Rafael Reyes Reyes

Expediente 1254/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1254/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Rafael Reyes Reyes
  • Integrantes del Pleno del Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    AVISO. SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE TIENE POR NOTIFICADA(O) DEL ACUERDO DE TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTAD(O) A POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 1254/2023 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios signados por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales en representación de la Coordinadora de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, mediante los cuales rinden su informe justificado; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichos informes y anexos para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Con fundamento en los arábigos 119 y 123 del cuerpo normativo en mención, se tienen por ofrecidas a favor dicha parte procesal, las pruebas documentales que anexan, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. De igual forma, con apoyo en los numerales 9 y 26, fracción II, de la ley en cita, se tienen como sus delegados a las personas que menciona, y por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Asimismo, de conformidad con el artículo 35, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico a la citada autoridad responsable, con base en los usuarios "********************", "********************", "********************", "********************" y "********************", toda vez que de una revisión realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que dichos usuarios sí se encuentran registrados y autorizados para realizar la consulta del expediente electrónico derivado del presente juicio de amparo. Por tanto, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con los usuarios relativos a los nombres de la autoridad oficiante, para lo cual se instruye a la Oficial Judicial A de la adscripción, a fin de que proceda a realizar el trámite respectivo. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y con las tesis que más adelante se transcriben, se autoriza el uso de medios electrónicos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, para imponerse de los autos; haciéndole de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.1o.A.23 K (10a.), registro 2008986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, A y la diversa I.1o.A.22 K (10a.), registro 2008987, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 17, Abril de 2015, Tomo II, página 1831, emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubros siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). A través del expediente electrónico previsto en la Ley de Amparo vigente, las partes podrán consultar los autos mediante su firma electrónica y el sistema que, para tal efecto, deberá instalar el Consejo de la Judicatura Federal. Es decir los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos en versión digital y no existe un motivo que justifique negarles que sean ellos quienes realicen su reproducción a través de dispositivos electrónicos. Para tal efecto, no es necesario que soliciten por escrito la autorización para acceder al expediente y digitalizar las constancias de su interés, ya que esa actividad, esencialmente, queda comprendida dentro del concepto de "imponerse de autos", por lo que son aplicables las mismas reglas que, en la práctica, se observan cuando las partes acuden a verificarlos físicamente". Contacto no procesal De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados los números telefónicos y correos electrónicos que se precisan como forma especial de contacto para entablar comunicaciones no procesales, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto en caso de que lo estimen necesario siempre y cuando levanten razón de ello. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con dos minutos del veinte de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos del expediente en que se actúa, de los cuales se desprende que se señalaron las diez horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés para que tuviera verificativo la audiencia constitucional; sin embargo fueron declarados inhábiles los días dieciocho al veintinueve de octubre del año en curso, derivado del paro organizado por la base trabajadora que integran los órganos jurisdicciones Federales del estado de Morelos.****************************************En consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, y, se señalan para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente de manera urgente.

  3. Incidental

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 1254/2023-II, promovido por Rafael Reyes Reyes, por propio derecho, contra los actos reclamados de la Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otros; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. La parte quejosa en la demanda de amparo solicita la suspensión definitiva contra los actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente respecto la suspensión provisional de los actos reclamados en la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 125, 128 y 138 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, impone la obligación de que las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva contengan la fijación clara y precisa del acto reclamado. Con apoyo en esas premisas, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama de las siguientes autoridades: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor e integrantes del Pleno de dicho Tribunal. La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos. II.