Rafael Salazar Barraza

Expediente 675/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
675/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
26/09/2019

Partes del expediente

  • Comision de Honor y Justicia
  • Rafael Salazar Barraza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha el promovente no interpuso recurso de queja en contra del auto de diez de septiembre del año en curso, dictado dentro del presente juicio, en el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo interpuesta; atento a lo anterior, se declara que queda firme dicho auto.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el auto de diez de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase recibido el escrito presentado por el quejoso Rafael Salazar Barraza, mediante el cual en cumplimiento a la prevención de veintidós de agosto del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el acto de aplicación, respecto de las normas que tilda de inconstitucionales, el acuerdo de inicio del procedimiento de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, que le fue notificado el nueve de abril del citado año. Desechamiento Del análisis de la demanda en comento, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la misma, toda vez que este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia. En el caso, de la lectura íntegra al escrito de demanda y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: A) LA INMINENTE SEPARACIÓN DE MI CARGO, COMO ELEMENTO ACTIVO EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, misma que ejerzo y que como consecuencia de la inminente Determinación por parte de la Comisión de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Mexicali, se me pretende separar, la cual se funda precisamente en los numerales que el suscrito invoque como inconstitucionales, y que son los Artículos 192, fracción VI, XI, XII, y 264 fracción II y IX del Reglamento del Servicio Profesional de Carreta Policial de Mexicali Baja California, y digo lo anterior, toda vez TUVE CONOCIMIENTO EN FECHA 30 DE JULIO DEL 2019, tal y como lo precisare en los antecedentes correspondientes. B) La Inconstitucionalidad de los artículos 192, Fracciones VI, XI, XII, 264, Fracción II y IX, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali Baja California, en su primer acto de aplicación, la violación a Derechos Humanos, la Garantía de imparcialidad, Audiencia, Defensa, Seguridad Jurídica. Y la violación del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CHJ/PSC/12/2018. C) La Violación al Artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, por parte del CENTRO DE EVALUACION y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, al no encontrarse debidamente facultado y Acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, para emitir un resultado del proceso de evaluación No aprobado del suscrito quejoso. Es decir, la parte promovente señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional la inconstitucionalidad de los artículos 192, fracción VI, XI, XII, y 264 fracción II y IX del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación en nueve de abril de dos mil dieciocho, cuando fue notificado el acuerdo de inicio de procedimiento de cargo de veintisiete de marzo del año referido. Establecido lo anterior, el suscrito estima que respecto al citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". El precepto transcrito establece como causa de improcedencia el consentimiento tácito de los actos reclamados, al no promover el juicio de amparo en los plazos previstos; sobre el tema, los artículos 17, 18 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso." Los preceptos transcritos, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio -autoaplicativa-, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida -heteroaplicativa-. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en jurisprudencia que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal; pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor ordene a las personas un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución; ocasionándoles, por tanto, un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho o, en su caso, una obligación; sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la ley citada. En esas condiciones, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), que proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. La existencia de estos dos plazos para combatir la norma no significa que simultáneamente puedan coexistir, pues tal circunstancia provocaría inseguridad jurídica, por ello, si la parte quejosa impugna la ley a partir de su entrada en vigor, el plazo será el de treinta días, pero de existir un acto de aplicación, el plazo será de quince días. Ahora bien, en la especie el aquí quejoso reclama la inconstitucionalidad de los artículos 192, fracción VI, XI, XII, y 264, fracción II y IX del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali Baja California, con motivo de su primer acto de aplicación y bajo protesta de decir verdad refiere haber tenido conocimiento del mismo el nueve de abril de dos mil dieciocho, como se advierte de la transcripción siguiente: "A) 1.- En este acto me permito aclarar concretamente que en lo que hace la Inconstitucionalidad de los artículos 192, Fracciones VI, XI, XII, 264, Fracción 11y IX, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali Baja California, respecto a la violación a Derechos Humanos, la Garantía de imparcialidad, Audiencia, Defensa, Seguridad Jurídica, y la violación del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con el expediente administrativo CHJ/PSC/12/2018, Su primer acto de aplicación, lo fue en fecha NUEVE DE ABRIL DEL 2018 se me cito en las instalaciones que ocupa la Dirección de Seguridad Pública Municipal cito en Calzada Héctor Terán y Anáhuac de esta Ciudad y se le notifico el Acuerdo de Inicio del procedimiento de fecha 27 de marzo del 2018.." Como se aprecia, el aquí quejoso manifestó es su escrito de cumplimiento de prevención haber tenido conocimiento del acto de aplicación el nueve de abril de dos mil dieciocho, ya que se le citó a fin de que acudiera a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en esta ciudad, y se le notificó el acuerdo de inicio de procedimiento de separación, relativo al expediente CHJ/PSC/12/2018. Por tanto, conforme a lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el cómputo del plazo de quince días del que dispone el solicitante del amparo para la presentación de su demanda, inició el once de abril y concluyó el dos de mayo del año dos mil dieciocho, excluyendo de dicho cómputo los días catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril, así como uno de mayo, por ser inhábiles según lo dispuesto por los arábigos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, si la demanda de amparo, la presentó el quejoso hasta el día veinte agosto del año en curso, posterior a los quince días que tenía para hacerlo después del acto de aplicación como se destacó, según se advierte de la boleta de registro de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, resulta evidente que ésta fue promovida excesivamente fuera del plazo señalado por el numeral 17 de la Ley de la materia. El suscrito no soslaya, que el quejoso señala en su escrito de demanda como acto destacado la violación al artículo 107 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por parte del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Baja California, al no encontrarse debidamente facultado y acreditado por el Centro Nacional de Identificación y Acreditación, para emitir el resultado de no aprobado, sin embargo, al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha pronunciado en el sentido de que el resultado del proceso de evaluación al que son sometidos los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deben hacerse valer en el juicio de amparo indirecto promovido contra el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. En ese sentido, si como se estableció en el presente auto, el acto de aplicación de las normas tildadas de inconstitucional lo constituye el auto de inicio del procedimiento de separación de cargo notificada al quejoso el nueve de abril de dos mil dieciocho, resulta evidente que el diverso acto destacado de igual forma resulta extemporáneo. En consecuencia, es inconcuso que se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y ante ello, como se adelantó, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Es importante precisar que se actualiza la causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable, toda vez que en cuanto a lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio de amparo no requiere mayor explicación, ya que los motivos de inejercitabilidad del juicio, se reglamentan en forma específica en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en cambio, el requisito relativo a "lo manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate, opere en el caso concreto; de tal modo que aun cuando se admita la demanda y se sustancie el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el auto de veintidós de agosto de dos mil diecinueve: "...Vista la demanda promovida por ***, contra actos de la Comisión de Honor y Justicia de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 675/2019-6. Ahora, para el efecto de proveer sobre la admisión de la demanda de que se trata, con apoyo en los artículos 112 y 114, fracción IV, en relación con el diverso numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Único. Establezca concretamente el primer acto de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, ya que por una parte en el capítulo de actos reclamados señala la inminente separación del cargo y en los antecedentes refiere el inicio de procedimiento de separación de cargo; de igual manera, indique la fecha que tuvo conocimiento de mismo. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la presente prevención en el término señalado para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el arábigo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo.

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