Rafael Sanchez Mercado

Expediente 478/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 27 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
478/2020
Año
2020
Actuaciones
27
Última actuación
22/02/2022

Partes del expediente

  • Rafael Sanchez Mercado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a las autoridades responsables copia de la sentencia dictada en autos, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente al cuaderno principal, así como del original en toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada de manera provisional y definitivamente. Finalmente, téngase por recibido el oficio suscrito por la Sindica Municipal y representante del Ayuntamiento de Ayala Morelos, en atención a su contenido, se tienen por designados como delegados, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando los usuarios que propone se encuentren debidamente registrados en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Por otra parte, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 37 y 38 del citado acuerdo general, dese de baja a los usuarios registrados para la consulta del expediente electrónico con anterioridad a la fecha en que se emite el presente acuerdo, lo anterior para los efectos legales correspondientes. Finalmente, respecto de la copia que solicita, no ha lugar a remitir la misma para los efectos que refiere, pues como se mencionó en el presente acuerdo, la sentencia dictada sobreseyó el juicio de garantías ha causado ejecutoria, y por ende no existe materia sobre la cual la autoridad oficiante deba dar cumplimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 478/2020; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Rafael Fernández Mercado, reclama del Gobierno del Municipio de Ayala, Morelos, y otras autoridades, lo siguiente: ".1.- DE LAS ORDENADORAS EL CONTENIDO y APLICACIÓN DEL ARTÍCULOS 7 DEL REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL HISTÓRICO MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS, YA QUE SU APLICACIÓN SON CONTRARIOS A LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 1°, 4°, 14°, 16°, 17°, 123, APARTADO B, FRACCIÓN XI, INCISO A) DE NUESTRA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 25 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, 17.1 Y 21.1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 2.- EL ACTA DE CABILDO MUNICIPAL DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, DE LA CUAL SE DESPRENDEN DOS ACUERDOS. ACTA DE CABILDO MEDIANTE LA CUAL SE ME PRETENDE PRIVAR DE UN DERECHO CONSISTENTE EL DE SEGURIDAD SOCIAL, EL CUAL FUE ADQUIRIDO Y OTORGADO, QUE ES EL DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN QUE ME FUE OTORGADA, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 43, 57 INCISO A Y 58 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE CONCATENADO CON EL ARTÍCULO 15 DEL REGLAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AYALA, MORELOS. VIII. DE LAS EJECUTORAS LA PUBLICACIÓN REALIZADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DE FEBRERO DEL AÑO 2020, 6ª. ÉPOCA, NÚMERO 85, DEL CUAL EN SU PÁGINA 38, PUBLICITAN ACTA DE CABILDO DE FECHA NUEVE DE OCTUBRE DEL 2019, POR MEDIO DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE EL CONTENIDO EL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 2018, EN QUE SE ME CONCEDE MI ACUERDO DE PENSIÓN JUBILATORIA." SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades señaladas como responsables, fueron omisas en rendir sus respectivos informes previos respectivos, no obstante de estar notificadas de los oficios por los cuales se les requirió dichos informes, como se colige con los acuses de recibo que obran en autos, así como en el expediente electrónico correspondiente; por tal virtud, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto que de dichas autoridades se les reclama. No obstante lo anterior, con apoyo en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva. A fin de evidenciar la afirmación anterior, se estima pertinente transcribir los artículos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 125, 128, 129, 130, 131, 136 y 139 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X.- Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes." "Artículo 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda". "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." "Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes". "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional." De los artículos transcritos se advierte que en tratándose de la suspensión de los actos reclamados se deben tomar en consideración los siguientes temas: Los requisitos de procedencia de la suspensión, que en su conjunto determinarán si la medida cautelar debe concederse; Los efectos de la suspensión, que consisten en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o no hacer en cumplimiento a la medida cautelar; Las acciones o garantías que, en su caso, se requieran al quejoso para que subsistan los efectos de la suspensión; y, A su vez, los requisitos de procedencia de la suspensión deben examinarse en un orden lógico y secuencial, de modo que la ausencia de alguno de ellos impedirá seguir avanzando en el análisis de los subsecuentes, al implicar la improcedencia de la medida cautelar. De acuerdo con la regulación Constitucional y legal aplicable, los requisitos de procedencia de la suspensión que deben examinarse, son los siguientes: Petición de parte La Ley de Amparo indica en su artículo 128, que fuera de los casos en los que proceda la suspensión de oficio, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados siempre que la solicite el quejoso. En tal virtud, fuera de los casos de excepción, para que el juzgador de amparo esté en aptitud de emitir un pronunciamiento en relación con la suspensión de los actos reclamados, debe existir solicitud del quejoso en ese sentido. La existencia del acto reclamado El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal antes transcrito, prevé que los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, de lo cual se desprende como presupuesto lógico que debe existir un acto reclamado, esto es, el acto de autoridad que presuntamente vulnere los derechos humanos del quejoso. Que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal dispone que, para conceder la suspensión se deberá tomar en cuenta la naturaleza del acto reclamado, de lo que se deriva la obligación de verificar si el acto es susceptible de suspenderse. Que el quejoso resienta una afectación a su interés jurídico o interés legítimo. Conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, el quejoso debe contar con: a) interés jurídico o interés legítimo y b) resentir una afectación en cualquiera de ellos. Además, debe acreditar dicho elemento. Esto es, para efectos de la suspensión, el quejoso tendrá que acreditar, cuando menos de manera indiciaria, la afectación que le causa el acto reclamado a su interés legítimo o jurídico, pues para ese momento basta la comprobación que se obtenga a través de un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resulta agraviado con el acto reclamado, aunado a que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. El orden público e interés social y su ponderación con la apariencia del buen derecho. En el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo se señala como requisito de procedencia que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en el diverso artículo 129, se señala una serie de supuestos en los que, invariablemente, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. Por consiguiente, en los demás casos distintos a los contenidos en dicha norma, el juzgador tendrá la facultad de calificar si con la suspensión de los actos reclamados no se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público. Además de ello, conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social. Ahora bien, en el caso concreto, se estima que debe negarse la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados; de lo contrario, se estarían restituyendo derechos que la parte quejosa no tenía a la presentación de la demanda de amparo. Esto tiene sustento en el artículo 131 último párrafo de la Ley de Amparo que se citó en líneas precedentes. En efecto, la Ley de Amparo es expresa al señalar que la medida cautelar no puede modificar, restringir o constituir derechos que el quejoso no haya tenido a la presentación de la demanda. Ahora, de la lectura que se hace al escrito que forma la demanda de amparo, en particular al hecho número 3, se desprende que el Gobierno del Ayuntamiento de Ayala, Morelos, a través de acta de cabildo de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el contenido del acuerdo de fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, relativa a la solicitud de pensión de Rafael Fernández Mercado. Dicha acta fue publicada en el periódico oficial Tierra y Libertad de fecha 19 de febrero del año 2020, 6ta época, número 5785, página 38, lo que constituye una confesión expresa en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2°. En ese orden de ideas, si la demanda de amparo fue presentada el seis de marzo de dos mil veinte, es evidente que a esa fecha la parte quejosa ya no era titular del derecho que reclama, y por tanto no puede concederse la suspensión solicitada con los efectos que refiere, ya que revisten el carácter de acto consumado, contra el cual resulta improcedente conceder la providencia cautelar solicitada, en razón de que sería tanto como darle efectos restitutorios al impetrante de amparo, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio principal del que emana el presente cuaderno incidental. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." El razonamiento anterior no implica que este juzgador desconozca que la suspensión puede concederse con efectos restitutorios propios de la sentencia de amparo, sin embargo, para ello, además de la ponderación que deba realizarse de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, también es necesario que exista algún indicio de que el quejoso es titular de un derecho previo que necesita protección constitucional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional; circunstancia que, se estima, no acontece en el presente caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número PC.XVII. J/24 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo II, Pag. 1911, Décima Época, con registro 2021631, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PUEDE TENER EFECTOS RESTITUTORIOS TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE SE TRADUCEN EN OMISIONES DE LA RESPONSABLE QUE TIENEN UNA PREVISIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a la luz del indicado precepto constitucional, se advierte la posibilidad de que se dote a la suspensión provisional en el amparo, de efectos restitutorios, sin perder su naturaleza de medida cautelar, así como el deber a cargo de los juzgadores de amparo de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social; en tal virtud, la técnica jurídica para resolver sobre la suspensión de los actos que se traducen en omisiones de la responsable, que tienen una previsión específica en la ley, implica que el juicio de probabilidad en relación con la suficiencia de la verosimilitud del derecho alegado se aprecie de manera clara y evidente de acuerdo a la revisión que se haga de la legislación y la jurisprudencia nacional e internacional relacionada con el acto reclamado, incluyendo la valoración de los hechos narrados bajo protesta de decir verdad, en todo su contexto, armonizándolos con los principios de interdependencia e indivisibilidad del derecho humano trastocado y con el fin de constatar si se pone en riesgo el disfrute de diversos derechos de la persona; lo anterior no significa que mediante la suspensión provisional se puedan constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de presentar la demanda de amparo, pues sólo se justifica cuando hay apariencia suficiente de un derecho previo que necesita de protección provisional por haber sido afectado por un acto probablemente inconstitucional. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rafael Fernández Mercado respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a siete de septiembre de dos mil veintiuno Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, en virtud de que no obran los informes previos requeridos a las siguientes autoridades: ? AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICPIO DE AYALA. ? JEFE O DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS. ? RESPONSABLE DEL AREA JURIDICA DEL AYUNTAMIENTO HISTORICO DE AYALA, MORELOS. ? TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AYALA, MORELOS. A efecto de allegarse de las documentales necesarias para resolver este incidente, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto; apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación de Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Se requiere a las responsables, a efecto de que remitan su informe requerido a la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico. Además, se pone a disposición de las autoridades para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo, el teléfono celular 7773890206. En consecuencia, se difiere la audiencia incidental, fijándose para su celebración las nueve horas del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Para su mayor conocimiento, remítase copia del auto de cinco de agosto de dos mil veinte, así como copia de demanda. Finalmente y con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda y evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que entregue de manera personal los oficios que deriven del presente proveído; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia incidental señalada para el día de hoy, en virtud de que no obran los informes previos solicitados a las autoridades señaladas como responsables, así como tampoco obran los acuses de recibo de los oficios por medio de los cuales les fueron requeridos los mismos; en tal virtud se difiere la audiencia incidental fijándose nuevamente para su celebración las nueve horas con un minuto del siete de septiembre de dos mil veintiuno. Por otra parte y visto el estado de los autos, así como del expediente electrónico se advierte que no obran las constancias de notificación a las autoridades responsables de la determinación de diez de agosto de dos mil veintiuno, en tal virtud y con la finalidad de proveer lo que en derecho corresponda y evitar dilaciones procesales, se comisiona al actuario de la adscripción para que lleve a cabo la formalidad procesal encomendada en la citada determinación y/o en su caso las vincule al expediente electrónico; lo anterior, para los efectos legales conducentes.

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