Rafael Sanchez García
Expediente 1466/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1466/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Rafael Sanchez García
- Junta Local de Conciliación Y Arbitraje de Torreón, Coahuila
- Ernesto Sanchez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO:Oficio. Se recibe el oficio que remite la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación de esta ciudad, mediante el cual informa que entregó a la parte quejosa, el cheque relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos correspondientes. Vista. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con las constancias que remite la autoridad responsable y para que acuda a la oficina que se indica, recoja el cheque, y lo haga efectivo, lo que debe hacer del conocimiento de este juzgado en cuanto ello suceda. Se comisiona. Ahora bien, con fundamento en el artículo 211 de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción, para que notifique el oficio de cuenta a la parte quejosa, y le manifieste que en las oficinas de la autoridad responsable fue puesto a su disposición el cheque a su nombre con motivo del cumplimiento del fallo protector, para que acuda a recogerlo con documento oficial que le identifique. Requerimiento. Requiérase a la quejosa para que en el plazo de tres días, contado a partir de que sea legalmente notificada de este proveído, informe si ya compareció a recoger el cheque en las instalaciones de la autoridad responsable. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no comparecer dentro del término que para tal efecto se le concede, o bien, no informar la imposibilidad que tenga para ello, este juzgado, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional con las constancias que obran en autos y se le tendrá por desinteresada. Se requiere cumplimiento. Por otra parte, se advierte que la responsable no ha dado cabal cumplimiento a la totalidad de los lineamientos de la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a la autoridad responsable Administradora Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, realice la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa de los artículos tildados de inconstitucionales y, remita constancia que acredite tal situación. Apercibimiento. En el entendido que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; seis de octubre de dos mil veintitrés. Inconformidad. Visto lo de cuenta, se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado consentida para todos los efectos legales. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Conservación o destrucción. Este expediente es conservable, conforme al artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Expediente electrónico. En el entendido que la secretaria de la adscripción certificó que todas las constancias y documentos del expediente físico se encuentran digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Archivo. Finalmente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.
- Principal
"..." Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a..., contra el acto que reclamó de la autoridad responsable, precisado en el resultando primero, para los efectos señalados en el último considerando de la presente ejecutoria. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Apertura del incidente. Como está ordenado en el auto de esta fecha en el juicio principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 617/2023-IIB, promovido por Claudia Salazar Juárez contra actos de la Dirección General del Registro Civil del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo y otras autoridades. Audiencia incidental. Se señalan las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Informe previo. De acuerdo con el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable el informe previo relativo, que debe rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas. Desde luego, en tal informe la responsable se concretará a expresar si es o no cierto el acto reclamado que hoy nos ocupa, así como podrá expresar las razones que considere convenientes respecto de la procedencia de la suspensión, y debe proporcionar los datos a su alcance que permitan a este tribunal establecer el monto de las garantías correspondientes. Multa. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe previo dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, acorde a lo establecido en el artículo 142 de la Ley de la materia, salvo prueba en contrario; y con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Fijación de los actos reclamados. En el caso, la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados, consistentes en que no se lleve a cabo el proceso de designación de beneficiaria del procedimiento de pensión por cesantía en edad avanzada. Suspensión. Es improcedente la suspensión en los términos solicitados. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: --- I. Que la solicite el quejoso; y --- II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. --- La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Dicho numeral establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, que la solicite el quejoso y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La parte quejosa precisó en su escrito inicial de demanda, que los actos reclamados medularmente consisten en la negativa de incorporarla como derechohabiente a las prestaciones que tiene derecho como beneficiaria de su esposo, como consecuencia de un error en el año de nacimiento que aparece en su acta. Ahora, es importante destacar que en el juicio de amparo indirecto, cuyo objeto es establecer un control inmediato de los actos que realizan las autoridades o que tratan de realizar, se plantea un problema conexo que se sustancia en un expediente por cuerda separada y es el de la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado tiene por objeto primordial mantener viva la materia de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal. En virtud de la medida cautelar, los actos que se reclaman quedan en suspenso, mientras se decide si es violatorio de la Constitución, de