Rafael Rodríguez Muñoz
Expediente 3381/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 3381/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/11/2021
Partes del expediente
- Rafael Rodríguez Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno, se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables Director General y el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, correspondientes a este juicio de amparo y diversas promociones. Una vez que se tomó conocimiento de lo anterior, se ordenó dar vista con dichos informes y con las promociones correspondientemente; no obstante a lo anterior, se omitió dar pronunciamiento respecto del informe justificado de la autoridad que a continuación se menciona y que obra adjunto a la promoción con registro 18512: 1.- Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (INP). En consecuencia y en obvio de mayores dilaciones procesales se tiene por rendido el informe justificado rendido por la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (INP); con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indican. Asimismo, se precisa que señala como autorizados a las personas indicadas en su oficio de cuenta en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a acordar favorablemente su petición en virtud que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del mismo ordenamiento legal, las autoridades responsables sólo pueden designar delegados para que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos, por tanto, no se tienen como autorizados en los términos que precisan a las personas que refieren en su informe justificado, con la salvedad de que en cualquier momento pueden designar delegados. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Finalmente, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para el verificativo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, trece de octubre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Director General y el Secretario Administrativo del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, atento su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables de referencia; con los mismos dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refieren y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican. En otro orden, como lo solicita el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura y Declaratoria de cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, celebrado el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, publicado este último el siete de julio de dos mil veintiuno, se autoriza las notificaciones y consulta del presente expediente vía interconexión. Asimismo, se precisa que las autoridades pertenecientes al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional señalan como autorizados a las personas indicadas en su oficio de cuenta en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Amparo; sin embargo, no ha lugar a acordar favorablemente su petición en virtud que de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del mismo ordenamiento legal, las autoridades responsables sólo pueden designar delegados para que concurran a las audiencias para el efecto de que en ellas rindan pruebas, aleguen, hagan promociones e interpongan recursos, por tanto, no se tienen como autorizados en los términos que precisan a las personas que refieren en su informe justificado, con la salvedad de que en cualquier momento pueden designar delegados. Conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por el cual informa que el once de diciembre de dos mil diecinueve remitió a este Juzgado Federal los autos relativos al cuaderno de antecedentes y el original del incidente de suspensión correspondientes a este juicio de amparo; lo anterior, toda vez que el trece de diciembre del citado año se tuvieron por recibidos dichos cuadernos incidentales. En consecuencia, a efecto de no violar las reglas esenciales que rigen el procedimiento, no dejar en estado de indefensión a la quejosa y dar tiempo a que se imponga del contenido de dicho informe, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Ciudad de México, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los oficios remitidos por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual remite el testimonio de la resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, respecto del recurso de queja 1499/2020 de su índice; hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó lo siguiente: "ÚNICO. Se FUNDADO el recurso de queja. NOTIFÍQUESE; ." Asimismo, tómese conocimiento que en la parte considerativa de la resolución citada, el Tribunal Colegiado del conocimiento señaló: ".QUINTA. Examen del único motivo de inconformidad. En la primera parte del escrito de agravios, la parte disidente aduce que el auto recurrido le causa agravio porque el juzgador federal tuvo por no interpuesta la demanda, con base en requisitos y formulismos excesivos no previstos en la Ley de Amparo, y que no eran indispensables para admitir a trámite dicho ocurso. El anterior planteamiento resulta fundado y suficiente para revocar el auto combatido, como se demostrará a continuación. En el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, el juez federal previno al quejoso, para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del citado proveído, realizara lo siguiente: "a) Precise los actos reclamados que cada una de las autoridades señaladas como responsables reclama en el escrito de demanda, dado que los que enuncia son obscuros e imprecisos. b) Precise si a su interés legal conviene atribuir también al Presidente de la República el acto reclamado consistente en la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. c) Bajo protesta de decir verdad, manifieste si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, en su caso, a qué órgano jurisdiccional le tocó conocer del mismo, indicando el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. d) Deberá adjuntar copias suficientes del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las autoridades que señalen como responsables en términos de la presente prevención. (.)". En relación con la primera prevención debe decirse que la misma resulta excesiva e innecesaria, tal y como lo afirma el quejoso en su escrito de agravios, pues basta atender a la demanda de amparo para advertir que se expusieron de manera puntual los actos que, de cada una de las autoridades señaladas como responsables, se reclamaron, como se evidencia de la transcripción siguiente: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORAS: 1. