Rafael Ramírez Murillo
Expediente 417/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Rafael Ramírez Murillo
Actuaciones
- Principal
Toda vez, que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que sobreseyó el juicio en que se actúa, se declara el mismo ha causado estado, realícense las anotaciones, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, hágase del conocimiento de las partes, este sumario carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó en el juicio de amparo; además, no fueron exhibidos documentos originales, háganse las anotaciones, resulta innecesario conservar el anexo acompañado por la responsable, devuélvanse vía oficio a la citada potestad. Notifíquese.
- Principal
Se tiene por recibido el sendo y anexo que remite el Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora Escobedo (B) de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nuevo León, mediante el cual da cumplimiento al proveído de dieciséis de los actuales, y remite las constancias que integran la carpeta de investigación .......; en consecuencia, con sustento en el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, incorpórense la misiva de mérito a los antecedentes, con el objeto de que surta los efectos legales conducentes. Respecto a dichas instrumentales, atendiendo el numeral 3° de la Ley de Amparo y los lineamientos para la Integración del expediente Judicial y su modalidad electrónica, aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de treinta de abril de dos mil catorce, fórmese un anexo por separado, debidamente identificado, el cual queda a disposición de las partes a efecto se impongan de su contenido, en términos del citado arábigo 119, mismo que será devuelto a la responsable, una vez concluido este juicio. Ahora bien, de las constancias recibidas, se desprende de forma notoria, manifiesta e indubitable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por ende, resulta factible decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Dicho numeral, que es del tenor: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. a XI. (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)" Para dar mayor claridad sobre las razones llevan a sostener la postura anotada, primeramente es indispensable transcribir el texto de los numerales 6 y 5, fracción I, ambos del invocado ordenamiento legal, los cuales estipulan: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". Del primero de los artículos insertos, se desprende, el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte física o moral a quien cause perjuicio la norma general o el acto reclamado en términos de la segunda porción normativa transcrita, añadiendo el impetrante puede incoar la acción por sí, a través de su representante legal o apoderado e, incluso, por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo. Además, establece, cuando el acto reclamado derive del procedimiento penal el juicio podrá instarlo el agraviado, su defensor o cualquier persona en los supuestos específicamente contemplados en el ordenamiento en consulta. Por su parte, la fracción I del citado dispositivo 5, dispone, son partes en el juicio de amparo, entre otros, el quejoso, y dicho carácter lo tendrá quien aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre alegue la norma, acto u omisión impugnados transgreden los derechos previstos en el artículo 1 de la legislación en comento y con dicha violación se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Esa porción imperativa igualmente prevé, el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo; la autoridad pública jamás podrá aludir interés legítimo para reclamar el amparo. También acota, la acción constitucional podrá promoverse de manera conjunta por dos o más quejosos cuando resientan una lesión común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto dicha afectación derive de actos distintos, si estos les causan un perjuicio análogo y provienen de idénticas autoridades. Asimismo, la citada porción normativa estipula, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo se afecte de manera personal y directa, añadiendo la víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en términos del ordenamiento legal en consulta. A partir de lo señalado es factible puntualizar, el interés jurídico a que alude la normativa de amparo para la procedencia del juicio constitucional, se refiere a que el acto reclamado cause afectación en los derechos fundamentales de la persona física o moral promovente, lo cual ocurre cuando le genera perjuicio o agravio de manera directa. Ello, toda vez la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, de modo, los agravios igualmente deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para constituir perjuicio, teniendo en cuenta el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. De lo contrario, si los daños o perjuicios una persona reclama con motivo de actos de autoridad no afectan de manera real o efectiva sus derechos fundamentales, estaremos en un caso de falta de interés jurídico. Confirmas las ideas expuestas, la tesis III.1°A.25K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y siete, página 401, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.". Entonces, para la comprobación del interés jurídico de la parte quejosa, es necesario se demuestre el acto reclamado lesiona sus derechos fundamentales, siendo insuficiente la sola la presentación de la demanda de amparo para tener acreditado tal extremo. Deviene aplicable al respecto, la jurisprudencia 28/90 emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de 1990, página 230, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA" Tocante al interés legítimo indicado en la aludida fracción I del arábigo 5, de la legislación aplicable a la materia, este se encuentra en conexión con las denominadas normas de acción, las cuales son referentes a la organización, contenido y procedimientos que anteceden a la acción administrativa. Los referidos postulados persiguen o tutelan el interés público y garantizan una utilidad pública, estableciendo deberes de la administración pero sin suponer a otro sujeto como destinatario; la observancia o inobservancia de los mismos y, por ende, la buena o mala marcha de la administración puede generar una ventaja o desventaja de modo particular para ciertos gobernados respecto a los demás. Surge un interés legítimo cuando se da la conexión entre tal o tales sujetos calificados y la norma, aun sin la concurrencia de un derecho subjetivo, resultando que el interés del particular es a la legalidad del actuar administrativo, dada la especial afectación y sensibilidad en vinculación con el acto potestativo. Es ilustrativa la tesis I.4o.A.356 A, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1310, Tomo XVI, agosto de dos mil dos, que reza: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU CONEXIÓN CON LAS NORMAS DE ACCIÓN." Así, el interés legítimo consiste en la especial situación frente al orden jurídico tiene un gobernado como miembro de una colectividad específica; esa particular posición lo faculta para pedir cese el actuar de la administración pública mediante el juicio de amparo, cuando su estatus jurídico sufre menoscabo o deterioro con motivo del proceder de la autoridad. Dicha tutela, contrario al interés jurídico, no descansa en un derecho subjetivo previsto en disposición alguna, sino en la situación de hecho precisada, por tanto, en tal caso, para demostrar el interés legítimo en la acción de amparo, el promovente debe acreditar, por una parte, se encuentra en esa particular situación fáctica y, por la otra, la afectación a su posición a raíz del acto reclamado. En otras palabras, el interés legítimo es la pretensión o poder de exigencia, derivada de una lesión o principio de afectación a la esfera jurídica de un gobernado, generada por un acto de autoridad y sus consecuencias, cuya anulación o declaratoria de ilegalidad trae consigo una ventaja para éste, por hallarse en una situación especial o cualificada. Sustenta las aludidas consideraciones, la jurisprudencia 50/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página: 60, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)." Igualmente el diverso criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, contenido en la tesis LXXX/2013, de la Décima Época, visible en la página 1854, Libro XXIV, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de dos mil trece, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" Fijadas dichas premisas normativas, a efecto de dar mayor claridad sobre las razones que motivan la actualización de la causal de improcedencia en estudio, resulta indispensable hacer una reseña de los antecedentes más relevantes que emergen de las constancias allegadas por la parte quejosa, así como por las responsables. En su demanda de amparo, el quejoso reclamó la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación ........, la cual se ventiló en su momento ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Atención y Determinación San Nicolás de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nuevo León. Asimismo, la ilegal notificación, o falta de la misma, respecto a la determinación del no ejercicio en comento. También, la omisión de dar contestación a la promoción que el quejoso presentó el tres de agosto del año en curso, así como la notificación correspondiente, y la omisión de gestionar todo lo necesario para el desahogo de las pruebas ofertadas por el quejoso, a fin de continuar con la integración de la carpeta de investigación respecto a la reparación del daño. Mediante oficio, y el diverso número, signados por la autoridad señalada como responsable, agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Escobedo (B) de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nuevo León (quien ahora es titular de la agencia donde se ventiló la carpeta en comento), fueron remitidos a esta autoridad el informe justificado que se le solicitó y copia auténtica de la carpeta de investigación ....... Constancias que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 226 consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, de una revisión a las constancias recibidas, se aprecia que la carpeta de investigación mencionada, se formó con motivo de la denuncia presentada ante un Centro de Orientación y Denuncia, por ... (denunciante principal) el ocho de octubre de dos mil dieciséis, en la cual narró los hechos consistentes en el accidente aéreo y desaparición de su pareja ......... Refirió que el día tres de octubre de dos mil dieciséis, su pareja acompañado del capitán ....partieron del Aeropuerto Internacional del Norte, en esta entidad federativa, sin llegar a su destino. Posteriormente, que el cinco de octubre de dos mil dieciséis, localizaron los restos de la aeronave accidentada. A esa denuncia se le sumaron las formuladas por ..........y ............ Por resolución de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, se ordenó remitir la carpeta de investigación originada, al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Atención y Determinación San Nicolás de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nuevo León. Dentro de dicha carpeta, obra el oficio de veintiséis de julio de dos mil diecisiete, en el que se aprecia que ese agente del Ministerio Público, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, darle la calidad de víctima a la denunciante ........., así como a los familiares de ...............y ................. En contestación a dicho oficio, mediante comunicación de diez de agosto de dos mil diecisiete, la Delegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Nuevo León, informó que el órgano investigador se encontraba facultado para otorgar la calidad de víctimas a las personas que hayan sufrido un daño o menoscabo en sus derechos, y una vez que se haya reconocido la calidad de víctimas, se debe determinar si son víctimas directas, indirectas o potenciales. También, obra la determinación de diez de enero de dos mil dieciocho, en la que esa autoridad ministerial solicitó al Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas de la ciudad de México, se le brindara orientación a ....., a fin de procurar sus derechos y garantías como víctima. Ese órgano investigador, por determinación de uno de octubre de dos mil dieciocho, decretó el no ejercicio de la acción penal, debido a que se acreditó la muerte del imputado. Así las cosas, en la demanda inicial, el quejoso señaló como acto reclamado la determinación del no ejercicio de la acción penal emitida dentro de la carpeta de investigación ............, así como diversas omisiones de la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Agencia Primera Investigadora B en General Escobedo, Nuevo León (quien ahora es titular de la agencia donde se ventiló la carpeta en comento), respecto a peticiones formuladas por el quejoso dentro de la mencionada carpeta. Sin embargo, se aprecia que esos actos no afectan la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, debido a que en la indagatoria de la cual emana el acto reclamado, nunca se le otorgó el carácter de víctima por la autoridad ministerial que conoció de la indagatoria; omisión que el quejoso no combatió en su momento. Por lo tanto, si en su momento no combatió la omisión de la responsable de otorgarle el carácter de víctima dentro de la indagatoria de la que emana el acto reclamado, es inconcuso que se le debe tener por conforme con ese actuar, debido a que han pasado más de dos años desde la última actuación de la responsable inherente a conceder el carácter de víctima a una persona diversa al quejoso (...................). Sirve de sustento a lo anterior, por similitud jurídica, la Jurisprudencia registro 176608, Novena Época, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO." Por lo tanto, si no impugnó la omisión de la responsable, es decir, estuvo conforme con que no se le otorgara el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación .............., es por ello que por consecuencia, no le fue notificado el no ejercicio decretado. Además que dicho acto, como se dijo, no le perjudica, al no haber combatido la omisión de la responsable en otorgarle el carácter de víctima. Similar circunstancia ocurre en cuanto al resto de omisiones que la parte quejosa le reclama a la responsable, debido a que al no contar con la calidad de víctima en la carpeta, no se le dio participación en la misma y por ende, dichas omisiones no le agravian. Esto implica, el interés jurídico para acudir al juicio de amparo a reclamar la determinación ahora nos ocupa, se actualiza únicamente si el quejoso justifica, a raíz de la conducta denunciada sufrió menoscabo en sus derechos, dado sólo de tal forma se acredita la afectación a su esfera jurídica. Así es, cuando el quejoso, con motivo de la acción reclamada, no ha sufrido un daño físico, pérdida financiera o menoscabo de sus derechos fundamentales, carece de interés para reclamar una determinación como la impugnada en este sumario, pues su facultad se agotó en el momento que se le tuvo por conforme con la omisión de la autoridad ministerial en cuanto a otorgarle el carácter de víctima dentro de la carpeta de investigación. Por su similitud jurídica, sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 41/2011 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Junio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. EL DENUNCIANTE QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDO, NI DEMUESTRA QUE SUFRIÓ UN DAÑO FÍSICO, UNA PÉRDIDA FINANCIERA O EL MENOSCABO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DICTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO." Por ende, es claro al peticionario del amparo no le asiste interés jurídico para instar la presente vía extraordinaria, pues no le reviste el carácter de víctima u ofendido, ya que como se dijo, la autoridad que en su momento tramitaba la carpeta de investigación ..............., no le otorgó dicho carácter, omisión que el quejoso no combatió, entendiéndose con ello, su conformidad con la misma, por lo que no se desprende que con motivo del acto ahora reclamado, el quejoso haya resentido afectación en algún derecho subjetivo del cual sea titular. Adquiere vigencia, por analogía, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1744, con el número I.6o.P.112 P, de contenido: "LEGITIMACIÓN AD PROCESUM. SUPUESTO EN QUE EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE AUTORIZA EN DEFINITIVA LA PROPUESTA DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 58/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, octubre de 2006, página 115, de rubro: "LEGITIMACIÓN AD PROCESUM DEL DENUNCIANTE FACULTADO PARA EXIGIR LA REPARACIÓN DEL DAÑO O LA RESPONSABILIDAD CIVIL, COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES U OMISIONES QUE SANCIONA LA LEY PENAL. CUENTA CON INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRME EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O SU DESISTIMIENTO, EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.". Al no quedar justificado el interés jurídico del impetrante para la promoción del presente medio extraordinario de defensa, se abre la puerta para analizar si es titular de un interés legítimo individual o colectivo; sin embargo, en el caso el quejoso tampoco evidencia cómo es que el acto reclamado le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica individual o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, atento no demuestra la existencia de un perjuicio