Rafael Reyes García
Expediente 23/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 23/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/01/2019
Partes del expediente
- Rafael Reyes García
Actuaciones
- Principal
MESA VI Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hace del conocimiento que por auto de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, dicho órgano aceptó la competencia declinada, por lo que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Rafael Reyes García, asimismo comunica que dicho expediente quedó radicado con el número de juicio de amparo 5/2019-V de su índice; por tanto, se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, toda vez que no existe diligencia pendiente en el presente cuadernillo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese como asunto definitivamente concluido. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes 1. Este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto y en esta fecha se tuvo conocimiento que diverso órgano aceptó la competencia declinada (punto vigésimo, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del acuerdo general conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Por otra parte, como lo solicita el órgano oficiante, de conformidad con el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, procédase a notificar al quejoso el proveído de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitido en autos del juicio de amparo 5/2019-V, de su índice estadístico, por medio de lista que se fije en lugar visible de este juzgado; hecho la anterior sin ulterior acuerdo remítase al juez oficiante las constancias con las que se acredite se practicó la notificación encomendada. Notifíquese. DE IGUAL FORMA SE NOTIFICA EL DIVERSO PROVEÍDO DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, EMITIDO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 5/2019-V, DEL ÍNDICE DEL JUZGADO DECIMOQUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN EL QUE EN LO CONDUCENTE: Aceptó la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ************, el cual quedó registrado con el número de juicio de amparo 5/2019-V. Previniendo al quejoso para que dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído cumpla con lo siguiente: Primero. Deberá especificar de manera clara y precisa cuál es el acto y/o actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional; lo anterior, debido a que en el apartado relativo indica: "(.) la ilegal orden de restricción del 06 de noviembre de 2018, emitida en mi contra (.)". Luego, en el apartado de antecedentes en que refiere demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, manifiesta: "(.) las autoridades me pudieran detener injustificadamente al ingresar a mi domicilio (.). Además, en el diverso de conceptos de violación, señala que: "(.) así como la ilegal integración de la carpeta de investigación (.)". De lo transcrito se advierte que el impetrante de garantías primero refiere impugnar la orden de restricción emitida en su contra el seis de noviembre de dos mil dieciocho; luego, señala que las autoridades responsables lo pueden detener injustamente; finalmente aduce ilegalidad en la integración de la carpeta de investigación de origen; lo que genera incertidumbre en el suscrito sobre qué acto o actos reclama en esta instancia constitucional; aspecto que resulta necesario en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, para fijar la Litis constitucional en el presente asunto. [.] Segundo. Con base en el o los actos reclamados que señale, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, de forma cronológica, clara y precisa, los antecedentes de cada uno de ellos. Lo anterior, no obstante que refiera un capítulo expreso para tal efecto, sin embargo, de ellos no se advierte narración, en su caso, sobre la orden de detención girada en su contra, así como la integración de la carpeta de investigación de origen. De ahí que resulte necesario que subsane la omisión apuntada, en términos de lo establecido en el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. [.] Tercero. Toda vez que los datos que se requieren son requisitos esenciales de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, deberá exhibir seis copias del escrito en que desahogue la prevención de mérito, para distribuirlas de la siguiente manera: dos para las autoridades responsables, una para el Agente del Ministerio Público adscrito, otra para la tercero interesada; y dos más para formar los cuadernos del incidente de suspensión solicitado. [.] Con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido en el punto segundo, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda; en caso de no desahogar el punto primero, únicamente se tendrá como acto reclamado la orden de restricción emitida en su contra el seis de noviembre de dos mil dieciocho; y en caso de no desahogar lo solicitado en el punto tercero, se procederá en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 110, de la Ley de la Materia. [.]
