Rafael Prieto Loya
Expediente 261/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 29 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rafael Prieto Loya
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la demanda de amparo presentada por RAFAEL PRIETO LOYA, el suscrito juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Ello es así, ya que del análisis integral que se hace de la demanda de amparo de amparo, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; [.]" Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado consiste en la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación 3/2016, dictado por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual declaró infundado el citado recurso y, como consecuencia, quedó firme el auto de trece de enero de dos mil dieciséis, por el que no se dio entrada al incidente de reducción de multa dentro de los autos del pedimento externo 20/2015, dictado por la Presidencia de dicho Tribunal Colegiado. En esas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia antes invocada, en atención a que no es factible combatir a través de un juicio de amparo, actos que deriven del ejercicio de la función jurisdiccional, ejercida como en el presente caso, por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad. Tiene aplicación a lo anterior por identidad de razón, la tesis II.2º.C.48 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable a foja 1235, Tomo X, Octubre de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN LOS JUICIOS DE GARANTÍAS, Y TAMBIÉN CONTRA LO RESUELTO EN LOS RECURSOS SURGIDOS EN ELLOS. Del artículo 73 fracción II de la Ley de Amparo, se advierte que el efecto de todas las resoluciones dictadas en un juicio de amparo, es su no impugnabilidad mediante otro diverso juicio de garantías, pues tanto las resoluciones principales o sentencias, como las de trámite, autos, decretos o proveídos dictados en un juicio constitucional, no pueden ser reclamados mediante otro juicio de esta naturaleza, porque ello implicaría juicios de amparo contra actos de otros juicios de amparo, provocando inseguridad jurídica a través de amparos interminables. Consecuentemente, debe decirse que esta causal de improcedencia abarca también las resoluciones que se dicten en los recursos que en el juicio de amparo surjan como son el de revisión, queja o reclamación, puesto que estos medios de impugnación, igualmente forman parte del amparo mismo, y de esta manera se comprenden en la causal de mérito." De igual forma, tiene aplicación la tesis III.1º.C.9 K, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable a foja 488, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCION DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo." Aunado a lo anterior, que los actos de hacer y de dejar de hacer, que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo, ya que esto implicaría que un órgano jurisdiccional de menor jerarquía examinara los actos de la superioridad. Sin que lo anterior, sea contrario al contenido de los artículos 8.1, 25.1 y 25.2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José, en virtud que el recurso efectivo ahí previsto no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis I.7o.A.15 K (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 1947, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS." En las relatadas condiciones, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción VI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113, del ordenamiento invocado. Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo, y como autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Nueva Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de garantías; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. Atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, Títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado y las partes únicamente pueden oponerse a la publicación de sus datos personales. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, sin que sea el caso darle la celeridad que contempla el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a que hace referencia la parte quejosa, toda vez que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis que contempla el diverso numeral 15 de la ley de amparo, es decir, no son actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA
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