Rafael Reyes Domínguez

Expediente 51/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
51/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Rafael Reyes Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Asimismo, se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo de cuenta suscrito por la presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de quince de febrero del año en curso, remite las constancias solicitadas, para los efectos legales consiguientes. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, advirtiéndose de la demanda de garantías, que la parte quejosa reclama en esencia la falta de pronunciamiento sobre la calificación de las pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral 592/2016 (4), del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Asimismo, de las constancias anexas al oficio de cuenta, así como de las diversas que remitió mediante oficio 659/2018 de trece del presente mes y año, a las que se concede pleno valor probatorio al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se evidencia que la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en audiencia de once de octubre de dos mil dieciséis, tuvo a las partes actora Rafael Reyes Domínguez, y demandada "Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca", ofreciendo pruebas en el expediente 592/2016 (4), asimismo, se reservó el derecho para su calificación, dada la naturaleza de las mismas. Mediante auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, calificó las pruebas ofrecidas por las partes actora Rafael Reyes Domínguez, y demandada "Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca", mediante escritos de once de octubre de dos mil dieciséis. En tal virtud, resulta evidente que desde el momento en que se dictó el auto de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en que se calificaron las pruebas ofrecidas por las partes actora Rafael Reyes Domínguez, y demandada "Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca", mediante escritos de once de octubre de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 592/2016 (4), del índice de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje; por ende, cesaron los efectos del acto reclamado, y por lo tanto, se concreta la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la ley de la materia, y acorde al principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En virtud de lo anterior, queda sin efecto la fecha y hora señalada en auto de veintiuno de febrero del año en curso, para la celebración de la audiencia constitucional, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del invocado artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, la tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA.- No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en acuerdo de quince de febrero de año en curso, a la Junta Especial Número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló; en consecuencia, no es factible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la auxiliar de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, anexando la documental que refiere; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada la documental que anexa la citada responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, y a efecto de estar en aptitud de resolver la presente litis constitucional como en derecho proceda en el momento procesal oportuno, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta responsable, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación, remita copias certificadas de los escritos en que las partes actora y demandada, ofrecieron pruebas dentro del expediente 592/2016(4), de su índice; apercibida que de no hacerlo, se hará acreedora a una multa por equivalente a cincuenta unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido que la cuantía de dicha Unidad será la que tenga a la fecha el presente auto); acorde con lo previsto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 del citado ordenamiento. Apoya a lo anterior, la tesis VI.1o.P.10 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, tomo XIV, Julio de 2001, consultable a página 1135, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ TIENE OBLIGACIÓN DE RECABARLAS CUANDO SEAN NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. Si de la lectura de las constancias que remitió la autoridad responsable como justificación del acto reclamado, se advierte que valoró pruebas que no se encuentran glosadas en el expediente remitido, el Juez Federal, en términos de lo dispuesto por el artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, tiene la obligación de requerir a la autoridad responsable para que remita las constancias aludidas, y poder apreciar el acto reclamado tal y como se probó ante la responsable; de tal forma que si el Juez de amparo emite su sentencia sin contar con esas pruebas que eran necesarias para resolver el fondo del asunto, actúa violando las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y procede ordenar su reposición, en términos de la fracción IV del artículo 91 de la ley de la materia". NOTIFÍQUESE.

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