Rafael Sánchez Rebollo
Expediente 270/2020 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 270/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rafael Sánchez Rebollo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se advierte transcurrió el término que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido la sentencia con engrose de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en la que se negó el amparo y protección de la justicia Federal al quejoso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el original del incidente de suspensión, continuando en él el folio del principal; y, archívese el asunto como concluido.
- Principal
Se advierte que la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, emitida en el presente juicio, se ordenó notificarla mediante lista electrónica al quejoso y a la tercero interesada, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; por ende, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado, publíquese dicha resolución, la cual es del tenor siguiente: "VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 270/2020-VIII, promovido por Rafael Sánchez Rebollo, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veinte en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno se remitió el mismo día a la oficialía de partes de este juzgado, Rafael Sánchez Rebollo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se trascriben: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A. Como ordenadora: JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. B. Como ordenadora: JUZGADO SEXTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DE TLALNEPANTLA CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. IV.- ACTOS RECLAMADOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: La sentencia interlocutoria de fecha catorce (14) de Febrero de dos mil veinte (2020), dictada en el expediente 462/2019, que resuelve el incidente de liquidación de intereses interpuesto por el actor, ya que la autoridad responsable dejó de ponderar los derechos humanos del suscrito frente a los del terceros interesado, en el procedimiento de donde emana el acto reclamado e inaplicando todas las normas que concurren a regular los mismos aspectos de relación jurídica violando con su actuar la autoridad responsable los derechos sustantivos y humanos del suscrito. Dicho acto, estimó la parte quejosa, transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como antecedentes de los mismos relató, bajo protesta de decir verdad, los que consideró pertinentes. SEGUNDO. Por acuerdo de diez de marzo de dos mil veinte se admitió a trámite la demanda con el número 270/2020-VIII, y se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; además, se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado, adicionado y modificado por los diversos 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020, relativos al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-CoV2, se determinó suspender los plazos procesales y el trámite de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación a partir del dieciocho de marzo y hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en respuesta al brote del referido virus. Posteriormente, a raíz de la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19", en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte se determinó reanudar el procedimiento y, por ende, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo emplazamiento a la tercero interesada (fojas 24 a 26), tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. El suscrito juzgador federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la resolución reclamada tiene ejecución en el Municipio de Naucalpan, que forma parte del territorio en el que el suscrito ejerce jurisdicción. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV y 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y en observancia al criterio establecido en la jurisprudencia P./J.40/2000, por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI (abril de 2000), Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", a fin de estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, debe precisarse que de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, incluido el tomo de pruebas formado, el acto reclamado por la parte quejosa es el siguiente: ( La sentencia interlocutoria dictada el catorce de febrero de dos mil veinte, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 462/2019, del índice del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, que declaró procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios presentado por la actora en el juicio de origen, aquí tercero interesada. En tales condiciones, ese será el acto que constituye la materia de análisis en este juicio. Al caso se transcribe la tesis número P.VI/2004, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX (abril de 2004), Materia Común, cuyo rubro y texto establecen: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al rendir su informe justificado (foja 19), manifestó expresamente que es cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora al imponerse de las actuaciones certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil 462/2019 que remitió el juez del conocimiento, en las que obra la sentencia interlocutoria dictada el catorce de febrero de dos mil veinte, documental cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Al caso se transcribe la jurisprudencia número 226, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. CUARTO. Estudio de las causas de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y por ser una cuestión de orden público, es menester analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o que se adviertan actualizadas de oficio, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En la especie, no existen causas de improcedencia que hubiesen hecho valer las partes o que deban atenderse de oficio, por lo que se continúa con el análisis de los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa formuló los conceptos de violación contenidos en la demanda que obra a fojas cuatro a la nueve del sumario, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación anterior que encuentra apoyo, en la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI (mayo de 2010), Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X 'De las sentencias', del título primero 'Reglas generales', del libro primero 'Del amparo en general', de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Para una mejor comprensión del asunto, conviene citar algunos de los antecedentes del acto reclamado. 