Rafael Ramírez Coronel
Expediente 1902/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1902/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 10/01/2017
Partes del expediente
- Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, San Cristóbal de las Casas, Chiapas
- Rafael Ramírez Coronel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
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Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo...
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JUICIO DE AMPARO 1902/2016 En veinte de diciembre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta al secretario encargado del despacho con la razón actuarial que antecede. Conste. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Laura Elena Romero Luna. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la tercera interesada ********************, la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por las consideraciones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercera interesada por lista de acuerdos la citada sentencia, el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto subsane su omisión. Notifíquese.
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA ANA PATRICICIA CANTORAL SOLIS, POR SI Y EN REPRESENTACION DE SU MENOR HIJA CUYO NOMBRE SE OMITE PARA PROTEGER SU IDENTIDAD, LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ASÍ COMO EL AUTO DE VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CUYAS SINTESIS DICEN: ... al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. ... Y; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Laura Elena Romero Luna. Vista la razón actuarial que antecede, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la tercera interesada ***, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre se omite para proteger su identidad, la sentencia de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por las consideraciones que expone. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte tercera interesada por lista de acuerdos la citada sentencia, el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal, en tanto subsane su omisión. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Gómez Castro, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/8629/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa con la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1902/2016-ll, promovido por Rafael Ramírez Coronel, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y actos que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ACTO RECLAMADO: ".la sentencia definitiva de fecha 15 de Agosto de 2016 dentro del toca civil ***relativo al recurso de apelación interpuesto por ambas partes en contra la sentencia dictada con fecha 13 trece de Mayo del 2016 dictada dentro del expediente ***." Actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, recibida el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis; cuyo titular, por auto de treinta siguiente, la admitió a trámite bajo el número 1902/2016, pidió su informe justificado a la autoridad responsable y dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, le reconoció el carácter de tercera a ***en representación de la menor cuyo nombre se omitió para proteger su identidad. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, dio inicio al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 (relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito) y 16/2016 (relativo, entre otras cosas, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez) del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra actos de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, la titular de este órgano jurisdiccional procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá; conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al asunto que nos ocupa por identidad de razón, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En tal virtud, de acuerdo al contenido íntegro de la demanda de amparo, el informe justificado y las constancias que lo apoyan, la presente litis versa en determinar la existencia, procedencia y constitucionalidad de los actos reclamados que se hacen consistir esencialmente en: La sentencia de quince de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca civil ***, que decretó la reposición del procedimiento en segunda instancia a efecto de que se gire oficio a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, Unidad Administrativa Edificio B, Dirección de Educación Media, Departamento de Educación Terminal y Telebachillerato, Dirección de Recursos Humanos, Escuela de Comercio y Administración Clave: ***, Colonia Maya, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que informe de manera detallada y explícita, los sueldos y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que el hoy quejoso percibía mensualmente durante el lapso comprendido del mes de noviembre de dos mil uno, al mes de julio de dos mil trece. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al rendir su informe justificado aceptó los actos que le atribuyó la parte quejosa (foja 14). En consecuencia, deben tenerse por ciertos los actos reclamados, pues su manifestación constituye una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2o, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." La certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la responsable, consistentes en copias certificadas del toca civil ***y expediente ****, de las que se desprende su existencia. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, al no existir prueba en contrario, resultan ciertos los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía de amparo se reclama, debe analizarse si, en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causas de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis constitucional, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que acompañó la responsable en apoyo a su informe justificado, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo; preceptos que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que definió el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Cabe señalar que con anterioridad a la promulgación de la actual Ley de Amparo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, había establecido como criterios orientadores para determinar lo que debía entenderse por actos de imposible reparación, los siguientes: a) Como regla general, se estableció que los actos dictados dentro de juicio tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos del gobernado (vida, libertad, propiedad o posesión, etcétera); y, b) De manera complementaria, se consideró que los actos procesales tenían una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectaban a las partes en grado predominante o superior (por ejemplo: cuando se decidía una cuestión de personalidad o competencia, entre otros). Corrobora lo anterior, la tesis P. LVII/2004, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Como puede apreciarse de la nota comparativa, a diferencia de la vigente disposición normativa, la interpretación efectuada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al artículo 114, fracción IV, de la anterior Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, no solamente consideró como actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, los que implicaran afectación de derechos sustantivos, sino también las llamadas violaciones de carácter adjetivo, cuyas consecuencias repercutieran de manera exorbitante en el proceso. En ese sentido, se admitía la procedencia del amparo indirecto contra resoluciones que dirimieran cuestiones de personalidad de las partes en el juicio, como una excepción a la regla general de que el amparo procedía cuando la ejecución de los actos reclamados afectara derechos sustantivos, indicando la jurisprudencia relativa que si bien la cuestión de personalidad se vinculaba a una