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados del Poder Legislativo de la Federación. Las cuales tienen su domicilio conocido en los recintos oficiales ubicados en la Ciudad de México. 2. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio conocido en la Ciudad de México. Se precisa que, atento a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, no se señalará como autoridad responsable al Director del Diario Oficial de la Federación, quien publicó el decreto reclamado, en tanto que no se controvertirá su actuación por vicios propios. Además, derivado de la citada ficción constitucional no existió constitucionalmente el acto legislativo del refrendo. COMO EJECUTORAS: 1. C. DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, con domicilio ubicado en [.], a quien se le atribuye aplicar en el caso concreto mediante las instrucciones a sus subordinados en el pago de la nómina. 2. C. SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, con domicilio ubicado en [.], a quien se le atribuye como autoridad ejecutora firmar y autorizar la nómina por medio de la cual se aplica la ley impugnada en perjuicio de la parte quejosa. 3. C. SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, con domicilio ubicado en [.], a quien se le atribuye dar el visto bueno a la nómina, por medio de la cual se aplicará la ley impugnada a la parte quejosa. IV. ACTOS RECLAMADOS. Las normas, actos y omisiones que se reclaman al Congreso de la Unión, atañen a las siguientes: 1. La discusión, aprobación, expedición, órdenes de publicación (atribuido a la cámara de origen), circulación, observación y debido cumplimiento del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes de 5 de noviembre de 2018, en vigor a partir del martes 6 de noviembre de 2018, en particular: a. Artículos Primero y Segundo Transitorios de ese Decreto. b. Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley de Remuneraciones reclamada), por consiguiente, la totalidad de disposiciones normativas que derivan de ese ordenamiento (artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y demás conforme a los conceptos de violación). c. Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación 'Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos', en relación con los artículos 217 Bis y 217 Ter (en adelante Código Penal reclamado), por consiguiente, ambas disposiciones normativas que derivan de ese acto legislativo. 2. Las omisiones legislativas del Congreso de la Unión, por desatención al mandato constitucional que para legislar imponen los artículos tercero transitorio de la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, 127, fracción VI, en relación con los numerales 1º, tercer párrafo, 14, primer párrafo, 17, 49, 75 y 123, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en particular: a. Para expedir las normas generales transitorias del Decreto reclamado, que resultaban necesarias para evitar la aplicación retroactiva en perjuicio, salvaguarda de las remuneraciones, estímulos académicos y conquista y prestaciones irrenunciables de los trabajadores. b. Atento al principio de reserva de ley que el constituyente impuso para la reglamentación de la ley de remuneraciones reclamada, las reglas concretas que fijen los parámetros de control y límites de actuación en la propuesta del Presupuesto de Egresos que formule el Presidente de la República y consiguiente aprobación por parte de la Cámara de Diputados, en lo concerniente a la imposibilidad de reducción a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos. 3. Los efectos y consecuencias, tanto de hecho como de derecho, que derivan de los anteriores actos reclamados, de entre los que destacan: a. No se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Primero por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente se impida se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 1, 2, fracción II, 3, primer y segundo párrafos, 4, 5, 6, fracciones I, II y III, 12, 13 a 17. b. No se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias del Artículo Segundo por el que se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo, Libro Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación 'Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos', con los artículos 217 Bis y 217 Ter, concretamente se impida se apliquen en nuestro perjuicio los efectos y consecuencias jurídicas que derivan de las disposiciones normativas de ese ordenamiento legal, de manera enunciativa más no limitativa, los artículos 217 Bis y 217 Ter. Lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, financiera, económica, personal, laboral, fáctica, familiar, de entorno social e institucional que impera para nuestra calidad de ciudadanos y juzgadores federales, con especial referencia: c. A que se paguen en nuestro beneficio las remuneraciones nominales y adicionales que percibimos actualmente en nuestra calidad de funcionarios federales conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, bajo la vigencia de los montos, conceptos, términos y plazos previo a la entrada en vigor del