Rafael Rupero Salinas Reyes
Expediente 336/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/04/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafael Rupero Salinas Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA I A Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra el auto de veinticuatro de marzo del año en curso, emitido en este juicio constitucional, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho fallo, para todos los efectos legales. Sin que obste para arribar a lo anterior la falta de constancia que acredite que la autoridad responsable Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, haya quedado notificada de la resolución dictada en este juicio de garantías, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 87 del ordenamiento legal antes mencionado, las responsables únicamente pueden interponer el recurso de revisión contra sentencia que afecten directamente el acto que de ellas se hubiera reclamado y, en el caso, esto no ocurre, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Incidental
MESA I A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino de este incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de dieciocho de marzo de dos mil quince (fojas 27 a 29), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, en parte, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA I A Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado rendido por el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, para que surta sus efectos legales consiguientes, con el cual se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngase como prueba de la citada autoridad judicial, la copia certificada que remite, consistente en la resolución de dieciséis del actual, emitida en el proceso penal 21/2015 de su índice, por la que resolvió la situación jurídica del quejoso RAFAEL SALINAS REYES o RAFAEL RUPERTO SALINAS REYES. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias remitidas, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia que impone sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de garantías. En efecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es del tenor siguiente: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Precisado lo anterior, en el caso concreto, el impetrante del amparo RAFAEL RUPERTO SALINAS REYES, reclama en esta vía constitucional la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución material, actos que atribuyó, en su respectiva esfera de competencia, al Juez Segundo de lo Penal; Subprocurador Regional de Justicia de la Cuenca del Papaloapan, Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Encargado o Comandante de la Agencia Local de Investigaciones, todos con sede en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca (fojas 2 a 7). Del informe que rindió el Juez Segundo de lo Penal de Tuxtepec, Oaxaca, así como de las constancias anexas, se advierte la existencia del acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión librada contra el ahora quejoso RAFAEL RUPERTO SALINAS REYES, en el proceso penal 21/2015, como probable responsable en la comisión del delito de despojo, cometido en perjuicio de Carlos Daniel Martínez Fernández (fojas 22). Asimismo, aparece que por resolución de dieciséis de marzo del año en curso, se resolvió su situación jurídica, dictándosele auto de libertad por el delito de despojo (fojas 23 a 42). El antecedente citado, evidencia de modo manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVII del numeral 61 de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.] De lo anterior, se desprende que ha cambiado la situación jurídica del quejos RAFAEL RUPERTO SALINAS REYES, ya que la orden de aprehensión impugnada no puede ser analizada al haber quedado procesalmente sustituida por el auto de libertad emitido a su favor, pues la situación jurídica de la promovente se regía por la orden de aprehensión reclamada, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, lo que hace improcedente el juicio de amparo y conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia número 1ª./J.95/2007, de fecha agosto de dos mil siete, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 50, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta XXVI, con el rubro y texto siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10/2003, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 26/2002-PL., cuyo rubro y texto dicen: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto del acto de ejecución atribuido al Subprocurador Regional de Justicia de la Cuenca del Papaloapan, Subdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, y Encargado o Comandante de la Agencia Local de Investigaciones, residentes en San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, en virtud de que no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Es aplicable al caso, la tesis jurisprudencial número siete, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, del tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.
- Incidental
MESA V A Agréguese el oficio sin número, signado por el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura Constitucional del Congreso del Estado, por el que, en atención al requerimiento de seis de marzo del año en curso (foja 347), informa que no encontró solicitud por parte de los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, relativa al decreto correspondiente para el pago de las condenas económicas decretadas a favor de los quejosos CANDELARIA JUSTINA PRIETO CABRERA y VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ CRUZ. Toda vez que por ejecutoria de diez de febrero de dos mil quince, dictada en el amparo en revisión 360/2014, se ordenó a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, continuar con el procedimiento de ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 31/2010, dentro de ello, la de constreñir al Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, para que solicite al Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la expedición de un decreto que autorice una partida presupuestal para la liquidación del laudo dictado en el citado juicio laboral, debiendo precisar la cantidad liquida de la condena respectiva; lo anterior, a fin de que el Congreso previa solicitud, expida el decreto correspondiente (fojas 263 a 314). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria del amparo, y remita, dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte. Apercíbasele que de no cumplir sin causa justificada, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo, asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Rafael Ramírez Ortega433/2020
- RAFAEL RAMIRO ALFARO VELASCO y Otros.745/2019
- Rafael Ramos Angel301/2015
- RAFAEL RAMOS LIMA y Otros.173/2019
- RAFAEL RIVERA PALMA y Otros.323/2019
- RAFAEL RIVERA RODRÍGUEZ y Otros.524/2019
- RAFAEL SANTIAGO LOPEZ y Otros.732/2019
- Rafael Vasquez Tadeo715/2020
- Rafaela Ramírez García843/2015
- RAMCES RAMÍREZ MARTÍNEZ y Otros.154/2018
- RAMIRO ADALBERTO JARQUÍN ORTIZ y Otros.925/2018
- RAMIRO ADALBERTO JARQUÍN ORTIZ y Otros.249/2019