Rafael Rodríguez Flores

Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
93/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Rafael Rodríguez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    ---- Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió, en queja, el auto de nueve****, por medio del cual, se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado. ORDEN DE ARCHIVO. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. ORDEN DE DESTRUCCIÓN. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el numeral 21, inciso a)1, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Debe decirse que el presente juicio de garantías no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 15, del acuerdo citado en párrafos que anteceden. INFORMACIÓN RESERVADA. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    ---Desahogo. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, la parte quejosa desahoga la prevención de demanda; en consecuencia Decisión sobre la instancia constitucional. Del escrito de demanda y del escrito aclaratorio se desprende que la parte quejosa reclama: "La diligencia de requerimiento de pago y embargo dictada en el juicio ejecutivo mercantil ******************** y su ejecución." Ahora bien, este juzgador de oficio advierte, que respecto del auto de exequendo emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Así pues, el numeral en cita textualmente establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual pueda ser modificadas, revocadas o nulificadas. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.." Del contenido normativo del precepto legal antes transcrito, se desprende en lo conducente y que aquí interesa, que el juicio de amparo resulta improcedente, contra resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales proceda en su contra algún medio ordinario de impugnación, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; salvo que se actualice alguna de las excepciones previstas en el numeral en comento. Es decir, el artículo en análisis, prevé el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual consiste en combatir el acto reclamado, previo a ejercer la acción constitucional de amparo, a través del medio ordinario de impugnación que prevea la ley que lo rige, siempre y cuando resulte idóneo para modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad respectivo; pues de no respetarse tal principio, el juicio de amparo resultará improcedente. En la especie, tal principio encuentra justificación en la necesidad de restringir la procedencia del juicio de amparo, reservándolo para aquellos casos en que el acto reclamado ya no pueda ser modificado, revocado o nulificado, de acuerdo con las disposiciones legales ordinarias, evitando de esta manera una acumulación excesiva de juicios, y permitiendo la celeridad de aquellos que no admitan un medio ordinario de impugnación. Ahora bien, para estar en aptitud de evidenciar que en la especie opera la causa de improcedencia en análisis, resulta oportuno destacar que de los antecedentes de la demanda de amparo, se evidencia que el aquí quejoso es parte en el juicio antes señalado, al ser parte demandada, por ende, no le reviste el carácter de tercero extraño a juicio, en razón que como se indicó, dicho juicio aún se encuentra en trámite, por lo que se encuentra en aptitud de acudir al mismo y hacer valer sus derechos. Establecido lo anterior, debe decirse que de la interpretación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo de los artículos 1334, 1339 y 1340, del Código de Comercio, se obtiene que cuando el citado numeral 1340 establece que no procede el recurso de apelación en juicios mercantiles de cuantía menor, entonces, debe estarse al contenido del diverso 1334 del propio ordenamiento mercantil, que señala que los autos que no fueren apelables serán revocables. Así, el diverso numeral 1339 al usar la expresión "son irrecurribles" solamente define que no son impugnables mediante el recurso de apelación, cuando la suerte principal (sin tomar en cuenta intereses y demás accesorios) no exceda la suma ahí establecida al momento de la presentación de la demanda, pero no excluye el recurso de revocación; de ahí que dicho recurso sea procedente contra los autos o decretos dictados en los juicios ejecutivos mercantiles de cuantía menor. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 1a. /J. 70/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 401, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." También sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la Jurisprudencia número 1a./J. 59/2010, de la citada Primera Sala del más alto Tribunal de la Nación, publicada en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación." Asimismo, debe decirse que la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, estableció que antes de acudir al juicio de amparo en contra del auto de exequendo, debe agotarse el recurso de apelación, cuando la sentencia definitiva sea apelable; entonces, a contrario sensu, y conforme a lo arriba expuesto, si el auto de ejecución se dicta en un juicio que por su cuantía no admite apelación, debe interponerse el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio, el cual procede contra los autos que no fueren apelables, así como en contra de los decretos. Al respecto, cabe precisar que las resoluciones judiciales se clasifican en: 1. Decretos: Son determinaciones que dicta el juzgador para el trámite del procedimiento judicial. 2. Autos: Son resoluciones que deciden cualquier punto dentro del proceso y pueden clasificarse del siguiente modo: a) Provisionales: Son determinaciones que se ejecutan momentáneamente, sujetos a una modificación o transformación en la sentencia. b) Preparatorios: Son resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio. c) Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio. 3. Sentencias: Son resoluciones que ponen fin a la controversia y pueden clasificarse en: a) Interlocutorias: Deciden en definitiva un incidente planteado antes o después de dictada la sentencia definitiva, un artículo sobre excepciones dilatorias o una competencia. b) Definitivas: Son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo. Así, se señala que los decretos y autos que se dictan durante la tramitación del juicio: los primeros, solo para procurar la marcha del procedimiento y, los segundos, para resolver algún tema jurídico durante el procedimiento. Por lo tanto, el auto de exequendo tiene la naturaleza de un auto provisional porque decide sobre la solicitud de requerimiento de pago y embargo realizado por la parte actora, lo que a su vez podrá modificarse posteriormente una vez que quede dilucidada la situación jurídica del demandado. En ese contexto, es evidente que antes de acudir al juicio de amparo, el agraviado, hoy quejoso, debió interponer el recurso de revocación o apelación según sea el caso y en consideración a los párrafos anteriores contra del auto de exequendo emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México. Cobra aplicación al respecto, por analogía y a contrario sensu, la jurisprudencia número 1a./J. 12/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 979, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada y 61, fracción XVIII, de la vigente." Por consiguiente; cabe concluir que el quejoso fue omisa en respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de control constitucional. No constituye obstáculo a lo anterior, las excepciones previstas en la causal de improcedencia en mención, pues no nos encontramos ante un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o que esté prohibido por el artículo 22 Constitucional; ni actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad de la parte impetrante, o se trate de persona extraña al procedimiento de origen. Cabe destacar que si bien los actos reclamados generan una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, ello no genera per se, una excepción a la regla de definitividad, como se ha estimado en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Asimismo, cabe precisar que en modo alguno pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, la jurisprudencia número 1a. /J. 6/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO.". Lo anterior, porque con independencia de que el auto de exequendo reclamado produzca sobre las personas o las cosas, una ejecución de imposible reparación; lo cierto es que la irreparabilidad de los actos combatidos no constituye, por sí mismo, una excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo y, por ende, la parte quejosa, debió respetar dicho principio, lo que en la especie no aconteció. Siendo aplicable al respecto, la Jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por ello, se estima que para que proceda el juicio de amparo indirecto contra el auto de exequendo dictado en un juicio ejecutivo mercantil, previamente debe cumplirse con el principio de definitividad. Máxime que, en el caso concreto, la diligencia de requerimiento de pago y embargo a que se hizo referencia antes, no se reclama por vicios propios, si no en vía de consecuencia, pues, en opinión del quejoso no se debió embargar el bien de su propiedad porque la deuda correspondiente ya se había pagado, lo que muestra que el reclamo de la quejosa va dirigido en contra del auto de exequendo, que es dónde se ordenó la diligencia en cuestión. De ahí la conclusión de este Juzgado, en el sentido de que el quejoso debió interponer el recurso correspondiente en contra de ese acto, antes de acudir a ésta instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo por el acto que nos ocupa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ----se previene a la parte quejosa, para que bajo protesta de decir verdad, en el plazo de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente de aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído: Indique en qué lugar se ejecutó la diligencia de requerimiento de pago y embargo que reclama. Precise la ubicación del inmueble que refiere señaló como garantía en la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el diez de enero del año en curso. Manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la inscripción del embargo del inmueble que defiende ante el Instituto de la Función Registral de Nezahualcóyotl, Estado de México. Indique si desea señalar como autoridad responsable al Instituto de la Función Registral de Nezahualcóyotl, Estado de México, ya que de la lectura se advierte del temor de la parte quejosa la inscripción del embargo por dicha autoridad. Manifieste bajo protesta de decir verdad si interpuso algún medio de defensa ordinario en contra de la diligencia de requerimiento de pago y embargo practicada el diez de enero del año en curso. --- Apercibida la parte quejosa que, en caso de no desahogar la prevención realizada se tendrá por no presentada la presente demanda--- Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señalan en su escrito de demanda, esto es; las listas---- Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 24 de la Ley de la Materia, a las personas que cita en su escrito de demanda, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF. Se exhorta para tramitación de juicio en línea.---en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. Copias y reproducción de constancias.---hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. NOTIFÍQUESE Y POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · 9,414 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano