Rafael Ramírez Ruiz

Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
747/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Rafael Ramírez Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el cuatro de noviembre posterior. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra se concedió el amparo y la protección constitucional para el efecto de que la autoridad obligada al cumplimiento, realice los actos siguientes: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial A 42254944. La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 42254944 de ocho de marzo de dos mil diecinueve, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el diez de octubre de dos mil diecinueve, se entregó a la parte quejosa la orden de pago 1841129, por el cual se ordena la entrega de la cantidad de $8,430.69 (ocho mil cuatrocientos treinta pesos 69/100 moneda nacional), ello con motivo de la devolución de cantidades deducida de la protección constitucional. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  2. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** EL AUTO DE ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, TODA VEZ QUE NO OCURRIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL MISMO, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL CATORCE SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA SEÑALA: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en autos y los datos aportados por la autoridad; acuerdo que le fue notificado el cuatro de noviembre posterior. Este Juzgado de Distrito con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede, de oficio, a resolver si conforme a las constancias que obran en autos se encuentra cumplida o no la ejecutoria de autos. Cabe reiterar que en la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, el veinte de mayo de dos mil diecinueve, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra se concedió el amparo y la protección constitucional para el efecto de que la autoridad obligada al cumplimiento, realice los actos siguientes: Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, las obligaciones que imponen la fracción I, incisos a) y h), del numeral 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución. Deberá devolverse a la parte quejosa la cantidad que, descontando el monto que se pagó por concepto de derechos por el registro de diversos actos jurídicos ante el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, mediante el recibo oficial A 42254944. La concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 42254944 de ocho de marzo de dos mil diecinueve, -el cual obra en autos en copia certificada, y que cuenta con pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- y por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en el inciso h), de la fracción I, del precepto legal 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil diecinueve; es decir, por el registro de testimonios procedentes de otras entidades de la República, que asciende a $5,225.00 (cinco mil doscientos veinticinco pesos 00/100 moneda nacional). En ese contexto, a las constancias remitidas por la responsable, se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones; tras de lo cual, se pone de manifiesto que el diez de octubre de dos mil diecinueve, se entregó a la parte quejosa la orden de pago 1841129, por el cual se ordena la entrega de la cantidad de $8,430.69 (ocho mil cuatrocientos treinta pesos 69/100 moneda nacional), ello con motivo de la devolución de cantidades deducida de la protección constitucional. En esas condiciones, resulta claro que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, en su totalidad sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no es de relevancia documental, habida cuenta que la litis no versó respecto a: delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; de igual forma, no se está en el supuesto de que la resolución dictada en este controvertido haya sido impugnada ante organismos públicos internacionales o de que el problema jurídico dilucidado fuese un conflicto laboral de naturaleza colectiva trascendental, aunado a que el fallo judicial no trasciende en forma especial el ámbito jurídico, político, social o económico. Esta decisión encuentra sustento en los párrafos segundo y tercero del punto décimo primero, en relación al último párrafo del diverso dispositivo vigésimo primero, ambos del acuerdo general conjunto en cita. b) En el expediente en que se actúa se emitió sentencia en la que, por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; consecuentemente, es susceptible de depuración, de suerte que una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo donde también se ordenará el archivo del asunto, deberá realizarse su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, para el trámite respectivo, conservando la demanda y la sentencia respectiva, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Lo anterior, según lo disponen los puntos décimo, fracción I y vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo general invocado. c) En mérito de lo determinado en los incisos precedentes, en la carátula realícese la anotación de que el expediente, no es de relevancia documental y es sujeto de depuración, con fundamento en el párrafo segundo del artículo décimo primero, del multicitado acuerdo general. d) En el presente asunto, no obran documentos a los que se refiere el propio acuerdo en el punto segundo fracción XVIII, por lo que no resulta necesario el cumplimiento al punto Décimo Primero en su último párrafo del mismo.

  3. Principal

    Visto el contenido del oficio de registro 26095, proveniente de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, del cual se advierten las gestiones realizadas a fin de cumplimentar el fallo protector; al respecto, agréguense para los efectos legales procedentes. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Visto el contenido del oficio de registro 2690, suscrito por el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuse de recibo del comunicado en el que, en su carácter de superior jerárquico, ordenó cumplir con la ejecutoria de amparo al Secretario de la Hacienda Pública; con fundamento en el párrafo tercero del artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad informante, demostrando, en su carácter de superior jerárquico, que dio la orden para cumplir con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diez de septiembre de dos mil diecinueve, se concedido una prórroga de diez días a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que diera cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo emitida en autos. Asimismo, en acuerdo de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se tuvo a la citada autoridad en vías de cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Sin embargo, a la fecha ha sido omisa en informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, en específico para que acredite las gestiones realizadas para la devolución de cantidades en favor del quejoso, remitiendo constancia fehaciente de ello. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se impondrá a sus titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, en términos del numeral 258, de la Ley de Amparo, y se procederá a dar inicio al procedimiento de inejecución a que se refiere el segundo párrafo del primero de los numerales en cita, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad responsable encargada del cumplimiento, para que le ordene a ésta, cumplir con la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado constancia fehaciente que lo acredite, apercibido que de no hacerlo así, esto es, de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable.

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