- Del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. La ejecución de la multa. TERCERO. Requisitos de procedencia y efectividad. El estudio armónico de la normatividad relativa permite concluir que la suspensión a petición de parte está sujeta a requisitos de procedencia y efectividad; los primeros están constituidos por aquéllas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión; mientras que los segundos implican aquéllas exigencias que el quejoso debe llenar para que surta sus efectos la suspensión otorgada. Por tanto, la procedencia de la suspensión definitiva debe fundarse en las siguientes condiciones concurrentes: I. Que los actos contra los cuales se solicite la suspensión sean ciertos; II. Que la naturaleza jurídica de los actos mismos permita su paralización; III. Que se cumplan con los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir: a) Que lo solicite el quejoso (interés suspensional); y, b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior realizando de manera simultánea un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y peligro en la demora. IV. Serán analizados los requisitos de efectividad de la suspensión, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, cuando sea procedente el otorgamiento de la medida cautelar se deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a terceros si no se obtuviere sentencia favorable en el juicio. CUARTO. Análisis de los requisitos de procedencia. Este Juzgador Federal procede al análisis de los requisitos de procedencia indicados, a fin de resolver sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes previos el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; aceptó la existencia del acto reclamado que se le atribuye; por su parte la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación de la Coordinadora de Política de ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo, negó la existencia del acto de ejecución reclamado, sin embargo, dado que la autoridad responsable ordenadora aceptó la existencia del acto, resulta inminente el acto de ejecución atribuido, de ahí que se tenga por cierto. SEXTO. En atención a lo dispuesto por los artículos 128, 138, fracción I, y 147, párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA consistente en la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos, toda vez que el mismo ya fue emitido, por ende, reviste el carácter de acto consumado. Sobre el particular, tiene aplicación la Jurisprudencia número 12, de la Primera Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice 1917- 2000, cuyo rubro y texto es el siguiente: ********************ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Respecto del acto reclamado consistente en la ejecución de la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos, constituye un acto positivo de tracto sucesivo, susceptible de ser suspendido, pues implica que las autoridades responsables actúen constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación jurídica que guarda la parte quejosa. SÉPTIMO. Requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. I. Interés suspensional. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite quien es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos humanos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ocasionando con ello una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés suspensional, se refiere a la titularidad de los derechos que le asisten a la parte quejosa, por lo que para suspender la ejecución de los actos a que se refiere, es necesario que acredite aún de modo indiciario o presuntivo, el interés suspensional con el que afirma contar, ya que no basta la sola presentación de la demanda para que dicha medida sea concedida, sino que es necesario acreditar que pudiera resultar lesionado con algún daño inminente e irreparable que se ocasione con la ejecución del acto reclamado. Por otro lado, el Máximo Tribunal del país resolvió que, la connotación "de manera indiciaria", implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviada, además, de que pueda inferir que, efectivamente, la ejecución del acto reclamado le causará daño. Por el sólo hecho de ser parte dentro del procedimiento laboral, como así lo asevera la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, acredita el interés jurídico que tiene para que se le conceda la suspensión de que se trata. Es aplicable la tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto indican: ********************SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Basta con demostrar ser parte demandada en el juicio natural del cual emanan los actos reclamados, para acreditar el interés jurídico que le asiste en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo, sobre todo si se trata de un juicio seguido en la vía especial hipotecaria que trae aparejada ejecución sobre el bien hipotecado, que resulta ser la base del adeudo y, por tanto, del litigio; lo anterior aunado al hecho de que la autoridad responsable admite la existencia del acto." Por tanto, se concluye que la parte quejosa acredita el interés suspensional que le asiste para solicitar la medida cautelar. II. Orden Público e Interés Social. Por otra parte, respecto a la solicitud de la medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público e interés social ya que de concederse la suspensión no se continuará el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; ni se continuará la producción o el comercio de narcóticos; ni se permitirá la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; ni se permitirá el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; ni se impedirá la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; ni se impedirá la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; ni se permitirá el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; ni se afectarán intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; ni se impedirá el pago de alimentos; ni se permitirá el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de Ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ni se incumplirá con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; ni se incumplirá con las Normas Oficiales Mexicanas; ni se afectará la producción nacional; ni se impedirán o interrumpirán los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; ni se impedirá la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, finalmente, no se impedirá u obstaculizará al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido de que, en términos generales, se contravienen disposiciones de orden público e interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Tal requisito, se ha dicho, está inmerso en el artículo 128 de la Ley de Amparo, específicamente en su fracción II, en tanto que el diverso numeral 129 del mismo ordenamiento prevé una serie de supuestos en los que, invariablemente, se afectará el interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales, el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar (hipótesis enunciativas); de ahí que, en los demás casos, tendrá la libertad de ponderar su otorgamiento; sin embargo, excepcionalmente podrá concederse la suspensión, aun cuando se trate