Decreto reclamado, y se impida que se vean menoscabadas, reducidas o alteradas en nuestro perjuicio que, de manera enunciativa más no limitativa, consisten: Remuneraciones nominales y adicionales a las nominales, en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones compensaciones y cualquier otra, como son los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada, incluyendo cualquier contribución fiscal causada por esos conceptos y que el Estado eroga a nuestro favor como concepto de prestación, percepción extraordinaria u otro análogo. d. Respecto al ejercicio fiscal de 2019 y subsiguientes, se apliquen los incrementos que correspondan sobre la totalidad de nuestras remuneraciones, teniendo como referente cuando menos, el porcentaje o índice inflacionario con el que se incrementaron beneficiosamente nuestras remuneraciones según el Decreto de Egresos del ejercicio fiscal de 2018, en relación con los montos percibidos según Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017. Lo anterior, porque también esos incrementos forman parte de nuestro derecho humano de propiedad privada en términos del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y al constituir un derecho adquirido, están salvaguardados por la garantía jurisdiccional prevista en el artículo 94, onceavo párrafo, constitucional. e. Se mantenga el monto y poder adquisitivo de las prestaciones que actualmente recibimos libres de impuesto (dado que este último es a cargo del patrón Cinvestav como una conquista laboral), respecto de las prestaciones tales como aguinaldo, prima vacacional, becas (estímulos) mes y medio de fin de año, vales de despensa, ayuda de transporte y gratificación anual de mes y medio y las que más adelante se detallan. f. Se exima de responsabilidad penal o administrativa por el cobro que se reciba sobre esos conceptos, tal y como inconstitucional e inconvencionalmente lo disponen las disposiciones que derivan del Decreto reclamado. (.)". De lo reproducido es posible advertir que el quejoso, además de dividir a las autoridades responsables señaladas como responsables en ordenadoras y ejecutoras, precisó el acto que de cada una de ellas reclamaba, tan es así que a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión le reclamó de manera frontal la discusión, aprobación, expedición, orden de publicación, así como diversas omisiones del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados exicanos, y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, concretamente los artículos 1 al 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y 217 Bis y 217 Ter del Código Penal Federal; mientras que a las autoridades que designó con el carácter de ejecutoras, a saber, el Director General, el Secretario Administrativo y la Subdirectora de Recursos Humanos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, les atribuyó, en esencia, la aplicación (efectos y consecuencias) de la normativa reclamada. Inclusive, cabe destacar que el quejoso fue puntual al exponer que no designaba como autoridad responsable al Director del Diario Oficial de la Federación, quien publicó el decreto reclamado, por no reclamar por vicios propios su actuación. En consecuencia, es evidente que, opuestamente a lo considerado por el juez de distrito, el quejoso sí expresó de manera detallada los actos que reclamaba de cada una de las autoridades señaladas como responsables, siendo por tal motivo excesiva e innecesaria la prevención realizada en tal sentido. Del mismo modo, debe decirse que resulta excesiva la segunda de las prevenciones efectuadas al aquí recurrente, consistente en precisar si era de su interés atribuirle al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como acto reclamado, la promulgación (implícita) del decreto impugnado. Con el propósito de demostrar tal aserto, resulta conveniente tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, de la Ley de Amparo, cuyo texto es: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". (Énfasis añadido). "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; (.)". El artículo 114, fracción I, transcrito establece que el órgano jurisdiccional debe requerir el promovente que aclare la demanda cuando hubiere alguna irregularidad en su escrito; mientras que el artículo 108, fracción III, prevé que en la demanda de amparo indirecto se expresará a la autoridad o autoridades responsables; y que, en caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. Dicha exigencia se encuentra estrechamente relacionada con el artículo 87 de la ley de la materia,2 el cual otorga legitimación para interponer recurso de revisión, tratándose de amparos contra normas generales, a las autoridades responsables a las que se les encomiende su emisión o promulgación. Así, el requisito de señalar como autoridades responsables en la demanda de amparo contra normas generales a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, atiende a que no se obstaculice que éstos puedan defender la constitucionalidad y/o convencionalidad de las normas generales impugnadas, debido a que a ellos les corresponde aplicar y vigilar su cumplimiento. En el caso, como se recordará, la parte quejosa combatió el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, en cuyo proceso legislativo la promulgación del Ejecutivo Federal operó por disposición constitucional, tal como se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 11/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 75, Tomo I, febrero de 2020, página 782, registro digital 2021694, de rubro y texto siguientes: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. En los juicios de amparo en los que se impugne el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, debe señalarse como autoridad responsable al Presidente de la República, ya que de la interpretación del artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Federal, deriva que se entenderá aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, por lo que vencido este plazo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto; y que transcurrido el segundo de los plazos, sin que el Ejecutivo ejerza sus facultades, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ahora bien, en el caso de las constancias que integran el procedimiento legislativo de la ley aludida se tiene que el Ejecutivo Federal no ejerció ninguna de esas facultades; sin embargo, de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que intervino en el procedimiento legislativo, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional, de ahí que considerando sus cargas procesales en el juicio de amparo, debe observarse lo dispuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley que lo regula, que ordena que en las demandas en las que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, independientemente de que hayan ejercido o no dicha facultad". Ahora, si bien el citado criterio no resulta de aplicación obligatoria al caso, por no encontrase vigente al momento en que la parte quejosa presentó su demanda de amparo (veinte de diciembre de dos mil dieciocho), ni al momento en que se emitió el auto de prevención (tres de diciembre de dos mil diecinueve), porque la jurisprudencia en cita fue publicada el veintiocho de febrero de dos mil veinte y por ello no es aplicable a los asuntos que se encontraban en trámite o las demandas presentadas hasta el día anterior a su publicación; lo cierto es que, en la especie, resulta ilustrativa en la medida que explica la participación del Ejecutivo Federal en el proceso legislativo del decreto reclamado. En efecto, en la jurisprudencia en comento se expone que de la interpretación del artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Federal, deriva que se entenderá aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, por lo que vencido este plazo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto; y que transcurrido el segundo de los plazos, sin que el Ejecutivo ejerza sus facultades, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, se puntualiza que en el caso de las constancias que integran el procedimiento legislativo de la ley aludida se tiene que el Ejecutivo Federal no ejerció ninguna de esas facultades; sin embargo, de la interpretación del artículo 72 constitucional se entiende que intervino en el procedimiento legislativo, y si bien no ordenó su publicación, su promulgación operó por disposición constitucional. Sobre esa base, para cumplir con el requisito impuesto en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, bastaba que la parte quejosa señalara como autoridad responsable al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual sí aconteció en la especie, ya que en el capítulo de autoridades responsables, en lo que interesa, precisó: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORAS: 1. CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, integrado por las Cámaras de Senadores y Diputados del Poder Legislativo de la Federación. Las cuales tienen su domicilio conocido en los recintos oficiales ubicados en la Ciudad de México. 2. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio conocido en la Ciudad de México. (.)". Con base en lo expuesto, este tribunal colegiado considera que la prevención realizada por el juez auxiliar en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, consistente en que la parte quejosa precisara si era de su interés atribuirle al Presidente de la República, como acto reclamado, la promulgación (implícita) del decreto impugnado, resultaba innecesaria y excesiva. Lo anterior, dado que no existe la irregularidad en la demanda de amparo aducida por el A quo, puesto que la parte quejosa sí cumplió con la carga procesal impuesta en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al señalar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos como autoridad responsable que intervino en el proceso legislativo del decreto combatido. Cabe aclarar que, si bien la parte quejosa no precisó expresamente que al Ejecutivo Federal le reclamaba la promulgación del decreto impugnado; lo cierto es que atendiendo a que la promulgación operó por disposición constitucional, era suficiente que lo señalara como autoridad ordenadora para entender que se le reclama su participación implícita en la creación de la norma general impugnada, pues la demanda de amparo debe analizarse como un todo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, agosto de 1998, página 227, registro digital 195745, que establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Aunado a lo anterior, este tribunal colegiado considera que el apercibimiento de tener por no presentada la demanda de amparo en caso de no desahogar la prevención formulada también resulta excesivo, pues en el caso de que no se advirtiera el acto reclamado de una autoridad en particular -el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos-, ello no es motivo suficiente para tener por no presentado el escrito de demanda, debido a que la prevención debió ser en el sentido de que el juicio se seguiría por las señaladas como tal y por los actos a ellas atribuidas, mas no en los términos en que lo hizo el juez de distrito, ya que con tal proceder, obstaculizó el derecho de acceso a la justicia del quejoso. Ello es así porque, si la prevención se formula sólo en relación con determinada autoridad y los actos que en su caso le fueran atribuidos, es inconcuso que el incumplimiento de lo ordenado en la prevención sólo tendría efectos sobre dicha autoridad y sus actos, pero no respecto de todas las demás autoridades; de ahí que el desechamiento decretado de manera general, resulta excesivo, desmedido e incongruente con el acuerdo preventivo. Lo anterior tiene sustento en la tesis XIV.1o.A.C.17 K. del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 2358, registro digital 176324, cuyo criterio se comparte, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA SANCIÓN PROCESAL DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, DEBE SER CONGRUENTE CON LA PREVENCIÓN FORMULADA. Conforme al artículo 146 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito están facultados para prevenir a la parte quejosa, en el caso de que encuentren alguna irregularidad en el escrito de demanda, esto, cuando se hubiere omitido precisar alguno de los requisitos que establece el artículo 116 de la invocada ley reglamentaria, o bien, cuando no se hubiese expresado con precisión el acto reclamado, o en su defecto, en el caso de que no se exhiban las copias conducentes; sin embargo, es importante distinguir que en la hipótesis de la aplicación de la sanción procesal por incumplimiento de alguna prevención, consistente en tener por no interpuesta la demanda, dicha sanción debe ser congruente y afín a la prevención formulada por el juzgador de amparo, en apego a un principio elemental de lógica jurídica, basado en la congruencia que debe tener toda sanción con la falta que la origina. Por tanto, si la prevención se formula sólo con relación a los actos atribuidos a determinada autoridad, es inconcuso que el incumplimiento de lo ordenado en la prevención, sólo tendría efectos sobre dicha autoridad y sus actos, pero no respecto de todas las demás autoridades; de ahí que el desechamiento decretado de manera general, resulta ilegal, en virtud de que es incongruente con el acuerdo preventivo, razón por la cual esa determinación es excesiva y desmedida". Ahora, respecto a la tercera prevención formulada en el sentido de que la parte quejosa precise si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a qué órgano judicial le tocó conocer de dicho juicio, refiriendo el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra, debe decirse que si bien es verdad que no se desahogó dicha prevención, también lo es que ello no era motivo suficiente para tener por no presentada la demanda de amparo, por lo que la sanción ante ese incumplimiento resultó excesiva. Con el propósito de demostrar tal aseveración, es conveniente tener en cuenta que el artículo 108, de la Ley de Amparo establece que la demanda de amparo debe cumplir con una serie de requisitos; al respecto, el 114 de la citada ley4 prescribe que si el órgano judicial advierte una irregularidad, deficiencia, omisión de alguno de los requisitos a que se refiere el citado artículo 108, o no hubiese exhibido las copias necesarias de la demanda, mandará requerir al promovente a efecto de que aclare y corrija su demanda, o bien exhiba las copias faltantes de la misma. En ese contexto, se considera que la prevención efectuada al quejoso en torno a que precisara si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a qué órgano judicial le tocó conocer de dicho juicio, refiriendo el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra, resulta excesiva porque de la propia demanda se advierte que la parte inconforme sí cumplió con los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es, la presentó por escrito, expresó su nombre y domicilio, destacó que a su consideración no existe tercero interesado, mencionó a las autoridades responsables que intervinieron en el proceso legislativo de creación de las normas reclamadas, así como a las que atribuye su ejecución, bajo protesta de decir verdad, narró los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, citó los preceptos que considera son violatorios de sus derechos humanos y garantías individuales, y expuso diversos argumentos a manera de conceptos de violación. De ahí el hecho de que no hubiera expresado si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional al que le tocó conocer, así como el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra, no es motivo suficiente para tener por no presentada la demanda de amparo, ya que con tal proceder, el juez obstaculizó el derecho de acceso a la justicia del quejoso. Ello es así, porque si la prevención se formula respecto de requisitos no previstos en la Ley de Amparo, es inconcuso que el incumplimiento a lo ordenado en la prevención relativa no puede implicar como consecuencia tenerla por no presentada; de ahí que tal determinación, resulta excesiva, desmedida e incongruente con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura". Al no haberse actualizado alguno de los supuestos ahí previstos, el juez de distrito tenía la obligación de admitir la demanda de amparo, en términos del diverso 115 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque el artículo 114 de la Ley de Amparo faculta al juez a mandar aclarar la demanda de amparo, cuando advierta deficiencias, irregularidades u omisiones que deben corregirse, también precisa las hipótesis en que ello procede; en tanto que el artículo 108 de la propia ley enuncia los requisitos que debe contener la demanda; por tanto, si el juzgador previene a la parte quejosa por un motivo no previsto en esos preceptos, violenta el principio de tutela jurisdiccional efectiva. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el derecho fundamental de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas y que también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justician, esto es, que los órganos judiciales tienen el deber positivo de proporcionar a todas las personas un recurso efectivo a través del cual puedan tutelar sus derechos, así como de remover todos aquellos obstáculos para su protección efectiva. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 124, Tomo XXV, abril de 2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro electrónico 172759, de título y texto siguientes: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos - desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos". Se insiste, del auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, no se advierte que el juez hubiera prevenido al quejoso porque a su demanda de amparo le faltara alguno de los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, como lo es el nombre y domicilio del quejoso o del que promueve en su nombre; el nombre y domicilio del tercero interesado; las autoridades responsables; la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; la protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones del acto reclamado; los preceptos que contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; y los conceptos de violación, sino únicamente para que el promovente precisara si ha promovido diverso juicio de amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional al que le tocó conocer del mismo, así como el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra. Ahora, es verdad que en las fracciones X y XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se establece la improcedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos, y contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo; sin embargo, la Ley de Amparo no prevé como sanción el tener por no presentada la demanda si la parte quejosa no desahoga la prevención que se le realice para que exprese si ha promovido diverso juicio de amparo contra la norma reclamada, tampoco que refiera el órgano jurisdiccional al que le tocó conocer del mismo, así como el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra, por lo que una prevención en ese sentido y la consecuencia de tener por no presentada la demanda ante su incumplimiento, resulta excesiva y desproporcional. Lo anterior, porque es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando el juzgador de amparo advierta un indicio sobre la posible existencia de una hipótesis que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza, y así probada fehacientemente sobresea en el juicio; o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto. Además, porque la prevención que realice el juez de distrito, respecto de cualquier deficiencia de la demanda de amparo no debe ser un obstáculo para no admitirla, pues es obligación de los tribunales resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial efectiva. Es ilustrativa la tesis CCXCI/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I, página 536, registro electrónico 2007064, del tenor literal siguiente: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados". Por tanto, el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, debido a que el quejoso no desahogó la prevención realizada en el proveído de tres de diciembre de dos mil diecinueve, para el efecto de que precisara si ha promovido diverso juicio de amparo contra la ley reclamada, el órgano jurisdiccional al que le tocó conocer del mismo, así como el número de expediente y el estado procesal en que se encuentra, es una medida injustificada que niega el acceso a la justicia que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. En apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la jurisprudencia II.1o. J/3 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, julio de 2016, Tomo III, página 2015, registro electrónico 2012008, cuyo criterio se comparte, que establece: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO POR NO HABERSE DESAHOGADO UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN. DEBE DECLARARSE FUNDADO, SI DICHA SANCIÓN PROCESAL TIENE COMO PRESUPUESTO UNA PREVENCIÓN INJUSTIFICADA, CONTRARIA AL DERECHO HUMANO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El artículo 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare su demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y, V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. En caso de que no se subsanen las irregularidades detectadas por el juzgador dentro del plazo de cinco días, la sanción procesal que dicho numeral prevé es que se tenga por no presentada la demanda. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de recurso efectivo, consagrado en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Bajo ese parámetro, si el Juez de Distrito requiere al quejoso para que enmiende su escrito inicial, bajo apreciaciones injustificadas, solicitándole que precise, entre otras cuestiones, el acto reclamado y la autoridad responsable, no obstante que dichos datos eran claros desde un inicio, el recurso de queja que se interponga contra el auto que tenga por no presentada la demanda por no haberse desahogado tal requerimiento para su aclaración, debe declararse fundado, pues la sanción procesal que se impugna tiene como presupuesto una prevención injustificada, de suyo, contraria al mencionado derecho humano de tutela judicial efectiva que, como se dijo, pugna por evitar formalismos e interpretaciones innecesarias y ociosas". Así, al resultar improcedentes las tres prevenciones apuntadas, es evidente que el quejoso no estaba obligado a presentar escrito aclaratorio ni mucho menos copias suficientes de éste para correr traslado a cada una de las autoridades responsables como le fue requerido en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve. En tales condiciones, al no existir razón suficiente para tener por no presentada la demanda de amparo de la parte quejosa, lo procedente es declarar fundado el recurso de queja que nos ocupa, por lo que el juez de distrito, de no advertir alguna causa de improcedencia manifiesta e indudable, debe proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo. Realícense las anotaciones respectivas y acúsese recibo de estilo correspondiente. ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO: En cumplimiento a lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de queja 1499/2020, se provee: Vista la demanda de amparo con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo así como el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Rafael Rodríguez Muñóz, por su propio derecho. SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SOLICITUD DE LOS CUADERNOS DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda este asunto, solicítese al Juzgado Auxiliado que a la brevedad posible, informe el estado procesal que actualmente guardan los cuadernos incidentales, y de ser el caso, los remita a este Juzgado de Distrito, o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que para ello tenga. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS. En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados en relación con el escrito inicial de demanda, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas, por tal motivo remítaseles copia del escrito inicial de demanda para que estén en posibilidad de rendir su respectivo informe. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. REPRESENTACIÓN PRESIDENCIAL De conformidad con lo preceptuado por los artículos 9 y 25 de la Ley de Amparo, en términos del artículo Tercero, fracción VI, numeral 39, del ACUERDO GENERAL POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS REGLAS A QUE SE SUJETARÁ LA REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN TODOS LOS TRÁMITES PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, en el que se precisan las dependencias y entidades a las que se les otorga la representación presidencial en todos los trámites ahí referidos, y vista la naturaleza de los actos que se reclaman en este asunto, notifíquese este proveído, así como los subsecuentes que deban comunicarse por oficio, a la autoridad responsable denominada Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. NOTIFICACIÓN AL FISCAL EJECUTIVO ASISTENTE ADSCRITO Asimismo, ya que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente al Fiscal Ejecutivo Asistente de la adscripción. AUTORIZADOS. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, toda vez que ************* tiene registrada su Cédula Profesional en el Registro Nacional de Profesionales del Derecho, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de amparo; dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por lo que hace a las demás personas que, se les tiene por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, para el único efecto de oír y recibir notificaciones, lo anterior, hasta en tanto acredite tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. PRUEBAS DOCUMENTALES De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas del quejoso, las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda y en su escrito con registro 4835 del índice del Juzgado auxiliado, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. SIN TERCERO INTERESADO La parte quejosa manifestó que no existe tercero interesado y este juzgador no advierte la existencia de alguno en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Visto que del escrito inicial de demanda se observa que, en el proemio, la parte quejosa señaló domicilio convencional para oír y recibir notificaciones, el ubicado en *************. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
- Principal
Ciudad de México, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que por medio de la Circular SECNO/4/2021 de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se regresa al esquema de contingencia previsto en el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, y que de conformidad con los artículos 13 y 1 fracción III del Acuerdo General de referencia, en el presente juicio de amparo es posible continuar con la secuela procesal, en consecuencia, se provee: Agréguese a los autos el escrito remitido vía juicio en línea por ************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita la consulta y acceso al expediente electrónico; que las notificaciones a la parte quejosa se le practiquen vía electrónica, así como la reanudación del procedimiento en el presente juicio a través de la modalidad de "juicio en línea". En consecuencia, atento a su contenido y a la certificación de cuenta de la que se advierte que el profesionista a que se hace referencia en el escrito que nos ocupa, tiene debidamente registrada su clave de usuario; por tanto, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al profesionista con clave de usuario "************", la consulta vía electrónica de las constancias que integran el expediente en que se actúa a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal, asimismo se ordena que las notificaciones a la parte quejosa se le practiquen vía electrónica. En atención a ello, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), así como al área de actuaría, a fin de que realicen los movimientos informáticos necesarios para tales efectos. Asimismo, en atención a la solicitud expresa de la parte quejosa que el presente juicio se tramite vía juicio en línea, de conformidad con lo dispuesto los artículos 13 y 1 fracción III del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, continúese con la tramitación del presente asunto a través de la modalidad de juicio en línea. Ahora bien, del estado procesal del asunto se advierte que la quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte, del cual conoce actualmente el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, bajo el número queja 1499/2020; en consecuencia; comuníquese la anterior determinación a la superioridad, a fin de que provea lo conducente. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y en términos del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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