Rafael Quevedo Jaramillo
Expediente 310/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 16/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Quevedo Jaramillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. ACEPTA COMPETENCIA TRIBUNAL. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; en atención a su contenido, téngase acusando recibo del diverso 1622/2023 derivado del auto de veintiséis de enero pasado, a través del cual se remitieron los autos originales del juicio de amparo 310/2022-VI, de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, dos tomos de pruebas, así como los cuadernos original y duplicado del correspondiente incidente de suspensión; asimismo, informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la propuesta de incompetencia planteada por este Tribunal, avocándose a su conocimiento; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO. Por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se declinó la competencia para conocer de la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE DIECISEIS DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS), QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ACEPTA COMPETENCIA TRIBUNAL.?...CITATORIO.
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POR INCUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE FECHA TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTISEISI DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE (QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS), QUE EN LO CONDUCENTE DICE: INCOMPETENCIA..CITATORIO.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Vistas las constancias que integran el presente juicio promovido por Rafael Quevedo Jaramillo, por su propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán de Ocampo y Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, se advierte que el agraviado reclama en la presente instancia constitucional lo siguiente: Del Juez Mixto de Primera Instancia, residente en Tanhuato, Michoacán, en su calidad de autoridad ordenadora. "I.- La orden o determinación por parte del Juez Mixto de Primera Instancia, del distrito judicial de Tanhuato, Michoacán, de gravar, afectar y trasgredir la propiedad del suscrito, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 204/2012, respecto de la totalidad del predio rustico, ubicado en el punto denominado "El Cicuicho", municipio de Yurécuaro, Michoacán, teniendo una superficie de 4-78-62 cuatro hectáreas, setenta y ocho áreas, sesenta y un centiáreas, ante el Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado, desconociendo el de la voz la presunción legal que haya en mi contra, así como el desconocimiento de qué clase de juicio se trata." Del Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, en su calidad de autoridad ejecutora. La inscripción bajo el número 01 del tomo 765, del libro de gravamen correspondiente al Distrito de La Piedad, Michoacán, el embargo decretado dentro del referido juicio ejecutivo mercantil 204/2012, del indicado predio rústico. Actos respecto de los cuales las autoridades señaladas como responsables al emitir su correspondiente informe justificado aceptaron su existencia (fojas 31, 187 y 188). INCOMPETENCIA. Ahora bien, las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral, así como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." Establecido lo anterior y una vez analizado el acto reclamado, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal, por cuestión de territorio, para resolver el presente juicio, por las razones que se expondrán a continuación. Bajo ese tópico, se vuelve necesario precisar que la competencia de los Jueces de Distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juez compete el conocimiento de un juicio de amparo. Por lo anterior, debe decirse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de ese artículo se advierten tres hipótesis: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Con base en lo anterior, se aprecia con claridad que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Uruapan, carece de competencia, por razón de territorio, para resolver el juicio de amparo en que se actúa, pues se estima que ello, conforme a la regla señalada en primer lugar, corresponde a los Jueces de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en Morelia, habida cuenta que el embargo trabado sobre el inmueble ubicado en el punto denominado "El Cicuicho", del municipio de Yurécuaro, Michoacán, e inscrito bajo el número 01 del tomo 765, del libro de gravamen correspondiente al Distrito de La Piedad, Michoacán, que constituye materia del acto reclamado, decretados dentro del juicio ejecutivo mercantil 204/2012, de la estadística del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Tanhuato, Michoacán, promovido por Alfonso Rico Curiel, frente a Alfonso Covarrubias Tamayo y Néstor Alfonso Covarrubias Reséndiz, respecto del cual el quejoso se ostenta como legítimo propietario, tienen ejecución material en los Distritos Judiciales de Yurécuaro y Morelia, Michoacán de Ocampo, localidades que se encuentran en la jurisdicción territorial de los Juzgados de Distrito con sede en Morelia, Michoacán de Ocampo. Máxime que la competencia es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes, sino condicionada a las circunstancias y naturaleza del acto reclamado, salvo en los casos en que los actos no tienen ejecución. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la página 97, Informe 1972, Parte II, Séptima Época, Materia Común (registro 805490), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, con rubro: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." De lo anterior se desprende que, tratándose de la competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo sobre actos que contienen por sí solos una ejecución, en el caso, el embargo trabado sobre el inmueble ubicado en el punto denominado "El Cicuicho", del municipio de Yurécuaro, Michoacán, e inscrito bajo el número 01 del tomo 765, del libro de gravamen correspondiente al Distrito de La Piedad, Michoacán, decretados dentro del juicio ejecutivo mercantil 204/2012, materia del reclamo por parte del quejoso, respecto del cual se ostenta legítimo propietario, el Juez de Distrito competente para resolver el asunto será el que tenga jurisdicción en el lugar donde éste se materializa, es decir, en Yurécuaro y Morelia, Michoacán de Ocampo. Por lo anteriormente expuesto, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, estima carecer de competencia legal para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, en razón de que el acto reclamado tiene ejecución material en Yurécuaro y Morelia, Michoacán de Ocampo, localidades que no corresponde a este Distrito Judicial, sino al de Morelia; además de que, la autoridad señalada como responsable ejecutora Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, reside en el territorio donde este juzgado no ejerce jurisdicción; por lo tanto, se declina competencia en favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, residente en Morelia, conforme a lo dispuesto en el invocado Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En este contexto, remítanse los autos del expediente de amparo en que se actúa 310/2022-VI, conjuntamente como dos tomos de pruebas correspondientes, así como los cuadernos original y duplicado del respectivo incidente de suspensión, resuelto en definitiva, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, a efecto de que proceda a su remisión al Juzgado de Distrito, en turno, que corresponda. Con copia certificada de las principales constancias que integran el presente sumario, fórmese cuaderno de antecedentes respectivo y con fundamento en el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y solicítese atentamente al homólogo federal que le corresponda su conocimiento, acuse de recibo e informe si acepta o no el conocimiento del asunto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En vista de lo anterior, déjese sin efecto legal alguno la audiencia constitucional, prevista para las diez horas del uno de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno que corresponda. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
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