Rafael Romero Martínez
Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 25/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Romero Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 25 de noviembre de 2022, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se negaron las suspensiones provisional y definitiva. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con diez minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 774/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el pedimento registrado bajo el número 16820, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. El juez acuerda: Téngase por recibido el pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación y acuérdese lo conducente en la etapa respectiva. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la prueba documental ofrecida por el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los de su intención, tanto en diversos pedimentos como en el de cuenta. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O Primero. Trámite de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Elizabeth Araluce Facio, en cuanto defensora particular de Rafael Romero Martínez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia. Actos que estimó violatorios de los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Returno. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda al Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, quien previo cumplimiento a la prevención formulada, la registró con el número 640/2020 de su índice y la admitió a trámite mediante proveído de veintitrés de junio de dos mil veintidós; sin embargo, el cuatro de julio posterior, ordenó remitir a este Juzgado de Distrito la demanda y sus anexos, al considerar que tiene relación con el diverso juicio 191/2022. Tercero. Admisión y trámite. Mediante auto de catorce de julio de dos mil veintidós, este Órgano Jurisdiccional aceptó el returno planteado y registró el expediente bajo el número 774/2022; se estimó innecesario solicitar a la autoridad responsable su informe justificado toda vez que ya obra en autos por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes con su contenido; asimismo, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, se reconoció carácter de tercera interesada a Nayeli María Ocampo Tapia, en cuanto víctima en la causa penal de la que deriva el acto reclamado, así como a Miguel Ángel Contreras Méndez y Raúl Robles Álvarez, en cuanto agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Justicia de Morelia, Michoacán, quienes intervinieron en la causa de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos b) y c) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se precisa que el acto que la parte quejosa reclama al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, consiste en: La audiencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, celebrada en la causa penal 634/2021, instruida contra Rafael Romero Martínez, por el hecho que la ley señala como delito de amenazas, mediante la cual la autoridad responsable negó la apertura de la incidencia de sobreseimiento planteada por la defensa del quejoso. Tercera. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que acompañó a su informe justificado dicha autoridad responsable, consistentes en un disco que contiene los registros de videograbación de la audiencia reclamada, así como copia certificada de diversas constancias relativas a la causa penal 634/2021 [mismas que obran agregadas al presente juicio]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En la especie, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, al rendir su informe justificado hizo valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, pues refiere que el acto reclamado fue impugnado por el quejoso mediante recurso de apelación, mismo que fue admitido por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el número de toca XI-52/2022 y se encuentra en trámite. Dicha causal es fundada. En efecto, el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; [.]". Ahora bien, de las constancias remitidas por el juzgador responsable se advierte que mediante escrito presentado ante dicha autoridad y acordado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, la defensora particular del quejoso interpuso recurso de apelación contra la resolución de fecha diecinueve del propio mes y año, mediante la cual se negó la apertura de la incidencia de sobreseimiento planteada por la defensa. Luego, mediante auto de veintiuno de junio siguiente el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia dictó auto de avocamiento y registró dicho medio de impugnación bajo el número de toca penal XI-52/2022, de lo que se sigue que la firmeza y subsistencia del proveído combatido se encuentra sujeta a la resolución que recaiga al referido recurso ordinario, pues en dicha hipótesis opera el principio de definitividad y en esa virtud, el juicio de amparo será procedente hasta que la resolución que resuelva el aludido recurso adquiera firmeza procesal. Como se advierte, lo anterior resulta acorde con la causa de improcedencia que se analiza, pues establece que el juicio de amparo será improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto; por tanto, al haber interpuesto la defensa del propio quejoso un recurso ordinario establecido en la ley, contra la misma resolución de la que se duele en esta instancia constitucional, dicha parte promovente deberá esperar a que el mismo se resuelva, de acuerdo con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo contenido en la fracción XIX de la Ley de Amparo en cita, el cual no permite que subsista de forma paralela el juicio de amparo y un medio ordinario de defensa. Lo expuesto, permite advertir con toda claridad que el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, es el medio de impugnación idóneo para combatir el acto aquí reclamado y con el cual puede obtener como resultado que se revoque, modifique o anule la resolución que considera violatoria de sus derechos, pues el citado recurso fue admitido por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia dentro del toca penal 52/2022 y se encuentra en trámite. En congruencia con lo anterior, es dable establecer que se trata de un recurso efectivo y satisface lo señalado en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; de modo que si con motivo de la interposición del recurso puede modificarse o quedar insubsistente la resolución reclamada, este Juzgador debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos dentro del medio de impugnación que hicieron valer, lo que se encuentra acreditado con las constancias remitidas por la autoridad responsable, de las que se aprecia que a la fecha no ha sido resuelto el recurso de apelación interpuesto por la defensa del quejoso, con motivo del cual, puede modificar o quedar insubsistente el acto reclamado, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época, registro digital 190665, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Sin que sea obstáculo que el criterio antes indicado interprete el artículo 73, fracción XIV, de la anterior Ley de Amparo, pues su contenido es el mismo del diverso 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo vigente. Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable. Lo anterior, no causa alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 909, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, materia Constitucional, registro digital 2007621, del epígrafe y texto que se transcriben a continuación: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Quinta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Elizabeth Araluce Facio, en cuanto defensora particular de Rafael Romero Martínez, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, y por los motivos que quedaron precisados en la consideración cuarta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia. Ahora bien, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la resolución que se llegue a emitir, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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