Rafael Rodríguez Maldonado

Expediente 1486/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 35 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1486/2018
Año
2018
Actuaciones
35
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Rafael Rodríguez Maldonado
  • Octavio Montoya de León

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    El siete de octubre de dos mil veintiuno, Juan García Trejo secretario de juzgado certifica: Que el término de quince días que prevé el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió: para la parte quejosa y parte tercero interesada del cuatro al veinticinco de mayo y para la agente del Ministerio Público tercero interesada del tres al veinticuatro de mayo, ambos de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Que se realizó una búsqueda en el libro de promociones recibidas por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, así como en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ya sea física o electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin que se haya localizado alguna por medio de la cual se interponga el recurso correspondiente. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, que declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha determinación ha causado estado; por lo que en su oportunidad, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no son de relevancia documental; se determina que es susceptible de depuración con excepción del escrito de demanda, de las resoluciones recurridas y de la sentencia que puso fin al asunto, por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la depuración a que alude el artículo 3, fracción XIV del citado acuerdo; y dese el trámite correspondiente establecido en el artículo 9. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente, que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Lo anterior sin que sea necesario proveer en relación a la depuración del expediente original del incidente de suspensión y destrucción de su duplicado, toda vez que ello, ya se realizó en auto de doce de agosto de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, Juan García Trejo secretario de juzgado certifica: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dos al seis de octubre de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos y con una promoción registrada con folio 6226. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos y sin mayor trámite la promoción registrada con número 6226, signada por el Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, por medio de la cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal que Octavio Montoya León (aquí quejoso), fue trasladado del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-COAHUILA" en virtud de requerir medida especial de vigilancia por los motivos que se detallan en la resolución administrativa que anexó, lo anterior, virtud a que los actos reclamados en el presente juicio son: a) La determinación dictada en la audiencia celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 62/2018, en la que se calificó de legal la detención de entre otros Octavio Montoya de León; y, b) El auto de vinculación a proceso dictado en contra del citado peticionario de derecho el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal. Además de que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso; esto último para los siguientes efectos: "1. Se deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas única y exclusivamente en relación a los imputados Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León. 2. En su lugar se ordene reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación, en términos de los artículos 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y preservando el principio de inmediación, realice lo siguiente: I. En la audiencia inicial deberá dar a conocer a los imputados sus derechos. II. Posteriormente, dará el uso de la voz al fiscal, a efecto de que este exponga lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. Formulada la imputación preguntará a los imputados si es su deseo declarar o no hacerlo. IV. Acto seguido, deberá otorgar el uso de la voz al fiscal, a efecto de que, éste, en caso de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso, para lo cual, en su caso, deberá exponer en ese momento las razones específicas y/o motivos particulares por los cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justifican la vinculación a proceso de los imputados; V. A continuación, el juez cuestionará a los imputados si desean acogerse al término constitucional o ampliarlo para que se resuelva sobre su situación jurídica. VI. En caso de que los imputados, aquí quejosos, reitere la petición de ampliación del plazo constitucional, señale fecha y hora para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial la cual de manera imperativa deberá ser presidida por el mismo juez de control que actúo en la audiencia de formulación de imputación, en aras de privilegiar el principio de inmediación acorde a las razones establecidas en el presente fallo. En el entendido que dentro del término constitucional ampliado, se le deberá otorgar a los imputados, aquí quejosos, la oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, los datos de prueba que eventualmente ofrezca tanto los imputados como su defensa; ello, sin perjuicio de que los imputados o su defensa, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal de los primeros; y VI. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, se resuelva la situación jurídica, reiterándose que deberá resolver el mismo juzgador que actúo en la audiencia de formulación de imputación. Cabe precisar, que al formular la imputación y en su caso, la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público no podrá integrar antecedentes diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación, en lo que se refiere a modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, pues en protección a las partes en el proceso debe evitarse la vulneración al derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. (.). Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se haya o no cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida las audiencias para decidir con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda; por ende, se estima innecesario el análisis de los agravios en torno al fondo del asunto. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, en virtud de que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia;.". La citada sentencia fue recurrida en revisión por los quejosos Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León, y del recurso correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; quien por resolución de veintiuno de mayo de dos mil veinte, confirmó la sentencia emitida por este juzgado La mencionada ejecutoria se agregó por auto de doce de agosto de dos mil veinte, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Virtud a ello, por oficio 697/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, la Administradora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, informó en vías de cumplimiento la fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación; asimismo por el diverso 701/2020 de diecisiete de septiembre siguiente, la referida Administradora comunicó la fecha y hora para la continuación de audiencia inicial de vinculación a proceso. Seguidamente; por oficio 727/2020, de veintidós de septiembre de dos mil veinte la citada Administradora del Juzgado de Control, informó a este órgano jurisdiccional la vinculación a proceso de los quejosos Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya León, dentro de la causa penal 62/2018, por el delito de secuestro agravado y robo calificado perpetrado en contra de una menor de edad, con plazo de cierre de investigación de hasta un mes; mismo que feneció el veintidós de octubre de dos mil veinte. De lo anterior la multicitada Administradora remitió copia certificada del registro de audio y video de la totalidad de la audiencia inicial de la cual se advierte: El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas única y exclusivamente en relación a los imputados Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León. Asimismo ordenó reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación. En esa audiencia los imputados manifestaron no tener ninguna duda en cuanto a sus derechos. Le otorgó el uso de la voz al fiscal, a efecto de que este expusiera lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez formulada la imputación preguntó a los imputados si era su deseo declarar o no hacerlo, a lo que manifestaron que se reservaban el derecho a declarar. Le otorgó el uso de la voz al fiscal, quien solicitó la vinculación a proceso, y expuso en ese momento las razones específicas y/o motivos particulares por los cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justifican la vinculación a proceso de los imputados; Enseguida el juez cuestionó a los imputados si deseaban acogerse al término constitucional o ampliarlo para resolver sobre su situación jurídica, a lo que manifestaron que sí era su deseo ampliar el término constitucional. Con motivo de lo anterior, señaló las catorce horas del veintidós de septiembre de dos mil veinte para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial la cual fue presidida por el mismo juez de control que actuó en la audiencia de formulación de imputación, en aras de privilegiar el principio de inmediación. Dentro del término constitucional ampliado, se le otorgó a los imputados, aquí quejosos, la oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, los datos de prueba que eventualmente ofrezca tanto los imputados como su defensa; ello, sin perjuicio de que los imputados o su defensa, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal de los primeros; y Finalmente con plenitud de jurisdicción, resolvió la situación jurídica y emitió un auto de vinculación a proceso, determinación que fue emitida por el mismo juzgador que actuó en la audiencia de formulación de imputación. Asimismo, al formular la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público no integró antecedentes diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación, en lo que se refiere a modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, por lo que no se vulneró el derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Entonces, analizadas las constancias remitidas por la mencionada Administradora se advierte que el Juez de Control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018; y en su lugar ordenó reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación, en términos de los artículos 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales resolviendo con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los aquí quejosos. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    EN ESTA PROPIA FECHA, PROCEDO A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESAD EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ELLO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, Juan García Trejo secretario de juzgado certifica: Que el término de tres días que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del dos al seis de octubre de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede, con el estado que guardan los autos y con una promoción registrada con folio 6226. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos y sin mayor trámite la promoción registrada con número 6226, signada por el Director de Prevención y Reinserción Social del Estado, por medio de la cual hace del conocimiento de este Juzgado Federal que Octavio Montoya León (aquí quejoso), fue trasladado del Centro de Reinserción Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social número 18 "CPS-COAHUILA" en virtud de requerir medida especial de vigilancia por los motivos que se detallan en la resolución administrativa que anexó, lo anterior, virtud a que los actos reclamados en el presente juicio son: a) La determinación dictada en la audiencia celebrada el doce de julio de dos mil dieciocho, en la causa penal 62/2018, en la que se calificó de legal la detención de entre otros Octavio Montoya de León; y, b) El auto de vinculación a proceso dictado en contra del citado peticionario de derecho el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dentro de la citada causa penal. Además de que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que transcurrió el término que señala el artículo 196 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se analizará si dicha resolución se encuentra cumplida. En primer término es necesario precisar que por sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso; esto último para los siguientes efectos: "1. Se deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas única y exclusivamente en relación a los imputados Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León. 2. En su lugar se ordene reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación, en términos de los artículos 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y preservando el principio de inmediación, realice lo siguiente: I. En la audiencia inicial deberá dar a conocer a los imputados sus derechos. II. Posteriormente, dará el uso de la voz al fiscal, a efecto de que este exponga lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. III. Formulada la imputación preguntará a los imputados si es su deseo declarar o no hacerlo. IV. Acto seguido, deberá otorgar el uso de la voz al fiscal, a efecto de que, éste, en caso de estimarlo procedente, solicite la vinculación a proceso, para lo cual, en su caso, deberá exponer en ese momento las razones específicas y/o motivos particulares por los cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justifican la vinculación a proceso de los imputados; V. A continuación, el juez cuestionará a los imputados si desean acogerse al término constitucional o ampliarlo para que se resuelva sobre su situación jurídica. VI. En caso de que los imputados, aquí quejosos, reitere la petición de ampliación del plazo constitucional, señale fecha y hora para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial la cual de manera imperativa deberá ser presidida por el mismo juez de control que actúo en la audiencia de formulación de imputación, en aras de privilegiar el principio de inmediación acorde a las razones establecidas en el presente fallo. En el entendido que dentro del término constitucional ampliado, se le deberá otorgar a los imputados, aquí quejosos, la oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, los datos de prueba que eventualmente ofrezca tanto los imputados como su defensa; ello, sin perjuicio de que los imputados o su defensa, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal de los primeros; y VI. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, se resuelva la situación jurídica, reiterándose que deberá resolver el mismo juzgador que actúo en la audiencia de formulación de imputación. Cabe precisar, que al formular la imputación y en su caso, la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público no podrá integrar antecedentes diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación, en lo que se refiere a modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, pues en protección a las partes en el proceso debe evitarse la vulneración al derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. (.). Cabe precisar que el presente fallo no prejuzga sobre los datos que derivan de los antecedentes de la investigación para establecer que se haya o no cometido un hecho que la ley señala como delito, ni sobre la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión, ya que la reposición de las etapas del procedimiento implica un obstáculo para emprender dicho análisis de fondo, por lo que quedan expeditas las facultades del juez de control que presida las audiencias para decidir con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda; por ende, se estima innecesario el análisis de los agravios en torno al fondo del asunto. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al Director del Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con residencia en Cieneguillas, Zacatecas, en virtud de que no se combaten por vicios propios sino en vía de consecuencia;.". La citada sentencia fue recurrida en revisión por los quejosos Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León, y del recurso correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad; quien por resolución de veintiuno de mayo de dos mil veinte, confirmó la sentencia emitida por este juzgado La mencionada ejecutoria se agregó por auto de doce de agosto de dos mil veinte, y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Virtud a ello, por oficio 697/2020, de catorce de septiembre de dos mil veinte, la Administradora del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ojocaliente, Zacatecas, informó en vías de cumplimiento la fecha para la audiencia inicial de formulación de imputación; asimismo por el diverso 701/2020 de diecisiete de septiembre siguiente, la referida Administradora comunicó la fecha y hora para la continuación de audiencia inicial de vinculación a proceso. Seguidamente; por oficio 727/2020, de veintidós de septiembre de dos mil veinte la citada Administradora del Juzgado de Control, informó a este órgano jurisdiccional la vinculación a proceso de los quejosos Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya León, dentro de la causa penal 62/2018, por el delito de secuestro agravado y robo calificado perpetrado en contra de una menor de edad, con plazo de cierre de investigación de hasta un mes; mismo que feneció el veintidós de octubre de dos mil veinte. De lo anterior la multicitada Administradora remitió copia certificada del registro de audio y video de la totalidad de la audiencia inicial de la cual se advierte: El diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ojocaliente, Zacatecas única y exclusivamente en relación a los imputados Rafael Rodríguez Maldonado y Octavio Montoya de León. Asimismo ordenó reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación. En esa audiencia los imputados manifestaron no tener ninguna duda en cuanto a sus derechos. Le otorgó el uso de la voz al fiscal, a efecto de que este expusiera lo previsto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez formulada la imputación preguntó a los imputados si era su deseo declarar o no hacerlo, a lo que manifestaron que se reservaban el derecho a declarar. Le otorgó el uso de la voz al fiscal, quien solicitó la vinculación a proceso, y expuso en ese momento las razones específicas y/o motivos particulares por los cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justifican la vinculación a proceso de los imputados; Enseguida el juez cuestionó a los imputados si deseaban acogerse al término constitucional o ampliarlo para resolver sobre su situación jurídica, a lo que manifestaron que sí era su deseo ampliar el término constitucional. Con motivo de lo anterior, señaló las catorce horas del veintidós de septiembre de dos mil veinte para llevar a cabo la continuación de la audiencia inicial la cual fue presidida por el mismo juez de control que actuó en la audiencia de formulación de imputación, en aras de privilegiar el principio de inmediación. Dentro del término constitucional ampliado, se le otorgó a los imputados, aquí quejosos, la oportunidad para aportar y desahogar en la posibilidad jurídica, temporal y material, los datos de prueba que eventualmente ofrezca tanto los imputados como su defensa; ello, sin perjuicio de que los imputados o su defensa, soliciten o no el agotamiento del término ampliado, en tanto que constituye un derecho constitucional y procesal de los primeros; y Finalmente con plenitud de jurisdicción, resolvió la situación jurídica y emitió un auto de vinculación a proceso, determinación que fue emitida por el mismo juzgador que actuó en la audiencia de formulación de imputación. Asimismo, al formular la imputación y la solicitud de vinculación a proceso, el Ministerio Público no integró antecedentes diversos de los que ya obraban en la carpeta de investigación, en lo que se refiere a modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, por lo que no se vulneró el derecho de non reformatio in peius y de igualdad entre las partes. Entonces, analizadas las constancias remitidas por la mencionada Administradora se advierte que el Juez de Control responsable dejó insubsistente la resolución de vinculación a proceso de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, dictado en la causa penal 62/2018; y en su lugar ordenó reponer el procedimiento, hasta la audiencia de formulación de la imputación, en términos de los artículos 310, 311, 312 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales resolviendo con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de los aquí quejosos. Luego, se han acatado en su totalidad los efectos del fallo protector. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia visible en la página 414, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, octubre 1997, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como 'debido', 'exacto', 'cabal', u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifica: Que Kristhian Ruiz Cruz y Jesús Iván Segundo Hernández, no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el acta de ratificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista el acta de cuenta, se advierte que el quejoso Rafael Rodríguez Maldonado, mediante notificación personal del proveído de dieciocho de septiembre de este año realizada por conducto del actuario judicial adscrito, manifestó que sí ratifica el contenido del escrito de diecisiete de septiembre del año en curso (foja 83). Por tanto, como lo solicita el quejoso en su referido escrito, se tiene revocando el personal y domicilio señalados con anterioridad en el juicio; autorizando únicamente para oír, recibir notificaciones e imponerse de los autos a Kristhian Ruiz Cruz y Jesús Iván Segundo Hernández, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Asimismo, en cuanto al acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, en términos de los artículos 96 y 97 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario LIC_KRUIZCRUZ, a consultar el expediente electrónico, relativo a este sumario. Por otro lado, en su ocurso que ratificó se designa como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en López Mateos número setenta y cuatro (74) Rancho Nuevo en Pánfilo Natera, Zacatecas. Sin embargo, toda vez que el domicilio se encuentra fuera de la circunscripción de este Juzgado Federal; en ese tenor, hasta en tanto no designe uno en esta ciudad capital, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, las posteriores notificaciones de carácter personal, practíquensele por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del diverso numeral 29 del cuerpo de leyes invocado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

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