Rafael Sanchez Santiago
Expediente 781/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Rafael Sanchez Santiago
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el ocho de octubre de dos mil veintiuno, misma que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, y es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes quejos y tercera interesada; y, mediante oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.
- Principal
S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 781/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Rafael Sánchez Santiago; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintiuno, mediante Buzón Judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso Rafael Sánchez Santiago, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto siguientes (foja 3): "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA FAMILIAR Y DELITOS DE GÉNERO MESA X, DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. ABOGADO DANIEL MARTÍN BARROSO CASTAÑÓN. IV.- ACTO RECLAMADO: - El siguiente: Lo constituye el cuerdo de fecha 23 de julio del presente año, dictado dentro de la Carpeta de Investigación FEIDVGCM/VE/005357/2021 por el agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género Mesa X, Abogado Daniel Martín Barroso Castañón, notificado al suscrito con fecha 02 DE AGOSTO DE 2021. Y en el cual negó al suscrito la expedición de copia cotejada de todas y cada una de las constancias, actuaciones y registros que firman parte de la Carpeta de Investigación FEIDVGCM/VE/005357/2021." ... Por lo que, como bien lo motivó el Ministerio Público, no procedía acordar favorable su solicitud de expedirle copias de todas las constancias y registros que integran la indicada carpeta de investigación. Lo que es conforme a derecho, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 218 del Código Nacional de procedimientos Penales, los únicos supuestos a partir de los cuales todo imputado y su defensor pueden tener acceso a los datos de la carpeta de investigación y copias son: 1. Cuando el primero de los citados esté detenido; 2. Cuando haya sido citado para comparecer como imputado; o 3. Cuando sea sujeto de un acto de molestia -en términos del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales- y se pretenda recibir su entrevista. Supuestos que no se actualizan en el caso a estudio, porque el quejoso no está detenido, y de los antecedentes que han quedado narrados se advierte que no ha sido citado a declarar, y no se le ha dirigido acto de molestia alguno. Esto último, porque, contrario a lo que manifestó el quejoso, quien emitió la medida de protección que se le impuso, fue otra autoridad, medidas de protección que participan, lato sensu, de las características inherentes a las medidas precautorias, por tratarse de determinaciones temporales, cuya finalidad específica es la salvaguarda de la integridad de la víctima u ofendido del hecho delictuoso investigado, por ende tienen una finalidad y naturaleza distintas a la función investigadora del representante social. Atento a lo anteriormente expuesto, la autoridad ministerial responsable ha actuado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113, fracción VIII, y 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya estudiados y no ha trasgredido en contra del quejoso, las garantías de defensa adecuada, seguridad jurídica y debido proceso, ya que está ejerciendo su facultad investigadora, que emana directamente del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, en lo que interesa, señala: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)" Así, las diligencias que, en su caso, se realizan para la investigación de los hechos con apariencia de delito que le fueron comunicados al representante social, constituye no sólo el ejercicio de tal facultad, sino también el cumplimiento del mandato constitucional aludido, lo cual representa actos de orden público e interés social, al tratarse de la práctica de diligencias que resulten necesarias para la investigación y esclarecimiento de hechos presuntivamente constitutivos de algún delito; y por tanto, como bien lo dispone el numeral 218 del Código Nacional de procedimientos Penales, los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, y únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en las disposiciones aplicables. Por lo tanto, como se ha visto, el imputado y su defensor, sólo podrán tener acceso a los datos y copias de la carpeta de investigación cuando: el imputado esté detenido; cuando éste haya sido citado para comparecer como imputado; o sea sujeto de un acto de molestia -en términos del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales- y se pretenda recibir su entrevista, momentos en los que ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Orienta lo anterior, aplicada a contrario sentido, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 149/2019, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Por tanto, el suscrito juez de Distrito no advierte alguna violación de garantías en contra del aquí quejoso. En consecuencia, al ser inoperantes e infundados los conceptos de violación y, al no advertirse motivo alguno que amerite suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, PROCEDE NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL al quejoso Rafael Sánchez Santiago, respecto del acto que reclamó al 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género Mesa X, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Daniel Martín Barroso Castañón), consistente en el auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación FEIDVGCM/VE/005357/2021, en la parte en que determinó que no era procedente expedirle copia gratuita de las "constancias, actuaciones y registros" que integran dicha carpeta. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rafael Sánchez Santiago, contra el acto que reclamo al 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género Mesa X, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Daniel Martín Barroso Castañón), consistente en el auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación FEIDVGCM/VE/005357/2021, en la parte en que determinó que no era procedente expedirle copia gratuita de las "constancias, actuaciones y registros" que integran dicha carpeta, en virtud de lo expuesto en el considerando séptimo de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista al quejoso y tercero interesada...; y por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito...
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San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. I. INFORME. Intégrese a los autos el oficio signado por el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género Mesa X, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Daniel Martín Barroso Castañón), mediante reitera que está impedido para cumplir el requerimiento que se le formuló mediante oficio 204, de trece de septiembre del actual, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. II. PRUEBAS. Por otra parte, con relación a la copia cotejada de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/005357/2021, del índice de esa fiscalía especializada, que adjunta, con apoyo en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la ley de amparo, téngase como prueba documental, sin perjuicio de relacionarla nuevamente en la audiencia constitucional. Lo anterior, en el entendido que dichas constancias se mantendrán en reserva, atento que precisamente el acto reclamado lo es que el aquí quejoso no se le da acceso a los registros de la carpeta de investigación por no ser parte, ello hasta que se resuelva si es constitucional o no dicha determinación. III. EMPLAZAMIENTO TERCERO INTERESADA. Por otra parte, toda vez que de las constancias remitidas por el fiscal responsable se obtiene que Cristina Castillo Romero, le asiste la calidad de víctima y es la persona a favor de quien se ha instaurado la medida de protección materia de la precitada carpeta de investigación; con apoyo en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada en este asunto, y toda vez que dentro de ésta se advierte un domicilio en donde puede ser emplazada, ubicado en calle Pino, Lote 30, Lomas Flor del Bosque, en la Ciudad de Puebla, teléfono 22 27 17 81 81. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordena al Actuario adscrito realice lo siguiente: 1) Notifique el presente auto y el diverso de once de agosto del actual; 2) Emplace a dicha parte procesal en el domicilio ubicado en calle Pino, Lote 30, Lomas Flor del Bosque, en la Ciudad de Puebla; 3) Le corra traslado con copia simple de la demanda de amparo, con copia autorizada del auto admisorio, por si a su interés conviene apersonarse, ofrecer pruebas y alegar su derecho; 4) Asimismo, le haga de su conocimiento la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. IV. DIFERIMIENTO. Finalmente, toda vez que se encuentran señaladas las nueve horas con veintiocho minutos de este día, para el desahogo de la audiencia constitucional en este juicio de amparo, por tanto, para dar oportunidad al emplazamiento de la parte tercera interesada; se difiere la misma, y en su lugar se señala como nueva fecha para su celebración las nueve horas con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la tercera interesada Cristina Castillo Romero; y por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.
