Rafael Salinas Téllez
Expediente 1368/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rafael Salinas Téllez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; diez de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación de cuenta, y como ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se haya recurrido el auto a través del cual se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y el registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse desechado la demanda que le dio origen....M-V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de septiembre de dos mil veintidós. CUMPLIMIENTO PREVENCIÓN. Se tiene al quejoso ... dando cumplimiento a la prevención formulada en el presente sumario. En ese sentido, se acuerda: DESECHAMIENTO. De un análisis general de la demanda se advierte la actualización de dos causas de improcedencia manifiesta e indudable; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda que se provee. En efecto, el precepto citado es del tenor siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De lo transcrito se advierte la obligación del juez de distrito de realizar un examen integral de la demanda de amparo, con la finalidad de determinar si el juicio de derechos fundamentales es procedente, pues de lo contrario dicha demanda debe ser desechada, ya que la acción constitucional sólo está reservada para aquellos casos previstos en el numeral 107 de la Ley de Amparo. Además, debe tenerse en cuenta que el diverso 62 del cuerpo de leyes en cita impone la obligación al juzgador de amparo de analizar oficiosamente las causas de improcedencia que advierta, pues estas son de orden público y por ello su estudio es imperativo. No obstante, es necesario aclarar que el desechamiento de la demanda de garantías se encuentra condicionado a que la actualización de la o las causales de improcedencia sea manifiesta e indudable, es decir, que debe ser clara, evidente por sí misma, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; tal como lo consideró el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en la jurisprudencia número XVII.2o. J/11, emitida por publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 648, Novena Época, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, previo a analizar las causales de improcedencia que motivan el presente desechamiento, conviene aclarar que la parte quejosa reclama del Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, lo siguiente: a) La sentencia interlocutoria de doce de julio de dos mil veintidós. b) El acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós. Ambos actos emitidos en el expediente 410/2017, de su índice. Por cuanto hace al acto que la parte quejosa hace consistir en la sentencia interlocutoria de doce de julio de este año, se individualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. .. A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos antes transcritos se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución reclamada. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. Por tanto, existen tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí. La primera presupone la existencia de una actuación procedimental (jurisdiccional o administrativa) efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable (distinto a la notificación), de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que éste último tuvo conocimiento en determinada fecha de los actos reclamados. Por su parte, en la tercera forma, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente al en que se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución, implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que, puede estimarse, entraña una confesión expresa por parte del afectado porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda le perjudica. En el entendido que, de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se reputará consentido el acto de que se trate. Sin embargo, existen diversas hipótesis de excepción, las cuales se encuentran contenidas en las cuatro fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en esos casos el término será de treinta días, ocho años o siete años, incluso en cualquier tiempo. De manera que, cuando el acto reclamado consista en una norma general autoaplicativa o en un proceso de extradición, la parte quejosa cuenta con treinta días para acudir a la tutela constitucional. En cambio, en materia penal, las únicas excepciones al plazo de quince días, se actualizan cuando se trate de una sentencia definitiva condenatoria, en cuyo caso el amparo podrá promoverse dentro del plazo de ocho años; y, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas, alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, el amparo podrá promoverse en cualquier tiempo. Por último, en los supuestos específicos de la materia agraria, el plazo será de siete años. En ese contexto, atendiendo al sentido de la norma legal invocada, es claro que las oportunidades legales para la incoación del juicio de amparo, son las establecidas de manera específica por el legislador federal, por lo que en atención al principio lógico supremo de tercero excluido, si algún acto de autoridad no se encuentra específicamente previsto en cualquiera de las porciones normativas que integran el artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para acudir a la tutela constitucional siempre será el genérico de quince días. Ahora bien, el acto que se impugna en esta instancia constitucional consiste en la sentencia interlocutoria de doce de julio de este año emitida por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, dentro del expediente 410/2017 en la que se liquidaron los intereses a que fueron condenado; la cual fue notificada el uno de agosto del presente año. Lo anterior es así, ya que se desprende de los antecedentes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesta la parte promovente, los cuales merecen valor demostrativo pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la interlocutoria reclamada le fue notificada el uno de agosto de este año. Así, tenemos que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que los plazos para la presentación de la demanda de amparo se computaran a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto. En el caso que nos ocupa la ley que regula el acto reclamado es el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo. El artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, establece que las notificaciones o el emplazamiento surten efectos al día siguiente a aquel en que se hubiere hecho. Por consiguiente, los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación o emplazamiento. Como ya se dijo que en el asunto que nos ocupa la notificación del acto reclamado a la parte quejosa fue realizada el uno de agosto pasado, surtiendo sus efectos el dos de agosto siguiente. Por tanto, si la notificación del acto reclamado surtió sus efectos el dos de agosto del año en curso y el término genérico de quince días para la presentación de la demanda empezó a correr a partir del tres de agosto siguiente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo y el artículo 127 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, el cual, feneció el día veintitrés de agosto del mismo año; sin embargo, la demanda de amparo que se provee fue presentada hasta el uno de septiembre posterior, vía buzón judicial. Bajo ese panorama, la extemporaneidad de la demanda de amparo radica en que ésta fue ingresada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, hasta el uno de septiembre de dos mil veintidós, fecha en la que ya había transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, que como ya se dijo, feneció el veintitrés de agosto de este año. Luego, al no haberse presentado la demanda de amparo con la debida oportunidad, el acto reclamado debe considerarse consentido tácitamente y contra actos de esa naturaleza es improcedente el juicio de amparo, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados antes mencionados, al no haberse combatido oportunamente. Lo anterior es así, pues como ya se expuso, el acto reclamado debe de ceñirse a la regla genérica de promoción del juicio de amparo, es decir, al plazo de quince días, ya que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en las fracciones del numeral 17 de la referida ley. Por otra parte, respecto al acto reclamado que se hizo consistir en el auto de cinco de agosto del presente año, a través del cual, no se admitió a trámite el recurso de apelación que hicieron valer en el expediente de origen, conviene mencionar que, la causal de improcedencia que en la especie se actualiza es la prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] De la norma legal transcrita se obtiene que, el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos de tribunales jurisdiccionales emitidos dentro de juicio, fuera de él o después de concluido, siempre y cuando el quejoso haya observado el principio de definitividad; es decir, que haya agotado previamente todos los recursos o medios de defensa previstos en las leyes que rigen al acto reclamado y que tengan por objeto su revocación, modificación o nulificación. No obstante, esa obligación no es exigible cuando se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento y el quejoso es persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando no haya tenido la oportunidad de hacer valer los recursos o medios de defensa que la ley secundaria pone a su alcance para lograr su intervención en el procedimiento, por haberse dictado la resolución definitiva, pues en caso contrario, se entiende que el afectado se encuentra en posibilidad de acudir ante la potestad común a solicitar la nulidad del emplazamiento que considera irregular. Ahora bien, en la especie, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional, con la finalidad de impugnar el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que no dio trámite al recurso de apelación que interpuso contra la resolución interlocutoria de doce de julio último, en que la se realizó la liquidación de intereses, en el expediente 410/2017, del índice de la autoridad responsable. Cabe señalar que la parte peticionaria del amparo es parte en sentido material dentro del procedimiento, ya que es la demandada. En consecuencia, es inconcuso que la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios de defensa que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, le ofrece para defender sus intereses, pues si ha comparecido a juicio es claro que está en posibilidad de intentarlos, porque no debe soslayarse que el juicio de amparo, como medio de defensa metaprocesal, únicamente procederá como último remedio de las violaciones cometidas en contra de alguna persona que figure como parte dentro de un procedimiento; es decir, cuando ya no exista ningún recurso ordinario que brinde la posibilidad de reparar el agravio. En ese tenor, se estima que, si de lo que se duele la parte solicitante del amparo es de que el juez responsable no dio trámite al recurso de apelación que hizo valer en contra la resolución de liquidación de intereses de doce de julio pasado, entonces, antes de acudir a la tutela constitucional a impugnar dicho acto de autoridad, debió agotar el recurso de revocación que prevé el artículo 672 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Hidalgo, que establece: Artículo 672.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De acuerdo a lo anterior, en contra del auto que desecha el recurso de apelación, procede la revocación, medio de impugnación que no fue agotado por los peticionarios de amparo antes de acudir al juicio de derechos fundamentales; ello a pesar de ser parte dentro del procedimiento, lo que le permite tener acceso a los medios de defensa ordinarios previstos por la ley. En efecto, conforme a los artículos 8, punto 1, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos adoptada en San José de Costa Rica, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Asimismo, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. En este sentido, conforme al principio de progresividad de los derechos humanos, ya no puede considerarse que la existencia de un recurso en la ley, constituya sólo una posibilidad, pues el derecho humano a la impugnación evidencia que es una realidad que todas las personas tienen a su alcance los recursos y medios de defensa que las leyes secundarias establecen a su favor. Además, dicho recurso es idóneo, como así lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 138, Novena Época, aplicada al asunto que no ocupa por analogía, misma que a la letra dice: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS., en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema cerrado de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Asimismo, se invoca por analogía la tesis aislada II.1o.9 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2366, Décima Época, de rubro y texto siguientes: APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS., publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.)., la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión. En conclusión, al contener la ley que rige el acto reclamado un medio de impugnación que puede subsanar las irregularidades que se asegura fueron cometidas por la autoridad responsable, el mismo debió ser ejercido por la parte peticionaria del amparo, en acatamiento al principio de definitividad, y si no lo hizo así, su omisión genera la improcedencia del presente juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que no es optativo para el gobernado cumplir o no con dicho principio, máxime que como se analizó, no se está en presencia de las hipótesis de excepción que contempla dicho numeral. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Supuestos que, en el caso, no se actualizan. Apoya esta determinación, la jurisprudencia I.6o.C.J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 902, del Tomo XV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No pasa inadvertido para la suscrita que la quejosa señala que el acto reclamado viola los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, también es cierto que en el caso, el acto reclamado se funda en normas secundarias, lo que implica que para el análisis de la cuestión planteada se requiere realizar un estudio sobre legalidad y no de constitucionalidad de manera exclusiva; de ahí que la peticionaria de amparo debió agotar, previamente a la promoción de la presente demanda de amparo, el medio ordinario de defensa previsto en la legislación antes mencionada, ya que, de otro modo, bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 675 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, que dice: RECURSOS ORDINARIOS. CUANDO DEBEN AGOTARSE AUNQUE SE RECLAME LA VIOLACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL. No hace procedente el juicio de garantías el hecho de que la quejosa en su demanda invoque, entre otros, el concepto de violación de carácter formal relativo a la carencia de fundamento y motivación de los actos reclamados, porque aun cuando es indiscutible que la violación directa de un precepto constitucional motiva el juicio de amparo por ser la vía constitucionalmente idónea para reclamarla, ello ocurre cuando se reclama exclusivamente esa violación, pero no cuando en los conceptos de violación se reclaman también infracciones a las leyes ordinarias, porque entonces la materia litigiosa se contrae a una cuestión de legalidad y por tal razón debe acudirse al medio ordinario de defensa, ya que de otro modo bastaría involucrar en la demanda de amparo la violación de un precepto constitucional para eludir el agotamiento de los recursos ordinarios, desvirtuándose así el requisito de definitividad que debe tener el acto reclamado en el juicio constitucional. En consecuencia, al quedar acreditadas de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XIV y XVIII, ambas del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo presentada ......M-V
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,652 expedientes
- Rafael Remedios López133/2023
- Rafael Reyes Martínez1062/2017
- Rafael Reyes Velazco1516/2019
- Rafael Rivera Cortés988/2016
- Rafael Rodríguez Huerta93/2021
- Rafael Romero López1309/2022
- Rafael Sánchez Granados112/2023
- Rafael Sánchez Granados574/2023
- Rafael Sánchez Granados28/2019
- Rafael Sánchez Granados1787/2022
- Rafael Sánchez Granados391/2023
- Rafael Sánchez Hernández639/2022