Rafael Reyes Martínez
Expediente 700/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rafael Reyes Martínez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído tres de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de noviembre de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por .... por propio derecho y es su carácter de ... contra actos del Congreso del Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1 y 2 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 700/2022 IMPROCEDENCIA. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I 13 A J/62 del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Así como en la jurisprudencia número 128/20013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. .... ACTOS RECLAMADOS. El análisis de la demanda de amparo pone de relieve que la parte quejosa como actos reclamados señala: La discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la "Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí" de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. DESECHAMIENTO. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, por lo que procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XV y XXIII, en relación con el numeral 1, de la Ley de Amparo, ya que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la porque quejosa reclama actos de índole político; disposiciones que establecen: .... Sobre el tema, se destaca que el juicio de amparo fue instituido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, como un medio extraordinario de control que tienen los gobernados para reclamar los actos de autoridad que estiman lesivos de sus derechos fundamentales y garantías para su protección, lo que pone de manifiesto que, por regla general, el juicio de amparo únicamente procede contra actos de autoridad que causen un menoscabo a esos derechos subjetivos públicos. Con independencia de lo anterior, en la actualidad, la Constitución Federal prevé diversos procedimientos de tutela jurisdiccional para los asuntos en que se involucren tópicos de índole político, ya que en sus artículos 60 y 99 dispone que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad respecto de actos o resoluciones en la materia, en tanto que en su diverso numeral 105, fracciones I y II, instituye a las controversias constitucionales para preservar los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes federal y estatal, así como a las acciones de inconstitucionalidad, como la única vía para plantear la no conformidad de leyes del orden electoral con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo cuando en él se aleguen violaciones a derechos humanos, es aplicable el principio de especialización de las normas, pues las prerrogativas políticas cuentan con una amplia gama de medios de defensa constitucional, de tal suerte que el referido discernimiento debe partir, necesariamente, de la naturaleza jurídica de los actos reclamados y no de los planteamientos que se hagan valer, ya que en atención al tipo de acto reclamado podrá conocerse cuál es la vía constitucional especial procedente. Ahora, con relación a las causas de improcedencia que se analizan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, con registro 162431, localizable en la página trescientos veintitrés del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil once, Novena Época, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. .... Así como la tesis P.LX/2008, del Pleno del Máximo Tribunal del país, con registro 168997, publicada en la página cinco del tomo XXVIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de dos mil ocho, Novena Época de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. .... En tales criterios el máximo tribunal estableció que la causa que se invoca no se actualiza por el solo hecho de que la norma reclamada (cuando se impugna una disposición) se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral; porque el acto o resolución controvertido provenga de una autoridad formalmente electoral, o bien, considerando lo que se argumente en los conceptos de violación de la demanda, sino que es propiamente el contenido material de la norma, del acto o de la resolución lo que invariablemente determinará la improcedencia del juicio de amparo. De tal suerte que nuestro máximo tribunal estableció que para la actualización de la causa de improcedencia sujeta a estudio, es necesario que el contenido de la norma, acto o resolución reclamados sean de naturaleza electoral, o bien, versen sobre derechos políticos, pues en estos supuestos, tales actos están sujetos al control constitucional, esto es, mediante la acción de inconstitucionalidad (si se trata de normas generales), o bien, a través de los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o de la autoridad jurisdiccional electoral de la entidad federativa correspondiente (en el caso de actos o resoluciones de naturaleza electoral). Por ello, concluyó que acorde con el orden constitucional y atendiendo a la propia naturaleza y objeto del juicio de amparo, la improcedencia de este último surgirá, por este particular y preciso motivo, cuando se reclamen actos o resoluciones cuyo contenido material sea eminentemente electoral; por ello, estableció que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio los actos de autoridad aludidos, cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos. En esa tesitura, la Suprema Corte estableció que no basta que una norma se contenga en una ley o código cuya denominación o contenido sea electoral, o bien, que un acto o resolución provenga de una autoridad de naturaleza electoral, para que se produzca la improcedencia del juicio de amparo, sino que resulta necesario que los actos controvertidos atañan estrictamente a la materia electoral, esto es, que su contenido se vincule con procesos electorales o con el ejercicio de los derechos político-electorales, ya que como se destacó con antelación, el juicio de amparo procederá excepcionalmente contra normas contenidas en ordenamientos de carácter electoral o contra actos o resoluciones provenientes de autoridades electorales cuando se estimen violatorias de algún derecho fundamental, pero siempre que el examen a realizar se limite a esta cuestión. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 125/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170703, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página mil doscientos ochenta del tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, titulada: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. .... Por tanto, como en la especie lo que se propone como objeto de la litis constitucional es, la discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de la "Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí" de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, es posible, desde ahora, establecer que están vinculados con la materia electoral. Luego, la vía del juicio de amparo no es procedente para impugnar el acto que se reclama. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías, al advertirse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. CONSULTA Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Respecto a su petición de que se autorice consultar y notificarse en el expediente electrónico a través del usuario ....dígase al promovente que se le autoriza en la forma propuesta. Ello de conformidad con los artículos 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; en tal virtud, instrúyase a la Secretaria de Acuerdos para que realice las autorizaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia que su representado se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el carácter de persona física, por lo que deberá ingresar con tal carácter al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que pueda consultar el expediente electrónico en que se actúa, conforme lo establece el artículo 34 del referido acuerdo general. En el entendido que de conformidad con el último párrafo del artículo 60 del citado Acuerdo General, la notificación se tendrá por hecha a partir de que las personas autorizadas consulten el expediente o de que el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación genere automáticamente constancia de notificación ante la falta la consulta al expediente electrónico dentro de los plazos previstos en el numeral 62 de ese mismo acuerdo. AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase como autorizados en términos amplios a los profesionistas que refiere en su escrito de demanda, toda vez que tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Óranos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a acordar favorablemente su diversa solicitud, en relación a tenerla por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; toda vez que, en párrafos que anteceden se autorizó al usuario "u43665", para recibirlas de forma electrónica. DATOS DE CONTACTO. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como datos de contacto el correo electrónico y número telefónico que precisa en su escrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, a fin de que se establezca el contacto respectivo, únicamente para entablar comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 4,820 expedientes
- Rafael Márquez Gabriel203/2021
- Rafael Martínez García157/2016
- Rafael Martinez Perez57/2013
- Rafael Olvera Martínez233/2018
- Rafael Paulin Espinoza135/2016
- Rafael Pineda Vargas253/2023
- Rafael Rodríguez Pérez587/2015
- Rafael Rodríguez Pérez91/2016
- Rafael Rodríguez Pérez55/2018
- Rafael Rodríguez Pérez105/2021
- Rafael Rodríguez Pérez471/2015
- Rafael Rodríguez Pérez228/2015