Rafael Rojas Domínguez

Expediente 742/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
742/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/07/2021

Partes del expediente

  • Rafael Rojas Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de veintiocho de junio de dos mil veintiuno por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer en el juicio y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de anexo. Finalmente se ordena devolver al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla la copia certificada del expediente 155/2011 de su índice. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA *** NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Desechamiento: La parte quejosa ratificó la firma que obra en el escrito de aclaración de demanda de amparo; en consecuencia, este juzgado se avoca a su análisis. El quejoso reclamó de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y del Jefe de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social los descuentos realizados con motivo de la pensión alimenticia que se decretó a su cargo y de la Juez Cuarto de lo Familiar de la ciudad de Puebla, la falta de notificación de la sentencia dictada en el juicio natural; actos respecto de los cuales no es procedente el presente juicio de amparo. Así es, el marco normativo que rige el desechamiento de plano de la demanda se ubica en el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará la demanda y la desechará si estima actualizada de manera manifiesta e indudable una causa de improcedencia. Por manifiesto e indudable se entiende aquello que se advierte en forma clara y patente; resulta obvio, es innegable e indiscutible y su existencia no puede sustentarse en una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. En diversos criterios jurisprudenciales, entre en los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un análisis profundo para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causa de improcedencia respectiva se advierte de manera manifiesta e indudable como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo en que el juzgador se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa no implica que dicho estudio se encuentre vedado, siempre que la improcedencia resulte clara y manifiesta dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican. Improcedencia del juicio respecto de los descuentos reclamados: La improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que a la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Jefe de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social, no les reviste el carácter de autoridades para los efectos del presente juicio constitucional, ya que al ordenar retener un monto de la pensión que cubren al quejoso para dar cumplimiento a una obligación alimenticia decretada en un juicio civil, no actúan de manera unilateral y con imperio sino como auxiliares de las autoridades jurisdiccionales y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de un deudor alimentario. En efecto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Para corroborar lo anterior, es menester analizar el contenido de los dos últimos preceptos legales invocados, que establecen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De la interpretación conjunta de los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que condiciona su procedencia a que el acto reclamado se encuentre constituido por leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la SCJN ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. De conformidad con el criterio precedente es factible aseverar que el concepto de autoridad debe concebirse, esencialmente, por exclusión de los actos de particulares, puesto que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así respecto de los realizados entre gobernados, por lo que resulta necesario establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho realiza de las relativas relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En ese tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, la nota distintiva de ellas radica en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. Es corolario de todo lo anterior que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De lo expuesto puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En el caso concreto, la parte quejosa señaló como autoridades responsables a la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al Jefe de la Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales del Instituto Mexicano del Seguro Social, de quienes reclamó "[.] los injustos descuentos que se me hicieron en nómina en el periodo de marzo del año en curso, sin que como lo indica la ley se me haya requerido de dicho pago [.]" Asimismo, manifestó a manera de antecedentes que "[.] por resolución de la ciudadana Juez Cuarto de lo Familiar y en autos mencionados de dicho juzgado estoy cumpliendo con una pensión a mi menor hijo procreado con la actora en el juicio de referencia [.]" y que con motivo de ello "[.] me fueron descontadas cantidades en mis salarios de pensión a que tengo derecho tanto en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla como en el Instituto Mexicano del Seguro Social [.]" Atento a lo anterior, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva de que a las autoridades responsables no les asiste el carácter que se les atribuyó, ya que al ordenar retener un monto de la pensión que cubren al quejoso para dar cumplimiento a una obligación alimenticia decretada en un juicio civil, no actúan de manera unilateral y con imperio sino como auxiliares de la autoridad judicial y responsables solidarios del cumplimiento de la obligación a cargo de un deudor alimentario. Al respecto, es oportuno precisar que la obligación alimentaria tiene su origen en un deber ético que ha sido incorporado al sistema jurídico con el valor de elemento de orden público e interés social, toda vez que su propósito es hacer efectivas, en el contexto familiar, las redes de justicia y solidaridad humana por las cuales las generaciones maduras y estables permiten a las generaciones vulnerables acceder a determinados estándares de bienestar, y a los individuos más favorecidos mitigar la condición de los injustamente desfavorecidos. Así, este deber se concreta en la obligación que tienen los familiares favorecidos más cercanos de asegurar a los menos favorecidos las bases de la subsistencia material y del bienestar mínimo. Derivado de la capital importancia que tiene la obligación de que se trata, pues incluso redunda en la subsistencia de la persona, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla dispone que el Juez podrá ordenar que se proceda a la retención de los ingresos que percibe el deudor alimentario para ponerlos a disposición del acreedor, tal como lo ordenan los numerales 690, fracción II y 691 de dicha legislación, que disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 690 Satisfechos los requisitos, sin audiencia de la contraparte, el Juez procederá de la forma siguiente: (.) II. Mandará requerir de pago al deudor por el importe de la pensión fijada y por la garantía de las que se sigan venciendo. De no efectuarse el pago o garantizarse el de las pensiones que se sigan venciendo, se procederá al embargo de bienes propiedad del deudor, observando al respecto las reglas que sobre el secuestro judicial establece este Código, en la inteligencia de que si el embargo recayere sobre sueldos, el secuestro quedará perfecto girando oficio al empleador del deudor, con los apercibimientos de Ley, para que proceda a las retenciones que se le ordenen y las ponga a disposición del acreedor, haciéndole saber que en el caso de liquidación de su trabajador por renuncia o separación del cargo, deberá retener el cincuenta por ciento de su importe, para garantizar las pensiones futuras, y (.)" "Artículo 691 Cuando la posibilidad económica del deudor alimentario sea exclusivamente el sueldo o salario que percibe, la pensión alimentaria deberá fijarse en un porcentaje de ese sueldo o salario." Por lo tanto, es claro que los actos que se reclaman no emanan de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la intervención que pudieran tener las autoridades responsables no deriva de su potestad administrativa sino en su calidad de auxiliares de la autoridad judicial. Los razonamientos que conducen al desechamiento de la demanda de amparo encuentran sustento en las consideraciones expuestas por la Primera Sala de la SCJN al resolver la contradicción de tesis 458/2010 cuyo punto jurídico a dilucidar consistió en determinar si la competencia por razón de territorio para conocer de un juicio de amparo indirecto se surte a favor del Juez de Distrito que reside en el domicilio de la autoridad judicial que emitió el oficio de descuento al salario que recibe el deudor alimenticio o del Juez de Distrito del domicilio de aquella dependencia o entidad que fue señalada por el propio quejoso como ejecutora al ser quien llevará a cabo el referido descuento. Dichas consideraciones, en lo que interesa para la solución de este asunto, son del tenor siguiente: ".Al respecto, esta Primera Sala considera que si el oficio que gira el Juez del proceso no tiene otro propósito que el de asegurar que una parte del salario del deudor se destine al pago de una pensión alimenticia provisional, y dicha instrucción se dirige a aquella persona que tiene la facultad de realizar el citado descuento, entonces es factible concluir que la entidad o dependencia que da cumplimiento a la orden judicial tiene un vínculo de carácter laboral con el deudor alimenticio, pues de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo se entiende por relación laboral, cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario.(8) Lo anterior lo refrenda, de algún modo, el artículo 69 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, transcrito en páginas anteriores, cuando dispone que el oficio que se gire con el objeto de garantizar el cobro de alimentos, se remita directamente al responsable de la fuente de trabajo. En ese sentido, bien puede concluirse que, con independencia del carácter público de la entidad o dependencia que realiza el descuento, ésta en realidad reúne el carácter de patrón y, por tanto, de auxiliar en la administración de justicia, pero no propiamente de autoridad. Esto es importante dilucidarlo, pues si no tiene ese rango, entonces no puede considerársele siquiera como autoridad para efectos de aplicar las reglas de competencia previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, tal como se desprende de la jurisprudencia de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, cuyo contenido comparte este órgano colegiado, y que es del siguiente tenor." De esa contradicción de tesis derivó la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.) de la aludida Primera Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, que establece lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Por lo tanto, ya que los actos que se reclaman no emanan de una autoridad para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que la intervención que pudieran tener las autoridades responsables no deriva de su potestad administrativa sino en su calidad de auxiliares de la autoridad judicial, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo. Improcedencia del juicio respecto de la falta de notificación de la sentencia dictada en el juicio natural: Ahora bien, en el escrito aclaratorio de demanda, la parte quejosa también expuso que reclama de la juez responsable que la sentencia definitiva que se dictó en el juicio natural no le fue notificada legalmente. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que respecto de tal acto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dispone lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Asimismo, es oportuno precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "(.) Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio..." Ahora bien, como antes se indicó, la parte quejosa indicó que reclama de la juez responsable que la sentencia definitiva que se dictó en el juicio natural no le fue notificada legalmente. En esas condiciones, se considera que respecto del citado acto se actualiza la aludida causa de improcedencia, ya que la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I. La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II. El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III. El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV. No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto se desprende la posibilidad de impugnar la notificación cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. Por lo tanto, el quejoso debió cuestionar la notificación de la sentencia dictada en el juicio natural a través del incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Se afirma lo anterior, dado que el incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitida la resolución, a fin de que se practique de nueva cuenta la comunicación judicial conforme a derecho; por ende, debe agotarse dicho incidente antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto, por su idea jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." De igual forma resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Máxime que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL" en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizar tanto los vicios propios de la notificación como la forma en la que ésta se ordenó. Aquí, es oportuno precisar que no se actualiza el siguiente supuesto a que alude la tesis VI.1o.C.33 C (10a) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, ya que el quejoso no tiene la calidad de tercero extraño al juicio natural, pues ha comparecido al mismo, tal como lo revelan las actuaciones del propio juicio, las cuales fueron remitidas por la juez responsable durante el periodo de prevención de demanda. Al respecto, es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (registro digital 2023029): "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Por lo tanto, ante la actualización de las causas de improcedencia objeto de estudio, a ningún fin práctico conduciría dar trámite al juicio de amparo, razón por la cual es preferible que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, del resultado del análisis de la demanda y, a su vez, se evite un trámite innecesario a fin de privilegiar el derecho de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. En consecuencia, ya que se actualizan de forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia definidas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo conducente es desechar de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    ACTA DE COMPARECENCIA

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de junio de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal de los presentes autos se advierte que el Director del Hospital Regional Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no ha dado cumplimiento al requerimiento formulado en autos, relativo a la continuación del proceso de ejecución de la sentencia de este juicio de amparo. Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Director del Hospital Regional Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que dentro del plazo de tres días: A. Informe los resultados de la toma del TAC de control programada a la menor M.C.C.C. en el Hospital para el Niño Poblano. B. Informe los resultados de los estudios de laboratorio de la menor M.C.C.C. C. Informe el resultado de la consulta externa de cirugía pediátrica post operatoria programada a la menor M.C.C.C. en el Hospital para el Niño Poblano. D. Remita copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimientos. Se apercibe a la autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Notifíquese.

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