de los casos previstos por el citado artículo si, a juicio del órgano jurisdiccional, con la negativa de la medida suspensional puede causarse mayor afectación al interés social. OCTAVO. Concesión de la suspensión definitiva. En ese orden de ideas, reunidos los requisitos legales, a efecto de asegurar una tutela cautelar efectiva que preserve la materia del juicio y la cabal restitución de los derechos humanos que estima violados la parte quejosa, con fundamento en los artículos 128, 147 y 150 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, para el único efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que las autoridades responsables no efectúen a la parte quejosa el cobro de la multa impuesta mediante resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********************, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos. NOVENO. Requisitos de efectividad de la suspensión. Atento lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo, esta suspensión surtirá efectos ********************si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables". Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 365, del Tomo XXII, de Diciembre de 2005, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: ********************MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva" También, es aplicable la Jurisprudencia 2a./J.138/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 445, del Tomo XXVIII, Octubre de 2008, en Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual a la letra estatuye: ********************MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El precepto en cita dispone que cuando se pida amparo contra el cobro de contribuciones y aprovechamientos, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la cual surtirá sus efectos previo depósito del total en efectivo de la cantidad a nombre de la Tesorería de la Federación o de la Entidad Federativa o Municipio correspondiente, debiendo cubrir el monto de las contribuciones, aprovechamientos, multas y accesorios que se lleguen a causar, a fin de asegurar el interés fiscal. Ahora bien, no obstante que las multas administrativas constituyen aprovechamientos, en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles por ende mediante el procedimiento administrativo de ejecución, conforme a los artículos 4o. y 145 del indicado Código, a modo tal que al solicitarse la suspensión al promoverse el juicio de amparo contra su cobro, el interés fiscal debe garantizarse como lo señala el artículo 135 de la Ley de Amparo, con excepción de los recargos que, en términos del artículo 21, párrafo noveno del Código Fiscal de la Federación, no se generan. Esta regla es la aplicable en estos casos, con independencia de lo dispuesto por otros preceptos de la Ley de Amparo que regulan formas distintas de garantía." Asimismo, tiene aplicación al caso la tesis del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, página dos mil cuarenta y ocho, cuyo rubro y texto dice literalmente: ********************MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. DADO QUE NO GENERAN RECARGOS, LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, SÓLO DEBE COMPRENDER EL INTERÉS FISCAL, QUE EQUIVALE AL MONTO DE LA MULTA. En la inteligencia de que las multas por infracción a las normas administrativas federales no tienen el carácter de contribuciones, sino el de aprovechamientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de garantías contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido en el artículo 125 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al tercero perjudicado, que en este caso sólo puede ser el Estado, ya que al ser el interesado en el cobro de la multa, es el único que podría resentirlos en caso de que el quejoso no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. Además, esos daños y perjuicios sólo deben comprender el interés fiscal, equivalente al monto de la sanción impuesta, en atención a que de lo preceptuado en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del citado código tributario federal, se desprende que las multas no fiscales no generan recargos." En el entendido de que la presente medida suspensiva no surtirá efectos si las consecuencias del acto reclamado ya fueron ejecutadas, pues en ese caso se estaría en presencia de actos consumados, los cuales son insuspendibles, pues de hacerlo equivaldría a otorgarle efectos restitutorios, tampoco surtirá efectos si dicha orden emana de una ejecutoria de amparo, de diversas autoridades de las señaladas como responsables o de un acto diverso al reclamado. Esta sede constitucional hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito, según dispone el precepto legal 262 de la Ley de Amparo, antisocial que si se llegare a consumar, de inmediato serán consignadas para el ejercicio de la acción penal en su contra. Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 128, 138 al 144 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta interlocutoria. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ********************, por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando octavo de esta interlocutoria. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Rafael Reyes Reyes por su propio derecho y quien se ostenta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, contra el acto que reclama del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1254/2023-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento parcial. No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha parcialmente la demanda de amparo de que se trata, respecto al acto reclamado consistente en la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 01/1323/19, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos; tomando en consideración que el hoy quejoso manifiesta que promueve la demanda de amparo en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 7, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado no afecta los derechos patrimoniales de la moral oficial quejosa que representa. El artículo 107, fracción I, de la Constitución General, dispone: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada". De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, es decir, por aquel a quien el acto reclamado le ocasione un agravio personal y directo. La promoción respectiva puede hacerse por sí o a través de representante o, en los casos establecidos en la Ley de Amparo, sin embargo, de