Rafael Salazar Moreno
Expediente 808/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 808/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rafael Salazar Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede de la que se desprende, que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de trece de marzo de dos mil diecinueve (fojas 119 y 120), por lo que el término feneció el veintidós de marzo de dos mil diecinueve. En dicho proveído, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto al oficio que remitió el Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California (fojas 113 y 114) y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad (foja 108), al que anexó el primero de los mencionados copia certificada del proveído de ocho de los presentes, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 72/2015, y éste último anexó constancia de inscripción de la partida 5860665. Por consiguiente, una vez transcurrido el término concedido, se procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En apoyo, de lo expresado se cita, la tesis 2ª XXXVIII/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en página trescientos quince del Tomo IX, de la Novena Época, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de marzo del mil novecientos noventa y nueve, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". -Efectos de la Sentencia- Al respecto, debe decirse que con fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia constitucional en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a favor del quejoso Rafael Salazar Moreno, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en esta ciudad, realizaran lo siguiente (fojas 63 a 80): ? La Juez responsable deje sin efecto todo lo actuado en el expediente de origen 72/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, únicamente en lo atinente al aquí quejoso, a partir de su ilegal emplazamiento. ? En el entendido de que, en caso de que la parte actora inste el proceso de mérito, la responsable ordene el emplazamiento a juicio del demandado, aquí quejoso, en los términos que prevé la ley de la materia, subsanando las irregularidades destacadas en la presente sentencia constitucional. ? Que el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, residente en esta ciudad, deje insubsistente el registro de la partida 5756507, de cinco de mayo de dos mil dieciséis, sección civil, respecto del inmueble identificado como lote 19, manzana 3, del fraccionamiento Las Palmas de esta ciudad, bajo el folio real 66761. Sentencia que causó ejecutoria en proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el que se requirió a las autoridades responsables por el cumplimiento (fojas 97 a 99). -Análisis de los actos en cumplimiento a la sentencia- A efecto de cumplir con la sentencia, el Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California, adjuntó copia certificada el proveído de ocho de los presentes, dictado dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria 72/2015, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado, a partir del auto de radicación de las referidas diligencias de veintiocho de enero de dos mil quince, incluyendo la resolución en la que se determinó la procedencia de las mismas, hasta la última actuación, relativa a la adjudicación del inmueble propiedad del gestor del amparo (fojas 113 y 114). Por su parte, el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, informó a este juzgado que el seis de marzo del presente año, llevó a cabo la cancelación de la partida 5756507, acto que quedó registrado bajo partida 5860665, misma que exhibió para constancia, según se advierte a fojas 110 y 111). Documentales a las cuales de conformidad con lo que señala el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el numeral 2 de la propia legislación, tienen pleno valor probatorio. En consecuencia, de las referidas constancias se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo concedida en el presente asunto y con ello, se dio cumplimiento además, a lo que establece el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Por tanto, es evidente que con ello se colman los lineamientos de la sentencia en la que se concedió la protección constitucional, motivo por el cual debe concluirse que el fallo protector ha quedado cumplido. Dado lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en acatamiento al segundo párrafo del artículo decimoprimero del Acuerdo General, Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiséis de octubre de dos mil nueve, se hace constar que el presente juicio no tiene relevancia documental, por no actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del artículo vigésimo primero del citado acuerdo; por tanto, se hace la acotación de que es susceptible de depuración, a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinticuatro, en virtud de haberse concedido a la quejosa la protección constitucional, en términos de la fracción IV del precepto aludido. De conformidad con la fracción III, segundo párrafo, del punto y acuerdo señalado, deberá conservarse el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión de amparo, al haberse otorgado la medida cautelar de manera provisional y definitiva. Así también, en cumplimiento al punto vigésimo, fracción III, del multireferido acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión se deberá desincorporar y destruir una vez que transcurran más de seis meses a partir de que se dictó la resolución interlocutoria respectiva. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa del presente proveído para los efectos del precepto 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el oficio y anexos de cuenta, enviados por la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California, con el que da cumplimiento a requerimiento que le fue realizado en proveído de cuatro de los presentes (fojas 97 a 99), e informa que dejó insubsistente todo lo actuado en el expediente 72/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntarias; y al efecto exhibe copia certificada de las constancias relativas. Con lo anterior, y con el contenido del oficio enviado por la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, en el que informó que el seis de los presentes llevó a cabo la cancelación de la partida 5756507, acto que quedó registrado bajo partida 5860665 (fojas 108 a 112), dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Se cita al respecto, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, marzo de dos mil, Novena Época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia".
- Principal
Agréguense a los para que obren como legalmente correspondan el oficio y anexo de cuenta, que remite la autoridad responsable Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que dio cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, ya que el seis de los presentes llevó a cabo la cancelación de la partida 5756507, acto que quedó registrado bajo partida 5860665, al que exhibe la constancia relativa. Sin que sea el caso requerir sobre el cumplimiento, hasta en tanto transcurra el término concedido al Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California, mediante proveído de cuatro de los presentes.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de trece de febrero de dos mil diecinueve (fojas 63 a 80), con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley mencionada en primer término, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a ******, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Toda vez que en la especie, los efectos del amparo son para que se sigan las siguientes directrices: ? La Juez responsable deje sin efecto todo lo actuado en el expediente de origen 72/2015, relativo a las diligencias de jurisdicción voluntaria, únicamente en lo atinente al aquí quejoso, a partir de su ilegal emplazamiento. ? En el entendido de que, en caso de que la parte actora inste el proceso de mérito, la responsable ordene el emplazamiento a juicio del demandado, aquí quejoso, en los términos que prevé la ley de la materia, subsanando las irregularidades destacadas en la presente sentencia constitucional. ? Que el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio, residente en esta ciudad, deje insubsistente el registro de la partida 5756507, de cinco de mayo de dos mil dieciséis, sección civil, respecto del inmueble identificado como lote 19, manzana 3, del fraccionamiento Las Palmas de esta ciudad, bajo el folio real 66761. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables Juez Quinto de lo Civil, con residencia en Tijuana, Baja California y Registrador Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio, remitiendo a este Juzgado las constancias correspondientes. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo otorgado, se impondrá a las autoridades omisas multa de cien veces el valor por unidad equivalente a $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional) dando un total de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos del Decreto por el que se expide la Ley para determinar el valor de la Unidad y Medida y Actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, así como la actualización de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 de la mencionada ley, en caso de incumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, haciéndoles saber que el incumplimiento al fallo actualiza el delito previsto en el numeral 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que está sancionado con pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, y en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Aunado a lo anterior, se remitirá el presente asunto al Tribunal Colegiado en turno, a fin de que resuelva el trámite del incidente de inejecución de sentencia, mismo que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los dispositivos 192 y 193 de la Ley en comento, que medularmente establecen: "Articulo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas." [.] "En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación". [.] "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual no será notificado a la autoridad responsable, y en su caso a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo.". Asimismo, se les informa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable pero se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal correspondiente según lo establece el artículo 195 de la Ley de Amparo.
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