excepción de carácter eminentemente procesal o adjetiva, su resolución contraria a la ley podía confirmar una violación procesal en grado predominante o superior, porque el efecto que tendría la sentencia que la declaraba improcedente, sería la continuación del juicio; y si en el amparo se consideraba que esa resolución era incorrecta, la consecuencia sería que se dictara una resolución en sentido contrario cuyos efectos determinarían la terminación anticipada del juicio, siempre y cuando la resolución definitiva no versara sobre la personalidad de la parte actora y la hubiese declarado fundada, puesto que en esos casos, su efecto habría sido dar por terminado el juicio y lo procedente sería el amparo directo. En efecto, hasta antes del tres de abril de dos mil trece, en que entró en vigor la actual Ley de Amparo, el criterio prevaleciente sobre el alcance de la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de ejecución irreparable fue que si bien era acertada la distinción entre actos dentro del juicio que afectaran de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución, y aquéllos que solo afectaran derechos adjetivos o procesales, como un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trataba de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución era de imposible reparación, mientras que la segunda hipótesis, por no tener esas características, debían reservarse para ser reclamadas en amparo directo; también era cierto que se consideró que tal criterio no era absoluto pues debía aceptarse de manera excepcional, que el amparo indirecto procedía contra algunas violaciones formales, adjetivas o procesales (como las cuestiones de personalidad), cuando afectaran a las partes en grado "predominante" o "superior"; afectación que se consideró debía determinarse objetivamente. Sobre ese criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un número considerable de pautas que introdujeron orden y seguridad en esta materia. Por vía de ejemplo, se incluyeron como violaciones procesales que podían considerarse como de ejecución irreparable en amparo indirecto, diversos temas como la denuncia de juicio a terceros, la competencia y la personalidad, entre otros. El sustento de estos criterios emanaba de la consideración genérica de que al no prever el legislador un concepto determinado sobre la irreparabilidad de los actos, se dejaba al arbitrio de los Tribunales Federales el determinar el alcance de ese concepto. Así, destaca la Jurisprudencia P./J. 4/2001, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA." para establecer que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo, también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis, además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio y debe combatirse en amparo directo." Empero, esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107 ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por tanto, es claro que la jurisprudencia sustentada sobre la interpretación de la Ley de Amparo abrogada, que carecía del concepto de "actos de imposible reparación", dejó de tener vigencia, en tanto que se opone al texto expreso de lo que debe entenderse por un acto de ejecución irreparable, contenido en la legislación vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la nueva Ley de Amparo. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el particular, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de quince de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada en el toca civil 161-B-1C03/2016, formado con motivo a los recursos de apelación promovidos por la parte actora y demandada, en contra de la sentencia definitiva de trece de mayo de dos mil dieciséis emitida por el Juzgado Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en los autos del expediente 795/2013, relativo al juicio ordinario civil de reconocimiento de paternidad, en la que se condenó al aquí quejoso, entre otras prestaciones al reconocimiento de la menor cuyo nombre se omite para proteger su identidad, como su hija y al pago de alimentos. Tal sentencia -acto reclamado- decretó la reposición del procedimiento en segunda instancia a efecto de que se gire oficio a la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, Unidad Administrativa Edificio B, Dirección de Educación Media, Departamento de Educación Terminal y Telebachillerato, Dirección de Recursos Humanos, Escuela de Comercio y Administración Clave: 07ECT0005V, Colonia Maya, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que informe de manera detallada y explícita, los sueldos y demás percepciones ordinarias y extraordinarias que el hoy quejoso percibía mensualmente durante el lapso comprendido del mes de noviembre de dos mil uno, al mes de julio de dos mil trece. Ahora, la Sala responsable sustentó su determinación en que no existían elementos de prueba en el juicio natural para determinar la capacidad económica del deudor alimentista en el citado lapso, lo que trascendería en el pronunciamiento del fallo, el cual habrá de influir en los intereses de la aludida menor, por lo que se pronunció oficiosamente acerca de las deficiencias procesales que advirtió en esa contienda judicial y atendiendo al interés superior del menor, con fundamento en el artículo 3, numeral 1º de la Convención sobre los Derechos de los Niños; 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción II, 2º y 3º de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; y, 680-B y 982 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, ordenó girar el oficio a que se hace alusión en el párrafo que antecede para recabar la citada información; y en su oportunidad se turnen los autos al Magistrado ponente a efecto de que emita la resolución que en derecho proceda. La indicada resolución no produce efectos de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, toda vez que el perjuicio únicamente se refiere al desahogo de pruebas y que su resultado se acumule o no al acervo probatorio del toca de donde deriva el acto reclamado, pero no implica que necesariamente la Sala responsable emitirá una sentencia contraria a los intereses del aquí promovente. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. Máxime que, la sentencia que se emita en el toca, génesis del acto reclamado, eventualmente le puede resultar favorable y, en caso contrario, tendría expedito su derecho para impugnar la mencionada resolución en la vía correspondiente; por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. Ello, si se toma en consideración que el moderno concepto de acto intraprocesal de imposible reparación no incluye a las violaciones adjetivas, siendo la reposición del procedimiento con los efectos antes destacados, una actuación que encuadra en ese rubro. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, éste último en concordancia con el diverso 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 63, fracción V de dicho ordenamiento, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Publicación de la sentencia. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SEXTO. Captura de sentencia. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 75, 77, 79, 124, y demás aplicables de la Ley de Amparo, se, RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 1902/2016, promovido por Rafael Ramírez Coronel, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por las razones vertidas en el cuarto considerando del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos quinto y sexto. Notifíquese Personalmente. Así lo resuelve y firma José Antonio Lozano Batarse, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, asistido de la Secretaria que autoriza y da fe, Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios correspondientes y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico, hoy dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis.
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