los propios preceptos se desprende claramente que el juicio de amparo es el medio jurisdiccional establecido para que los individuos puedan protegerse contra la acción del Estado que sea lesiva de derechos fundamentales. En relación con lo anterior debe decirse que, en esencia, las garantías individuales pueden considerarse restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo. De aquí se sigue que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de garantías individuales y, por lo mismo, por regla general el juicio de amparo promovido por una autoridad es improcedente. La única excepción a esta regla general es la establecida en el artículo 7 de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover dicho juicio constitucional cuando el acto o ley que reclamen afecte sus intereses patrimoniales. La excepción de que se trata encuentra justificación en el hecho de que el Estado, por conducto de las personas morales oficiales, puede obrar con un doble carácter, a saber, como entidad pública y como persona moral de derecho privado. En el primer caso, su acción deriva del ejercicio de las facultades de que está investido como poder público, es decir, de las atribuciones que le permiten actuar desde una perspectiva de supra a subordinación con los particulares; en el segundo, obra en las mismas condiciones que éstos, es decir, actúa desprovisto de imperio y, en consecuencia, contrae obligaciones y adquiere derechos de la misma manera en que lo hacen los individuos. Es precisamente esta equiparación lo que motivó al legislador a dotar al Estado de los mismos derechos tutelares que al individuo. Ahora bien, según se aprecia de la demanda de amparo, ésta fue promovida por Rafael Reyes Reyes en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, personalidad que acredita con la constancia de mayoría y validez de elección. En este sentido, es claro que fue promovida por una persona moral oficial. En este orden de ideas, se precisa que el juicio se hace valer contra la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 01/1323/19, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos. Es importante destacar que la sanción de que se trata, debe entenderse impuesta a la persona física que tiene dicho cargo, es decir, al titular del cargo público y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno que representa. En razón de lo antes expuesto, si la sanción, en su caso, se impuso a la persona física que desempeña el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cumplirla y no la dependencia de gobierno de que se trate. Sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las sanciones, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En relación con lo hasta aquí expuesto, resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 254 del Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDADES DEMANDADAS EN UN PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, POR ACTOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS MIEMBROS DE CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. Las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y, esencialmente como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de facultades de que se hallan investidos; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. En consecuencia, si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, las personas morales oficiales pueden ocurrir en demanda de amparo a través de los funcionarios o representantes que designen las leyes respectivas cuando el acto o la ley que se reclame afecten sus intereses patrimoniales, ello no ocurre cuando actúan como autoridades demandadas en el procedimiento contencioso administrativo con motivo de actos o resoluciones que conciernen a servidores públicos miembros de cuerpos de seguridad pública, dado que lo único que les otorga legitimación para acudir a la vía de amparo es que defiendan sus derechos patrimoniales, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado". En congruencia con lo expuesto en párrafos anteriores, puede válidamente afirmarse que las personas morales oficiales carecen de legitimación para promover juicio de amparo contra sanciones (incluso económicas) impuestas a un funcionario público. Lo anterior, porque en ese supuesto no se afectan los derechos de la persona moral oficial, pues tales sanciones deberán ser cubiertas por la persona a quien le fue impuesta en su carácter de funcionario público. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 3/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 110, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a febrero de 2001, con registro Ius 190346, de rubro y texto siguientes: 'AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR QUE ACTUANDO COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA), ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVER EL JUICIO CORRESPONDIENTE. El artículo 239-B del Código Fiscal de la Federación, en sus fracciones III y V, establece que las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de queja, si estiman que se incurrió en omisión total en el cumplimiento de la sentencia o en repetición de la resolución anulada, deberán imponer al funcionario responsable una multa equivalente a quince días de su salario. Por tanto, independientemente de que la Sala respectiva, al imponer la multa referida, lo haga mencionando el nombre del funcionario responsable de la omisión total o de la repetición aludidas, o bien, refiriéndose al titular de la dirección o dependencia del gobierno o del organismo descentralizado, se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que en su actuar como autoridad omite totalmente cumplir con la sentencia o repite la resolución anulada en la sentencia, y no a la dirección, dependencia u organismo descentralizado. Tan es así que esa multa se impone en el equivalente a quince días del salario del funcionario responsable, quien debe cubrirla con su peculio y no con el presupuesto de la dirección o dependencia del gobierno o con el patrimonio del organismo descentralizado. En consecuencia, como la multa así impuesta es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que tal persona, por derecho propio, está legitimada para promover el juicio de amparo'. Por consiguiente, el juicio de amparo que se promueva por la persona moral oficial resultará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J.92/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 292, Tomo