las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: a) Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares;" Así, se concluye que el juicio correspondiente tiene por objeto anular cualquier acto emitido por las autoridades de la administración pública municipal y procede, en el caso concreto, respecto de que aquellos que afecten intereses de particulares. En la especie, los actos en estudio consisten en la negativa de las responsables de autorizar liberar el microbús *** marca *** modelo *** serie: *** del cual aduce ser legitimo poseedor, mismo que se encuentra retenido por infracción elaborada el día 23 de abril del año 2020 folio *** por el supervisor de movilidad; lo cual, la parte quejosa aduce se le contestó el diecisiete de agosto y el doce de octubre del año en curso. De lo anterior, se advierte que las respectivas respuestas que en esta vía se reclaman constituyen actos administrativos que son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del procedimiento administrativo. Se arriba a tal aserto, puesto que no se actualiza algún caso de excepción al principio de definitividad que haga procedente la vía constitucional como se demostrará a continuación: 1. El quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, pues como lo refiere en el escrito de cuenta, el presentó las solicitudes. 2. El inconforme combate cuestiones de legalidad y no violaciones directas a la constitución, en tanto que se duelen de la negativa a acceder a sus peticiones de la autoridad administrativa, en transgresión a las leyes del procedimiento; lo cual puede ser reparado a través del citado medio de defensa. 3. La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato y el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, prevén la tramitación del procedimiento administrativo, más no un reglamento. 4. En la substanciación del procedimiento administrativo puede solicitarse la suspensión de los efectos de los actos reclamados, sin que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato establezca mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para su otorgamiento, pues del estudio comparativo entre el artículo 128 de la legislación de la materia y el Capítulo II, denominado "De la suspensión" del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el cual comprende los artículos 268 al 278, se obtiene que los requeridos para su procedencia, tanto en el procedimiento administrativo como en vía constitucional, resultan ser iguales. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la forman la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2011289 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Administrativa, Común Tesis: 2a./J. 27/2016 (10a.) Página: 1194 "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Contradicción de tesis 222/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 374/2014. Tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de marzo de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Por tanto, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el procedimiento administrativo en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. JUZGADO SOLICITA COPIA Finalmente, agréguese el oficio con el progresivo 7619/2020, suscrito por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita que se le expida copia certificada de la demanda, pues refiere que las que le fueron remitidas con anterioridad no corresponden al presente asunto. En atención a lo anterior, como lo solicita la oficiante, remítasele copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, así como copia simple de sus anexos, por haberse exhibido con esa calidad, para que esté en aptitud de emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el multicitado acto. Por tanto, se conmina al personal adscrito que al momento de su integración, corrobore que efectivamente correspondan a las constancias solicitadas...

  4. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que se avocó al conocimiento de la demanda generadora de este asunto, respecto del acto consistente en la negativa de entregar el microbús *** por personal de movilidad de la dirección General de Movilidad de Salamanca, Guanajuato; el cual registró bajo el juicio de amparo 715/2020-III. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, dado que refiere que la demanda que obra glosada en el legajo certificado que se ordenó remitir para la tramitación del citado acto impugnado, no corresponde a la relativa al presente juicio de amparo; en consecuencia, como lo solicita la oficiante, remítasele copia certificada de la demanda de amparo que dio origen a este juicio, así como copia simple de sus anexos, por haberse exhibido con esa calidad, para que esté en aptitud de emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el multicitado acto...

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