esta manera, la suspensión se estima como un medio más de protección que, dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los gobernados. Así, la autoridad de amparo, antes de estudiar a fondo el caso que se lleva a su consideración, así como antes de recibir alguna prueba y de saber de modo cierto si existe una violación constitucional; tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales, desde luego, en resolución provisional y en definitiva mediante un procedimiento sumario que se reduce a una audiencia en la que se oye al quejoso, a las autoridades responsables y al Ministerio Público. Conforme al precepto anteriormente reproducido, la suspensión a petición de parte, está sujeta a determinados requisitos establecidos en la ley, que son de dos clases: requisitos de procedencia y requisitos de efectividad. Los primeros, están constituidos por aquellas condiciones que se deben reunir para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos, implican aquellas exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión otorgada. La procedencia de dicha suspensión se funda en tres condiciones concurrentes que son: a) que los actos contra los cuales se haya solicitado dicha medida cautelar, sean ciertos; b) que la naturaleza de los mismos permita su paralización y, c) reuniéndose los dos extremos anteriores, se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. La suspensión opera frente a los actos que se reclamen, de tal manera que si éstos no existen, o si el quejoso no comprueba su existencia en la audiencia incidental a que se contrae el artículo 142 de la Ley de Amparo; es decir, no desvirtúa el informe previo negativo de las autoridades responsables, no existe materia sobre qué decretar la citada medida cautelar, por lo que procede negar dicha suspensión. No obstante lo anterior, aun cuando se haya demostrado la existencia de los actos de reclamo o en su caso las autoridades responsables hayan aceptado su existencia o bien se presuman ciertos, ello no es suficiente para conceder la medida suspensional sino que es menester que, conforme a su naturaleza, sean suspendibles; es decir, que no sean íntegramente negativos o no estén totalmente consumados, y reuniéndose los dos requisitos anteriores, que se cumplan las exigencias previstas en el multicitado artículo 128 de la Ley de Amparo. Conforme a la fracción I, del citado ordinal, el primer requisito consiste en que el agraviado pida la suspensión del acto reclamado; en la fracción II, se regula que con motivo de la concesión de la suspensión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Los conceptos de orden público e interés social están íntimamente relacionados; el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; el segundo, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, bien, le evite un trastorno o un mal público. Abundando, las disposiciones de orden público deben entenderse como aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad, para evitar algún trastorno o desventaja o para procurar la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio. Siendo pertinente precisar que los actos de autoridad en que la afectación del orden jurídico e interés social no se determina en una disposición, sino desde el estudio sistemático de la ley, o de la naturaleza misma del acto. Pues bien, ya que el acto reclamado en el presente incidente es de carácter omisivo, de manera que en ese tenor no es susceptible de ser suspendido a través de la presente medida cautelar, pues la parte quejosa se duele de la negativa de incorporarla como derechohabiente al seguro social y además solicita que no se lleve a cabo el proceso de designación de beneficiaria del procedimiento de pensión por cesantía en edad avanzada. Para efecto de la vía constitucional de amparo, lo que, desde luego, involucra el incidente de suspensión respectivo, el acto es omisivo o negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa a obrar en favor de la pretensión del gobernado; así, la negación se entiende pues, como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta, por lo cual es que en materia de amparo dicha negación se toma como rehusar. Entonces, los actos negativos son aquellos por los cuales la autoridad se rehúsa a acceder a la pretensión de los particulares. Desde luego, dentro de esos actos se manifiesta una conducta positiva de la autoridad, traducida en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado, que es lo que los diferencia de los actos prohibitivos, en los cuales la autoridad impone obligaciones de no hacer a los individuos y, sin duda, de los omisivos, en los que la autoridad se abstiene de actuar u omite hacerlo. En suma, esta clase de actos se manifiestan con las conductas asumidas por las autoridades respectivas, esto es, cuando niegan o rehúsan lo solicitado por el gobernado, o en el caso de que prohíben algún acto, o bien, en la hipótesis de que se abstienen de proceder frente a la petición del particular. Al efecto, cabe citar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "ACTOS NEGATIVOS. Debe entenderse por actos negativos, aquellos en que la autoridad responsable se rehúsa a hacer algo." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XCVII. Página: 83.) "ACTOS NEGATIVOS. RESOLUCIONES QUE NO LO SON. Se entiende que es negativo el acto que se impugna, cuando consiste en una mera omisión o en una simple abstención; pero no es acto negativo, sino que tiene carácter positivo, una resolución expresa, aunque en ella se deniegue lo que solicita el promovente." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXXIII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. CUANDO NO EXISTEN. Se habla de un acto propiamente negativo cuando se trata de una omisión, o sea de una mera abstención. No hay, por tanto, acto propiamente negativo, cuando la autoridad emite una resolución, aunque en la misma se niegue lo pedido por el particular." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: LXVII, Tercera Parte. Página: 9.) "ACTOS NEGATIVOS. La resolución que niega la tramitación de un recurso, desechándolo de plano por improcedente, no puede tener otro carácter que el de una resolución negativa." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CVI. Página: 1083.) La suspensión es la determinación judicial mediante la cual se ordena detener temporalmente la realización del acto, en tanto que se resuelve la cuestión constitucional propuesta; por tanto, tal decisión tiene como objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la propia autoridad, y constituye una medida precautoria que la parte quejosa solicita con el fin de que el daño o los perjuicios que pudiera causarle la ejecución del acto que reclama no se realicen. Desde luego, la suspensión es una medida precautoria de carácter meramente instrumental para preservar la materia del juicio de amparo, cuyo contenido reviste la forma de un mandato asegurador del cumplimiento y la ejecución de otra providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la propia conducta prevista, positiva o negativa, de una autoridad, para lo cual hace cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve el amparo. En tal virtud, la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, al igual que todas las medidas cautelares, produce efectos provisionales, porque está encaminada a dar al juicio principal las condiciones necesarias para el pronunciamiento de una sentencia justa, congruente y eficaz, a su tiempo. Por lo anterior, no hay duda de que por su naturaleza jurídica, la suspensión en el juicio de amparo no es más que una medida cautelar, con efectos provisionales, que tiende exclusivamente a mantener viva la materia del juicio de amparo mientras se resuelve en definitiva, por lo cual, desde luego, esta providencia no es el medio jurídico idóneo para restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, básicamente, en razón de que esto es propio de la sentencia de fondo. Al respecto, son de invocarse las tesis sustentadas por la Primera Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardan al decretarla y no en invalidar lo actuado hasta ese momento, pues esto sería darle a la suspensión señalada efectos restitutorios, lo que es materia exclusiva de la sentencia de fondo en el juicio de amparo, cuando se concede la protección constitucional." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 11, Segunda Parte. Página: 45.) "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Sus efectos consisten en mantener las cosas en el estado que guardan, en el momento en que se decreta, y no en el de restituirlas al que tenían antes de la violación que se reclama, pues esto es efecto de la sentencia que concede el amparo, en cuanto al fondo." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: V. Página: 138.) Por tanto, en atención a la naturaleza propia del acto aquí reclamado, de índole omisivo, en el caso resulta improcedente otorgar la suspensión, dado que de lo contrario podría implicar restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos violados con el acto de autoridad, lo que es propio de la sentencia de fondo; así como porque al no requerir dichos actos de ejecución material alguna, por ende, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada. Sobre el particular, cabe invocar las tesis sustentadas por nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los que siguen: "ACTOS NEGATIVOS, SUSPENSIÓN CONTRA LOS. No hay disposición alguna en la Ley de Amparo que establezca la improcedencia de la suspensión cuando el acto reclamado tenga el carácter de negativo; los efectos de la suspensión son precisamente mantener las cosas en el estado en que se encontraban al dictarse la resolución en el incidente de suspensión en el amparo, y si esos efectos, no son restitutorios, procede que se conceda la suspensión, ya que según la jurisprudencia de la Corte referente a actos negativos; se niega la suspensión porque tiene efectos restitutorios, característicos y exclusivos de la sentencia de amparo." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: C. Página: 80.) "ACTOS NEGATIVOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LOS. Si conforme a la doctrina que rige en materia de suspensión, ésta no puede jamás producir el efecto propio de la sentencia de amparo, que es el de hacer que las cosas se restituyan al estado que guardaban con anterioridad al acto que se reputa violatorio de garantías, una vez demostrado que la naturaleza del mismo es negativa y que tiene el carácter de consumado, no cabe alegar que se surtan los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo ni que esta Suprema Corte haya establecido la procedencia de la suspensión para cuando la autoridad responsable no exprese la ley que estuviere aplicando en el acto reclamado, toda vez que por encima de ella, está la finalidad legal que debe regir a toda suspensión." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXXVI. Página: 2678.) "ACTOS NEGATIVOS. Si el tribunal responsable se niega a revocar la resolución anterior que a su vez negó la concesión de un término de prueba, dicha resolución es de índole netamente negativa y como tal, contra ella no cabe la suspensión." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: CV. Página: 2748.) Asimismo, la tesis XXI.2o.11 K, Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 214, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta V, Abril de 1997, de registro 199059, cuyo rubro y contenido literalmente dice: "ACTOS DE OMISIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA EN CONTRA DE LOS. Si del análisis que de los actos reclamados hace el Juez de Distrito, advierte que se hacen consistir en una abstención u omisión por parte de las autoridades responsables en la realización de dichos actos, debe considerarse que la suspensión provisional solicitada al respecto es improcedente, en virtud de que de acuerdo con su naturaleza, no requieren de ejecución material alguna; por tanto, no pueden ser materia de la medida cautelar solicitada." Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente incidente de suspensión. Notifíquese.
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