XXXII, correspondiente al mes de julio de dos mil diez, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE UN JUICIO DE NULIDAD QUE DECLARA LA VALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN TENDENTES A HACER EFECTIVA UNA MULTA IMPUESTA A UN FUNCIONARIO PÚBLICO. Las garantías individuales, en esencia, constituyen restricciones al poder público que salvaguardan los derechos fundamentales del individuo, de ahí que el Estado -que actúa a través de las autoridades correspondientes- no goza de aquéllas y, por lo mismo, por regla general no puede promover juicio de garantías, siendo la única excepción la establecida en el artículo 9o. de la Ley de Amparo, conforme a la cual las personas morales oficiales pueden promover juicio de garantías cuando el acto o ley reclamado afecte sus intereses patrimoniales. En congruencia con lo anterior, si una persona moral oficial promueve amparo directo contra la sentencia de un juicio de nulidad que declara la validez de los actos administrativos de ejecución tendentes a hacer efectiva una multa impuesta a un funcionario público, es claro que carece de legitimación al no actualizarse el referido supuesto de excepción, porque el importe de la multa deberá cubrirlo la persona física a quien se le impuso, es decir, ésta deberá pagarlo con su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate, por lo que no se afecta el patrimonio de ésta y, por ende, el juicio de amparo promovido en su nombre es improcedente". Consecuentemente, toda vez que el juicio de amparo fue promovido por Rafael Reyes Reyes en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, y el acto reclamado no le depara perjuicio alguno a la persona moral oficial, su administración o bienes del dominio público, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 7, de la Ley de Amparo. Por tanto, procede DESECHAR PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO, respecto a la persona moral oficial que representa el aquí quejoso. Admisión de la demanda. Por otra parte, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la ley de la materia, se admite la demanda de amparo promovida por Rafael Reyes Reyes, por propio derecho, respecto de la autoridad y acto siguiente: I.- Del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, Presidente Ejecutor e integrantes del Pleno de dicho Tribunal. La resolución de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral 01/1323/19, mediante la cual impone al quejoso una multa por la cantidad de un mil pesos. II.- Del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. La ejecución de la multa. Del incidente de suspensión. Atento a lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, se ordena la apertura del incidente de suspensión por haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del término de quince días, siguiente al en que reciban el oficio en que se les solicita, y con la debida anticipación, que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copias certificadas legibles y completas de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado. Asimismo, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 8, 9, 23, 24, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil cuatro, se requiere a las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, para que de conformidad con las disposiciones precisadas clasifiquen la información de reservada y confidencial, que proporcionen a este órgano jurisdiccional en el momento de rendir el informe justificado correspondiente, además de comunicar tal situación para que en su caso previo análisis de la información de referencia exhibida con el informe de mérito, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, se pueda permitir el acceso a las partes de la que se considere esencial para su defensa. Apercibidas para el caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, en virtud de no encontrarse agravantes para apercibir con una multa mayor al monto que prevé el numeral citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. De la audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. De la parte tercero interesada. Por lo que se refiere a los terceros interesados, para estar en condiciones de emplazarlos al presente juicio de amparo, con soporte en lo previsto en el arábigo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad señalada como responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que al momento de rendir su informe justificado señale el nombre y domicilio de las partes en el juicio de origen; con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en el dispositivo 244 del ordenamiento legal antes invocado. De las pruebas. Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales, así como la instrumental y presuncional en su doble aspecto legal y humana, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Obligaciones de las partes. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64, párrafo primero, de la citada ley, se encuentran obligadas a comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública. La parte quejosa no hizo uso del derecho previsto en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, abrogada, conforme al artículo 2 transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, relativo a la oposición de sus datos personales. No obstante que se abstuvo de ejercer ese derecho, suprímanse los datos sensibles que contenga el acuerdo o la sentencia que resuelva el presente asunto, a efecto de que este a disposición del público para su consulta, una vez que haya causado estado o ejecutoria, conforme al procedimiento de acceso a la información, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental abrogada. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo y por autorizados para recibirlas a las personas que indica. En otro orden de ideas, en atención a lo dispuesto en el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene como autorizado con facultades amplias a Everett Julio Díaz Rosas, en razón de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. De las notificaciones a las partes. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se exhorta a las partes. En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se conmina a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, promuevan la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio de línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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