patrimonial, físico o de cualquier otra índole, amerite en su favor un resarcimiento. Entonces, el impetrante también carece de interés legítimo, dado su acción constitucional se basa en un mero interés simple, es decir, no prueba cómo la determinación emitida por la autoridad jurisdiccional responsable, daña, directa o indirectamente, sus derechos fundamentales de acuerdo a su especial postura frente al orden jurídico, ni precisa cuál sería esa situación concreta de hecho o de derecho, se ve afectada o beneficiada con la concesión o negativa del amparo. Por ende, estamos ante la presencia de un interés simple, en virtud con el dictado del acto combatido no se le produce al quejoso una lesión colateral a su esfera de derechos, pues como antes se dijo, si bien acudió ante el Ministerio Público que tramitaba la carpeta de investigación, éste no le otorgó el carácter de víctima, omisión que no fue reclamada en su momento por el quejoso. Tiene aplicación, por analogía, la tesis 38/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página: 690, al rubro y a la letra indica: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE." Frente al cúmulo de razones expuestos en el presente considerando, es notoria y manifiesta la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el ordinal 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, debido a la falta de interés jurídico o legítimo del impetrante para promover la acción constitucional respecto del acto atribuido al agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Primera Investigadora Escobedo (B) de la Unidad de Investigación y Litigación en el Estado de Nuevo León. Aunado a lo antes plasmado, se considera que el no ejercicio decretado y las omisiones de la responsable, tampoco afecta sus intereses, en cuanto a lo que el quejoso asentó en la demanda inicial, relativo a que la falta de continuación en la integración de la carpeta de investigación, repercute en sus derechos a la reparación del daño; esto, pues lo cierto es que en la resolución de no ejercicio que reclama, la responsable invocó el artículo 91 del Código Penal Federal, el cual señala entre otras cosas, que la muerte del imputado extingue la acción penal y las sanciones que se le hubieren puesto, a excepción de la reparación del daño. Entonces, es que se obtiene que el no ejercicio reclamado, tampoco afecta sus intereses, en cuanto a la reparación del daño, pues debido a la naturaleza civil de dicho concepto, el numeral invocado por la responsable deja a salvo los derechos de quien se dice víctima, para que los haga valer ante la autoridad competente, distinta del orden penal. Sin implicar lo anterior una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr estas puedan ser acatadas. Valida tal aserto, la tesis XI.1o.A.T.3K (10a.), localizable en la página 1494, Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del epígrafe siguiente: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO." Tampoco es obstáculo para la presente decisión, el principio pro persona, pues si bien es de conocimiento del suscrito la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado dicho principio impone el deber de utilizarlo como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la interpretación que más los favorezca, o bien, implique menores restricciones a su ejercicio; lo cierto es, dicho principio no implica puedan dejarse de observar los diversos principios rectores del juicio de amparo. Resulta aplicable la tesis 56/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 772, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006485, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." En razón de ello, lo dispuesto en los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los diversos 1, 8, apartado primero, 25, 29, 30 y 31 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no implica las autoridades estén exentas de observar los presupuestos procesales legalmente establecidos en las leyes secundarias, ya que, precisamente, en ellas se establecen las condiciones necesarias para los órganos jurisdiccionales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado y decidir sobre la cuestión debatida; estimar lo contrario, equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, dado se desconocería la forma de proceder de tales órganos. Deviene aplicable, en cuanto a su contenido y alcance, lo previsto en la jurisprudencia 10/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 487, Libro 3, Tomo I, febrero de 2014, Décima Época, registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA.". De ahí, al estar probada de modo fehaciente la causal de improcedencia a que alude la fracción XII del artículo 61 de la legislación aplicable a la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, acorde lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la invocada legislación. Cabe señalar, no representa obstáculo la falta de celebración de la audiencia de ley, en virtud de autos se advirtió la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable y con ningún medio de prueba se puede desvirtuar. Valida tal argumento, la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 366, tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las quince horas con treinta minutos del tres de noviembre de la presente anualidad.
- Principal
Se notifica por lista a quejoso auto de 16 de octubre de 2020.-
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · 4,934 expedientes
- Rafael Ibarra de Santiago13/2018
- Rafael Israel Eguia Herrera617/2023
- Rafael Israel Eguia Herrera259/2021
- Rafael Jiménez Pérez365/2022
- Rafael Lozano Garcia56/2018
- Rafael Lozano García731/2022
- Rafael Sánchez Subicoa238/2018
- Rafael Ugartechea Cruz141/2019
- Rafael Ugartechea Cruz763/2023
- Rafael Valadez Nuñez239/2021
- Rafael Zarate Rico925/2023
- Raidel Gallego Leal809/2022