Rafael Salvador Reyes Contreras

Expediente 1396/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1396/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Rafael Salvador Reyes Contreras
  • Secretario Ejecutor adscrito al Juzgado de lo Mercantil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó el juicio de amparo.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Aviso.- Se notifica por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, al quejoso, el acuerdo autorizado el cuatro de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual, Vista la comparecencia de cuenta, mediante la cual el quejoso Rafael Salvador Reyes Contreras reconoce la firma que calza en el escrito aclaratorio con número de orden 20035; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. II. Cumple prevención. En consecuencia, se tiene por cumplida la prevención realizada en acuerdo de once de diciembre de dos mil dieciocho, debido que manifestó bajo protesta de decir verdad que no compareció al juicio de génesis, desconoce la etapa exacta en el que se encuentra el expediente natural, desconoce la cantidad que se le reclama, a su vez, señala aduce que no desea señalar como autoridad responsable a la Comisaría de Fuerzas de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del examen de la demanda de garantías y del escrito de cuenta, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional" Ahora, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia, ha establecido que cuando la persona no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, produce el desconocimiento total del juicio, por lo que se le equipara a una persona extraña a juicio. Como tercero extraño se entiende aquella persona que no figura como parte formal y material en una controversia, pero resiente una afectación en su esfera jurídica con los actos que en dicha controversia se emiten por la autoridad que conoce y resuelve (tercero extraño en estricto sentido); además, también se le equipara a quien habiendo figurado como parte formal y material en juicio, no fue llamado o se le llamó de manera incorrecta (tercero extraño por equiparación). Respecto de este último, es decir, tercero extraño por equiparación, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que carece de ese carácter quien tuvo conocimiento del procedimiento natural seguido en su contra, antes de la emisión de la sentencia definitiva. En ese orden, del Boletín Judicial del Estado de Jalisco consultable en http://177.244.48.20/boletin.php?valor=3&paso=3&juzgado=M06&exp=3435/2018&tipo=., respecto del juicio mercantil ejecutivo 3435/2018 del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, se advierte que el aludido procedimiento se encuentra en trámite, puesto que la única publicación es del veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en el que se admitió la demanda promovida. De ahí que resulte óbice que en el juicio natural no se ha dictado sentencia definitiva; por ende, no pueda considerarse al promovente como tercero extraño por equiparación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" i. Desechamiento por definitividad. Bajo ese contexto, se considera que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que establece: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Como se puede observar el dispositivo en consulta regula uno de los principios rectores del juicio de amparo, a saber, el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De ahí que se reconozca como naturaleza jurídica del juicio constitucional, el que sea un medio extraordinario de defensa, de manera que previamente a la interposición del juicio de garantías, la quejosa deba agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige, salvo casos de excepción marcados por la ley. En ese sentido, los artículos 1334, 1335 y 1339 del Código de Comercio, señalan lo siguiente: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." "Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. "Art. 1,339. Son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $633,075.88 por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, debiendo actualizarse dicha cantidad anualmente ...." "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $633,075.88 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339" De los preceptos transcritos, se conoce que las sentencias, resoluciones interlocutorias y autos que se emitan dentro de un procedimiento de cuantía inferior, no son susceptibles de apelación. No obstante lo anterior, la indicada legislación mercantil establece un medio de defensa ordinario para la impugnación de los autos emitidos dentro de dicho procedimiento, que no sean susceptibles de ser apelados, es decir, el recurso de revocación. En el caso concreto, el promovente reclama la orden de embargo emitida en el auto admisorio en el juicio ejecutivo mercantil 3435/2018, del índice del Juzgado Sexto en Materia Mercantil del Primer Partido Judicial de esta entidad federativa, esto es, en el que la responsable dictó auto de exequendo, así como su ejecución. Asimismo, que el juicio de origen es de cuantía menor, dado que de lo manifestado por el accionante de amparo en el escrito aclaratorio se desprende que la cantidad que se reclama es por $200,000.00 (doscientos mil pesos moneda nacional), --al haberle firmado un documento a la parte actora, aquí tercera interesada, por esa cantidad--, lo cual constituye una confesión expresa con valor probatorio pleno en su contra de acuerdo con los artículo 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable al caso la tesis siguiente: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Por ende, contra del proveído que constituye el acto reclamado materia de estudio en el juicio de amparo en que se actúa, no procede apelación, tampoco es un auto irrecurrible, ni se trata de un decreto de mero trámite. Por tanto, se estima que en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 1334 citado en párrafos que anteceden, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)" Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio respecto del auto de exequendo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho --data que se advierte de la impresión del Boletín Judicial--. En este orden, al no haber agotado el quejoso el recurso de revocación contra del auto de exequendo de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, por ser notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado, ya que constriñe a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior los siguientes criterios: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo" "DEMANDA DE GARANTIAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo." "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Así como la jurisprudencia de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO." IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. i. Rafael Salvador Reyes Contreras, por propio derecho. a. Domicilio y autorizados. La designación del domicilio para recibir notificaciones y autorizados para tales efectos fueron acordados el once de diciembre pasado, en la inteligencia que se tuvieron en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, a Héctor Ariel Moreno Romero al sí contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos del arábigo 24 de la propia norma, esto es para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a las diversas personas que indicó, por así haberlo solicitarlo.

  4. Principal

    Quejoso aclara su nombre.Téngase por recibo el escrito que signa el quejoso ****, atento a su contenido, se le tiene aclarando que por erros en escrito aclaratorio registrado con número de orden 20035, asentó como su nombre ****, siendo lo correcto: ***. De lo anterior, se toma nota para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que subsiste el requerimiento contenido en auto de veinticuatro de diciembre del año en curso, esto es, que comparezca a reconocer la firma que calza el citado escrito de desahogo.

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