- Principal
MESA VI. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por ******** por propio derecho, contra actos de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Tlalnepantla de Baz, Estado de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 23/2019-VI. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, este juzgador interpreta que el único acto reclamado la orden de restricción de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en contra del quejoso en la carpeta de investigación NUC: TLA/ FNC/VNAU/060/234827/18/11, número económico 841/18. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. INCOMPETENCIA. Ahora bien, es menester precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como una subgarantía inserta en la garantía genérica de legalidad, tutelada por el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que a virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la Ley les permite, es decir, solo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Luego, cabe precisar que en el caso, el acto reclamado consiste en la orden de restricción de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación NUC: TLA/ FNC/VNAU/060/234827/18/11, número económico 841/18, por medio de la cual se impide al ahora quejoso el acceso a su domicilio ubicado en Isla San Juan de Ulúa, número 90, colonia Prado Vallejo, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Ahora bien, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer el presente juicio de amparo, como a continuación se expondrá. En principio, conviene precisar el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, del precepto antes transcrito, se desprende que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. Así, cuando la ejecución de un acto se lleve a cabo en lugares respecto de los cuales, ejerzan jurisdicción jueces distintos, la competencia se fincará en favor del que previno; y en el caso de que no requiera ejecución, es competente aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. En ese contexto, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a) La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; b) La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por tanto, en la especie se actualiza la primera de las hipótesis descritas, pues el acto reclamado en esta instancia consistente en la orden de restricción de seis de noviembre de dos mil dieciocho, emitida en la carpeta de investigación NUC: TLA/ FNC/VNAU/060/234827/18/11, número económico 841/18, por medio de la cual se impide al ahora quejoso el acceso a su domicilio ubicado en Isla San Juan de Ulúa, número 90, colonia Prado Vallejo, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, acto que bajo protesta de decir verdad, el quejoso en el capítulo de antecedentes refirió que se pretende ejecutar en su domicilio particular ubicado en Isla San Juan de Ulúa, número 90, colonia Prado Vallejo, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, lo que se corrobora con el contenido de la copia del oficio sin número de seis de noviembre de dos mil dieciocho, suscrito por la autoridad responsable ordenadora, el cual adjunta al ocurso de cuenta. En ese tenor, este juzgado no resulta competente para conocer de la demanda de amparo en razón a que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que la orden restrictiva pretende ejecutarse en Tlalnepantla, Estado de México. Manifestaciones que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." Por ello, se estima que en el caso resulta competente para conocer del presente juicio de amparo un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, en cuya jurisdicción conlleva ejecución el acto reclamado, conforme a la primera regla de competencia establecida con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En ese contexto, de conformidad con la primera regla de competencia establecida en el artículo 37, de la ley de la materia, además, con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debe concluirse que en el caso concreto resulta competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde tendrá ejecución o trate de ejecutarse el acto reclamado destacado, es decir, en el lugar en el que el quejoso en su demanda bajo protesta de decir verdad, señaló que se pretende ejecutar el acto reclamado, a saber, en Tlalnepantla, Estado de México. Es aplicable la tesis I.1o.A.44 A, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189167, que establece: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En las relatadas condiciones, este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, se inhibe para conocer del presente asunto y en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y trece copias de la misma, al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, pues es la autoridad que se estima competente para resolver el mismo, dado que es la que ejerce jurisdicción en el territorio donde produce sus efectos el acto reclamado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se solicita al Juez de Distrito que corresponda, que de no tener inconveniente legal alguno se sirva informar a este órgano jurisdiccional si acepta la competencia planteada, asimismo acuse el recibo de estilo correspondiente. Con motivo de lo anterior, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO. En otro orden, de conformidad con el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquese al citado quejoso las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en el local que ocupa este de este Juzgado de Distrito. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alejandro Martínez Rocha, Laura Jessica Huerta Godínez, Carolina Mendoza Martínez y Fernando López López, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y de forma restringida a Nadia Patricia Luna Nájera y Carlos Felipe Badillo López, limitación que subsistirá hasta en tanto acrediten tener registrada su cédula profesional en el aludido Sistema. En diverso aspecto, se tienen por autorizadas al resto de las personas mencionadas en el proemio de la demanda en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así indicarlo expresamente en su demanda de amparo. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Ahora bien, toda vez que el garante solicita se le permita la consulta del expediente electrónico, siendo que su autorizado cuenta con registro electrónico bajo el usuario "laura4"; en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario en cita para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico en la página de internet correspondiente. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese.
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