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San Andrés Cholula, Puebla, trece de septiembre de dos mil veintiuno. I. INFORME. Intégrese a los autos el oficio signado por el 1. Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar y Delitos de Género Mesa X, de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Daniel Martín Barroso Castañón), mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado Federal que se encuentra impedido para cumplir el requerimiento que se le formuló en proveído de primero de septiembre del año en curso, debido a que la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/005357/2021, fue remitida a Isamar Olaf Alvarado Martínez, agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, quien puede ser localizado al teléfono 22 23 431039, y en el correo electrónico mesa4vf.litigacion@gmail.com; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. II. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN. Por otra parte, no ha lugar a tener el correo electrónico y número telefónico proporcionados por la citada autoridad responsable, como medios de notificación, toda vez que la Ley de Amparo no los prevé para tal fin; sin embargo, en caso de estimarlo necesario, se tomarán en consideración, únicamente tratándose de comunicaciones no procesales, de lo cual se dejara certificación glosada al expediente, en caso de resultar pertinente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 22, fracción II; del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. III. REQUERIMIENTO. Por otra parte, toda vez que de acuerdo a lo informado por la autoridad la carpeta de investigación FGEP/CDI/ FEIDVGCM/VF-I/005357/2021, de su índice, actualmente se encuentra a cargo de Isamar Olaf Alvarado Martínez, agente del Ministerio de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia de la Fiscalía General del Estado de Puebla; en consecuencia, con apoyo en artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a este último para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente auto, envíe a este juzgado de Distrito copia autorizada de las constancias que integran la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-I/005357/2021, de su índice -de la cual refiere, el quejoso no es parte-; y proporcione el nombre completo y domicilio de la persona o personas a favor de quienes, en su caso, se haya instaurado la medida de protección en dicha carpeta, con la finalidad de emplazarla al presente juicio de control constitucional, en caso de ser necesario.. Sirve de apoyo, por las razones que la sustentan, la tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo contenido se reproduce: "PRUEBAS EN EL AMPARO. PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO SOLICITE AL MINISTERIO PÚBLICO COPIA DE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA OMISIÓN DE CITAR AL QUEJOSO CON EL CARÁCTER DE IMPUTADO, Y AL RENDIR LA AUTORIDAD SU INFORME EN EL QUE ACEPTÓ EL ACTO, SÓLO ACOMPAÑÓ ALGUNAS CONSTANCIAS PARA JUSTIFICARLO. Procede que el Juez de amparo solicite el envío de la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación a la autoridad que la esté integrando, en atención a que es el Juez de Distrito quien emitirá la resolución correspondiente en el juicio de amparo en que se actúa y, por lo mismo, es él quien determinará qué pruebas resultan necesarias y suficientes para examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y resolver el mismo, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, que establece: "El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto."; pero, además, resulta necesario que el juzgador de amparo sea proactivo atendiendo al principio de completitud, para allegarse de los elementos necesarios para resolver un asunto completo, sobre todo cuando se trata de una omisión y la autoridad responsable, al rendir su informe señala que efectivamente existe el acto omisivo, pero que fue legal, y envía sólo algunas constancias para justificarlo, pues sólo teniendo a la vista la totalidad de éstas, estaría en condiciones de dar cumplimiento a la obligación de resolver todos los litigios que se presenten para su conocimiento en su integridad, sin dejar nada pendiente, con el objeto de que el fallo que se dicte declare el derecho y deje abierto el camino franco para su ejecución o cumplimiento, sin necesidad de nuevos procedimientos judiciales o administrativos, ya que sólo así puede examinar de manera exhaustiva todas las cuestiones atinentes al juicio de amparo, cuando se trata de una omisión (no citar a comparecer en su carácter de indiciado al quejoso en una carpeta de investigación).". Atento que las mismas resultan necesarias para resolver el presente sumario constitucional, puesto que, en el acto reclamado de veintitrés de julio del actual, el fiscal responsable textualmente indicó: "Ahora hasta este momento, como se desprende de actuaciones por parte de esta representación social no ha tenido en calidad de detenido a Rafael Sánchez Santiago, tampoco se le ha citado para comparecer como imputado y mucho menos se le ha generado algún acto de molestia como lo establece el numeral 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que ante esto Rafael Sánchez Santiago no tiene la calidad de parte como lo establece la legislación de la materia.", De ahí que, si para arribar a la conclusión a la que llegó en el acto reclamado el fiscal responsable tuvo a la vista las actuaciones de la carpeta de investigación de origen para analizar la constitucionalidad del mismo, debe también tenerse a la vista por parte de este juez de Distrito. En el entendido que dichas constancias se mantendrán en reserva, atento que precisamente el acto reclamado lo es que el aquí quejoso no se le da acceso a los registros de la carpeta de investigación por no ser parte, ello hasta que se resuelva si es constitucional o no dicha determinación. Se apercibe a la anterior que para el caso de no realizar el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese mediante oficio a la autoridad requerida; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la administración del edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. JMM En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
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