Rafael Salvador Garduño Ocon
Expediente 579/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 579/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rafael Salvador Garduño Ocon
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Juez Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciado el exhorto número 118/2023-I de su índice, remitido a fin de notificar el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, al quejoso *****, por las razones que expone. Atento al contenido del exhorto devuelto, se tiene por legalmente notificado al citado quejoso del referido auto. Sin que sea el caso acusar recibo, toda vez que éste se genera automáticamente al momento del envío electrónico del propio exhorto y anexos, el cual produce efectos de certeza, en cuanto a su recepción. Notifíquese; por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ********************. V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueve ******, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, con residencia en Ecatepec de Morelos, Estado de México; que lo hace consistir en: Acto reclamado El auto de veinte de abril de dos mil veintitrés, emitido en los autos del expediente J.5/544/2013, por el que, la junta responsable, no tuvo por justificada la inasistencia de la parte quejosa en la audiencia confesional ofrecida por la parte demandada en el citado juicio. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 579/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Improcedencia del juicio de amparo No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Respecto de esta causal de improcedencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013), estableció que los actos de imposible reparación son aquellos que impiden el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, además de que el derecho que se considera afectado materialmente, debía revertir la categoría de derecho sustantivo, tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como lo son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros. En la especie, el acto reclamado deriva en torno a pruebas, en contra del cual, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente porque se refiere a cuestiones que tienen su origen en las pruebas ofrecidas por las partes. Tal precepto contempla la procedencia del amparo en la vía indirecta en contra de actos dentro de procedimiento judicial cuyos efectos sean de imposible reparación (en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo); esto es, en contra de aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Como se observa, el legislador secundario proporciona seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dentro del procedimiento judicial, porque legalmente define que para que los actos sean calificados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Respecto a la definición legal en comento, es importante señalar que en ejecutoria de veintidós de mayo de dos mil catorce que resuelve la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explica que la afectación material a derechos sustantivos, implica que las consecuencias de los actos deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Asimismo, el Máximo Tribunal apunta que tal interpretación de la, fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, la deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto en contra de actos de imposible reparación dictados en el proceso: la primera, refiere, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, expone, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De esa manera, a partir del principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, cuando sean imposibles de reparar, es decir, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado, protegidos por la Carta Magna y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por ende, contrario sensu, inexiste ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación a los derechos sustantivos del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual no hay irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. En dichas circunstancias, si el acto reclamado tiene su origen en las pruebas aportadas por las partes, es evidente que se trata de cuestiones de trámite que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos de la parte quejosa. Por lo que, en su caso, la eventual violación deberá reclamarse una vez que se dicte el laudo que ponga fin al procedimiento de origen, siempre y cuando el mismo haya sido adversa a los intereses de la parte quejosa. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el juicio de origen, sin mayores dilaciones y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimen se hubieran cometido. En consecuencia, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que el auto reclamado, no transgrede de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso, lo que se advierte de manera evidente de lo expresado en la propia demanda de amparo. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, toda vez que el quejoso señala un domicilio para oír y recibir citas y notificaciones ubicado fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, se ordena que las notificaciones personales, se hagan por lista que se fijan en los estrados de este juzgado en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Sin embargo, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso j) de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de manera personal del presente acuerdo en el domicilio ubicado en: Calle Chalcas, número treinta y seis-A, Colonia Nueva Tezozomoc, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Por tanto, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de la Justicia Federal, comisione al Actuario de su adscripción y notifique a la parte solicitante de amparo, el presente proveído, en el domicilio antes señalado. Asimismo, le requiera en el momento de la diligencia respectiva, para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 305, 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de listas que se fijen en los estrados de este juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo Juicio en Línea. En términos de lo que establece el artículo 263, tercer párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se exhorta a las partes para que hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea". Autorizados para oír y recibir notificaciones. En cuanto a las personas que menciona, se tienen por autorizadas en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo a las que en la fecha del dictado del presente acuerdo tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de distrito, atento a lo dispuesto en el titulo décimo del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis; y en caso contrario, para el sólo efecto de oír notificaciones e imponerse de los autos, así como a las restantes personas, atento a lo que prevé el segundo párrafo del precepto legal antes citado. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios y habilitación de días y horas inhábiles. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluso el emplazamiento de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa (por medio de exhorto).
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