Rafael Sánchez Zebadua y Otros.

Expediente 570/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
570/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Rafael Sánchez Zebadua y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 21 del Acuerdo General citado, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días hábiles ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Se hace de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado con identificación oficial vigente con fotografía y copia de la misma; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo antes ordenado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, podrá ingresar al micrositio "Servicios jurisdiccionales" que está disponible en el Portal de Servicios en Línea, a fin de agendar una cita y generar un Código QR con el que podrá ingresar a este órgano jurisdiccional en el día y hora que la "Agenda OJ" le genere; en el entendido que para tal efecto, deberá cumplir los lineamientos establecidos en el artículo 7 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, quien se ostenta como propietario del ***, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. ***, Suplente de la Comisionada de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en Ciudad de México. 2. ***, Delegado de Hacienda, con sede en esta ciudad. 3. ***, Ejecutor adscrito a la Secretaría de Hacienda del Estado, con sede en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 570/2022-2-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción III, este último interpretado a contrario sensu, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]". En primer término debe destacarse que en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos administrativos emitidos aisladamente por autoridades distintas de tribunales jurisdiccionales, empero tratándose de actos que emanen de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, éstos no pueden válidamente reclamarse en la vía constitucional sino hasta que se dicte la resolución definitiva, momento en el cual podrán reclamarse tanto las violaciones contenidas en la propia resolución como las que se hubieren cometido durante el procedimiento. Así, cuando se trata de actos procedimentales la regla general es que el amparo sólo es procedente contra la resolución con que tales actos culminan, pudiendo reclamarse en el juicio de amparo aquellas violaciones que se hubieren cometido durante la substanciación de tales procedimientos, ya que aun cuando los actos procesales aislados anteriores a la resolución definitiva pueden causar perjuicio al particular que interviene en el juicio o procedimiento, el amparo sólo procede cuando sobreviene la resolución definitiva. Luego, el inciso b), de la indicada fracción, prevé que por excepción podrán reclamarse actos en el procedimiento administrativo siempre y cuando se trate de actos de imposible reparación, es decir, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otra parte, la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, dispone que tratándose de actos en ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, en el entendido que, en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En estas reglas el legislador reiteró, en esencia, el mismo criterio que estableció en el amparo directo donde instituyó que dicho juicio de amparo sólo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y que el gobernado puede invocar en tal ocasión, tanto las violaciones cometidas en esas resoluciones definitivas, como las cometidas en el curso del procedimiento. En ese orden, es claro que la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan mediante la promoción del juicio constitucional los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, incluyendo el procedimiento administrativo de ejecución, pues aun cuando propiamente no se trata de procedimiento seguido en forma de juicio, su naturaleza es similar a la etapa de ejecución de sentencia por lo que el amparo será procedente hasta la última resolución. Sirve de apoyo a lo esgrimido, la jurisprudencia 1a./J. 36/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL." No obstante lo anterior, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que es procedente el juicio de amparo indirecto en etapa de ejecución de sentencia, en contra de los actos que tienen autonomía propia y que no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. A manera de ejemplo, el Alto Tribunal estableció la procedencia del juicio de amparo contra la resolución que fija en cantidad líquida la condena de que fue objeto la parte vencedora, ya que la misma no tiene por objeto la ejecución de la propia sentencia, por lo que no constituye un medio previo o preliminar para la ejecución de la sentencia; asimismo, cuando se impugna la orden de arresto dictada como medida de apremio, porque la misma tiene por objeto vencer la contumacia de una de las partes y no ejecutar directa e inmediatamente la sentencia del juicio natural. De igual manera, ha sustentado que el juicio de amparo es procedente en contra de actos que afectan derechos sustantivos de manera inmediata, cuya regla estimó que no es exclusiva de los actos emitidos dentro de juicio, sino que le resulta extensiva a aquellos acaecidos en el periodo de ejecución de sentencia, siempre que los derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Ello, pues no debe impedirse el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, habida cuenta que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Bajo esas directrices, corresponde verificar si es procedente la impugnación del acto reclamado en la presente instancia constitucional; en ese sentido, de la demanda de amparo se tiene que la parte quejosa combate el requerimiento de pago y embargo de ocho de marzo de dos mil veintidós, con motivo del crédito fiscal *** por incumplimiento a la Ley en materia de Sanidad. En este análisis, es necesario tomar en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales firmes a su favor; también conocido como facultad económico-coactiva. Dicho procedimiento administrativo, si bien no reviste la forma de un juicio en estricto sentido por no resolver cuestión litigiosa entre partes contendientes, si constituye un conjunto de actos concatenados, por medio de los cuales se pretende el pago por la vía coactiva, de un crédito fiscal determinado a cargo del contribuyente deudor. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal, esto es, cuando se encuentra firme, el ejecutor designado por la autoridad exactora podrá constituirse en el domicilio del deudor a practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco, o bien, el embargo de negociaciones, a fin de obtener, mediante la intervención con cargo a la caja, los ingresos de la intervenida que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente por la autoridad recaudadora. Una vez trabado el embargo, se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su venta, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo en un plazo determinado. Fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales. Este procedimiento, se afirma tiene carácter administrativo, porque el órgano que lo ejecuta es la administración pública, y aun cuando no se ajusta a la literalidad de la fracción III, del artículo 107, de la Ley de Amparo, pues se reitera, no resuelve una controversia que sea sometida a la potestad de la autoridad exactora, necesariamente habrá de concluir con una determinación que ponga fin a la secuencia de actos encaminados a la satisfacción del crédito fiscal fincado. De ahí, que al procedimiento económico coactivo le sean aplicables de forma enlazada las reglas estatuidas en la fracción III, del numeral 107, de la ley de materia, atinente a la procedencia del juicio de amparo en contra de actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, hasta en tanto sea dictada la última resolución en el procedimiento respectivo, a no ser que se esté en presencia de actos de imposible reparación. Se sostiene lo anterior, partiendo de la base de que el mandamiento de ejecución que contiene la orden de requerimiento de pago y, en su caso, embargo de bienes suficientes que garanticen el crédito fiscal y sus accesorios, como acto por el cual se instaura el procedimiento administrativo de ejecución, supone una liquidación firme, similar a una sentencia ejecutoriada. En otras palabras, así como una sentencia es título ejecutivo, la resolución determinante de un crédito fiscal que adquirió firmeza por no haber sido recurrida a través de los medios legales establecidos para tal efecto, es el presupuesto formal del mandamiento de ejecución, pues constituye prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación. En ese orden de ideas, la procedencia del juicio de amparo intentado en contra de los actos desarrollados en el procedimiento a que se ha venido haciendo referencia, requiere esperar el pronunciamiento de la resolución definitiva que lo dé por concluido, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. Luego, si la parte quejosa se encuentra impugnando el requerimiento de pago y embargo de ocho de marzo de dos mil veintidós, con motivo del crédito fiscal *** por incumplimiento a la Ley en materia de Sanidad, resulta evidente la improcedencia del juicio de amparo. Ello es así, en virtud de que tal actuación de la autoridad responsable, lejos de constituir la resolución definitiva que concluya el procedimiento administrativo de ejecución relativo, se trata de la determinación inicial a efecto de conseguir el pago del crédito fiscal determinado a cargo del peticionario de amparo. Aunado a lo anterior, en el caso no se advierte estar en presencia de actos cuya ejecución sea de imposible reparación, lo que daría pauta a esta juzgadora para proceder a la admisión de la demanda, como podría serlo el aseguramiento de cuentas bancarias o el nombramiento de interventor con cargo a la caja, expresamente determinados en jurisprudencia como actuaciones dentro del procedimiento de ejecución fiscal que por el severo impacto que tienen sobre la libre disposición del patrimonio del deudor, le propinan perjuicios irreparables. En las relatadas condiciones, es dable concluir que el quejoso deberá esperar a que se dicte la resolución definitiva dentro del procedimiento de mérito, en contra de la cual podrá promover el juicio de amparo, haciendo valer las violaciones que considere cometidas en el mismo, de conformidad con los preceptos citados con antelación. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 184, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN AQUÉL SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA DEFINITIVA, A PESAR DE QUE SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES." Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente la tesis 1a. VI/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "EJECUCIÓN, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE. EL AMPARO SÓLO PROCEDE HASTA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FINCADO EL REMATE A FAVOR DE UN POSTOR." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada ley, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoria improcedencia. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos amplios a *** ya que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del citado numeral a ***, por no tener registradas sus cédulas ante dicho sistema; en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 8,778 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano