Rafael Reyes Reyes
Expediente 1739/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1739/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rafael Reyes Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, el seis de junio de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de depuración, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado. Por tanto, consérvese este asunto por el término de tres años, contados a partir de esta fecha, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, procédase a su depuración, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; en el entendido de que en el presente expediente no existen documentos que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información, ni es considerado de relevancia documental. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1739/2021; y R E S U L T A N D O Por escrito presentado el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este Juzgado de Distrito el veintitrés de diciembre siguiente, ********, por propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: III. AUTORIDADES QUE SEÑALO COMO RESPONSABLES. a) AUTORIDADES QUE DICTARON, EMITIERON, SANCIONARON, PROMULGARON Y PUBLICARON LA NORMA GENERAL QUE POR ESTA VÍA SE RECLAMA INCONSTITUCIONAL: 1. H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 2. C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 3. C. SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. 4. C. DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ESTADO DE MORELOS. b) POR LO QUE HACE AL ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA MEDIANTE ESTA VÍA COMO INCONSTITUCIONAL: 5. H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. 6. H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS. IV.- ACTOS RECLAMADOS. 1.- DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, RECLAMO LO SIGUIENTE: LA APROBACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NÚMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. 2.- DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" NUMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. 3.- DEL SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, SE RECLAMA: EL REFRENDO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NUMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD, APLICADA EN VÍA DEL CUARTO ACTO RECLAMADO. 4.- DEL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, RECLAMO: LA PUBLICACIÓN POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD NUMERO 4074 SEGUNDA SECCIÓN DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, POR SU INCONSTITUCIONALIDAD. 5.- DEL H. TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS SE RECLAMA: LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE JIUTEPEC, MORELOS, ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2021, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL NÚMERO ****. 6.- H. INTEGRANTES DEL PLENO DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, SE RECLAMA: LA APLICACIÓN DE LA INCONSTITUCIONAL LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, PARTICULARMENTE EN SU ARTÍCULO 124 FRACCIÓN II, CONSISTENTE EN LA DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO EN MI CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC, MORELOS (sic), ORDENADA MEDIANTE SESIÓN DE PLENO DE FECHA 26 DE DE (sic) OCTUBRE DE 2021 APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, DENTRO DEL EXPEDIENTE NATURAL NUMERO *****. Actos que estimó violatorios, entre otros, de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, reconoció el carácter de terceras interesadas a ******** y ordenó su emplazamiento a juicio1, pidió a las autoridades 1 Las terceras interesadas fueron emplazadas personalmente el dos de enero de dos mil veintiuno, conforme al artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; y comparecieron a juicio por conducto de su apoderada, mediante escrito de dieciocho de enero de dos mil veintidós. responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fijó día y hora para la audiencia constitucional. Cabe mencionar que, en ese mismo auto, se hizo del conocimiento de las partes su derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que ninguno haya hecho manifestación al respecto. Una vez tramitado el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional el siete de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de una norma general local, cuyo acto concreto de aplicación se ejecutó en el territorio dentro del cual ejerce jurisdicción este Juzgado. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables y actos reclamados Del a) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos; b) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos; c) Director del Periódico Oficial Tierra y Libertad del Estado de Morelos; y d) Congreso del Estado de Morelos: 1) El artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, relativo a la destitución del infractor, como medida de apremio que tiene el Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones; los cuales se reclaman en función de su primer acto de aplicación. Del e) Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos e Integrantes del Pleno del mencionado Tribunal: 2) La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente burocrático laboral *****, en la cual se hizo efectivo al quejoso, el apercibimiento de uno de julio de dos mil veintiuno; acto que constituye el primer acto de aplicación de la norma general reclamada. En este punto, es preciso hacer la aclaración de que, aunque el quejoso promovió su amparo diciendo que lo hacía por su propio derecho y en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, lo cierto es que de la lectura integral de la demanda de amparo y el contexto que forman los autos, esta juzgadora advierte que su real intención es promover el presente juicio, únicamente, por su propio derecho; es decir en lo individual como ciudadano y no como autoridad. Lo anterior es así, porque el solicitante de amparo reclama su destitución en las funciones de presidente municipal, que es una sanción derivada del apremio para cumplir con el laudo, que se impone a la persona física que desempeña el cargo respectivo y no en sí a la autoridad u órgano de gobierno que encarna, con independencia de que al imponer la sanción se haya mencionado el nombre del funcionario, del cargo o ambos.2 2 Véase al respecto la jurisprudencia 2a./J. 65/2015 (10a.), con registro 2009360, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 974, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguiente: JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona Así, ese tipo de sanciones, sea multa o destitución, recaen en la esfera jurídica de la persona física por su conducta o actuación como autoridad, pero no afectan a ésta como ente del Estado, quien incluso no tendría legitimación para promover el juicio de amparo, en términos del artículo 7 de la Ley de Amparo. De ese modo, esta juzgadora advierte que, al decir la parte quejosa que comparece a este juicio por su propio derecho y en su carácter de presidente municipal, junto con la lectura integral de la demanda y el contexto del caso, en realidad impugna los actos reclamados por su propio derecho, pero explicando que se generaron al desempeñar dicha función pública. III. Existencia de los actos reclamados. En un primer término, se tiene la certeza de la existencia de la norma general reclamada a las autoridades responsables a) Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y d) Congreso del Estado de Morelos, pues independientemente de lo que manifestaron al rendir su informe justificado, las leyes no son objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, también es cierta la resolución reclamada precisada en el inciso 2) del segundo considerando, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo cual además se corrobora con las copias certificadas de los autos que integran el juicio laboral burocrático *****, a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en razón de que dichas documentales fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. El juicio de amparo se promovió oportunamente, pues la parte quejosa presentó su demanda el último día del plazo de quince días con que contaba para ello.3 física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra. 3 El quejoso fue notificado del acto reclamado el uno de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que la notificación surtió sus efectos ese mismo día, de conformidad con el artículo V. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En principio, en relación a los actos atribuidos al b) Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y al c) Director del Periódico Oficial de dicha entidad federativa, esta juzgadora advierte que, en el presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo4, puesto que los actos que se atribuyen a esas autoridades no se les reclaman por vicios propios, sino como parte del proceso de formación de la ley. En efecto, la causal aludida se actualiza tanto respecto de la autoridad encargada del refrendo como de la publicación de la norma controvertida, puesto que la interpretación en sentido contrario del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo permite advertir que, en el caso de la promoción de un juicio de amparo en contra de normas generales, cuando el refrendo o su publicación no se reclaman por vicios propios, las autoridades que lo realizaron no son autoridades responsables para efectos del amparo; ello es así, pues como establece ese precepto el quejoso sólo debe señalar a dichas autoridades cuando tales actos del proceso legislativo se reclamen por vicios propios, por lo que, al no surtirse este último supuesto, no ha lugar para tenerlas como autoridades para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, 747 de la Ley Federal del Trabajo, y la demanda de amparo se presentó el veintidós de diciembre de la misma anualidad, en tanto que el término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del dos al veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. 4 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (lo resaltado es nuestro). debe sobreseerse en el juicio de amparo, por cuanto hace a las autoridades y actos precisados en este apartado. VI. Procedencia del juicio de amparo. La autoridad responsable Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje hace valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII5, de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico del quejoso; lo cual considera así, porque dice haber dictado el acuerdo reclamado conforme a derecho, por lo que no puede haber una afectación a los derechos sustantivos del quejoso. Sin embargo, lo que aduce la autoridad responsable es una cuestión que está íntimamente ligada al estudio de fondo del asunto, en la medida en que ahí se dilucidará si los actos reclamados contravienen alguna disposición constitucional y, por ende, si existe o no una afectación a los derechos de la parte quejosa. Y ese tema de análisis no es propio del apartado de procedencia, sino del problema jurídico principal planteado, so pena de caer en el vicio lógico de petición de principio. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio jurisprudencial P./J. 135/2001, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XV, Enero de 2002, página 5, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Por tanto, al no actualizarse la causal de improcedencia invocada y en vista de que las partes no hacen valer una diversa ni esta juzgadora la advierte de oficio, como lo impone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede ocuparse del fondo del asunto. VII. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado precisado en el inciso 1), del segundo considerando. El único 5 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legitimas del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 50 de la presente Ley, y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) concepto de violación hecho valer por el quejoso es infundado, por lo que debe negarse el amparo solicitado, por las razones que se expondrán a continuación. En principio, para efectos de una mejor explicación, debe establecerse que la norma cuya constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio por el quejoso es la siguiente: Artículo 124.- Las infracciones a la presente Ley que no tengan establecida otra sanción y la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, se castigarán: [.] II.- Con destitución del infractor sin responsabilidad para el Gobierno del Estado o de los Municipios. Estas sanciones serán impuestas en su caso, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Y, a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de ese precepto, el quejoso sostiene que no respeta a plenitud el derecho de audiencia; además de que sostiene que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que es facultad única y exclusiva de las legislaturas locales separar o suspender de su encargo a los miembros de un ayuntamiento y, por ende, el contenido de la norma impugnada es contrario a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, cita la jurisprudencia P./J. 7/2004, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, de rubro CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO.6 Por lo anterior, es que el impetrante de amparo considera que la norma reclamada es inconstitucional, pues autoriza al Tribunal 6 Con registro 182006 y consultable en la página 1163, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: El artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine; asimismo, establece que las Legislaturas de los Estados están facultadas para suspender Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, siempre y cuando la decisión se tome por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes y se actualice alguna de las causas graves que la ley local prevenga; además, que los miembros de los Ayuntamientos deben tener oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar. De lo expuesto se colige que si bien el Órgano Reformador de la Constitución pretendió fortalecer el ámbito competencial del Municipio, consignando facultades propias de éste y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, también prescribió que sólo a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales hayan previsto, las Legislaturas Locales podrán ejercer las referidas facultades. En consecuencia, cualquier otro mecanismo contenido en una disposición local tendente a separar o suspender de sus funciones a un miembro de un Ayuntamiento, invade las atribuciones que constitucionalmente corresponden a los Congresos Estatales y, por ende, resulta contrario al citado precepto constitucional. Estatal de Conciliación y Arbitraje a ordenar la destitución del infractor de sus determinaciones, no obstante que el único facultado para ello es el Congreso del Estado. Sin embargo, como se adelantó al inicio de este considerando, no le asiste razón a la parte quejosa, pues ya existe un criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual determinó que, al aplicar el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, debe hacerse una interpretación conforme con la Constitución e interpretarse en el sentido de que, dicho artículo, excluye de la destitución a los miembros de los ayuntamientos. En efecto, en la controversia constitucional 253/2016, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya resolución dictada el quince de noviembre de dos mil diecisiete constituye un hecho notorio para esta juzgadora,7 al haber sido consultada a través del portal de INTRANET del Poder Judicial de la Federación, dicho órgano colegiado determinó declarar la invalidez de un acuerdo dictado en un juicio laboral a través del cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, apoyándose en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil de la entidad, aplicó como medida de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, la sanción consistente en la destitución del Presidente Municipal de un Ayuntamiento de Morelos; lo anterior, pues la Segunda Sala consideró que dicho Tribunal Local interpretó en forma incorrecta lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, de cara al contenido del artículo 115 de la Carta Magna. Y, al interpretar el artículo 115 Constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo hizo a partir de lo determinado por el Pleno de ese Máximo Tribunal en la jurisprudencia P./J. 7/2004, de rubro CONGRESOS ESTATALES. SON LOS ÚNICOS FACULTADOS POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL PARA SEPARAR O SUSPENDER DE SU ENCARGO A 7 Al respecto, consúltese la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), registro 2017123 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). LOS MIEMBROS DE UN AYUNTAMIENTO,8 cuyo criterio derivó del estudio de la controversia constitucional 44/2002, cuya materia de estudio fue la decisión de un municipio de suspender a un regidor por no cumplir con requisitos de elegibilidad -ser regidor y ostentar un puesto dentro del gobierno del estado- y quien consideró afectado en sus facultades fue el congreso local; y en ese supuesto, la Corte resolvió que, efectivamente, el municipio -cabildo- había ido más allá de sus facultades legales e invadió las del Congreso Local, puesto que sostuvo que el artículo 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos previene una situación excepcional que da lugar a un mecanismo para suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, esto frente al principio democrático relativo a que el Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Con base en ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un interpretación conforme del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos a la Constitución Federal, en concreto, al artículo 115, fracción I,9 así 8 Con registro 182006, visible en la página 1163, Tomo XIX, Marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto ya fue citado previamente en la página 10 de esta sentencia. 9 Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: I.- Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley. En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores. (.). como el artículo 41 de la Constitución del Estado de Morelos,10 178, 181 y 182 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos11, y 10 Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: I.- Declarará la desaparición de Ayuntamientos cuando se hayan presentado previamente circunstancias de hecho como la desintegración del Cuerpo Edilicio o que éste se encuentre imposibilitado para el ejercicio de sus funciones conforme al orden Constitucional tanto Federal como Estatal; II.- Podrá dictar la suspensión definitiva de un Ayuntamiento en su totalidad, en los siguientes casos: a).- Cuando el Municipio ha dejado de funcionar normalmente por cualquier circunstancia distinta a las señaladas como causa de declaración de desaparición de los Ayuntamientos; b).- Cuando el Ayuntamiento como tal, haya violado reiteradamente la Legislación Estatal o la de la Federación; c).- Cuando todos los integrantes del Ayuntamiento se encuentren en el caso de que proceda su suspensión en lo particular. III.- Ordenará la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular, cuando el Munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos: a).- Quebrante los principios jurídicos del régimen Federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; b).- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; c).- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco Sesiones de Cabildo sin causa justificada; d).- Cuando reiteradamente abuse de su Autoridad en perjuicio de la Comunidad y del Ayuntamiento; e).- Por omisión reiterada en el cumplimiento de sus funciones; f).- Cuando se le dicte auto de formal prisión o vinculación a proceso por delito doloso, sancionado con pena privativa de libertad, y g).- En los casos de incapacidad física o legal permanente. IV.- Acordará la revocación del mandato a alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en el supuesto de que éste no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el caso. En caso de declararse desaparecido algún Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros cuando no procediere que entraren en funciones los Suplentes ni que se celebrasen nuevas elecciones, el Congreso del Estado designará entre los vecinos a los Consejos Municipales que concluirán los períodos respectivos. Cuando el Congreso se encuentre en receso, la Diputación Permanente lo convocará a fin de verificar que se han cumplido las condiciones establecidas por esta Constitución. 11Artículo 178.- Corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, declarar la desaparición de Ayuntamientos, suspenderlos en su totalidad o suspender a alguno de sus integrantes en términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política Local." Artículo 181.- Procederá la suspensión definitiva de uno de los miembros del Ayuntamiento en lo particular cuando el munícipe de que se trate se coloque en cualquiera de los siguientes supuestos que sean calificados como causas graves por el Congreso del Estado: I.- Quebrante los principios jurídicos del régimen federal o de la Constitución Política del Estado de Morelos; II.- Cuando abandone sus funciones por un lapso de quince días consecutivos sin causa justificada; III.- Cuando deje de asistir consecutivamente a cinco sesiones de Cabildo sin causa justificada; IV.- Cuando abuse de su autoridad en perjuicio de la comunidad y del Ayuntamiento; V.- Por omisión en el cumplimiento de sus funciones; VI.- Cuando se le dicte auto de formal prisión por delito doloso; y VII.- En los casos de incapacidad física o legal permanente. Declarada la suspensión definitiva se procederá a sustituir al suspendido por el suplente respectivo y si éste faltare o estuviere imposibilitado, el Congreso, a proposición en terna del Ayuntamiento de que se trate, designará al sustituto. Artículo 182.- Cuando alguno de los integrantes del Ayuntamiento no reúna los requisitos de elegibilidad previstos para el cargo, el Congreso del Estado, por acuerdo cuando menos de las dos terceras partes de sus miembros, acordará la revocación del mandato del munícipe de que se trate. consideró que, aunque el artículo 124 en comento, efectivamente, permite que el tribunal burocrático del Estado de Morelos puede sancionar la desobediencia a sus determinaciones con destitución del infractor, dentro de este concepto infractor no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que de estimar lo contrario se estaría transgrediendo el Texto Supremo, al considerarse facultado dicho tribunal para revocar de facto el mandato a uno de sus miembros, soslayando que el citado artículo 115 señala que únicamente las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio convengan. Así, la Segunda Sala determinó que si el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no se interpreta conforme a la Constitución Federal se incurre en un acto contrario a ésta, como había ocurrido en el caso analizado, donde el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje consideró que estaba en aptitud de destituir a un integrante del ayuntamiento, revocando de facto el mandato otorgado a éste, no obstante que la Ley Fundamental, así como a los preceptos de la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos citados con antelación, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, estipulando así que sea dicho Congreso el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. Debido a todo esto, esta decisión se adopta asumiendo las consideraciones que sustentan la determinación emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País al resolver la controversia constitucional 253/2016 el quince de noviembre de dos mil diecisiete; ello, ya que el supuesto analizado en este juicio, si bien no es idéntico, comparte características similares al estudiado Decretada la revocación, se procederá en los términos del último párrafo del Artículo anterior. en la referida controversia, en tanto que también versa sobre un acuerdo reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, en el cual se aplicó el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues se ordenó remitir el expediente laboral al Congreso del Estado, a fin de que determinara si la contumacia del Ayuntamiento representado por el quejoso encuadraba en uno de los supuestos de faltas graves estipuladas en el artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos y, por tanto, que se iniciara el procedimiento para su destitución. En ese sentido, es que se considera que el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no deviene inconstitucional, pues el órgano del Alto Tribunal determinó que su interpretación debe ser en el sentido de que la palabra infractor contenida en ese precepto, no incluye a los miembros de los ayuntamientos, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Morelos y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, sólo permiten que sea el Congreso del Estado quien determine tal destitución, cumpliendo con los requisitos que la propia disposición suprema exige para afectar la integración de un municipio, pues debe ser éste el que califique, mediante el procedimiento correspondiente y cumpliendo con las exigencias constitucionales y legales, si la falta cometida constituye una causa grave que amerite la destitución de alguno de los integrantes del ayuntamiento. De ahí lo infundado de los argumentos hechos valer por el quejoso en su concepto de violación, pues como ya quedó demostrado, el precepto impugnado no es inconstitucional en sí mismo, sino que lo que puede resultar inconstitucional, en todo caso, es la aplicación que se haga de ese precepto. En consecuencia, al ser infundados los argumentos hechos valer en el concepto de violación en estudio y, al no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. VIII. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado precisado en el inciso 2) del segundo considerando. Son inoperantes los argumentos hechos valer por el quejoso en su único concepto de violación, por las razones siguientes. En principio, es necesario precisar que el quejoso combate la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, dentro del expediente burocrático laboral *****, en la cual, ante la contumacia del Ayuntamiento demandado de dar cumplimiento al laudo de veinticuatro de enero de dos mil veinte, se le hizo efectivo el apercibimiento de uno de julio de dos mil veintiuno y se ordenó remitir copia del expediente laboral al Congreso del Estado de Morelos, esencialmente, para que éste determine si la conducta del ahora quejoso encuadra en alguna de las hipótesis del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal y, en su caso, inicie el procedimiento de destitución que establece el artículo 115 de la Constitución Federal en contra del quejoso. Contra esa determinación, el aquí quejoso argumenta en su único concepto de violación, esencialmente, que acorde al artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, solo el Gobernador del Estado puede solicitar al Congreso la destitución de alguno de los integrantes de los ayuntamientos del estado, por lo que el Tribunal responsable no está facultado para hacer esa solicitud. Como se adelantó al inicio de este considerando, dicho argumento resulta inoperante, puesto que el quejoso parte de una premisa errónea al considerar, en primer lugar, que solo el Gobernador del Estado está facultado para hacer la petición prevista en el artículo 41 de la Constitución Estatal y, en segundo lugar, que la resolución reclamada constituye esa petición. Así es, primeramente, debe decirse que el propio artículo 41 de la Constitución del Estado prevé que la referida petición también puede hacerse por el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, pues dice literalmente lo siguiente: Artículo 41.- El Congreso del Estado, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar, a petición del Gobernador del Estado o de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de los Diputados del Congreso, la desaparición de un Ayuntamiento, la revocación del mandato de alguno de sus miembros, la suspensión de la totalidad de sus integrantes; o la suspensión de alguno de ellos, concediéndoles previamente a los afectados la oportunidad suficiente para rendir pruebas y alegar lo que a su derecho convenga, conforme a lo siguiente: (.) Es decir, los integrantes del propio Congreso también pueden solicitar el inicio del procedimiento de destitución. Luego, se dice que la referida resolución no constituye la petición de destitución establecida en el artículo citado, pues el Tribunal responsable en ningún momento solicita de manera expresa que se dé inicio al procedimiento, sino que solo ordena hacer del conocimiento la contumacia en la que incurrió el Ayuntamiento demandado, para que sea el propio Congreso quien determine si da inicio al referido procedimiento. Así es, en la resolución reclamada el Tribunal responsable estableció, en lo que interesa, lo siguiente: "En esa lógica, la Ley Burocrática Estatal prevé de dos recursos jurídicos para el cumplimiento de sus resoluciones que se emiten, esto es, la imposición de multas y la destitución del infractor. Como puede apreciarse en la etapa de ejecución del presente juicio, se ha agotado lo relativo a la primera hipótesis, quedando como consecuencia la imposición de la segunda. Ahora bien, con base en la normatividad fijada, es claro que no sólo corresponde al Congreso del Estado determinar si se actualiza alguna o algunas de las hipótesis que ameriten la suspensión definitiva de aquél integrante de un ayuntamiento que incurra en alguna de las causas mencionadas, si no también llevar a cabo el procedimiento respectivo. Ello es así, tomando en consideración que existe una restricción en el ámbito de las facultades de este Tribunal para su imposición, lo que conlleva -y así ha sido determinado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 253/2016- a que sea el Congreso del Estado de Morelos, quien determine con base en los artículos 124, fracción II de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y 115, fracción I de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si es procedente o no la destitución del Presidente municipal del Ayuntamiento demandado ante el incumplimiento del laudo. (.) Por último, se hace del conocimiento que la imposición de la sanción decretada con antelación (conforme a lo que determine el Congreso del Estado) al Presidente Municipal del AYUNTAMIENTO DE JIUTEPEC MORELOS, de ningún modo libera al ente demandado de la responsabilidad de dar cumplimiento al laudo de VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. De la transcripción anterior, se puede advertir que el Tribunal responsable no pasó por alto la restricción que tiene para aplicar a los miembros de los Ayuntamientos la sanción prevista en el artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, pues incluso cita el contenido de la controversia constitucional 253/2016, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y emite su determinación conforme a los lineamientos ahí precisados, puesto que, a pesar de que considera procedente la destitución del aquí quejoso como presidente municipal, también establece que la imposición de dicha sanción está supeditado a lo que determine el Congreso del Estado. Asimismo, es clara al establecer que no le corresponde a ella llevar a cabo el procedimiento respectivo, el cual incluye la petición a que se refiere el artículo 41 de la Constitución Estatal, por lo que, en atención a ello, se limita a remitir los autos del expediente burocrático laboral al Congreso del Estado, para que sea en esa instancia que se determine si se da inicio o no al procedimiento de destitución, el cual, en su caso, tendrá que hacerse mediante el procedimiento previsto para ello. De ahí la inoperancia del argumento del quejoso, pues no se puede considerar la resolución reclamada como la petición de inicio del procedimiento de destitución del quejoso en su cargo de presidente municipal, pues en la redacción de esa determinación, el propio Tribunal hace patente que no le corresponde esa atribución, además de que no se advierte en ninguna parte que expresamente haya solicitado al Congreso iniciar con el procedimiento de destitución, sino que ordena hacer de su conocimiento el incumplimiento del laudo, no obstante haber agotado la imposición de multas para su acatamiento, sin éxito. Es decir, la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno aquí reclamada, fue dictada únicamente para el efecto de dar vista al Congreso del Estado con el incumplimiento del laudo por parte del Presidente Municipal -aquí quejoso-, por lo que no se puede considerar que, con ello, el Tribunal responsable haya ejercido facultades dentro del procedimiento de destitución que no le corresponden, como lo alega el quejoso. En consecuencia, ante lo inoperante de los argumentos hechos valer por el quejoso y, al no advertirse que se configure alguna hipótesis por la que deba operar la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *******, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando V de este fallo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal, a *******, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos VII y VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Carlos Roberto Sáenz Ramos, Secretario que autoriza y da fe, hoy seis de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del seis de junio del dos mil veintidós, que en lo conducente dice: ...Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por *****, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando V de este fallo. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la justicia federal, a *****, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos VII y VIII de esta sentencia. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Carlos Roberto Sáenz Ramos, Secretario que autoriza y da fe, hoy seis de junio de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de febrero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos, Diputado Erik Sánchez Zavala; con su contenido dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como delegados de la autoridad responsable, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, a las personas que designa en su informe, y por señalado el domicilio que indica, para oír y recibir notificaciones, siempre y cuando corresponda a su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,306 expedientes
- Rafael Ortega Rojas2706/2014
- Rafael Ortiz Rios2653/2014
- Rafael Perez Camacho945/2022
- Rafael Perez Camacho1122/2021
- Rafael Perez Estrada423/2021
- Rafael Raynaldo Hijar Eichenberg418/2015
- Rafael Reyes Reyes1096/2021
- Rafael Reyes Reyes711/2021
- Rafael Reyes Reyes222/2021
- Rafael Reyes Ubaldo2193/2016
- Rafael Reyes Ubaldo2341/2015
- Rafael Reyes Ubaldo420/2018