Rafael Sanchez López
Expediente 513/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/04/2019
Partes del expediente
- Rafael Sanchez López
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
a) Respecto al punto I), con fundamento en el artículo 15, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA y se dejan sin efecto las providencias que se hayan dictado en el mismo. b) Por lo que hace a los puntos II) y III), con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos la razón y los informes de cuenta, únicamente para que obren como corresponda, dejándose de proveer al respecto, toda vez que esta misma data se tuvo por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de amparo.
- Principal
Vista; la demanda de amparo electrónica, presentada por Angelina Sánchez López, en representación de ***, en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Fiscal General del Estado de Chiapas. Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado. Policía Investigadora adscrita a la Fiscalía General del Estado. ACTOS RECLAMADOS a) Privación de la libertad fuera de procedimiento. b) Incomunicación. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de amparo 513/2019-II. SUSPENSIÓN DE PLANO Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 3, 6, párrafo 1, incisos a), b), sub incisos, 1), 2) y 3), 12, párrafos 1 y 2, 17, párrafo 1 y 2, inciso d); 18, párrafo 1; 20, párrafo 2, y 24, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; así como, los artículos 15, 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cesen de inmediato los actos consistentes en: la privación de la libertad fuera de procedimiento e incomunicación, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal, en relación con el artículo 15, de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD FUERA DE PROCEDIMIENTO Respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad fuera de procedimiento, si dicha restricción de la libertad proviene de autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordena que sin demora cese el ataque a su libertad, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Y, de no tener relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad. Así, las autoridades deberán respetar la medida cautelar hasta en tanto así le sea indicado por este Órgano Jurisdiccional, ello en términos del diverso 126, de la propia Ley de la materia. SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN INCOMUNICACIÓN. Asimismo, la suspensión de plano concedida respecto a la incomunicación, implica que de manera inmediata las autoridades responsables permitan que el quejoso, tenga una entrevista en privado con gente de su confianza y a quien designe como defensor particular, por lo que las autoridades responsables deberán remitir copia certificada de las constancias que acrediten que el quejoso tuvo dicha entrevista en privado, firmada por la persona que se haya entrevistado con la directa agraviada; en el entendido de que las autoridades deberán proporcionar al impetrante de amparo los medios para que se comuniquen con gente de su confianza, abogado particular y familiares, de lo cual también deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten las facilidades que se le otorgaron al quejoso para dicha comunicación. Ahora bien, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese de inmediato a las autoridades responsables para su debido cumplimiento; y para que en el término de veinticuatro horas informen por oficio a este Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales, el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de plano decretada, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". Además, se hace saber a las autoridades responsables, que queda bajo su más estricta responsabilidad velar por la seguridad y custodia del aquí quejoso. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO Ahora bien y toda vez que el promovente afirma que el quejoso Rafael Sánchez López, se encuentra detenido en la Fiscalía General del Estado, de conformidad con el numeral 15, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que se constituya a dichas instalaciones y en caso de su localización, lo requiera personalmente para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente a aquél en el que le surta efectos la legal notificación de este proveído, ratifique la demanda promovida en su favor; con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio. De igual manera, el actuario judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso, a efecto de resguardar la seguridad personal del mismo; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la autoridad responsable. Asimismo, se comisiona al actuario de la adscripción para el efecto de que en dicha diligencia obtenga los nombres y cargos de los elementos policiacos que se encuentren custodiando al referida quejoso en el lugar donde se encuentre detenido, les entregue copia certificada de la presente determinación y los aperciba de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en caso de que el actuario judicial adscrito a este Juzgado no localice al directamente quejoso en las instalaciones anteriormente citadas, se requiere al promovente así como a sus autorizados para que dentro del término de veinticuatro horas proporcionen información del domicilio donde puede ser localizado; apercibidos que de no hacerlo en el término señalado, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. APERCIBIMIENTO Además, hágase saber a las autoridades responsables, así como a los elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando al quejoso, que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades necesarias para que el actuario notifique este proveído al directo agraviado, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrá constituir el delito de "desaparición forzada" en términos de los artículos 2, 3 y 6, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y III de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 215-A, del Código Penal Federal; los cuales establecen: "Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas . PRIMERA PARTE . Artículo 2 A los efectos de la presente Convención, se entenderá por "desaparición forzada" el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Artículo 3 Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar sobre las conductas definidas en el artículo 2 que sean obra de personas o grupos de personas que actúen sin la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y para procesar a los responsables. Artículo 6 1. Los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para considerar penalmente responsable por lo menos: a) A toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma; b) Al superior que: i) Haya tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase claramente; ii) Haya ejercido su responsabilidad y control efectivos sobre las actividades con las que el delito de desaparición forzada guardaba relación; y iii) No haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir que se cometiese una desaparición forzada, o para poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento; c) El inciso b) supra se entiende sin perjuicio de las normas de derecho internacional más estrictas en materia de responsabilidad exigibles a un jefe militar o al que actúe efectivamente como jefe militar. 2. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea ésta civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar un delito de desaparición forzada. ." "Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas . Artículo I Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a: a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales; b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo; c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. Artículo II Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Artículo III Los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. Los Estados Partes podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. ." "CÓDIGO PENAL FEDERAL . CAPITULO III BIS Desaparición forzada de personas Artículo 215-A.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención. ." Por lo tanto, si las autoridades responsables o los elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando al quejoso, obstruyen, limitan, entorpecen o prohíben de cualquier manera que el actuario dé cumplimiento a este proveído, con fundamento en el artículo 222, del Código Nacional de Procedimientos Penales, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación, por la comisión del delito de "Desaparición Forzada". Aunado a lo anterior, prevéngase a las responsables; así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, de la artículo 26, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción I, en relación con el diverso 26, fracción III, ambo de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, las listas que se fijan en los estrados de este juzgado; y como autorizados en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que refiere, toda vez que no tienen registradas sus cédulas profesionales ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en lo dispuesto en la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona, para los fines solicitados, previa razón que obre en autos, con la salvedad que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincara responsabilidad, en términos de la legislación Penal Federal. Por el sentido jurídico que la orienta, tiene aplicación la tesis, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17, de la Constitución General de la República, y a fin de evitar que los juicios de amparo queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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