1. En el Juzgado Sexto Mercantil de Tlalnepantla de Primera Instancia de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan, Estado de México, se radicó el juicio ejecutivo mercantil identificado con el número de expediente 462/2019, promovido por Elena Sinencio Mandujano, por conducto de su endosatario en procuración Juan Manuel Maya Talavera, en contra de Rafael Sánchez Rebollo, de quien se demandó como prestación principal el pago de la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), así como el pago de intereses moratorios a la tasa del interés legal, además de los gastos y costas. 2. Seguido el procedimiento, el nueve de octubre de dos mil diecinueve se dictó sentencia definitiva, condenándose a la parte demandada al pago de la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), como suerte principal, así como al pago de intereses moratorios a razón del 32.59% (treinta y dos punto cincuenta y nueve por ciento) anual, la que deberá calcularse al 2.71 (dos punto setenta y uno por ciento) mensual, respecto del monto insoluto por concepto de suerte principal de cada uno de los documentos base de la acción, que se cuantificaría en ejecución de sentencia. 3. Inconforme con dicha sentencia, el demandado promovió recurso de apelación, el cual fue inadmitido por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. 4. En contra de dicho proveído promovió juicio de amparo directo, el cual se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el número 859/2019, autoridad que, el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se declaró incompetente y remitió los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en turno, tocando conocer por razón de turno a este órgano jurisdiccional. 5. Por acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado aceptó la competencia declinada, radicando el juicio de amparo bajo el número 1377/2019, en el que, por acuerdo de la misma fecha desechó la demanda por notoriamente improcedente, acuerdo que quedo firme el quince de enero de dos mil veinte. 6. Por escrito de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, la actora, por conducto de su endosatario en procuración, presentó incidente de liquidación de intereses moratorios, mismo que por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte se admitió a trámite, dando vista al demandado para que hiciera las manifestaciones que estimara convenientes. 7. Una vez desahogada la vista por el demandado, el catorce de febrero de dos mil veinte se dictó la resolución correspondiente, la que constituye el acto reclamado. En ese orden de ideas, una vez reseñados los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa aduce esencialmente en sus conceptos de violación que: a). La responsable, al ordenar el pago de intereses moratorios en razón del 32.59 % (treinta y dos punto cincuenta y nueve por ciento) anual, es contradictoria a lo establecido en el artículo 17 constitucional, pues constituye un interés excesivo y de usura, en perjuicio de su patrimonio familiar y una explotación de su persona en beneficio de la actora. b) El Juez Sexto Mercantil del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con Residencia en Naucalpan, debió reducir en favor del demandado dicha cantidad por la señalada en la legislación de la materia, es decir, debió reducir el interés pactado al equivalente al seis por ciento anual, en términos del artículo 362 del Código de Comercio, para evitar un mayor agravio del ya causado al enjuiciado c) Los intereses pactados son desproporcionados, por lo que opero en su favor la presunción por causa de lesión, dado que la actora abuso de su apuro pecuniario, inexperiencia e ignorancia, por lo que se debe reducir equitativamente al 32.59% anual al interés legal anual, que es del seis por ciento. Los anteriores conceptos de violación, estudiados en su conjunto dada su estrecha relación, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones: En la resolución definitiva de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el resolutivo segundo, se condenó al demandado aquí quejoso al pago de la cantidad de $135,000.00 (ciento treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) como suerte principal Mientras que, en el resolutivo tercero de dicha resolución, se condenó al demandado a pagar a la actora los intereses moratorios generados a partir del día siguiente al en que venció cada uno de los títulos de crédito base de la acción, hasta la fecha de la liquidación de la suerte principal, a razón del 32.59 (treinta y dos punto cincuenta y nueve por ciento) anual, la que debía calcularse al 2.71 % (dos punto setenta y uno por ciento) mensual, respecto del monto insoluto por concepto de suerte principal de cada uno de esos documentos. En ese tenor, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al aprobar el incidente de liquidación, habida cuenta que el aquí quejoso no hizo manifestaciones respecto de la cantidad liquida a la que se le condenó, pues únicamente expuso que los intereses eran usureros y desproporcionados, por lo que debía aplicarse el interés legal del seis por ciento anual para su cálculo; sin embargo, el juez de origen correctamente precisó las operaciones aritméticas con las que obtuvo la cantidad aprobada en el incidente de liquidación. Por otro lado, al dar respuesta a los agravios del aquí quejoso, se concluye que el juez responsable acertadamente determinó que las manifestaciones del apelante respecto de la excepción que denominó "improcedencia de las acciones personales de pago de intereses ordinario y moratorio" que hizo consistir, esencialmente, en que el interés es usurario y desproporcionado, así como que existe lesión; resultaban inoperantes, pues al haber adquirido la sentencia definitiva que condenó a la tasa referida la categoría de cosa juzgada, era improcedente realizar un nuevo análisis sobre usura o los aspectos mencionados, máxime que la tasa mencionada no fue la convencional, sino la reducida prudencialmente en la sentencia definitiva, precisamente al realizar el análisis respectivo a fin de evitar la usura. Ahora, se considera necesario hacer énfasis en la figura jurídica de la cosa juzgada, la cual encuentra sustento en la necesidad de preservar, mantener la paz, así como la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus derechos; además, tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los principios en que se sustenta la figura de cosa juzgada son: la extinción de la acción con su ejercicio lo que impide su renovación en un diverso juicio, salvo cuando lo autorice la ley de manera expresa; y, la estabilidad de las relaciones de derecho que abarcan tanto el conjunto de normas de carácter sustantivo como adjetivo, bajo el sustento formal y material de cosa juzgada. Así, en la citada institución jurídica se contiene la imposibilidad de reabrir la discusión en el mismo proceso, ya sea por existir un consentimiento de las partes en relación a un pronunciamiento de primera instancia o por agotarse, en su caso, los recursos ordinarios, sin que obste su revisión en un juicio posterior. De manera que, cuando a la irrecurribilidad de la sentencia se adiciona la inmutabilidad de la decisión, las partes están obligadas a respetar el pronunciamiento en relación a lo juzgado. El respeto a las consecuencias de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/20081, del rubro y texto: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." En ese orden de ideas, para hacer evidente lo infundado de lo alegado por el quejoso, se reitera el contenido del resolutivo tercero de la sentencia definitiva de nueve de octubre de dos mil diecinueve en la que se condenó al demandado a pagar a la actora, los intereses moratorios generados a partir del día siguiente al en que venció cada uno de los títulos de crédito base de la acción, hasta la fecha de la liquidación de la suerte principal, a razón del 32.59 (treinta y dos punto cincuenta y nueve por ciento) anual, la que debía calcularse al 2.71 % (dos punto setenta y uno por ciento) mensual, respecto del monto insoluto por concepto de suerte principal de cada uno de esos documentos De dicho resolutivo se advierte que fue procedente la condena al pago de intereses moratorios; asimismo, se estableció el porcentaje a pagar y, que este concepto se generaría hasta que se hiciera el pago de la suerte principal. Además, del estudio de las constancias del juicio natural, se observa que la mencionada sentencia definitiva de nueve de octubre de dos mil diecinueve, tiene la calidad de cosa juzgada; pues, aun cuando fue recurrida por la parte demandada, no le fue admitido el recurso de apelación y la demanda de garantías que promovió en contra de dicho acuerdo fue desechada en el diverso juicio de amparo 1377/2019 del índice de este juzgado; por lo que, en lo que interesa, quedó firme la condena al pago de intereses moratorios, así como las bases que para ello se tomaron en cuenta y lo relativo a su cuantificación. De lo anterior, se estima que el juez responsable estuvo en lo correcto al considerar que las bases para el cobro de los intereses moratorios también ya son cosa juzgada; y, en ese orden, ya no podía ser materia de estudio establecer si era o no usurario o desproporcionado el porcentaje pactado entre las partes; de lo contrario, se estaría trastocando el principio de la cosa juzgada (en relación a los intereses moratorios). Tiene aplicación la tesis CCLXXXIII/2016 (10a.)2 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva." [Énfasis añadido]. Asimismo, apoya a lo anterior, la jurisprudencial 28/2017 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 382. Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402, registros digitales: 2006794 y 2006795, con los títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA CCLXIV/2012 (10a.)]." y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE.", respectivamente. visible en la página 657 del Libro 45, agosto de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Constitucional y Civil, de rubro y texto siguientes: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal". En ese orden de ideas, no le benefician a la parte inconforme los criterios que cita, de rubros: "INTERESES MORATORIOS EN UN TÍTULO DE CRÉDITO. EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, QUE PERMITE SU PACTO IRRESTRICTO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO DE PROHIBICIÓN LEGAL DE LA USURA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS", e "INTERESES DESPROPORCIONADOS. BASTA QUE SE ACREDITE QUE LO SON PARA QUE IPSO FACTO OPERE PRESUNCIÓN, EN FAVOR DEL DEUDOR, DE'QUE EL ACREEDOR ABUSÓ DE SU APURO PECUNIARIO, DE SU INEXPERIENCIA O DE SU IGNORANCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)", en atención a la existencia de la figura de la cosa juzgada, en cuanto a la condena de intereses moratorios y, por ello, como correctamente lo determinó la responsable, ya no es posible analizar si fueron excesivos (usurarios) o no. En ese orden y por las consideraciones expuestas, ante lo infundado de los conceptos de violación formulados en la demanda, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita. Resta señalar que de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto, no obstante que fueron integradas, en su caso, conforme a la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley de la materia vigente conforme al citado transitorio. Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Rafael Sánchez Rebollo, en contra de la resolución interlocutoria de catorce de febrero de dos mil veinte, dictada por el Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, en el incidente de liquidación de intereses moratorios en el juicio ejecutivo mercantil 1462/2019 de su índice."
- Principal
SE CELEBRA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y PASA A PROYECTO DE SENTENCIA
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta a través del cual el Secretario de Acuerdos del Juzgado Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan, Estado de México, cumple con lo requerido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veinte y remite copia certificada de los documentos base de la acción exhibidos por la parte actora en el incidente de liquidación de intereses moratorios, derivado del juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 462/2019, de su índice; así como la planilla de liquidación de intereses moratorios. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el contenido íntegro de los mismos, por un plazo continuo y genérico de ocho días, para que expresen lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efectos el apercibimiento con que se le previno en autos, para el caso de incumplimiento.
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